Hechos Ecuador

La Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social recibió más observaciones al proyecto que reforma la Ley Orgánica de Servicio Público, que plantea que los organismos y entidades para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado incorporen en sus programas de formación y capacitación temas de género, derechos y de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, niñas, niños y adolescentes.

Esta vez escuchó a la experta Patricia Andrade, quien subrayó que es una propuesta buena, porque llama a generar espacios para evitar la violencia contra estos grupos antes mencionado. No obstante, mencionó que la propuesta se limita a la capacitación de violencia con enfoque de género, no incluye acoso, discriminación y violencia en todos los aspectos.

Consideró que, en lugar de generar inclusiones en las normas actuales, se debe fomentar la promulgación de una Ley para evitar el acoso y la discriminación en el ámbito laboral, en todos los aspectos. Llamó a los empleadores y trabajadores a trabajar en un ambiente de respeto, para tener una relación laboral armónica y así una mejor sociedad.

El asambleísta Salvador Quishpe comentó que la violencia de género está presente en todo momento, por lo que es importante la capacitación. Sugirió que a más de recoger las propuestas de programas de formación y capacitación en temas de género, derechos, prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, niñas, niños y adolescentes se incorporen aspectos relacionados con la plurinacionalidad, interculturalidad hacia personas con discapacidad, de la tercera edad y grupos vulnerables en general.

Previamente, la presidenta de la comisión, Rina Campain recalcó que se ha requerido por escrito a los organismos, entidades, organizaciones, colectivos y sectores directamente interesados las observaciones y comentarios para enriquecer el texto del proyecto de ley.

Solicitó a los legisladores hacer llegar sus propuestas hasta el próximo viernes y dispuso al equipo asesor trabajar en el borrador del informe para primer debate.

Se confirmó que 708 connacionales abandonaron el país europeo. El canciller se reunirá con el embajador de Rusia para tratar la situación de estudiantes.

Entre las 06:00 y las 10:00 del viernes 4 de marzo arribará a Quito el primer vuelo humanitario que traerá a ecuatorianos que lograron escapar del conflicto bélico en Ucrania. El avión llegará con 350 compatriotas y 70 mascotas, confirmó el canciller Juan Carlos Holguín, durante una rueda de prensa la tarde de este miércoles.

La nave saldrá de la ciudad de Budapest, capital de Hungría, la mañana del jueves (hora de Ecuador), se dirigirá a Varsovia y de ahí partirá a Quito, detalló Holguín. La ruta contempla una parada técnica en Madrid (España) para que el avión se abastezca de combustible.

Para la llegada de los connacionales se llevará a cabo un operativo de seguridad con el liderazgo de la Cruz Roja Internacional. “Para que pueda recibir a los estudiantes no solamente con un acompañamiento físico y emocional, sino también implementando, a través de una coordinación interministerial e interinstitucional, para que puedan los chicos que vienen en ese vuelo salir de manera exprés y encontrarse con sus familias”, detalló Holguín, quien ratificó que “no habrá ecuatoriano que no tenga acceso a un vuelo humanitario”.

Según cifras de la Cancillería, hasta las 14:00 del miércoles ya se registraban 708 ecuatorianos que habían evacuado Ucrania. Otros 335 se encuentran en refugios y albergues, “tienen alimentación y un lugar para descansar”, aseguró.

Además, indicó que alrededor de 100 estudiantes aún permanecen en el país europeo, para su salida se organizan operativos con entidades internacionales. Mencionó el caso de un joven compatriota que está en una de las zonas de conflicto más importantes y cuya evacuación todavía no puede concretarse hasta que el Gobierno de Ucrania y la Cruz Roja Internacional confirmen la existencia de un corredor humanitario.

En cuanto a los connacionales que están en Eslovaquia, Holguín explicó que regresarán al país en otro vuelo humanitario, el cual se está programando para los siguientes días y cuyo punto de despegue aún se evalúa. Por otra parte, compartió que el Gobierno mexicano concedió 25 puestos para ecuatorianos en su nave.

Informó que siete compatriotas llegaron a Alemania, quienes se reunirán con otros ciudadanos que también pudieron trasladarse a ese país mediante un convoy. Ellos podrán viajar a Ecuador en vuelos comerciales.

Con respecto a las personas que no desean retornar al país, Holguín lamentó su decisión y confirmó que el 20 % de ecuatorianos no tiene intenciones de volver. “Tenemos todavía tiempo de convencerlos de que regresen al Ecuador en el segundo vuelo”, comentó y reiteró su mensaje de no dejarse manipular por intermediarios y organizaciones que atemorizan a los jóvenes con perder sus estudios si abandonan Ucrania.

Asimismo, se refirió a la situación de los jóvenes que estudian en Rusia y quieren volver a Ecuador. “Hay muchas universidades rusas que han enviado cartas y comunicaciones a los estudiantes diciéndoles que si dejan la universidad pierden su posibilidad, porque allá no pasa nada”, contó.

El canciller anunció que por esta razón mantendrá una reunión el jueves con el embajador de Rusia, “para exigir que Rusia respete las decisiones de ciudadanos ecuatorianos que quieran en este momento de conflicto salir del país”. 

Con 7 votos a favor, la Comisión de Biodiversidad aprobó el informe no vinculante de evaluación y seguimiento a la Ley para la Planificación Integral de la Circunscripción Especial Amazónica, iniciativa de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori Abarca.

El presidente de la mesa legislativa, Washington Varela precisó que los ejes de evaluación fueron: empleo y contratación pública preferente, Fondo de Desarrollo Sostenible, Fondo Común, creación y funcionamiento de centros de educación superior.

Sobre el Fondo de Desarrollo Sostenible, concluye que no existe una metodología clara del cálculo para la asignación correspondiente al 4% del precio de venta por cada barril de petróleo que se extraiga en la circunscripción y que se comercialice en los mercados interno y externo. En cuanto al Fondo Común, hay falta de precisión de algunos rubros y, sobre todo, cuál es el organismo que controla estas fuentes de financiamiento.

Respecto a la creación de universidades, se precisa el incumplimiento de la disposición transitoria, ya que ha transcurrido el plazo y no se han creado universidades públicas autónomas en cuatro provincias amazónicas, mientras que el empleo preferente se irrespetó.

Entre las recomendaciones, el informe se contempla reformas legales, solicitud de ejecución de acciones contra las autoridades responsables, expedición de reglamentos, adopción de políticas públicas o el inicio de procesos de fiscalización y control político.

En el debate, los parlamentarios destacaron el proceso participativo de la ciudadanía, que constituye uno de los ejes importantes dentro del proceso de evaluación de la ley, en la medida de conocer la percepción de los habitantes sobre la aplicación de la ley.

El asambleísta Washington Varela dijo que la mesa legislativa, conjuntamente con asambleístas amazónicos, delegados de la Unidad de Técnica Legislativa, la Unidad de Seguimiento y Evaluación de la Ley, servidores de la Coordinación de Participación Ciudadana e invitados de instituciones públicas involucradas, visitó las provincias de Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Napo, Pastaza, Orellana y Sucumbíos para socializar con las organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general la metodología, objetivos, alcance y el resultado de la evaluación.

Posteriormente se conformaron mesas técnicas itinerantes de trabajo divididas por ejes temáticos; en ellas se recibieron las observaciones y propuestas de la ciudadanía y adicionalmente se aplicaron encuestas.

Además, señaló que en el informe se realiza un análisis de la Ley para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Amazónica que regula la planificación y su ordenamiento territorial, observando aspectos sociales, económicos, culturales y ambientales; estableciendo políticas, lineamientos y normativas especiales para garantizar el desarrollo humano, el respeto a los derechos de la naturaleza, la conservación de sus ecosistemas y biodiversidad, su desarrollo sostenible, el derecho a la educación en todos los niveles, su patrimonio cultural, la memoria social, la interculturalidad y la plurinacionalidad; y, propicia un modelo socioeconómico, cultural y ambiental sostenible, basado en los principios del Sumak Kawsay, que compense las inequidades existentes y promueva el desarrollo equitativo en la Circunscripción.

La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, que preside Manuel Medina, con el voto unánime de sus nueve integrantes, aprobó el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). La mesa recomienda ratificar las disposiciones relacionadas con el incremento salarial y la jubilación especial para los maestros ecuatorianos.

El proyecto responde a las observaciones formuladas por Corte Constitucional, que suspendió la vigencia de las disposiciones relacionadas con el régimen de jubilación especial de los docentes del Sistema Nacional de Educación y el aumento general de las remuneraciones. La Corte dispuso, además, que la Asamblea revise dichas normas, sobre la base de estudios actuariales y la disponibilidad fiscal por parte del Ministerio rector de las Finanzas.

Las conclusiones del informe determinan, entre otras cosas, que las expectativas de ingresos para 2022 prevén un importante crecimiento, con lo cual se podría financiar el incremento salarial. Así mismo, que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) no justifica un posible desequilibrio en sus finanzas para cubrir la demanda de los jubilados.

La mesa legislativa considera, además, que la aplicación de las reformas a la LOEI no es un problema económico ni técnico, sino de voluntad política y de sensibilidad en torno a la vigencia y el ejercicio de los derechos de los maestros y maestras del país.

Igualmente, la comisión recuerda que la Constitución de la República determina la progresión de derechos y no, como se desprende de la sentencia de la Corte Constitucional, una regresión en derechos de los docentes, que son quienes forman a la niñez y juventud del Ecuador.

El presidente del organismo, Manuel Medina insistió en que las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural garantizan el derecho de los pueblos del Ecuador a gozar de una educación inclusiva, equitativa y de calidad, como también el derecho del Magisterio a un salario digno y una jubilación justa, tal como lo determina la Constitución de la República del Ecuador.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL), a parte del proyecto de Ley para la Atracción de Inversiones remitido por el Ejecutivo con carácter de urgente en materia económica, con cuatro votos afirmativos, también calificó a trámite ocho importantes propuestas de ley de iniciativas de los legisladores de distintas bancadas políticas, en diversas materias, entre las cuales se destacan reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), a la Ley Notarial, a la Circunscripción Especial Amazónica y al Código de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización.

De esta manera, se dio paso al proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización para la Garantía del buen Uso del Suelo Destinado para Áreas Verdes, Recreativas, Equipamiento y Servicios Públicos, de iniciativa de la asambleísta Bertha Sánchez Gallegos, que será tratado por la Comisión de Gobiernos Autónomos. Mientras, la normativa sobre Ciberseguridad, Seguridad Sistémica y Acceso a la Verdad de los Hechos, propuesta por José Luis Vallejo, será abordada por la Comisión de Seguridad Integral.

Entre tanto, los proyectos de reformas al Código Orgánico Integral Penal; de Ley Orgánica para Especialización de la Justicia Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial; y de reformas a la Ley Notarial, planteados por los legisladores Marlon Cadena, Johanna Moreira y Alejandro Jaramillo, en su orden, serán tramitados por la Comisión de Justicia.

Igualmente, los proyectos de reformas a la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica y de Ley Orgánica de Justicia y Protección Integral para los Páramos, auspiciados por los legisladores Mariuxi Sánchez y José Luis Vallejo, respectivamente, serán estudiados por la Comisión de Biodiversidad.

Finalmente, el CAL calificó el proyecto de reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero, de autoría de la asambleísta Silvia Núñez, el cual será remitido a la Comisión de lo Económico, Tributario, su Regulación y Control.

El Pleno de la Asamblea Nacional, aprobó con 115 votos afirmativos el proyecto de Ley para Prevenir y Reducir la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos y Mitigar el Hambre de las Personas en situación de Vulnerabilidad Alimentaria, el cual será remitido al Ejecutivo para el pronunciamiento respectivo de conformidad a la ley.

“Hoy aprobamos una ley que es parte de la gran minga por la salud que lideramos desde la Asamblea. Con esta normativa, afrontamos el terrible problema de desnutrición de muchos de nuestros niños y jóvenes, con medidas concretas que permiten prevenir y reducir el desperdicio de alimentos en el Ecuador”, expresó Guadalupe Llori Abarca, presidenta del Parlamento.

Este proyecto que forma parte de la Agenda Parlamentaria 2021 – 2022, en el eje estratégico “Minga por la salud, educación, cultura, seguridad ciudadana y gestión de riesgos”, tiene como objetivo garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos.

Marcos Molina, presidente de la Comisión del Derecho a la Salud, al fundamentar el texto final elaborado por la mesa legislativa, expresó que las observaciones de los legisladores en el segundo debate permitieron mejorar el proyecto con un marco regulatorio para la gestión de las donaciones alimenticias a nivel nacional. Además, se crea el banco de alimentos y procesos de sensibilización a todos los actores de la cadena alimenticia a través de campañas informativas y comunicacionales.

Los bancos de alimentos se encargarán de recuperar, receptar y acopiar de alimentos donados por distintas fuentes de comercialización tales como: centrales de abastos, supermercados y centros de distribución; seleccionar, clasificar y almacenar los alimentos, con el contingente de bancos de alimentos, organizaciones sin fines de lucro y voluntariado.

El Salón José Mejía Lequerica, en la Sede Legislativa, fue sitio de encuentro de diversos actores sociales, entre ellos, pacientes, representantes de fundaciones y organizaciones sociales, que acompañaron a la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Yeseña Guamaní, en la suscripción de la Declaratoria en favor de las personas con enfermedades o patologías raras, que son aquellas que presentan una serie de síntomas particulares cuyo diagnóstico es muy complejo.

La legisladora detalló que cerca del 8% de la población mundial padece de algún tipo de enfermedades raras, lo que equivale aproximadamente a 300 millones de personas en todo el mundo. “La problemática de las enfermedades raras, huérfanas y catastróficas, así como, también de discapacidades ha sido priorizada como una de las principales líneas de trabajo de mi despacho como asambleísta y segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional”, aseveró.

Así mismo, proclamó la declaratoria de lucha en favor de los pacientes con enfermedades raras, como un instrumento que representa el compromiso formal entre las autoridades, legisladores, sociedad civil, para garantizar los derechos de los pacientes que viven con estas condiciones de salud.

La asambleísta Guamaní explicó que esta declaratoria contiene cuatro puntos; el primero, hacer un llamado a las autoridades de todos los poderes del Estado para visibilizar la existencia y problemática que enfrentan los pacientes; instar a las autoridades del Gobierno a cumplir la resolución de como abordar los desafíos de estas personas aprobada en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas ONU; impulsar el aseguramiento de los derechos para el acceso a una atención médica integral; y, fomentar las iniciativas legislativas para las reformas de leyes con especial énfasis en el desarrollo de los derechos de las personas con enfermedades raras.

En este tema, el legislador Marlon Cadena, coordinador de la bancada de Izquierda Democráticas, tras dar la bienvenida a los presentes, resaltó la iniciativa de Yeseña Guamaní en favor de estas personas. “Son seres humanos que en el día a día tienen muchas complicaciones y que necesitan solidaridad de nosotros”, acotó.

Eliecer Quispe, presidente de la Fundación Ecuatoriana de Pacientes con Enfermedades de Depósito Lisosomal Fepel Dasha, sostuvo que en Ecuador existen personas afectadas con dos y tres síndromes o de enfermedades genéticas al mismo tiempo. “Estamos aquí para que la sociedad nos dé un trato digno, reconozca la existencia de estas personas y dé un trato preferente”, señalo,

Luego, en el evento se procedió a la entrega y la imposición de escarapelas a las autoridades como símbolo de su compromiso a trabajar por estas personas.

Delegados de los Ministerios de Salud y de Inclusión Económica y Social, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación calificaron de importante la creación y aprobación del proyecto de Ley Orgánica de la Juventud que trabaja la Comisión de Garantías Constitucionales, en el marco de la construcción del informe para segundo debate.

Francisco Vallejo, subsecretario de Promoción de la Salud, dijo que los jóvenes tienen derecho a la salud integral, sexual, reproductiva, mental y bienestar psicológico, a la vez señaló la necesidad de trabajar en la prevención del suicidio, del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Destacó la predisposición para trabajar con la Asamblea Nacional en la construcción del informe.

Mencionó que trabajan en un protocolo para la atención en los centros de salud por embarazo y violación, así como en políticas interinstitucionales para dar atención a adolescentes en materia de sexualidad, uso de anticonceptivos; además, elaboran una normativa con los organismos locales para prevenir el suicidio.

Entre tanto, Grace Atiencia, delegada del IESS, manifestó que la Dirección Nacional de Afiliación tiene planes para la seguridad social de jóvenes y que para ello trabajan estudios actuariales. Al momento hay 22 mil afiliados voluntarios. Informó que la institución realiza campañas permanentes para afiliación, así como cruces de información para que los patronos paguen sus aportaciones.

De su lado, Silvia Espinosa, delegada de la Senescyt, planteó la creación del Fondo de Juventudes financiado con valores de bienes e inmuebles. “Es importante incentivar el ingreso permanente de los jóvenes a la educación hasta su titulación”, enfatizó. Pidió incorporar en los principios el tema de igualdad de oportunidades y la libre educación.

En cambio, Washington Quichuela, director de Juventudes del Ministerio de Inclusión Económica, solicitó determinar la rectoría en cuanto a las juventudes, así como las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados en la construcción de planes para jóvenes.

El presidente de la mesa legislativa, Fernando Cabascango indicó que es importante contar con opiniones de las instituciones vinculadas con la materia y la predisposición para trabajar en conjunto para elaborar el informe para segundo debate.

Según el INEC, a inicios de año 458.573 no tenían trabajo, 101.848 personas más que el mes previo. La mayor desocupación repunta en el área urbana

En enero de este año, la tasa de desempleo fue del 5,4% a nivel nacional, eso fue 1,3 puntos más de lo registrado en diciembre, un mes marcado por una alta  dinámica comercial y oferta laboral. Si se lo compara con enero del año pasado, el índice casi se mantuvo igual (5,3%).

Así lo detalla la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu) del INEC que refiere que para ese mes existían  458.573 personas sin trabajo; es decir, 101.848 millones más.

Terminadas las fiestas de fin de año, en las que las compras aumentan y se generan mayores posibilidades de trabajo, la oferta laboral cayó sobre todo en el área urbana. La tasa en este sector llegó a 7,4%, superior al 5,3% de diciembre y al 6,9% de enero de 2021. En el área rural se dio el efecto contrario, el indicador bajó del 2,3% al 1,6%, en el último año.

Las cifras también muestran que hubo una leve recuperación en el número de ecuatorianos con empleo adecuado o pleno, aquel que permite generar ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo, o aquellas personas que trabajan igual o más de 40 horas a la semana, independientemente del deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), esa tasa en enero llegó al 33,1%, versus el 32,0% de enero de 2021. En números reales, ese incremento fue de 2'671.030 a 2'813.259 personas.

Si se observa el subempleo, esta tasa en cambio se mantuvo casi estable tras llegar a un 22,6%, versus el 22,5% de igual mes del año pasado.

Las cifras se dan a conocer en un día, en que el Ejecutivo ha decidido enviar el proyecto de Ley de Inversiones a la Asamblea, el cual tiene como fin fundamental atraer capitales frescos de afuera y con ello generar nuevas plazas de trabajo.

"Con la atracción de inversiones lograremos la meta de crear 2 millones de empleo. Hasta el momento llevamos 350 mil empleos creados hasta diciembrre del 2022", dijo la mañana de este 22 de febrero, el presidente de la República, Guillermo Lasso, en su enlace habitual semanal. Una política que para la mayoría de empresas no es suficiente. Aún se espera que el Gobierno haga lo mismo, con la reforma laboral que se viene anunciando.

Lasso también se refirió al tema. Dijo que en la semana del 7 de marzo presentará a la opinión pública el proyecto de la ley laboral, que luego también deberá enviar al Legislativo para su estudio.

México, Brasil, Colombia y Honduras suman 134 periodistas asesinados entre 2012 y 2021, con lo que concentran el 90 % de los casos en América Latina y son un reflejo de la ineficiencia de los programas de protección, según un reporte publicado este martes por la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) y realizado en colaboración con la Unesco.

Además, en los dos primeros meses de 2022 se registraron otros siete homicidios a comunicadores -cinco de ellos en México-, según detalló el informe “Bajo riesgo: cómo superar las deficiencias de los programas de protección de periodistas en América Latina”, resultado de una exhaustiva investigación y comparación de los mecanismos de protección para informadores de los cuatro países más afectados por la violencia contra la prensa.

El documento “proporciona por primera vez una perspectiva regional sobre los mecanismos pero sin pasar por alto especificidades y llega en un momento de gran vulnerabilidad para la prensa latinoamericana”, dijo en conferencia de prensa de presentación Emmanuel Colombié, director regional de RSF para América Latina.

En este sentido, la organización recordó que los periodistas también son víctimas de agresiones físicas y verbales, amenazas, secuestros o detenciones arbitrarias, en las que pueden enfrentarse a procedimientos judiciales abusivos, actos de espionaje o la destrucción de su material de trabajo, entre otros abusos.

“Los asesinatos solo son la punta del iceberg de las violencias perpetradas contra la prensa y la forma más visible y extrema de la censura que se aplica de facto contra la información en estos cuatro países”, detalló RSF en un comunicado.

Mecanismos y programas de protección

Ante esto, y gracias a la presión ejercida por la sociedad civil y las organizaciones internacionales, los Gobiernos de los países estudiados cuentan con programas de protección para periodistas.

Estos mecanismos evalúan cada situación particular y ofrecen distintas medidas de protección, que pueden ser patrullas policiales de vigilancia, “botones de pánico”, vehículos brindados, instalación de cámaras de seguridad o chalecos antibalas, entre otras.

Sobre estos programas, RSF realizó un trabajo de investigación para ofrecer una perspectiva regional y sobre las diferencias de cada país, además de aportar 80 recomendaciones para mejorar los mecanismos.

De manera general, el análisis detectó que, en primer lugar, la mera existencia de dichos mecanismos es positivo para los informadores, pero también que los cambios son urgentes en estos programas -que cuentan con “fallos estructurales importantes”- para que sean realmente eficaces.

“Destacar que para asegurar la capacidad de garantizar la protección los mecanismos no pueden entenderse como engranajes aislados cuya única intención es garantizar la seguridad física. Tienen que vincularse con instituciones y organismos para combatir las causas profundas y obtener justicia”, dijo en conferencia de prensa Colombié.