Hechos Ecuador

El bombardeo de una maternidad y hospital infantil en Mariúpol,  una ciudad al sureste de Ucrania,  generó este miércoles indignación alrededor del mundo. 

El presidente ucraniano,  Volodymyr Zelensky,  responsabilizó al ejército ruso del ataque,  y lo describió como "un crimen de guerra". 

El vicealcalde de Mariúpol,  Sergei Orlov,  le dijo a la BBC que tres personas,  incluido un niño,  murieron en el ataque.  Según los informes,  hubo al menos otras 17 personas que resultaron heridas,  algunas de los cuales son mujeres embarazadas. 

"Estoy absolutamente seguro de que [las tropas rusas] conocen esta instalación.  Este es el tercer hospital que están destruyendo en esta ciudad",  ledijo a la BBC. 

Rusia insiste en que los combatientes ucranianos sacaron al personal y a los pacientes del hospital y establecieron allí sus posiciones. 

"No es la primera vez que vemos protestas patéticas sobre las supuestas atrocidades perpetradas por el ejército ruso",  dijo este viernes el ministro de Exteriores ruso,  Sergei Lavrov,  en una conferencia de prensa en la que le preguntaron cómo puede justificar Rusia el bombardeo de la sala de maternidad y del hospital infantil. 

Lavrov agregó que la delegación rusa le dijo al Consejo de Seguridad de la ONU hace tres días que el hospital había sido "tomado" por radicales ucranianos y que "todas las madres y personal fueron sacados de allí". 

Destruido

El bombardeo,  según una declaración del Consejo de la Ciudad de Mariúpol,  fue "colosal".  Videos y fotografías muestran los restos del edificio con las ventanas y puertas destruidas,  así como su interior. 

También se pueden ver autos quemados y un enorme cráter a las afueras del centro hospitalario. 

"¿Qué tipo de país es este,  la Federación Rusa,  que tiene miedo de los hospitales y las maternidades y los destruye? ",  cuestionó el mandatario ucraniano en un discurso grabado desde Kiev. 

Pavlo Kyrylenko,  jefe de la administración militar regional de Ucrania en Donetsk,  un área ocupada por separatistas prorrusos desde 2014, dijo que la sala de maternidad,  la sala de niños y la sala de terapia del hospital quedaron destruidas. 

"No entendemos cómo es posible en la vida moderna bombardear un hospital infantil.  La gente no puede creer que sea verdad",  le dijo a la BBC el vicealcalde Orlov. 

La organización Médicos Sin Fronteras,  que tiene personal destacado en Ucrania,  comentó que su equipo está "horrorizado" ante el ataque. 

"En una ciudad en la que el sistema sanitario está al borde del colapso,  privar a la gente de la tan necesaria asistencia sanitaria es una violación de las leyes de la guerra",  detalla una declaración. 

Mientras,  líderes mundiales se han unido para también condenar lo sucedido.  La Casa Blanca lo describió como "bárbaro" y el gobierno de Reino Unido como "depravado". 

Con 99 votos afirmativos, 16 negativos y 10 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional, en una extensa sesión que duro hasta las 4 de la mañana, concedió amnistías a 268 personas, luego de conocer las fichas ejecutivas individuales de los solicitantes, la base normativa internacional del sistema universal de derechos humanos, el marco constitucional, legal y reglamentario, así como la competencia del Legislativo para otorgar amnistías.

Luego de una larga jornada, la presidenta del Parlamento, Guadalupe Llori Abarca, señaló que el Pleno tomó una decisión que nace desde cada una de las conciencias, pensando en la reconciliación y unidad del Ecuador. “Estos resultados van a reconciliar al país, hemos trabajado por la unidad que tanto esperaba nuestro Ecuador; me siento muy contenta de que nuestros compañeros, los luchadores populares, defensores de los Derechos Humanos, del agua y la naturaleza y todas sus familias hoy recuperan su libertad, la justicia en el país y la tan ansiada reconciliación y unidad nacional”, resaltó.

De las 268 personas amnistiadas, 60 pertenecen al caso “judicializados por ejercer el derecho a la resistencia y protesta social – octubre 2019”; 153 a “defensores de los territorios comunitarios”; 12 a “administración de justicia indígena “; y, 43 a “defensores de la naturaleza”.

Mario Ruiz, ponente del informe no vinculante, subrayó que las 268 familias esperan una respuesta ágil y oportuna de la Asamblea Nacional. Explicó que la Comisión de Garantías Constitucionales realizó un estudio prolijo de los casos. Mocionó la votación del proyecto de resolución que acoge el informe final de las solicitudes de amnistías elaborado por la mesa legislativa.

En el debate, el asambleísta Pedro Velasco precisó que hay 48 personas que no deben constar en el informe porque fueron resueltos sus casos en materia jurisdiccional, por tanto, fueron archivados; mientras, Fernando Villavicencio subrayó la necesidad de pacificación del país y propuso excluir del informe los casos archivados y aquellos de orden privado.

La parlamentaria Victoria Desintonio recordó que la protesta social es una forma de expresión ciudadana que debe ser respetada y no criminalizada. Bruno Segovia, dijo que se suma al pedido de amnistías. Señaló que no puede haber paz y armonía si no se respeta los derechos de la naturaleza, de pueblos y nacionalidades. Guido Chiriboga, mencionó ser partícipe de defender el Estado de derecho y la propiedad de las personas. Propuso separar los casos de pedidos de amnistías y votar por cada uno de ellos.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, luego de escuchar a cada una de las bancadas cerró el debate para proceder de inmediato a la votación.

Más de 7 horas, tomó el tratamiento del informe no vinculante aprobado por la comisión. En cada una de las temáticas, la mesa legislativa identificó el estado procesal de la causa, el proceso judicial, la acción o infracción, dependencia jurisdiccional, análisis de la causa y conclusiones con los nombres de las ciudadanos a ser amnistiados.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se realizó el foro “Experiencias de Mujeres en el Ejercicio de la Gestión Pública y de Representación”. El evento fue convocado por la asambleísta Blanca Sacancela y contó con la presencia de mujeres relevantes tanto en el quehacer político como comunitario.

“Bienvenidas y bienvenidos a las Casa de la Democracia”. Así recibió la asambleísta Sacancela a los asistentes, en especial a las mujeres, a quienes se comprometió a recibirles cuantas veces sean necesarias, para escucharlas y trabajar juntas en políticas públicas direccionadas a combatir la violencia, especialmente política.

María José Plaza, asambleísta por Pichincha; Brith Vaca, vicealcaldesa de Quito; Lorena Brito, presidenta de Conagopare y Cecilia Vallejo, lideresa de las comunas del Valle de Los Chillos, expusieron sus experiencias obtenidas en el transitar político.

"La política y la gestión pública es una actividad apasionante, pero llena de retos. Más aún para las mujeres que, en un espacio históricamente manejado por hombres, cada día tenemos que luchar para que se respeten nuestros derechos políticos", aseveró María José Plaza.

La vicealcaldesa de Quito, Brith Vaca, invitó a reflexionar sobre las mujeres que entregaron sus vidas para que la mujer de hoy pueda gozar de los derechos civiles y políticos.

Para Lorena Brito, presidenta de Conagopare, trabajar en un marco normativo y en una ley contra la violencia política es fundamental para que, en cada proceso electoral futuro, las mujeres tengan mayor representatividad en espacios políticos de liderazgo.

Cecilia Vallejo, una líder comunitaria, cuya labor se ha centrado en la recuperación del cerro Ilaló y en prácticas medioambientales, destacó la capacidad de la mujer para desempeñar varios roles, en especial en una comunidad, donde una lideresa debe compartir con la gente para tomar decisiones y facilitar la resolución de conflictos.

El cierre del foro estuvo a cargo del asambleísta, Jorge Pinto, quien resaltó a la mujer como pilar de rectitud, transparencia y honestidad.

Dos sesiones tendrá la Comisión de Régimen Económico, este jueves 10 de marzo. A las 11h00 los parlamentarios conocerán el oficio remitido por la Superintendencia de Bancos, en relación al seguimiento y proceso de investigación de la situación del Banco del Pacífico.

La mesa legislativa solicitó información respecto de los hechos relevantes de los informes del Directorio del Banco del Pacífico, aprobados por el Accionista “sobre la marcha del negocio” correspondientes a los años 2017 a 2021; igualmente, las opiniones del accionista sobre los estados financieros aprobados de 2017 a 2021, conforme el artículo 408, numeral 2 del Código Orgánico Monetario y Financiero.

Así mismo, la entidad remitió información respecto de las políticas del Banco del Pacífico aprobadas por el Directorio para los años 2017 a 2021 y su ejecución de acuerdo con el artículo 410 del Código Orgánico Monetario y Financiero, y el listado de los presidentes del Directorio y presidentes ejecutivos del Banco del Pacífico, con los respectivos períodos de gestión, desde que sus acciones pasaron al Estado ecuatoriano.

Previamente, a las 10h35, los comisionados avocarán conocimiento de la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL) que calificó a trámite el proyecto de reformas al Código Monetario y Financiero, presentado por la asambleísta Silvia Núñez, que está orientado a establecer mecanismos frente a los riesgos o problemas graves que imposibiliten al deudor cumplir sus obligaciones financieras.

La normativa establece las circunstancias en que las obligaciones contraídas por créditos podrán ser restructuradas a petición de parte, conforme la regulación que dicte la Junta de Política y Regulación Financiera.

Además, pretende condonar las costas, gastos, recargos, intereses e intereses de mora en las operaciones de créditos otorgadas a personas con enfermedades catastróficas o una incapacidad permanente, posterior a contraer la deuda, a los garantes que asumen el crédito educativo con retiro del buró de crédito, según lo dispuesto en la norma vigente y por calamidad doméstica o gastos de enfermedad, conforme la regulación que dicte la Junta de Política y Regulación Financiera.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori Abarca, previo a la sesión plenaria convocada para este miércoles, en declaraciones a los medios de comunicación, se refirió al informe sobre las solicitudes de amnistías, preparado por la Comisión de Garantías Constitucionales Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, que será abordado en la sesión de la tarde por el Parlamento.

“Como Presidenta de la Asamblea Nacional, he puesto en el orden del día de la sesión del Pleno de la tarde, un tema muy importante como son las amnistías, que tienen dos propósitos principales, uno de ellos, devolver la tranquilidad y la esperanza a los compañeros luchadores sociales, defensores de los derechos de nuestra Pachamama y del agua; y a la vez, devolver tranquilidad a las familias de las personas criminalizadas y encarceladas”, enfatizó la Titular del Legislativo.

Durante su intervención también sostuvo que para la votación de los pedidos de amnistía buscan consenso con las diferentes bancadas, a fin de optar por el mejor procedimiento parlamentario que beneficie a los solicitantes y sus familias, a la vez, hizo un llamado a todas las bancadas legislativas y al pueblo ecuatoriano para mostrar solidaridad con aquellas personas y sus familias que han pedido amnistías y poder garantizar la libertad, justicia, derechos humanos y la estabilidad política y social del país.

La Presidenta también se refirió a los hechos ocurridos durante la sesión del Pleno del pasado 24 de febrero. Tras reiterar que se intentó desestabilizar al primer poder del Estado, enfatizó que “jamás me he aferrado a un cargo político, ni he huido a Miami o a Bélgica, me quedé en Ecuador esperando a que me priven de mi libertad injustamente, cuando fui Prefecta; demostrando que el cargo no me importaba, sino la verdad; como presidenta de la Asamblea haré respetar la institucionalidad de la primera Función del Estado", dijo Guadalupe Llori.

La Comisión de Garantías Constitucionales inició el análisis, artículo por artículo, del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada por el Covid-19, que tiene como fin reconocer la labor de los servidores públicos de la salud que enfrentaron en circunstancias extraordinarias la grave crisis sanitaria ocasionada por la propagación del Covid-19.

El asambleísta Mario Ruiz sostuvo que los alcances de esta reforma superan el tema laboral y de protección de derechos de personal público de salud. Dijo que se abordan además las afectaciones económicas por la pandemia, a la ciudadanía en general.

Édgar Quezada comentó que con su equipo no han encontrado un mecanismo técnico para cristalizar los temas de alivio financiero. Con igual criterio Sofía Sánchez pidió los sustentos técnicos para el alivio financiero de las personas en problemas con la banca.

Mientras Virgilio Saquicela sugirió que algunos de los puntos referentes al alivio financiero se incluyan en una transitoria del Código Monetario Financiero, mientras que Fernanda Astudillo planteó trabajar en soluciones concretas en articulación con la Ley de Servicio Público y el Código de Salud.

La Comisión aprobó por unanimidad, de los 8 asambleístas presentes, que los artículos referentes a la protección del personal público de salud que actuó en la emergencia sanitaria se incorporen a la Losep y los que proponen un alivio a financiero en el Código Monetario y Financiero.

Reconocimiento laboral a los servidores de salud

Previamente, el asambleísta Salvador Maita, proponente del proyecto de Ley de Reconocimiento Laboral a los Servidores Públicos de Salud que protegieron a la población ante la propagación de Covid-19 y que ha sido unificado al proyecto de reformas a la Ley de Apoyo Humanitario, expuso los alcances de su propuesta. Informó que como legislador y médico de profesión, junto al Colegio de Especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria del Ecuador presentó el proyecto que busca reconocer la labor de los servidores y servidoras públicos de la salud, promoviendo su estabilidad laboral.

Explicó que su propuesta plantea otorgar a los servidores públicos de la salud que laboraron durante la emergencia sanitaria una acción afirmativa equivalente al 25% del puntaje total en los concursos de méritos y oposición en los que participen; además se exige al Estado que en el plazo de 90 días se convoque a concurso de mérito y oposición para todos los cargos que se encuentren vacantes dentro de las instituciones de la salud pública organizando el cumplimiento de todas las sentencias judiciales que otorgaron la entrega de nombramientos definitivos a favor de los servidores públicos de la salud.

Afectadas de la banca

Los parlamentarios escucharon a Eliana Zambonino, representante del colectivo Perjudicados por la Banca, quien sostuvo que los usuarios del sistema financiero ven como sus deudas están siendo sujetas a altas tasas de interés sobre interés por mora por crédito de consumo, problema que ha ocasionado graves afectaciones a las familias, no solo de orden económico, sino de salud mental, por lo que pidió que el tema sea regulado en la Ley de Apoyo Humanitario.

Una persona fue procesada –y quedó con prisión preventiva– tras haber sido detenida al interior del Puerto de Aguas Profundas de Posorja, en el cantón Playas, luego de que personal de la Unidad de Puertos y Aeropuertos (UIPA), de la Policía Antinarcóticos, detectara un cargamento de dos toneladas de cocaína embaladas, cuyo destino final sería la ciudad de Amsterdam, en Holanda.

En la audiencia de flagrancia, llevada a cabo la mañana del sábado 5 de marzo en la Unidad Multicompetente del cantón Playas (por ser jurisdicción), el fiscal Segundo Arechúa presentó entre los elementos de convicción: el parte de aprehensión elaborado por la Policía Antinarcóticos, la prueba de identificación preliminar homologada y el acta de verificación y pesaje de la droga, el certificado laboral del ahora procesado y su versión. Todo fue ingresado en cadena de custodia del Centro de Acopio Temporal de la Jefatura de Investigación Antidrogas de la Zona 8, en la provincia del Guayas.

El juez de Garantías Penales, Omar Demera Valencia, acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para Jordy Alfonso G. R.

La instrucción fiscal durará treinta días.

Contexto

La mañana del viernes 4 de marzo, personal de la Unidad de Inteligencia Antinarcóticos –con ayuda del can «Noak», que alertó a los agentes tras un breve recorrido de inspección– halló dos toneladas de cocaína, distribuidas en 2.000 paquetes rectangulares embalados en cinta adhesiva color café, al interior de cajas de bananos de exportación.

La droga se encontraba en un contenedor refrigerado, listo para ser embarcado en un buque carguero, que tenía como destino final Holanda.

El ahora procesado se encontraba en el sitio donde fue descubierta la droga y se identificó como representante legal de la empresa exportadora de fruta. Fue aprehendido y trasladado a la Unidad Policial de este cantón.

Información jurídica

Fiscalía proceso este caso con base en el artículo 220, numeral 1, literal d (gran escala), del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona la posesión, distribución, tenencia, transporte y venta de sustancias sujetas a fiscalización con pena privativa de libertad de diez a trece años.

Luego de analizar las solicitudes de amnistías prorrogadas previamente admitidas por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y determinar que cumplen los requisitos constitucionales y legales, la Comisión de Garantías Constitucionales aprobó el informe no vinculante para otorgar amnistías a favor de Manuel Jesús Yupa Zhau, María Matilde Tenesaca Camas y Segundo Vicente Chato Chango, quienes pertenecen a la causa “Derecho a la resistencia y protesta social - octubre 2019”.

Los comisionados procedieron a votar de manera individual caso por caso. La petición de Manuel Yupa obtuvo 5 votos a favor, Matilde Tenesaca 6 votos afirmativos; y, Segundo Chato, 7 votos a favor. El asambleísta Édgar Quezada, será el encargado de sustentar dichas amnistías en el Pleno de la Asamblea Nacional.

La mesa legislativa fundamentó su informe en los artículos 99 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, 8 y 9 del Reglamento para la Admisión y Tramitación de las Solicitudes de Amnistías e Indultos Humanitarios de la Asamblea Nacional, por tanto, sugiere al Pleno otorgar tres amnistías.

En otro orden, con seis votos en contra y tres abstenciones la mesa legislativa negó el indulto humanitario prorrogado solicitados por Lincoln Eduardo Andrade Palacios. Los legisladores señalaron que, a pesar de reunir los requisitos legales, por el tipo de delito (abuso sexual) no es procedente. La asambleísta Magali Macías, alterna de Gruber Zambrano, será la ponente del informe no vinculante.

Los dos informes no vinculantes serán remitidos a la Presidencia de la Legislatura.

La Comisión de Desarrollo Económico cerró el proceso de socialización y recepción de observaciones al proyecto de Ley para Atracción de Inversiones, Fortalecimiento del Mercado de Valores y Transformación Digital. En esta primera fase realizó 7 sesiones de trabajo; recibió 39 participaciones de organizaciones y sociedad civil; 9 autoridades del sector público; 7 observaciones por escrito, mismas que serán analizadas y procesadas para el debate que se realizará mañana previo a la elaboración del informe para primer debate.

Este domingo, fueron 12 las voces de expertos, empresas públicas y privadas. El gerente de Petroecuador, Ítalo Cedeño, subrayó que la empresa necesita inversión y seguridad jurídica para que sus proyectos puedan impulsarse, aspectos que se encuentran en la propuesta. Explicó la situación de la empresa, las refinerías y las necesidades de inversión para mejorar la calidad de los combustibles. Enfatizó que los capitales vienen cuando hay seguridad jurídica.

Del Colegio de Notarios de Pichincha, Jorge Machado, sostuvo que el servicio notarial no puede estar sujeto a directrices de ningún otro organismo del sector público, que no sea el Consejo de la Judicatura, pues a través de él se podrá establecer directrices para el servicio notarial telemático. Expuso observaciones respecto al procedimiento para la atención en diferentes actos notariales, vía telemática, por ejemplo, en audiencias.

Juan Pablo Jaramillo, de Estratego Consulting, comentó que la norma como está escrita debe ser mejorada para que no exista violación de derechos fundamentales, si se permite a gestores privados cobrar a los usuarios por servicios públicos que la Constitución hoy señala son gratuitos.

Los asambleístas Francisco Jiménez, Diana Pensántez y John Vinueza presentaron inquietudes relacionadas con el actual impedimento para la implementación de los servicios telemáticos, por parte de los notarios; la inclusión de la autenticación de las huellas digitales y la plataforma digital; atención en salud, a través de las iniciativas de asociación público-privada. Nathalie Arias afirmó que no existe el propósito de retirar la rectoría y deberes constitucionales. “Estamos hablando de nuevas infraestructuras”, precisó la legisladora, respecto a la figura de delegación.

En su turno, María Fernanda Garcés, experta APP, aseguró que existe confusión respecto a las asociaciones público-privadas, con los procesos colaborativos. Aclaró que las APP son procesos contractuales a largo plazo, no un proceso de privatización, es una opción del Estado para contratar infraestructura y los servicios asociativos, previa la verificación de conveniencias sociales, económicas y financieras.

De su lado, Nelson Baldeón, con experiencia en multinacionales, producción y el desarrollo de alta tecnología, destacó la importancia de discutir herramientas que permitan a los ecuatorianos mejorar sus condiciones de vida y generar plazas de trabajo. Pidió considerar los cambios tecnológicos mundiales en las zonas francas digitales donde las transacciones globales son criptomonedas.

El experto Carlos Lara expuso que la normativa debe impulsar las zonas francas turísticas y agroproductivas. Sugirió considerar regímenes especiales a favor de quienes constituyan zonas francas; mantener la figura de los derechos adquiridos de las Zedes y las zonas francas.

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), aprobó varias resoluciones para continuar con las fases previstas en los reglamentos respectivos para la  designación de los titulares de la Defensoría Pública y de las Superintendencias de Bancos y de Protección de Datos. El Abg. Hernán Ulloa indicó que el Consejo está tomando las decisiones necesarias para que los procesos de designación sean dinámicos, claros y oportunos porque es necesario recuperar el tiempo perdido y responderle de manera responsable al país.

Dentro del proceso de selección para designar a la primera autoridad de la Defensoría Pública, el Pleno aprobó el informe de verificación de requisitos y prohibiciones de los servidores de la Función Legislativa que fueron sorteados para integrar la Comisión Ciudadana de Selección, en calidad de delegados, y continuar con el proceso de acuerdo con la Ley y el Reglamento.

Adicionalmente, se analizó que una vez que ha concluido con destitución, el juicio político realizado por la Asamblea Nacional en contra de la superintendenta de Bancos, el Pleno del CPCCS dispuso que la Coordinación de Asesoría Jurídica elabore la normativa para la designación de la primera autoridad de la Superintendencia de Bancos. Además, se convocará a una Veeduría Ciudadana que vigile la transparencia del proceso en todas sus fases.

En otro punto del orden del día, el Pleno del CPCCS aprobó el Reglamento para la Designación del Titular de la Superintendencia de Protección de Datos, por terna propuesta por el Ejecutivo.

El Reglamento aprobado establece que la terna deberá respetar la alternabilidad entre hombres y mujeres, bajo el principio de interculturalidad. Sus integrantes deberán cumplir con los siguientes requisitos: ser ciudadano ecuatoriano o ecuatoriana, tener título de tercer nivel en Derecho, Sistemas de Información, de Comunicación, o de Tecnologías, tener título de cuarto nivel en áreas afines, acreditar experiencia profesional de por lo menos diez años en las áreas afines al objeto de regulación de la Ley Orgánica de Regulación de Datos Personales; es decir, de Derecho, Sistemas de Información, de Comunicación, o de Tecnologías.

A la terna enviada por el Ejecutivo deberá adjuntarse el expediente con los documentos de respaldo de la hoja de vida de cada candidato, entre los que destaca un certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Una vez que se realice el proceso de verificación de requisitos e inhabilidades, se publicarán los nombres de los postulantes aprobados para la etapa de impugnación ciudadana. Las impugnaciones admitidas serán sustanciadas en audiencias públicas que serán transmitidas en tiempo real por medios telemáticos y redes sociales del CPCCS.

Concluida la fase de impugnación ciudadana, cada candidato expondrá el plan de trabajo que implementarían en caso de ser elegidos, y contestarán las preguntas de las y los consejeros del CPCCS. Esta audiencia será transmitida en vivo por los medios telemáticos y redes sociales institucionales. Finalmente, el ganador del proceso será designado mediante resolución motivada del Pleno del Consejo.

El presidente del CPCCS, Hernán Ulloa señaló que solicitará al presidente de la República que remita la terna correspondiente y el Pleno del CPCCS dispuso que se convoque a la Veeduría Ciudadana que dará seguimiento a este proceso de designación.