Hechos Ecuador

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Abg. Hernán Ulloa informó sobre el estado de los procesos de selección de autoridades que está desarrollando la institución.

En el caso de la designación de las primeras autoridades de la Defensoría Pública, la  Contraloría General del Estado (CGE) y la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE), el Pleno aprobó la codificación de los Reglamentos respectivos, y se encuentran en la conformación de la Comisión Ciudadana que llevará a cabo los concursos públicos de méritos y oposición. Asimismo, se aprobó la codificación del Reglamento del  Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Adicionalmente, se aprobaron los reglamentos para la designación de las primeras autoridades de las Superintendencias de Compañías, Valores y Seguros; de Bancos y de Protección de Datos. Estos procesos de designación se realizan a través de ternas enviadas por el Ejecutivo. Hasta el momento hemos recibido la terna para la designación del superintendente de Compañías.

“Estamos cumpliendo con nuestra palabra, estamos recuperando el tiempo perdido y dándole dinámica, seriedad y transparencia a la designación de las máximas autoridades del país, a pesar de ciertos reveses, a pesar de las irregularidades que se han descubierto en la administración anterior en el manejo de los reglamentos” dijo el presidente Ulloa.

El problema, indicó, es que se ocultó información, y se detectó que podían existir intentos de injerencias del mismo CPCCS. Por eso se realizaron modificaciones en la normativa. Además, indicó que se ha dispuesto que todo, incluso las reuniones de los equipos técnicos, se transmitan en vivo y se publique la documentación íntegra en el sitio web institucional. “Nos hemos tomado un tiempo adicional para analizar cada proceso, y ese tiempo ha sido corto y necesario para brindarle seguridad jurídica y transparencia a la designación de autoridades”.

El presidente del CPCCS recordó que los procesos de selección tienen dos fases, la primera tiene que ver con la designación de la Comisión Ciudadana de Selección, integrada por 10 miembros, cinco representantes ciudadanos y 5 delegados de las Funciones del Estado, quienes deben pasar por una etapa de verificación de requisitos y serán sometidos al escrutinio de la ciudadanía en la etapa de impugnación ciudadana.  Una vez conformadas estas Comisiones, inician los concursos propiamente dichos para designar a las autoridades respectivas.

Como se ha anunciado, se entregará a la ciudadanía y medios de comunicación un cronograma con tiempos límites para la designación de cada autoridad, teniendo en cuenta que se las va a realizar de manera paralela, Aproximadamente, se podrían tomar hasta 6 meses y medio para concluir cada proceso.

La Comisión de Fiscalización y Control Político no alcanzó la mayoría necesaria para avocar conocimiento de la solicitud de juicio político auspiciada por Ferdinan Álvarez Zambrano, en contra del procurador general del Estado, Íñigo Salvador, por incumplimiento de funciones. Solo se registraron cuatro votos a favor, tres en contra y una abstención. El titular de la mesa, Fernando Villavicencio, dispuso que el expediente se remita a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, para que lo incluya en la agenda del Pleno.

Esta decisión se enmarca en lo previsto en el artículo 142, inciso 6º, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), que determina: “Si en las comisiones especializadas permanentes y ocasionales no se alcanza la votación requerida en el trámite de proyectos de ley y procedimientos de fiscalización, fenecido el plazo de ley, estos pasarán a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional para la correspondiente resolución, sin perjuicio de las sanciones que por incumplimiento de plazos corresponda a los miembros de la comisión, de conformidad con esta Ley”.

Previamente, los legisladores debatieron acerca de la decisión del asambleísta Ferdinan Álvarez de retirar la solicitud de juicio político, así como el retiro de firmas de respaldo de varios legisladores al referido proceso. El criterio mayoritario de los miembros del organismo se enfocó en que la comisión no tiene capacidad para dar paso al retiro de un proceso que ya ha sido admitido a trámite por el Consejo de Administración Legislativa. Sin embargo, no hubo los votos para el inicio de la sustanciación.

Carta del Procurador

La mesa dio lectura de la comunicación remitida por el procurador del Estado, Íñigo Salvador, por la cual cuestiona la calificación de la solicitud de juicio político, porque las firmas habrían sido entregadas de forma extemporánea, así como el anuncio de prueba con un documento reservado, mismo que no se habría obtenido en legal y debida forma, por tanto, no tendría validez jurídica. Por ello, solicitó que la Comisión de Fiscalización archive el proceso, más aún luego que el interpelante decidiera el retiro de su pedido de juicio político.

Fotorradares

Así mismo, tras escuchar la denuncia del concejal de Cuenca, Cristian Zamora, sobre presuntas irregularidades en la contratación de fotorradares para la capital de la provincia de Azuay, la mesa decidió iniciar un proceso de investigación, que estará a cargo del despacho del asambleísta Bruno Segovia.

En los próximos días se establecerá el calendario de comparecencias de las autoridades involucradas, a fin de recibir información que conduzca al esclarecimiento de esta temática.

La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica para la Garantía, Promoción y Protección de Libertad de Prensa, de Opinión, de Expresión y de la Comunicación. El documento será remitido a la Presidenta de la Asamblea Nacional, para que sea puesto a consideración del Pleno del Legislativo.

Este proyecto tiene como objetivo promover el derecho a la libertad de expresión y proteger a los ciudadanos de discursos de odio, violencia y pornografía infantil, así como los derechos de quienes laboran en medios de comunicación.

El presidente de la mesa legislativa, Juan Fernando Flores informó que el informe recoge las propuestas de cinco proyectos presentados por el presidente de la República, por los asambleístas Marjorie Chávez, Fernando Villavicencio, Marcela Holguín, Dina Farinango y el ex legislador Juan Cárdenas.

Informó que previo a la elaboración del informe y el articulado final, la comisión analizó el tema con los diversos actores inmersos en la temática.

La mesa legislativa escuchó los criterios de autoridades de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República, Consejo de Comunicación, Fundamedios, Federación y Unión Nacional de Periodistas, Arcotel, Corape, Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, Red de Periodistas Libres, Unesco, el Relator de la Libertad de Expresión de Naciones Unidas, gremios de televisión y radio, académicos y constitucionalistas, entre otros. Además, realizó siete mesas técnicas en las que debatieron las propuestas.

El asambleísta Salvador Maita expresó que su espacio en la Asamblea Nacional constituye la voz de los sectores históricamente discriminados y que el país necesita una ley que proteja la integridad y el buen nombre de la población ecuatoriana.

La parlamentaria Mónica Palacios manifestó que “el Estado ecuatoriano debe salvaguardar nuestra integridad como mujeres”, mientras que, la vicepresidenta Jessica Castillo expresó que para elaborar el articulado han acogido las observaciones de organizaciones sociales, colectivos ciudadanos, la academia, la bancada y la Coordinación General de Pachakutik.

El informe fue aprobado con 5 votos afirmativos y 4 negativos.

Camila Valdez y Cristina Ordóñez, del estudio jurídico Meythaler – Zambrano; y, Ernesto Kruger, presidente del grupo Kruger Corp, presentaron en la Comisión de Desarrollo Económico nuevas observaciones al proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a varias Leyes para el Desarrollo, Regulación y Control de los Servicios Financieros Tecnológicos, conocida como Ley Fintech.

Cristina Ordóñez propuso homologar en el proyecto de ley los términos: fintech, criptomonedas, sandboxes regulatorios, carteras digitales, financiamiento colectivo, neobanking, pagos electrónicos, entre otros, con la finalidad de evitar interpretaciones confusas.

Así mismo, entre las observaciones, consideró que se debe diferenciar los medios de pago electrónicos y los no electrónicos. En este contexto, preguntó, ¿cuáles serán los actores autorizados para realizar actividades FinTech?

Camila Valdez sugirió modificar uno de los artículos del proyecto de Ley Fintech, para que la naturaleza de la normativa no se limite a las entidades del sector financiero, sino también a los sujetos financieros, como por ejemplo a PayPal, con lo que se ampliaría el mercado.

Respecto a los servicios financieros tecnológicos, propuso que la normativa se refiera a esquemas de negocios generales, como financiamiento colectivo, pagos electrónicos, operaciones de activos virtuales o bitcoins, neobanking o negocio de oferta bancaria y lending o préstamos de uno a uno.

Entre tanto, Ernesto Kruger, presidente del grupo Kruger Corp, sugirió analizar el término Fintech, porque en otros países, como en México se habla de las ITF, Institución de Tecnología Financiera.

Mencionó que es necesario analizar sobre la instancia de control para estos mecanismos de medio de pago o negocios. A su criterio este control debería estar a cargo de un ente colegiado, como la Junta de Regulación Monetaria.

Otro de los temas del análisis, fue el tratamiento de las criptomonedas y sobre todo los criptoactivos o medios digitales. “No son monedas y pueden ser sujetos a comercialización, lo que es diferente a una captación de dinero”, dijo Ernesto Kruger. Fue partícipe de que se permita a los bancos realizar operaciones con criptomonedas, tal como existe en varios países.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Daniel Noboa resaltó la participación de los actores privados en la elaboración de la proyecto de Ley Fintech.

La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, en el marco del control político al proceso de ascenso implementado por la Policía Nacional, escuchó los argumentos del general de Distrito en servicio pasivo Pablo Rodríguez, quien cuestionó el procedimiento definido por el Consejo de Generales. “La calificación fue manipulada, se ha producido algo inédito, pues de la promoción de Tannya Varela existen ya tres comandantes generales” señaló.

Así mismo, indicó que oportunamente ha requerido a las autoridades competentes copia de los respaldos del decreto correspondiente, mediante el cual se dispuso el ascenso, pero que hasta la fecha no ha tenido respuesta.

De su lado, la legisladora Patricia Núñez solicitó disponer la comparecencia de las personas que tienen a su cargo las calificaciones en el Consejo de Generales, para que explique todo el proceso.

Código de Seguridad

Como segundo punto del orden del día, la mesa legislativa continuó el estudio del proyecto de Código de Seguridad del Estado. Para ello, contó con la presencia de Eliecer Cando, experto en gestión de riesgos y geología.

Cando indicó que es fundamental normar la gestión de riesgos, para minimizar las condiciones de vulnerabilidad, mediante la previsión y la prevención frente a riesgos. Sus observaciones se refirieron a la georeferenciación. “El país necesita un método de identificación de riesgos a escala detallada, para prevenir, corregir y adecuar los sistemas ambientales” señaló.

Uso legítimo de la fuerza

Además, la comisión escuchó los aportes de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, sobre el proyecto de Ley del Uso Legítimo de la Fuerza. José Alomía, dirigente del gremio, sugirió articular la capacitación a la Policía Nacional del Ecuador con el personal de la Función Judicial. “La Escuela de la Función Judicial debe capacitar y trabajar en coordinación con la Policía”, insistió.

Crisis carcelaria

Como último punto del orden del día, el presidente de la comisión, Ramiro Narváez, se pronunció sobre el informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en torno a la crisis carcelaria. Señaló que varios de los hallazgos en la investigación coinciden con el informe que realizó hace un año la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral, por lo que propuso hacer un seguimiento a este último documento y coordinar acciones frente a esta problemática que no ha perdido vigencia en el país.

Los asambleístas miembros de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional están convocados para este lunes 21 de marzo, a las 16:00, para conocer y calificar el pedido de juicio político en contra del procurador del Estado, Íñigo Salvador.

El proceso, es impulsado por el legislador Ferdinan Álvarez, de la bancada Unión por la Esperanza (UNES), quien acusa a Salvador de supuesto incumplimiento de funciones en los procesos arbitrales de defensa del Estado frente a las compañías petrolera Perenco y Chevron-Texaco.

Salvador está acusado Álvarez, de la bancada Unión por la Esperanza (UNES), quien en octubre de 2021 presentó la solicitud de interpelación porque supuestamente el funcionario incumplió sus funciones en los procesos arbitrales de defensa del Estado frente a las compañías petrolera Perenco y Chevron-Texaco.

Además, Álvarez también señala que el funcionario habría presuntamente presionado al Comité de Selección del Concurso de Méritos y Oposición para la elección del Defensor Público para supuestamente favorecer a Juan Pablo Morales.

Sin embargo, el pasado 17 de marzo, el legislador anunció que retiraba el pedido de interpelación para poder agilizar el proceso de censura en contra de cuatro miembros de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana. El lunes, durante la sesión, la Comisión deberá pronunciarse al respecto. El presidente de la mesa legislativa, Fernando Villavicencio solicitó un criterio jurídico a la Unidad Técnica Legislativa, sobre el sustento legal en este procedimiento.

El gremio se opone al funcionamiento de plataformas digitales.

La mañana de este lunes 21 de marzo de 2022 se registró una concentración del gremio taxista en el Centro de Quito, que provocó el cierre vial. Desde las 04:00 se reunieron en la calle García Moreno para exigirle al alcalde de la ciudad, Santiago Guarderas, mayores controles para los informales.

La manifestación ocupó las calles Guayaquil y Briceño, Pichincha y Sucre, 5 de junio y Francisco Barba, Mejía y Cuenca, Imbabura y Bolívar, Montúfar y Esmeraldas. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) sugiere tomar como vías alternas a la Avenida Pichincha y la Avenida Mariscal Sucre.

Además, las paradas del Trolebús desde el Banco Central hasta la Recoleta permanecieron cerradas. Sin embargo, la operación en el sentido sur – norte no se vio afectada.

“Seguiremos con estas acciones (manifestaciones) de forma progresiva”, anunció el presidente de la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha (Fettepi), Carlos Brunis. El dirigente gremial exige una reunión con el alcalde Guarderas y no con el secretario de Movilidad, Ricardo Pozo.

El taxismo de la capital pide operativos para impedir el funcionamiento de vehículos de transporte ilegales, que se utilizan mediante plataformas digitales. “Pedimos que estén regularizadas pero trabajando con carros legalizados”, agregó.

Hasta las 09:00 de este lunes, la concentración continúa en el Centro Histórico. Las autoridades municipales exhortan a movilizarse por vías alternas para evitar el congestionamiento vehicular.

La Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, en el marco de fiscalización de la contaminación ambiental y las afecciones por parte de empresas mineras en las provincias de El Oro, Manabí y Bolívar, recibió a varios actores sociales que trabajan en el cuidado del medio ambiente, quienes expusieron los problemas que afectan a sus comunidades.

Manuel Quizhpilema, coordinador del Colectivo Yasunidos del cantón Piñas, afirmó que la explotación irresponsable en el cerro La Chuva no es reciente y que todas las actividades se realizan sin autorización de autoridad competente.

Indicó que, en este sector se hacían trabajos de manera ilegal y antitécnica, ya que no existía ninguna concesión minera, ni estudios de impacto ambiental, afectando las captaciones de agua de las comunidades.

De su lado, Jacinto Bermeo, de los movimientos sociales del cantón Montecristi, provincia de Manabí, denunció que son cuatro años que viven “luchando ante una brutal contaminación que genera la empresa Indumaster. “Hemos denunciado ante las autoridades ambientales en Manabí por los gases tóxicos que expedía dicha fábrica”, dijo.

Además, señaló que los desechos peligrosos eran puestos en la vereda y botados a basureros, que contaminaban las alcantarillas del sector, por lo que solicitó a la mesa legislativa inspeccionar la zona, para constatar estos problemas y demandar las respectivas soluciones.

Entre tanto, Daniel Sisa, del Colectivo Bolívar denunció que las vertientes de agua del cantón Las Naves, provincia de Bolívar han sido contaminadas como consecuencia de la minería metálica. Tras recordar que este problema lo viven desde el año 2006, indicó que en 2018, denunciaron ante las autoridades competentes el desalojo de sedimentos a las quebradas, esteros y afluentes, con las consecuencias negativas para la población.

Sobre el tema, la asambleísta Consuelo Vega, vicepresidenta de la comisión, agradeció a los comparecientes por la información sobre el mal manejo de los desechos sólidos en estos sectores. Respaldó la propuesta de llamar a las autoridades a rendir cuentas y explicar las acciones que han tomado frente a estas denuncias.

El legislador Cristóbal Lloret aseveró que, es necesario que las autoridades ambientales y los representantes de los gobiernos locales comparezcan ante la mesa legislativa, para escuchar sus explicaciones con respecto a las actuaciones dentro de estos casos.

Finalmente, el asambleísta Washington Varela, presidente de la comisión, anunció que realizarán la investigación respectiva.

La Comisión de Justicia y Estructura del Estado inició el estudio de la objeción del Ejecutivo al proyecto de Ley que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en caso de Violación. Esta propuesta fue aprobada en cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional (CC) que dispuso a la Defensoría del Pueblo la presentación del proyecto.

Esta vez, la mesa legislativa recibió la opinión de los expertos constitucionalistas Stalin Raza, Soledad Angus, Angélica Porras y Ximena Ron.

Stalin Raza comentó que el veto del Ejecutivo transgrede la Constitución y vulnera la sentencia de la Corte Constitucional, considerando que el Presidente de la República ha objetado varios aspectos relacionados con los principios.

En ese marco, Raza sugirió a la Comisión de Justicia prepare un informe recomendando al Peno de la Asamblea Nacional insistir en el texto del proyecto de ley, tal como fue aprobado en el Legislativo.

De su lado, Angélica Porras, especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos sostuvo que la objeción del primer mandatarios criminaliza a las mujeres que han sido violadas y que quieren interrumpir el embarazo. "Tal como está propuesta la objeción, el Presidente de la República obstaculiza el reconocimiento de un derecho, lo que convertiría a esta ley en inconstitucional, pues que no respeta el Estado laico", señaló.

En cambio, Ximena Ron dijo que la libertad de conciencia implica la posibilidad de los individuos de tener sus propias convicciones, ideologías y ejercerlas, es decir, lo que pienso, creo y estoy convencido.

Por su parte, Soledad Angus señaló que la posición personal del Presidente de la República, es la que marca o condiciona las objeciones realizadas al proyecto.

Directivos y técnicos de la empresa Electro Generadora del Austro S.A. (Elecaustro), en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización, justificaron la contratación de la construcción del proyecto Eólico Minas de Huascachaca, así como los servicios con la empresa china Dongfang Electric y su filial en Ecuador, por cuanto la normativa impide que se realicen contrataciones con otras compañías que no tengan la tecnología y experiencia de la contratista principal.

Antonio José Borrero, gerente de Elecaustro, recordó que este proyecto inició en 2017, en cumplimiento de todos los procesos establecidos en la Ley de Contratación Pública. Se determinó que no existe en Ecuador una compañía que cuente con la tecnología para proveer los aerogeneradores, razón por la cual se realizó una convocatoria internacional.

Explicó que el precio referencial del proyecto era de 112 millones de dólares, pero se contrató por 90 millones de dólares, es decir 22 millones de dólares por debajo del presupuesto inicial, lo cual constituyó un importante ahorro para el país.

De su lado, Diana Andrade, titular de la Unidad de Asesoría Jurídica de Elecaustro, aclaró que el reclamo presentado por un grupo de transportistas, que en realidad corresponde a una compañía específica, por la supuesta direccionalidad de la contratación hacia una operadora internacional, no tiene fundamento.

Posteriormente, Fabián Jaramillo, director de Fiscalización del Proyecto Eólico Minas de Huascachaca de la Universidad de Cuenca EP, enfatizó que el ejercicio de sus funciones, junto a 14 ingenieros civiles, eléctricos, electrónicos, de seguridad ocupacional, entre otras ramas, es eminentemente técnico, con el propósito de controlar las construcciones, provisión de equipos, transporte hasta el sitio de emplazamiento de las estructuras, en cumplimiento de los parámetros establecidos en el contrato.

Sin embargo, añadió que, hasta el momento la fiscalización no ha recibido ningún acto jurídico por el cual la contratista principal Donfang haya autorizado la subcontratación de empresas nacionales, como el Consorcio Santa Fe de Montejo. Por ello, no se ha autorizado pago alguno por el servicio de transporte, subrayó.

La comisión, en los próximos días, luego de revisar la información recibida físicamente, así como las explicaciones de los comparecientes, emitirá un informe acerca del proceso de investigación de la contratación del proyecto Eólico Minas de Huascachaca, ubicado en la provincia de Loja.