Hechos Ecuador

Por invitación oficial de la presidenta de Honduras,  Xiomara Castro,  el expresidente de Ecuador,  Rafael Correa Delgado 2007-2017, se encuentra en Tegucigalpa para asesorar en materia económica al gobierno.  Correa llega por invitación de la presidenta de ese país. 

El Secretario de la Presidencia de Honduras,  Rodolfo Pastor y un equipo económico de la Secretaría de Finanzas,  sostuvieron una reunión con el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa el nuevo asesor económico del gobierno hondureño. 

Rafael Correa se encuentra con algunos miembros de su equipo económico,  entre ellos Fausto Herrera exministro de economía; Ricardo Patino,  exministro de esa cartera y excanciller. 

La Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero recibió el criterio de servidores del Ministerio de Agricultura; de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad); y, del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), en torno a las reformas al Código de la Producción, Inversión y Comercio Exterior, a la Ley de Sanidad Agropecuaria y al Código Orgánico Integral Penal (Coip), que busca evitar el desperdicio de los alimentos perecibles incautados en operativos de control del contrabando.

Desde el Ministerio de Agricultura y Agrocalidad, las observaciones giraron en torno a la pertinencia de incluir en la ley el principio de celeridad. Sin embargo, consideraron necesario establecer algunos parámetros de orden técnico para su cumplimiento, debido a que los procesos de control de calidad de productos vegetales o de procedencia animal tienen plazos específicos.

Karen Avelina Guerrero, coordinadora de Asesoría Jurídica del Ministerio de Agricultura y Maritza Mejía, de Agocalidad, sugirieron determinar los tipos de alimentos aptos para el consumo humano que pertenecen a la categoría de perecibles, si se trata de productos primarios o con algún tipo de procesamiento (por ejemplo el pan). También, la entidad destinataria de los mismos, para que sean distribuidos a las personas de atención prioritaria.

Entre tanto, Pablo Villegas, asesor nacional Jurídico del Senae, se mostró partidario de realizar ajustes de carácter técnico a la normativa, que estén acordes con los procesos y plazos previstos en la normativa aduanera, puesto que esos procedimientos obedecen a criterios eminentemente técnicos.

Añadió que si se trata de mercadería aprehendida, en el caso de productos de procedencia vegetal existen disposiciones que permiten únicamente su destrucción, no el cambio de destino a favor de terceras personas.

La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad recibió al secretario General Jurídico de la Presidencia de la República, Fabián Pozo, a fin de que exponga las motivaciones y argumentaciones del proyecto de Ley de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza, presentando por el presidente Guillermo Lasso.

El presidente de la comisión, Ramiro Narváez señaló que el proyecto abarca otras temáticas relacionadas con el sistema de seguridad del Estado y el fortalecimiento de instituciones de seguridad, por lo que decidieron unificarle con el Código Orgánico de Seguridad Integral.

El funcionario tras señalar que las fuerzas del orden requieren seguridad jurídica, manifestó que “si las normas no son claras y existe la percepción de que se pueden manejar los procesos jurídicos en contra de quienes dan seguridad poniendo en riesgo sus vidas, existe el riesgo de que prime la impunidad”.

Además, subrayó que el proyecto combate a la criminalidad compleja, como tarea prioritaria, para lo que crea varias herramientas jurídicas.

Al finalizar la sesión, el legislador Ramiro Narváez hizo un llamado al Ejecutivo a trabajar de forma coordinada, para enfrentar la inseguridad que está golpeando al país. “Todos debemos arrimar el hombro en esta lucha contra la inseguridad”, afirmó.

Esta tarde, la Fiscalía General del Estado formuló cargos contra el excontralor Pablo C., su hermano Esteban C., Pedro S. y la persona jurídica empresa China Camc Engineering por su presunta participación en el delito de cohecho.

Luego de casi tres horas de análisis, el juez nacional Adrián Rojas dictó prisión preventiva contra los tres procesados.

El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, expuso dieciocho elementos de convicción que harían presumir la participación de los procesados en el delito investigado. En su intervención, mencionó que entre 2018 y 2021, Pablo C., en su calidad de Contralor General del Estado, habría desvanecido la glosa de 22’645.008,32 dólares a favor de la empresa China Camc Engineering Co. Ltd., mediante la Resolución No. 17121, de 26 de abril de 2019.

Esto se habría realizado a cambio del pago de 1’335.985 dólares, efectuado por la referida persona jurídica, lo cual había sido facilitado por Esteban C. y Pedro S., quienes –una vez ejecutado el desvanecimiento de las glosas, través de Legalcom LLC– habrían cristalizado la entrega de la coima.

Es decir, la empresa China Camc Engineering habría entregado un beneficio económico indebido, a cambio de desvanecer la glosa en la Contraloría, valiéndose de personas cercanas a Pablo C., quien tenía el poder para hacerlo.

Fiscalía indicó que, para darle apariencia de legalidad a este beneficio económico indebido, el 22 de febrero de 2019 suscribieron un contrato entre Pedro S., gerente general de Legalcom LLC y el representante de la empresa China Camc Engineering. Sin embargo, la empresa Legalcom LLC, fue constituida en Estados Unidos el 28 de febrero de 2019, es decir, seis días después de la firma del mencionado contrato.

La instrucción fiscal durará noventa días.

En el país centroamericano compartirá sus experiencias y conocimientos en economía y hablará sobre la integración latinoamericana.  

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa ya se encuentra en Honduras,  para atender una invitación de la presidenta de ese país,  Xiomara Castro. 

Correa arribó al país centroamericano,  el domingo,  para intercambiar conocimientos y experiencias con diferentes sectores sobre economía e integración latinoamericana.  Así lo informó la Secretaría de Prensa del Ejecutivo. 

En un comunicado,  se indicó que la visita del exmandatario “es una muestra más del interés de personalidades internacionales de conocer el plan de Gobierno de la primera mujer presidenta de Honduras”. 

Correa posee un doctorado en economía entre otros estudios superiores que lo colocan como uno de los economistas más sobresalientes de Latinoamérica,  premiado en dos ocasiones por la Comisión Económica para América Latina (Cepal). 

El expresidente gobernó Ecuador de 2007 a 2017 y es considerado uno de los referentes de la izquierda latinoamericana. 

Con ese antecedente,  el Gobierno hondureño está complacido con la visita de Correa a su país,  pues tiene la convicción de que el intercambio de experiencias será muy beneficioso. 

La Comisión de Justicia y Estructura del Estado resolvió recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional remitir a la Corte Constitucional la objeción parcial del Presidente de la República al proyecto de Ley que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en Caso de Violación, en razón de que las observaciones del Ejecutivo se fundamentan en temas de inconstitucionalidad y en supuestas violaciones a principios y derechos reconocidos en la Constitución.

Esta recomendación, que se fundamenta en los artículos 139 de la Constitución de la República y 64, inciso final, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), consta en el informe no vinculante aprobado por la Comisión con ocho votos afirmativos y uno en contra.

También señala que como establece la Constitución, la LOFL y la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional se suspenderá el plazo de treinta días previsto para el trámite de la objeción parcial, hasta que se resuelva el control constitucional de la ley objetada.

La comisión destaca que el informe para segundo debate fue preparado bajo los mayores estándares internacionales de deliberación médica y democrática, basados en la Constitución de la República, la sentencia de la Corte Constitucional y su auto de aclaración.

Por ello, la mesa legislativa se ratifica en todos los artículos aprobados, ya que cumplen dichas normas y por consiguiente, no cabe la objeción presentada por el Presidente de la República fundamentando que la Asamblea se ha alejado de la sentencia de la Corte Constitucional.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) invita a la ciudadanía a ser parte del Comité de Usuarias/os de Servicios Públicos para vigilar la atención en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en las entidades nacionales o locales del cantón Chone, en la provincia de Manabí.

Los Comités de Usuarios y Usuarias (CUS) son formas organizativas de carácter permanente, cuyo espacio sirve para interactuar entre los prestadores del servicio y los usuarios. Los CUS observan e inciden en la calidad de la prestación de servicios.

Las inscripciones se recibirán del 28 de marzo al 4 de abril de 2022, hasta las 17:00, en las oficinas de la Delegación Provincial: calle Constantino Mendoza, entre Chile y Reales Tamarindos.

Requisitos para ser miembro de los CUS:

1.-Ficha de inscripción individual;

2.-Copia de cédula de ciudadanía;

3.-Papeleta de votación;

4.-Ser usuaria o usuario del servicio público a vigilar;

5.-En caso de organizaciones sociales, de hecho, o de derecho, deberá presentar el documento que le habilite en calidad de representante legal o delegado;

6.- No laborar, ni tener contratos con la entidad prestadora del servicio, donde va a vigilar;

7.- Participar en jornadas de inducción y capacitación.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social verificará el cumplimiento de los requisitos e inhabilidades, luego de lo cual se convocará a las y los postulantes a la jornada de capacitación.

Descargue aquí:

Convocatoria

Formulario de Inscripción individual

Instructivo para la conformación de Comités de Usuarios

Abg. Hernán Ulloa Ordóñez

Presidente del CPCCS

Este sábado, 26 de marzo, el Pleno de la Asamblea Nacional no pudo sesionar por falta de cuórum, pues ochenta minutos después de la hora prevista, únicamente registraron sus asistencia 66 asambleístas. A la sesión no acudieron legisladores de las bancadas de Unión por la Esperanza (UNES), Partido Social Cristiano (PSC), una parte de Pachakutik (PK) y varios independientes.

La presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori Abarca, cuestionó la falta de compromiso de los legisladores ausentes, frente a la convocatoria para la reinstalación de la sesión No. 766, efectuada en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).

Dentro de la agenda de esta sesión estaba previsto tramitar el primer debate de los proyectos de Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza; de reformas a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo; del Código Orgánico Integral Agropecuario; de la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; de la Ley para el Fortalecimiento de la Consulta Popular y la Participación Política; de la Ley de Emergencia del Agua Potable de los cantones Esmeraldas, Río Verde y Atacames; y, el proyecto de resolución que solicita la Declaratoria del Estado de Emergencia sobre los ecosistemas vulnerables que actualmente atraviesan déficit hídrico a nivel nacional.

Guadalupe Llori dispuso a Secretaría que tome nota de los asambleístas ausentes, recordando que conforme lo previsto en el artículo 169 de la LOFL, constituyen faltas administrativas leves: Faltar injustificadamente, retrasarse o ausentarse de las sesiones del Pleno y de las comisiones o dejar sin el cuórum necesario para la continuación de las sesiones.

La sesión 766 se mantiene suspendida y, en los próximos días, se procederá a una nueva convocatoria, a fin de continuar con el trámite de estas iniciativas legales.

“Estamos cumpliendo, con mejores resultados, en comparación con los resultados obtenidos desde el 2009, año en que entró en funciones el primer periodo legislativo de la Asamblea”, señaló Guadalupe Llori Abarca, presidenta del Parlamento, en el marco de la Rendición de Cuentas 2021 de la Asamblea Nacional.

Heredamos un Parlamento desprestigiado, con una credibilidad de apenas el 2%; plagado de actos de corrupción. Hoy tenemos una nueva Asamblea transparente, que responde a los intereses de las ciudadanas y ciudadanos; que legisla y fiscaliza con responsabilidad, para el presente y el futuro del país, enfatizó.

La Agenda Parlamentaria “Minga por el Ecuador” tiene un alto nivel de cumplimiento gracias al trabajo y la participación activa de las y los legisladores de todas las bancadas. El Pleno entre mayo y diciembre de 2021, efectuó 138 sesiones, como resultado se aprobaron 26 leyes que contribuyen al desarrollo del país, es decir, 10 leyes más que el promedio del primer año de gestión de otras administraciones; entre las leyes aprobadas esta la reforma a la creación de la Universidad Amawtay Wasi, que hace realidad un sueño de los pueblos y nacionalidades.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL), calificó 145 proyectos de ley, 109 corresponde al período que va del 14 de mayo al 31 de diciembre de 2021. En materia de fiscalización y control político, el CAL admitió a trámite 13 solicitudes de juicio político, de ellos siete fueron debidamente tramitados, cinco casos concluyeron con la censura del: excontralor, Pablo Céli; exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión; exministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, René Ortíz; exsuperintendente de Compañías Valores y Seguros, Víctor Manuel Anchundia; y, del exministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos.

Además, en el año 2021 se destituyó como asambleístas a Fabricio Villamar y Bella Jiménez, por incurrir en las prohibiciones previstas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Respecto de los pedidos de información, se registran 4.750 requerimientos a diferentes entidades del Estado, de los cuales 4.161 fueron atendidos.

“Nunca me olvido de dónde vengo y por qué estoy aquí, junto a todos ustedes: para darle voz a todos los que no han tenido voz. La actuación democrática, con firmeza sí, pero, sobre todo, con absoluto respeto al criterio ajeno, ha sido y es mi filosofía de vida, porque las grandes transformaciones requieren de diálogos, acuerdos y consensos, más si se trata de la Asamblea, como primera función del Estado, que es depositaria de la soberanía popular expresada en las urnas”, concluyó la presidenta de la Legislatura, Guadalupe Llori.

La Comisión de Régimen Económico, inició el estudio del proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, presentado por el asambleísta Marco Troya, quien explicó los alcances y objetivos de su propuesta.

El parlamentario sugirió revisar el uso del proceso del Régimen Especial de Contratación Pública, el mismo que estaría beneficiando a la contratación de consorcios. En este contexto, cuestionó que se dejen de lado las convocatorias públicas, en perjuicio del Estado y que no exista una ley clara sobre la conformación de consorcios, pues la contratación queda a libre albedrío de las autoridades, sin garantías de un proceso transparente.

Al respecto, propuso que se incluya en el proyecto la figura de concurso público para elección de consorcios que deseen prestar sus servicios a entidades públicas. “Así el proceso se dará con mayor transparencia”, indicó.

También recibió a la asambleísta, Silvia Núñez, proponente de uno de los proyectos unificados del proyecto de reformas al Código Monetario y Financiero Unificados y al legislador, Darwin Pereira, autor del proyecto de Ley de Identidad Tributaria.

Silvia Núñez propone en su proyecto la reestructuración de deudas con entidades bancarias, en casos de fuerza mayor. “He planteado una salida para los ecuatorianos por deudas con la banca que han golpeado a las familias por la pandemia, pérdidas de empleo, enfermedades catastróficas y otros casos extremos”, argumentó.

Además, aclaró que no se trata de un refinanciamiento de la deuda, como lo norma la Junta de Política Monetaria, sino de la reestructuración del saldo de la misma, a mayor plazo y menor interés, una vez que el deudor haya cumplido con el 5% del pago inicial.

Darwin Pereira, en cambio, planteó ampliar las responsabilidades de cobro en casos de quiebra de las empresas hacia los accionistas, en vista de que se han presentado empresas fantasmas a las que no se ha podido cobrar la deuda, por no existir un representante real.

Se suma a su propuesta, la renegociación de la deuda, siempre y cuando el deudor pague el 20% de la misma, así como la implementación de una tabla de renegociación, que permitirá identificar el monto a pagar, según la condición de la empresa.

Finalmente, la comisión decidió invitar a expertos y académicos del sector económico y tributario, para recoger sus observaciones y recomendaciones que contribuyan a la elaboración de un documento legal que beneficie a los ecuatorianos.