Hechos Ecuador

El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y analizó el memorando Nro. AN-CFCP-2022-0083-M, remitido por la Comisión de Fiscalización y Control Político, en el que se informa que no alcanzó la votación requerida para avocar conocimiento de la solicitud de juicio político propuesto por el legislador Ferdinan Álvarez, en contra del procurador general del Estado, Íñigo Salvador, por incumplimiento de funciones.

La decisión de la Comisión de Fiscalización se enmarca en lo previsto en el artículo 142, inciso 6º, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), que determina: “Si en las comisiones especializadas permanentes y ocasionales no se alcanza la votación requerida en el trámite de proyectos de ley y procedimientos de fiscalización, fenecido el plazo de ley, estos pasarán a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional para la correspondiente resolución, sin perjuicio de las sanciones que por incumplimiento de plazos corresponda a los miembros de la comisión, de conformidad con esta Ley”.

Al no existir un acuerdo entre las bancadas para tomar una resolución sobre el tema, la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori Abarca, informó que solicitará un criterio jurídico por escrito.

En la sesión, se sometió a votación la moción de la asambleísta Gabriela Molina quien planteó devolver a la Comisión de Fiscalización el expediente de enjuiciamiento político en contra del Procurador, a fin de que en el marco de sus competencias verifiquen, conforme lo señala el primer inciso del artículo 81 de la LOFL, que cumpla con lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución de la República, caso contrario la archivará. La moción fue rechazada con cero votos afirmativos, 120 negativos; 2 en blancos y 13 abstenciones.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio dijo que es un hecho inusual, porque es la primera vez que existe la solicitud de retiro de juicio político tras precisar que en base al artículo 142 último inciso, la Comisión de Fiscalización al no encontrar votos suficientes tomó la decisión de remitir todo el expediente al Pleno, para que sea éste el que decida.

Ferdinan Álvarez aclaró que retiró su acusación apegado a derecho y que se compromete a volver a presentar esa solicitud de juicio político. “Ahora es más importante darle vida jurídica e institucional al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social”, dijo al señalar que se debe tener un Contralor legítimamente designado.

Por último, Pedro Velasco afirmó que se enfrentan a un caso inédito y el país no puede seguir en una inseguridad jurídica, a la vez que indicó que sin interpelante es imposible continuar el trámite.

El Pleno de la Asamblea Nacional, con 79 votos afirmativos, 39 negativos, 17 abstenciones negó las amnistías prorrogadas solicitadas por Manuel Jesús Yupa Zhau, María Matilde Tenesaca Camas y Segundo Vicente Chato Chango, quienes pertenecen a la causa “Derecho a la resistencia y protesta social - octubre 2019”.

La Comisión de Garantías Constitucionales analizó las solicitudes, así como los requisitos constitucionales, legales, reglamentarios, las disposiciones de tratados y convenios internacionales que tratan sobre la materia, así como las competencias que tiene la Asamblea Nacional para conceder amnistía; y, fundamentó su informe en los artículos 99 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, 8 y 9 del Reglamento para la Admisión y Tramitación de las Solicitudes de Amnistías e Indultos Humanitarios de la Asamblea Nacional, por el cual sugirió al Pleno conceder dichas amnistías.

El asambleísta Édgar Quezada, ponente del informe, explicó los casos que quedaron pendientes del proceso anterior. Pidió a la Asamblea Nacional reivindicar los derechos humanos de tres ciudadanos y sus familias que no cometieron un delito o contravención alguna y permitir que vivan en paz y no en la zozobra por un hecho que no cometieron.

En el debate, el legislador Juan Fernando Flores argumentó que las personas que constan en el informe están procesados por delitos de secuestro y paralización de servicios públicos, por lo que instó a no conceder dichas amnistías.

El parlamentario Gruber Zambrano recordó que no estuvo de acuerdo que se trate en paquete el tema de las amnistías, porque existen diferentes tipos penales, pero a su vez, hay muchas personas inocentes, sin embargo, los expedientes citados en el presente informe tienen que ver con delitos de secuestro, por tanto, no aplica la figura de amnistía.

En cambio, el legislador Salvador Quishpe señaló que ninguna de las personas sobre las cuales se solicita las amnistías tiene sentencia ejecutoriada por el delito de secuestro. Mientras el parlamentario Mariano Curicama, pidió el apoyo para aprobar el informe de amnistías prorrogadas.

La Comisión del Derecho a la Salud, con 9 votos a favor, resolvió citar para el miércoles 6 de abril, a Francisco Cepeda, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Nelson García Tapia, director general del IESS, para que expliquen respecto de los despidos masivos que se han realizado en los últimos meses al personal de salud. También serán invitados Verónica Chávez y Miguel Crespo, representantes del Colectivo “Reacciona”, quienes argumentarán su denuncia sobre los despidos.

El pedido lo formuló la legisladora Luisa González, quien señaló que 160 médicos fueron desvinculados del Hospitales del IESS Quito Sur. Algunos de ellos estuvieron en primera fila de la pandemia Covid-19, e incluso mantienen sentencias judiciales favorables de acuerdo a la Ley de Apoyo Humanitario, para que se les otorgue nombramiento permanente, es decir, no tomaron en cuenta las acciones de protección ganadas legalmente.

En cambio, la legisladora María José Plaza, vicepresidenta de la mesa legislativa, solicitó a la mesa legislativa requerir información sobre las justificaciones administrativas y financieras que han dado lugar a la desvinculación de los profesionales de la salud del Hospital del IESS Quito Sur; cuál es la modalidad de contrato y la naturaleza de la relación contractual que mantienen estas 160 personas, cuyos contratos han finalizado y si afecta o no esta desvinculación al desempeño y atención a los afiliados y jubilados, así como las acciones que tomarán para llenar estos vacíos en la gestión hospitalaria.

El presidente de la comisión, Marcos Molina y los asambleístas Joel Abad, Patricia Mendoza y María José Plaza recordaron que las propias autoridades del IESS en día pasados dijeron ante la mesa legislativa que no se desvinculará al personal médico en los hospitales, pero que hoy se hace lo contrario. Los parlamentarios se solidarizaron con el personal desvinculado e indicaron que lucharán por su reincorporación laboral.

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) resolvió realizar una reforma en la primera disposición general de la Codificación del Reglamento para la Primera Renovación Parcial de dos Jueces del Tribunal Contencioso Electoral mediante Concurso de Méritos y Oposición con Veeduría e Impugnación Ciudadana.

Esta Resolución se dio con base en la solicitud de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, Dr. Ángel Torres Maldonado y Dr. Joaquín Viteri, quienes solicitaron al Consejo esta reforma por considerarla necesaria y pertinente dado que la disposición general referida, asevera que el Tribunal Contencioso Electoral fue renovado de forma total el año 2019, lo cual no corresponde a la realidad porque se dio una renovación parcial.

El Pleno resolvió, además, disponer a la Coordinación de Asesoría Jurídica incorporar esta reforma.

Ab. Hernán Ulloa Ordóñez

Presidente del CPCCS

La Comisión de Desarrollo Económico, luego de conocer la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL) de calificar a trámite el proyecto de Ley Orgánica Derogatoria del Decreto Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandema Covid 19, escuchó a la legisladora Viviana Veloz, quien explicó el alcance de su propuesta legal. Fundamentó que la ley en vigencia establece graves perjuicios económicos a la clase media y sectores populares.

En esta oportunidad la mesa legislativa se dio cita a la Comuna Palmar, parroquia Colonche, del cantón Santa Elena. De forma virtual, la asambleísta Veloz, dijo que para derogar la reforma tributaria existen fundamentos y antecedentes parlamentarios suficientes que dan viabilidad a su pedido, sobre la base de la aplicación del artículo 140 de la Constitución, que permitió la derogatoria del impuesto verde.

Viviana Veloz señaló que con la reforma tributaria entre otros temas se incrementó el impuesto a la micro y pequeñas empresas, “lo cual hizo que varias empresas cierren y se pierdan fuentes de empleo, cuando lo lógico es que quienes más ganan ayuden a solventar la crisis económica del país”.

El parlamentario John Vinueza lamentó la forma como se aprobó la denominada Ley Tributaria. “Hay una segunda oportunidad como legisladores para actuar con responsabilidad y equilibrio”, dijo.

Mientras la asambleísta Elina Narváez recordó que existen fundamentos y antecedentes suficientes para dar viabilidad a la derogatoria de las reformas tributarias, pues Ecuador reclama por oportunidades de empleo y bienestar social. Diana Pesántez expresó que el debate del proyecto debe llevarse con responsabilidad. Pierina Correa manifestó que la derogatoria del Decreto-Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia Covid-19 resulta saludable.

Comisiones generales

La mesa legislativa recibió a delegaciones y representantes de las autoridades locales para que expongan sus necesidades. José Álava, representante del Gobernador de Santa Elena, señaló que el proyecto de reforma tributaria tiene cosas positivas y negativas, por ello sugirió a la comisión analizar estos aspectos. Fulton Anchundia saludó la visita de los legisladores en territorio para conocer la realidad y los puntos de vista de los habitantes, que sea la apertura para la búsqueda de soluciones.

Roland Castillo habló de la inseguridad que viven los pescadores artesanales y la necesidad que las autoridades tomen cartas en el asunto. Carlos Basante, en representación del Alcalde del cantón La Libertad, recordó que la mayor parte de la población, pertenece a la clase baja, por tanto un verdadero proyecto de emprendimiento puede levantar un cantón o una provincia.

Jeferson Tigrero, subgerente de la Empresa Municipal de Turismo de Santa Elena, aplaudió los espacios de diálogo que abre la Comisión de Desarrollo Económico y solicitó que los pedidos expuestos en la mesa sean plasmados en leyes, porque solo así se logrará el desarrollo de sus habitantes.

El presidente de la comisión, Daniel Noboa destacó el diálogo con las autoridades locales en la medida que permite conocer y entender lo que pasa en los diversos sitios de la provincia de Santa Elena.

Los comisionados también recibieron a Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, valoró la seriedad y compromiso de los comisionados en el trabajo que desarrollan en beneficio del país. Expresó su respeto por la labor legislativa y el trabajo que desarrolla cada asambleísta.

De conformidad a lo anunciado por la titular de la Función Legislativa, el Pleno de la Asamblea Nacional sesionará el próximo martes 5 de abril de 2022, a las 11h00, como consta en la convocatoria para la sesión 771, dispuesta por Guadalupe Llori Abarca.

Según el orden del día, los temas a tratar se relacionan a la objeción parcial presentada por el Presidente de la República al Proyecto de Ley Orgánica que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en Caso de Violación; el segundo debate del proyecto de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; la solicitud de juicio político en contra del Procurador General del Estado remitida por la Comisión de Fiscalización y Control Político para resolución del Pleno, por no haber contado con los votos para su calificación, entre otros asuntos de interés nacional.

Como ya lo había anunciado y asegurado la Presidenta del Parlamento, en esta nueva sesión se procesarán todas y cada una de las solicitudes de cambio de orden del día que se presenten en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Respecto a la anunciada autoconvocatoria al Pleno, auspiciada por la bancada de UNES y del PSC, hasta la presente hora no ha sido presentada de manera formal dicha solicitud acompañada de las 92 firmas de respaldo necesarias, conforme manda el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social concluyó el proceso de control político a siete casos de incumplimiento en la entrega de información. De conformidad con el artículo 76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, resolvió con 7 votos afirmativos archivar estos pedidos, una vez que se determinó que la información proporcionada por las entidades públicas es completa y satisfactoria.

El requerimiento de información de la asambleísta María Fernanda Astudillo tiene que ver con los pagos realizados por concepto de pensión vitalicia al expresidente de la República, Lenín Moreno, mientras que Ferdinan Álvarez solicitó informe sobre el concurso de fiscales provinciales y acceso a la carrera fiscal. El asambleísta Rodrigo Fajardo solicitó información al Ministro de Transporte y Obras Públicas respecto al financiamiento, construcción y operación de la carretera Cuenca-Molleturo.

En este sentido el presidente de la mesa legislativa, Ferdinan Álvarez, afirmó que una vez que han sido resueltos los casos referentes a la aplicación del artículo 76 de la LOFL, “esta comisión seguirá su rol fiscalizador, puesto que si bien estos casos han sido archivados, estaremos pendientes de que las solicitudes que realizaron los asambleístas sean eficientemente atendidas”.

Por último, indicó que darán el seguimiento respectivo al financiamiento y construcción de la carretera Cuenca-Molleturo, para verificar el cumplimiento eficaz de los trabajos en beneficio de la ciudadanía y de la región.

El asambleísta Bruno Segovia presentó el proyecto de reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero que pretende recuperar el dinero de ahorristas de cooperativas que resultaron perjudicados en el feriado bancario de 1999.

El legislador, en rueda de prensa, indicó que se cerraron 341 cooperativas y que los afectados sumaron más de un millón de personas. Argumentó que existen miles de familias que al momento no tienen para sobrevivir y muchos ya han fallecido, sin que se les haya devuelto sus ahorros.

“Estamos presentando una reforma al Código Monetario y Financiero, para que el dinero que se encuentra en el Tesoro Nacional y que aún no se ha retirado, se entregue en un plazo de tres años”, señaló.

La presentación de la propuesta se realizó con la presencia de representantes de los perjudicados por las cooperativas cerradas de todo el país.

De conformidad con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el proyecto será remitido al Consejo de Administración Legislativa (CAL) para su calificación y posterior envío a una de las comisiones legislativas para el tratamiento respectivo.

La Comisión de Fiscalización y Control Político, con cinco votos afirmativos, aprobó el informe de la investigación del caso denominado “Petrochina: Deuda pública y Comercialización de petróleo”, por el cual se determina que las condiciones en las que el país paga la deuda con petróleo representarían millonarios perjuicios económicos, pues el crudo se entrega a precios inferiores a los del mercado y son las compañías asiáticas las que lo entregan a bancos y empresas privadas para una posterior reventa.

Fernando Villavicencio, presidente del organismo, en su presentación del informe, indicó que “el expediente recoge 13 años de información publicada en los principales medios de comunicación del Ecuador y el mundo, así como, documentos que en su momento fueron declarados como secretos y/o reservados, de los cuales se desprende que más de 4.700 millones de dólares fueron a parar en manos de empresas intermediarias extranjeras, en perjuicio del Estado ecuatoriano”.

En los antecedentes, el documento cita un señalamiento de la Contraloría General del Estado, en varios exámenes especiales, en el sentido que el crudo fue comercializado en condiciones perjudiciales para el país, sobre todo por la cláusula que estableció la fórmula para el cálculo del precio del barril y su “libre destino”.

“Igualmente, el organismo de control determinó glosas por USD 174,7 millones de dólares de los Estados Unidos de América en contra de exfuncionarios de Petroecuador y las compañías asiáticas y emitió tres informes con indicios de responsabilidad penal, por entregar el crudo a precios por debajo de la cotización de mercado y firmar los contratos sin sustentos en informes técnicos”, expresó Villavicencio.

La mesa legislativa recomienda, entre otros aspectos, remitir el informe a la Fiscalía General del Estado, para que investigue el presunto cometimiento de delitos, teniendo en cuenta que desde el año 2017 se encuentra aperturada la indagación previa número 08-2017 por denuncia del hoy presidente de esta Comisión. También, a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), a fin de que realice una investigación de los perfiles económicos-financieros, de todos los sujetos y empresas que constan en este informe.

Así mismo, el documento será enviado a la Corte Constitucional para que certifique si emitieron dictamen previo de constitucional, respecto de los convenios internacionales suscritos con China para el otorgamiento de las líneas de crédito; a la Contraloría General del Estado y a la Presidencia de la República para que tenga conocimiento de los hallazgos encontrados en esta investigación.

El presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, Juan Fernando Flores, presentó un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que busca garantizar la protección de derechos humanos en los casos de suspensión del proceso de naturalización y nulidad de la carta o resolución de naturalización.

Las reformas planteadas buscan asegurar el derecho al debido proceso, para que ninguna persona se quede en una situación de apátrida.

La propuesta agrega tres literales a continuación del artículo 81 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, referente a la nulidad de la carta de naturalización, que determinan las garantías mínimas del debido proceso; el proceso de suspensión; y los efectos de la decisión.

Además, incluye un literal al artículo 82 que establece que la persona sujeta a un proceso de suspensión nulidad o revocatoria de nacionalidad y que en función de este proceso no pueda ser devuelta al país de origen o al último puerto de entrada, no podrá ser retenida en el espacio internacional por un tiempo mayor a 24 horas.

La propuesta normativa responde a la sentencia 335-13-JP/20 de la Corte Constitucional del Ecuador, que establece que la Asamblea Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana; y el Ministerio de Gobierno, en el marco de sus competencias, adecuen la normativa vigente a los criterios y estándares internacionales.