Hechos Ecuador

La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana abrió un espacio de participación con la ciudadanía del cantón Chone, provincia de Manabí, para socializar el proyecto de Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, que tiene como objetivo brindar protección y asistencia a quienes sean sujetos de tales conductas, a través del establecimiento de mecanismos, competencias y responsabilidades estatales.

La sesión fue dirigida por la legisladora Raisa Corral, quien aseguró que este proyecto marca el camino para judicializar a las personas que cometen este delito, pero sobre todo para proteger a las víctimas y generar procesos que les permita obtener una reparación integral.

Juan Fernando Flores señaló que el proyecto de ley no solamente afecta en el ámbito internacional, pues dentro del Ecuador existen muchas prácticas normalizadas respecto a la explotación laboral y sexual, que deben ser erradicadas. “Se han normalizado varias prácticas en el campo y en la Amazonía que afectan a la sociedad. La trata y explotación no solo ocurre más allá de la fronteras”, aseguró.

Posterior a la exposición del articulado, la mesa legislativa se instaló en comisión general y recibió los criterios de la ciudadanía. Andrés de la Vega, representante de la Organización de Estados Americanos (OEA), felicitó por permitir el espacio para socializar la norma con la ciudadanía, y enfatizó que esta ley es el punto de partida para erradicar este problema social. “La distancia que existe entre la norma y lo que ocurre en práctica es enorme, hago un llamado para que, una vez creada la norma, poner plazos para implementar los instrumentos y las políticas que están planteadas en la ley”, insistió.

Fabián Zambrano, representante del Comité de Pilotage et de Cordination (coPico), pidió a los legisladores revisar la situación de los ciudadanos venezolanos, que se encuentran en el país y que en su mayoría están en una situación irregular. José Giler, representante de la Junta de Protección de San Vicente, exhortó a que la ley tenga un enfoque de protección de derechos y no solo sancionatorio.

Una vez reinstalada la sesión, el legislador Fernando Cedeño agradeció los aportes recibidos y señaló que “es importante considerar que esta ley visibiliza el problema que debemos enfrentar. Esta es la manera de que las políticas públicas obtengan recursos”.

Eddie Javier Velásquez, estudiante de Derecho de la Universidad Laica de Manabí, participó como “Asambleísta por un Día” y exhortó a la mesa legislativa a incluir un programa de seguimiento para los casos de trata de personas y tráfico de migrantes para evitar la revictimización y sancionar a los victimarios.

La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, analizó el borrador del informe para primer debate del proyecto de Ley de creación de la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales, que brindará educación superior a la sociedad ecuatoriana, comprometiendo el desarrollo del conocimiento bajo el interés público en el ámbito de seguridad integral, en el cual formará futuros profesionales que serán parte de la seguridad ciudadana.

La asambleísta Rocío Guanoluisa, proponente del proyecto, explicó que con ello se busca que el Estado cuente con una universidad inclusiva y abierta a la sociedad ecuatoriana, para fortalecer el respeto a los derechos humanos, al medio ambiente, a la democracia y promover un Estado intercultural y plurinacional.

Este centro universitario vinculará a la comunidad por medio de proyectos en seguridad integral, proponiendo políticas públicas, actualización y reformas normativas relacionadas con la seguridad producto de estudios epistemológicos y fenomenológicos de la inseguridad, cuyos procesos sustantivos de docencia, investigación y vinculación estarán alineados al campo de la seguridad.

En otro orden, Manuel Medina, presidente de la comisión, indicó que “la mesa debate, además, la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, sobre la que han recibido observaciones y propuestas de las universidades y otros actores involucrados en el quehacer de la educación superior”.

Entre tanto, el parlamentario Ramiro Frías resaltó la importancia de crear una universidad de seguridad ciudadana y ciencias policiales, ya que permitirá cubrir las expectativas de cientos de jóvenes. Diego Esparza sostuvo que el trabajo de la mesa legislativa se caracteriza por viabilizar proyectos legislativos que promuevan la educación superior en el Ecuador en las diferentes provincias del país. Ana María Raffo, expresó que las decisiones que se tomen deben estar articuladas a las disposiciones de la Constitución, a la vez que reiteró la necesidad de combatir la inseguridad que campea en el país y causa dolor y lágrimas en los ecuatorianos.

El Pleno de la Asamblea Nacional decidió con 92 votos afirmativos, 28 negativos y 14 abstenciones, devolver el expediente del enjuiciamiento político contra el Procurador General del Estado, Iñigo Salvador, a la Comisión de Fiscalización y Control Político, a fin de que en el marco de sus competencias verifiquen, conforme lo señala el primer inciso del artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), que se cumplen los requisitos del artículo 131 de la Constitución de la República, caso contrario la archivará.

En el documento resolutivo propuesto por la legisladora María Gabriela Molina, el Pleno reiteró el respeto a la independencia de las Funciones del Estado, a fin de que cada una actúe en el marco de sus competencias. Además, apoyó las actuaciones de los asambleístas, enmarcadas en el ordenamiento jurídico, en especial de su facultad fiscalizadora que prevé la posibilidad de respaldar solicitudes de enjuiciamiento político, sin excluir de ello a los miembros de la Comisión de Fiscalización y Control Político.

Cabe recordar que el Pleno de la Asamblea Nacional, en la sesión de 5 de abril, conoció y analizó el memorando Nro. AN-CFCP-2022-0083-M, remitido por la Comisión de Fiscalización y Control Político, en el que se informa que no alcanzó la votación requerida para avocar conocimiento de la solicitud de juicio político propuesto por el legislador Ferdinan Álvarez, en contra del procurador General del Estado, Íñigo Salvador, por incumplimiento de funciones.

La decisión de la Comisión de Fiscalización se enmarcó en lo previsto en el artículo 142, inciso 6º, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), que determina: “Si en las comisiones especializadas permanentes y ocasionales no se alcanza la votación requerida en el trámite de proyectos de ley y procedimientos de fiscalización, fenecido el plazo de ley, estos pasarán a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional para la correspondiente resolución, sin perjuicio de las sanciones que por incumplimiento de plazos corresponda a los miembros de la comisión, de conformidad con esta Ley”.

Bélgica ha concedido asilo político al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, confirmó a Efe el abogado del exmandatario, Christophe Marchand.

En una resolución a la que tuvo acceso Efe y fechada el pasado 15 de abril, el comisariado general de refugiados y apátridas (CGRS) de Bélgica confirma que otorga a Correa el estatus de refugiado en este país, donde ya residía desde 2017 porque de él procede su esposa, Ann Malherbede.

Marchand explicó que la solicitud de asilo se había puesto en marcha tras iniciarse en 2018 en Ecuador un proceso legal que le relacionaba con el supuesto secuestro de un opositor en 2012, el llamado «caso Balda».

Bélgica les requirió demostrar que existía una persecución política en Ecuador contra Correa, para lo que aportaron «documentación sobre los casos criminales en su contra con motivaciones políticas» y «destinados a impedir su carrera política», dijo el abogado belga.

Marchand se declaró «feliz» con la resolución de este caso, ya que, aseguró, tras 25 años en la profesión sabe «lo difícil que es que Bélgica conceda asilo político».

Correa, quien gobernó de 2007 a 2017 como uno de los referentes de la izquierda latinoamericana, reside tras el fin de su mandato en Bélgica y sobre él pesa en Ecuador una condena de ocho años de cárcel e inhabilitación política por el caso «Sobornos 2012-2016».

La jueza del caso dictó una orden de detención

La Justicia ecuatoriana ordenó prisión preventiva contra el expresidente Rafael Correa, por su presunta vinculación con el secuestro de un opositor en Colombia en 2012. Correa, que estuvo en el poder entre 2007 y 2017, reside en Bélgica.

La juez Daniela Camacho, tras negar la petición para revisar las medidas cautelares solicitadas por la defensa del expresidente Rafael Correa, «resuelve imponer prisión preventiva en su contra y emite difusión roja a Interpol», informó la Corte Nacional de Justicia (CNJ) el martes.

Camacho aceptó las peticiones del fiscal general, Paúl Pérez, por la presunta participación de Correa «en los delitos de asociación ilícita y secuestro», señaló a su vez la Fiscalía.

Correa está en el punto de mira de la Justicia por el caso del exdiputado opositor Fernando Balda, quien lo acusó de ordenar su secuestro cuando estaba en Bogotá en 2012.

Cinco personas lo subieron a la fuerza a un coche, aunque la Policía colombiana interceptó el vehículo y frustró el secuestro.

Por este caso ya están detenidos tres agentes de los servicios de inteligencia y un excomandante de la Policía, así como una orden de prisión contra un exjefe del Ministerio Nacional de Inteligencia que vivía en España y cuya extradición fue realizada en 2020.

Dentro del tratamiento del proyecto de Ley para la Gestión de la Emergencia Sanitaria por Pandemia causada por la Covid-19 y sus variantes, David Egas Yerovi, constitucionalista y docente de la Universidad Central del Ecuador, subrayó la necesidad de emitir una regulación que permita establecer mecanismos para tratar la pandemia, sin que sea necesario la emisión de nuevos estados de excepción.

En la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte, Egas destacó que es un proyecto necesario, toda vez que los estados de excepción no pueden ejecutarse de manera permanente, porque podrían afectar al sistema democrático. “La legislatura debe normar la gestión de la emergencia por pandemia”, subrayó.

Planteó establecer procedimientos para la delimitación de las áreas sanitarias; mayores conceptos jurídicos que permitan evitar la arbitrariedad dentro de las decisiones que se tomen; mecanismos de cómo deben ejercerse las atribuciones de las fuerzas públicas; distribución de las competencias respecto a las atribuciones que tienen los gobiernos seccionales y la integración del Comité de Operaciones de Emergencia, COE; mayores márgenes de regulación respecto a las limitaciones de tránsito y cómo se ejecutan las medidas para hacer cumplir estas disposiciones.

El dictamen de la Corte Constitucional es aprobar un proyecto de Ley de Emergencia Sanitaria, por lo que la Asamblea debe tramitar y concluir este proceso, expresó el constitucionalista.

Diabetes

A esta sesión, estuvo invitada la doctora Aracely Basurto, representante de la Fundación FUVIDA, para que dé sus criterios respecto del proyecto de reformas de la Ley de Prevención, Protección y Atención Integral de las Personas que Padecen Diabetes. Sin embargo, por problemas de conectividad, no pudo realizar su intervención

Caso IESS

El presidente de la Comisión, Marcos Molina planteó llamar a las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ante el Pleno de la Asamblea, toda vez que la desvinculación del personal de salud persiste, lo que se refleja en una mala atención a los afiliados. Esta propuesta fue respaldada por los legisladores.

El legislador Daniel Onofoa solicitó que se llamen también a los miembros del Consejo Directivo del IESS. Rafael Lucero afirmó que los problemas en la salud son recurrentes y que para justificar la desvinculación de personal de salud se mencionó el ahorro de recursos.

La asambleísta Patricia Mendoza sugirió convocar también a la Ministra de Salud para que responda por la atención hospitalaria y falta de medicinas. De su lado, la vicepresidenta de la comisión, María José Plaza expresó que se requiere trabajar en las normas que necesita la salud. “No esperemos que nos conminen a iniciar procesos de fiscalización, que investiguemos y analicemos la gestión de los representantes de las unidades hospitalarias”, expresó Ronal González.

Ante el Tribunal Nacional Penal de la Corte Nacional de Justicia, conformado por los jueces Mercedes Caicedo, Marco Rodríguez y Adrián Rojas, el fiscal general del Estado subrogante, Wilson Toainga, expuso durante tres días su prueba testimonial y documental en el juicio que se sigue en contra de la exlegisladora Nívea V., por su presunta participación en el delito de concusión,

Este martes, en el segundo día de audiencia de juzgamiento, Fiscalía llamó a testificar a una perito y once testigos que confirmaron los detalles de la teoría del caso.

La mañana de este martes, la perito contable que practicó una metapericia a los movimientos bancarios de la procesada y a otros movimientos financieros mencionados en la investigación, brindó detalles sobre el dinero que se transfirió y depositó a la cuenta de la ex Asambleísta, por parte de sus subalternos del despacho y de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores –valores que van desde los 20 hasta los 1.000 dólares– de forma constante, durante el tiempo que trabajaron para la exfuncionaria.

Durante más de cuatro horas, la perito contable también confirmó la existencia de una cuenta conjunta entre dos de sus funcionarios, que fue creada por disposición de Nívea V. para recabar los valores exigidos a los integrantes de su equipo, dinero que habría sido destinado a solventar gastos del movimiento político «Convocatoria», en Loja.

Fiscalía también llamó a testificar a los agentes de operaciones de distintas entidades financieras, en las que la procesada y las personas que fueron nombradas en la investigación eran titulares de cuentas.

Además, se escuchó el testimonio de cuatro personas, tres de las cuales trabajaron para la ex Legisladora en el movimiento político y en su despacho en la Asamblea Nacional, que confirmaron las gestiones que se efectuaban con el dinero de las ilegales exigencias.

Otra testigo convocada por Fiscalía durante el segundo día de audiencia, indicó que aseguró –como patrono– en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IEES) a varias personas que no conocía, pero que trabajaron para Nívea V., y que lo hizo a través del negocio que tenía en la ciudad de Loja. La testigo tampoco conocía el origen del dinero destinado a sueldos y aportes al IEES.

Este miércoles, en el tercer día de audiencia de juicio, el fiscal subrogante Wilson Toainga presentó la prueba documental de Fiscalía, en la que constan oficios, informes, copias certificadas, memorandos y declaraciones patrimoniales juramentadas, además de contratos ocasionales de los excolaboradores de la procesada en la Asamblea Nacional, que acreditan la relación laboral que tenía con ellos y en la que se evidencia que dependía de Nívea V. la continuación o terminación de dichos contratos.

A estos se sumaron certificaciones bancarias de cuentas, depósitos, tranferencias y movimientos realizados por la procesada y las personas mencionadas en la investigación, que probarían la entrega de dineros exigidos de forma irregular a sus trabajadores.

En total, Fiscalía presentó 125 pruebas documentales y llamó a declarar a ocho peritos y catorce testigos.

Luego fue el turno de la acusación particular, que también presentó su prueba, y al final de la jornada le tocó a la defensa de la procesada, que inició con la exposición de la suya.

La diligencia se reinstalará mañana, 21 de abril, a las 08:30.

En la Comisión de Régimen Económico, la asambleísta Ana Herrera, quien solicitó la comparecencia del Ministro de Energía, señaló la necesidad de conocer sobre la renegociación de los contratos petroleros, en virtud de los cambios incorporados en la política petrolera, a partir de la publicación de la reforma tributaria en el año 2021.

En este marco, el ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Juan Carlos Bermeo, señaló que la participación privada es necesaria para ayudar a la economía nacional. La inversión permitirá destinar recursos para atender la desnutrición infantil, saneamiento básico, vías, centros de salud, etc. “La necesidad de establecer seguridad jurídica para que el inversionista privado sea nacional o extranjero pueda participar en los contratos de participación petrolera”, señaló.

Dijo que la migración contractual permite de forma libre y voluntaria que las empresas puedan ir a procesos de contratación de participación, que sin duda alguna responden a una necesidad del país. Aclaró que la delegación de contratos ya viene operando desde hace tiempo atrás.

Los porcentajes del precio del petróleo son variables, pero siempre el Estado ganará más, es decir, nunca dejará de percibir menos del 51%, afirmó el funcionario al detallar los beneficios que reportan estos contratos para el país. Dijo que cada contrato petrolero, campo y compañía que desea migrar a contratos de participación son analizados de forma individual por su función y característica y de acuerdo con ello se establecen los porcentajes, en el marco del compromiso de producción compartida.

La legisladora Marcela Holguín dijo que la migración contractual al modelo de participación generaría un perjuicio de 800 millones de dólares anuales al Estado, tomando en cuenta que el país percibiría el 20% y no el 80% del excedente.

Bermeo dijo que 22 empresas mostraron su interés de migrar, porque les parece atractivo este proceso. Aseguró que el pueblo ecuatoriano requiere recursos para atender las necesidades básicas insatisfechas.

La legisladora Ana Herrera consultó cómo se determinará la fórmula de cálculo para los contratos de participación. El Ministro resaltó la conveniencia de la inversión privada en el área petrolera, porque Ecuador requiere recursos para su desarrollo. Precisó que el riesgo de operación lo asume la empresa privada. Dijo que, a mayor precio de crudo, mayor beneficio para el Estado y que cada contrato se analiza de forma individual por tanto los precios de beneficio varían.

El parlamentario Pabel Muñoz consultó por qué ahora realizar la migración a este tipo de contratos. El ministro indicó que por primera vez en la historia se genera una política pública sostenida. Aclaró que hasta el momento no hay ningún contrato definido de participación.

La Comisión de Biodiversidad escuchó a Lilia Jara, ingeniera geógrafa, a los empresarios Diego Miranda, Mónica Navas y Johanna Vanesa, quienes compartieron, desde el punto de vista conceptual y jurídico las posibles reformas al Código de Ambiente, para que las iniciativas de conservación relacionadas con el sector privado puedan beneficiar a los poseedores de bosque e implementar mecanismos para cuidar y proteger el medio ambiente.

Lilia Jara señaló que los bosques y la biodiversidad se podrán mantener y regenerarse precautelando los servicios ambientales y la perpetuidad de las especies, habrá beneficio climático, se aportaría a la mitigación del cambio climático que actualmente afecta a la agricultura, ganadería e infraestructura pública; las comunidades y propietarios de bosque podrán realizar actividades económicas más sostenibles, generando fuentes de empleo basados en la conservación.

Igualmente, agricultores y ganaderos tendrán capacidad económica para desarrollar actividades con mejores tecnologías y sus productos salgan con 0 desforestación; el Estado podrá cumplir los compromisos internacionales para la reducción de emisiones de gases producto de la deforestación y convertir a la conservación como un activo productivo y dinamizador de la economía, afirmó.

Los legisladores Gissela Molina, Fredy Rojas, Juan Cristóbal Lloret y Washington Varela, presidente de la mesa legislativa, destacaron la iniciativa planteada por los empresarios y les dieron a conocer la práctica parlamentaria para la presentación de proyectos de iniciativa ciudadana que debe cumplirse.

En otro orden, la Comisión de Biodiversidad analizó la situación de los informes semestrales de la Declaratoria de Interés Nacional de la explotación petrolera en los bloques 31 y 43, dentro del Parque Nacional Yasuní, que deben ser presentados por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables.

Washington Varela informó que el Ministerio de Energía ha incumplido con la entrega de información sobre la situación en los bloques 31 y 43. El parlamentario Efrén Calapucha solicitó la comparecencia de las autoridades respectivas para que expliquen el incumplimiento de la entrega de los informes semestrales respectivos.

Por su parte, la asambleísta Consuelo Vega, vicepresidenta de la mesa legislativa señaló que existe desatención de agua potable y servicios básicos en las comunidades. Recordó que líderes de comunidades denunciaron en la comisión que las petroleras no han cumplido con los acuerdos establecidos en la Declaratoria de Interés Nacional.

En cambio, el legislador Juan Cristóbal Lloret mencionó que distintos asambleístas han realizado solicitudes de información sobre temas petroleros, mineros y hasta el momento no existe respuesta por parte del Ministerio de Energía.

Varela indicó que por el incumplimiento en la entrega de informes semestrales está convocado el Ministro de Energía para el próximo miércoles 27 de abril.

El presidente de la Comisión de Biodiversidad, Washington Varela, informó que este miércoles 20 de abril, a las 11h30, conocerá la situación actual de los informes semestrales de la Declaratoria de Interés Nacional de la Explotación Petrolera de los Bloques 31 y 43 dentro del Parque Nacional Yasuní, que deben ser presentados por el Ministro de Energía.

Luego, los comisionados recibirán a los representantes de la empresa Rain Forest del Ecuador, quienes expondrán la iniciativa de reforma al artículo 85 del Código Orgánico del Ambiente, tendiente a la regulación de las actividades de conservación, manejo y restauración para la generación de servicios ambientales.

El debate del proyecto de Código de Seguridad Integral y la crisis carcelaria forman parte de la agenda que cumplirá la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral este miércoles 20 de abril.

La jornada iniciará a las 10h00, con el tratamiento del proyecto de Código de Seguridad Integral, que tiene como objetivo regular el uso de la fuerza por parte del Estado y los agentes que conforman la fuerza publica, así como reformar las disposiciones relativas la seguridad pública y del Estado y el derecho penal y procesal penal en cuanto afecten la seguridad ciudadana.

Posteriormente, la mesa legislativa analizará los textos relativos al componente de gestión integral de riesgo de desastres, que forma parte del proyecto en referencia.

En cambio, a las 14h00, la mesa legislativa recibirá en comisión general a delegados de la Defensoría Pública, con el fin de analizar la crisis carcelaria que afronta el país.