Hechos Ecuador

La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral conoció el documento respecto del procesamiento técnico de las observaciones presentadas, al informe para primer debate del proyecto de Ley del Uso Legítimo Progresivo de la Fuerza.

Para la elaboración del informe la comisión realizó una mesa técnica interinstitucional, para trabajar con distintas bancadas. Además, ha recibido 659 observaciones de las cuales 442 han sido incorporadas en el proyecto.

El legislador Ramiro Narváez, presidente de la mesa, señaló que el proyecto busca cumplir los estándares internacionales. “Estamos seguros que vamos a contar con este apoyo”, dijo

Además informó que las nuevas observaciones se refieren a temas como la presencia de animales adiestrados en protestas sociales, incorporación del Cuerpo de Seguridad Aduanera y el uso de armas por parte del cuerpo de seguridad y vigilancia penitenciaria.

De este modo, los comisionados continuaron el análisis y debate del articulado del proyecto de Ley del uso Legítimo progresivo de la Fuerza, que tiene por objetivo normar el uso legítimo y excepcional de la fuerza por parte del Estado, conferido a las servidoras y servidores de la Policía Nacional, Fuerzas Armas y del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, para proteger los derechos, libertades y garantías ciudadanas.

En este sentido el asambleísta Jorge Pinto sugirió hacer una aclaración sobre los casos de actores violentos dentro de una protesta.

Para el legislador José Vallejo es necesario que en el artículo 5 del proyecto se establezca definiciones de armas letales y menos letales. La asambleísta Geraldine Weber sugirió volver a revisar el uso de animales con fines de seguridad.

De su lado, el delegado del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Felipe González mencionó que la norma sobre los conceptos de reuniones violentas y de protestas sociales no generaría problemas en particular con el estándar internacional.

Algunos de los productos de la canasta básica han aumentado de precio durante las últimas semanas. Ciudadanos aseguran que algunos artículos se venden hasta en el doble de su precio.

En el mercado Garay, Suburbio de Guayaquil, ciudadanos denuncian el constante aumento del precio de diversos productos en medio de la difícil economía que atraviesan varias familias.

Entre los alimentos que han aumentado su precio se encuentra el aceite, papa, huevos, azúcar y leche, productos de gran demanda en los hogares ecuatorianos.

Andrés Albuja, miembro del Foro de Economía y Finanzas, señala que el aumento tiene que ver con el conflicto entre Rusia y Ucrania.

No obstante, algunos productores aprovechan la situación para especular con precios y dentro de la cadena de distribución también se da el redondeo en los valores, que generlamente es hacia arriba, así lo explica Albuja y Hanns Soledispa, académico del Instituto de Economía Política. Además, señalan que esta situación se debe a la falta de control de las autoridades.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el índice de precios al consumidor a finales de abril de este año se elevó y se ubicó en 2,89%.

Si no se presta atención suficiente a la prevención y control de infecciones, los centros de atención médica pueden convertirse en propagadores de ese tipo de enfermedades, perjudicando a pacientes, trabajadores sanitarios y familiares y amigos de los enfermos, advirtió este viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Un nuevo estudio de la agencia de la ONU reveló que, dependiendo del país donde se encuentren, entre siete y 15 de cada cien pacientes internados adquieren al menos una infección asociada con la atención médica durante su hospitalización, y que una media del 10% fallece como consecuencia de ella.

“Ningún país o sistema de salud, por muy sofisticado que sea, puede afirmar estar libre del problema de las infecciones relacionadas con la atención de la salud”, asevera el texto.

Sin embargo, las buenas prácticas de higiene de manos y otras medidas del mismo corte pueden prevenir el 70% de esas infecciones, afirmó la OMS.

Según el informe, las personas en cuidados intensivos y los recién nacidos corren un mayor riesgo de adquirir una infección.

Casos de sepsis

El documento también detalla que cerca del 25% de los casos de sepsis tratados en hospitales y casi la mitad de los cuadros de sepsis con disfunción orgánica ingresados en unidades de terapia intensiva para adultos están relacionados con la atención médica.

Para el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, la pandemia de COVID-19 ha expuesto muchas fallas y retos en la prevención y control de infecciones en todas las regiones y países, incluidos aquellos que contaban con los protocolos más avanzados.

“Nuestro desafío ahora es garantizar que todos los países puedan asignar los recursos humanos, los suministros y las infraestructuras que requieren los programas de prevención y control de infecciones”, dijo el doctor Tedros.

Pocos países cumplen los requisitos

Los datos del sistema de la OMS para monitorear el avance de los países hacia la implementación del plan de acción mundial sobre resistencia a los antimicrobianos mostraron que para el periodo 2020-2021, el 11% de las naciones aún no tenía un plan operativo de prevención y control de infecciones y el 54% contaba con un programa que no estaba implementado o que sólo se seguía en centros de salud seleccionados. En esta categoría se incluyen la mayoría de los países de América Latina.

Sólo el 34% informó tener un plan nacional para prevenir y controlar las infecciones funcionando y de ellos, apenas el 19% tenía un sistema para monitorear su cumplimiento y eficacia.

En los últimos cinco años, el organismo realizó encuestas mundiales para evaluar el estado de implementación de los programas nacionales de prevención y control de infecciones, encontrando que para el bienio 2020-2021 sólo el 3,8 % de los países cumplía todos los requisitos mínimos implementados a nivel nacional.

El estudio señala que el impacto de las infecciones asociadas con la atención de salud y la resistencia a los antimicrobianos es incalculable, aludiendo a que cada año mueren más del 24% de los pacientes afectados por sepsis relacionada con la atención sanitaria, más el 52,3% de los pacientes tratados en una unidad de cuidados intensivos.

Esos decesos se duplican o triplican cuando las infecciones son resistentes a los antimicrobianos, agrega.

El primer CyberDay.ec del año organizado por la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico (CECE) superó las cifras y expectativas de eventos anteriores. Con más de 250mil usuarios que visitaron la página www.cyberday.ec evidenciando un crecimiento de más del 35% en visitas a la página y un incremento de más del 30% de usuarios frente al primer CyberDay.ec del 2021.

La Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico se había trazado un incremento a doble dígito para este CyberDay.ec que supero el 30% en comparación al CyberDay.ec de noviembre del 2021 que cerró con un movimiento económico entre los comercios participantes de más de 20 millones de dólares.

Las categorías de mayor crecimiento en ventas fueron: Electro, tecnología, aviación, moda, turismo y hogar.

Leonardo Ottati, presidente de la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico (CECE) asegura que los comercios que participan en el CyberDay.ec alcanzan en ventas en línea durante el evento lo que harían normalmente en 1 mes “Las compañías que participan cumplen con las mejores prácticas no solamente en seguridad sino también enfocando su operación, en la experiencia del usuario; que no sea una sola compra que realicen sino muchas compras y con mucha frecuencia”.

CyberDays en Ecuador:

Desde el mes de abril del 2017, se realizó la primera edición de los Cyber Days en Ecuador organizados por la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico. Diferentes comercios, marcas y emprendedores participan en este evento que se ha convertido en días espaciales para compra y venta de productos en donde empresas nacionales, regionales y multinacionales, grandes medianas o pequeñas, así como emprendedores adaptan nuevas estrategias para aumentar sus ventas. La Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico acostumbra realizar estos eventos durante 2 días y son divididos por temporadas. Teniendo en común las ofertas y los descuentos.

Ventajas de comprar en los Cyber Days:

1. Comodidad.

2. Seguridad.

3. Ahorro.

4. Amplio surtido.

5. Financiamiento.

En el Ecuador este evento ha ido ganando seguidores, quienes afirman que estos días son económicos para hacer compras por internet. Además, las ganancias generadas en estos eventos son un puntal importante dentro de la economía nacional.

La Fiscalía General del Estado inició un proceso penal contra once personas por su presunta participación en el delito de asociación ilícita. Fueron detenidos en un operativo ejecutado la madrugada de este jueves.

La fase de instrucción fiscal durará noventa días y se sustentó en informes investigativos levantados por la Policía Nacional, los informes de reconocimiento del lugar de los hechos, y de interceptación de teléfonos celulares utilizados por los investigados y de evidencias (celulares), los cuales fueron ingresados en cadena de custodia.

En la audiencia de formulación de cargos, el Juez de la causa acogió el pedido del fiscal Rolando Solíz y dispuso prisión preventiva para Víctor P., Gualberto L., Antonio F., Ena P., Galo Z., Wilmiton V., Kléber M., Franklin P., Bryan R. y José G., mientras que para Henry B. dispuso presentación periódica y prohibición de salida del país.

Durante el operativo se allanaron varios inmuebles ubicados en diferentes sectores de los cantones Santo Domingo y Esmeraldas.

Según las investigaciones, los implicados se dedicaban al robo, extorsión y receptación. Su modus operandi consistía en captar a sus víctimas a través de redes sociales, con la finalidad de “utilizar” los automotores (volquetas o camiones) para fletes.

Información jurídica

El delito de asociación ilícita está tipificado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de entre tres y cinco años.

La Comisión de Fiscalización y Control Político avocó conocimiento de la solicitud de juicio político en contra de los miembros del Consejo Nacional Electoral Diana Atamaint, presidenta; los consejeros José Cabrera, Esthela Acero, Enrique Pita y Luis Verdezoto (exvocal), por incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la ley.

Además, la mesa legislativa resolvió, por unanimidad, realizar al Procurador General del Estado, por intermedio de la Presidencia de la Asamblea Nacional, una consulta jurídica sobre el artículo 19 de la Ley Orgánica Electoral de Organizaciones Políticas (Código de la Democracia) y suspender el tratamiento del proceso hasta que dicha autoridad emita el tratamiento de carácter vinculante.

En este tema, la asambleísta proponente de la moción, Ana Belén Cordero indicó que es necesario conocer el criterio del abogado de Estado, sobre el contenido del artículo 19 del Código de la Democracia, ya que se entiende que la Función Legislativa no podrá sustituir autoridades producto de una potencial destitución cuando se encuentre iniciado el período electoral.

Así mismo, el presidente de la comisión, Fernando Villavicencio sostuvo que con la resolución se pretende que sea el Procurador General del Estado quien emita un criterio vinculante respecto al tema.

Como segundo punto del orden del día, la comisión aprobó la propuesta del asambleísta Bruno Segovia para investigar los hechos suscitados en los últimos tiempos, referentes a los créditos impagos a la Corporación Financiera Nacional (CFN), por un monto de USD 525 millones aproximadamente y que se inicie la investigación sobre las actuaciones del excontralor general del Estado, Carlos Polit, hoy investigado por la justicia norteamericana.

El Pleno de la Asamblea Nacional tramitó en primer debate el proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social, que tiene como objetivo garantizar el acceso a la seguridad social y salud de los trabajadores que se dedican a la pesca artesanal y a los habitantes rurales que laboran en el campo.

A través de esta norma se busca promocionar y fomentar la participación y gobernanza del Seguro Social Campesino, enfocado al desarrollo comunitario y plasma en la ley la sostenibilidad y perdurabilidad de los derechos ya establecidos en normativa secundaria.

Para ello, se determina que la condición de habitante rural que labora en el campo se mantendrá a pesar del cambio de denominación del uso de suelo autorizado por el ente respectivo, siempre y cuando el trabajador manifieste su interés de seguir perteneciendo al Seguro Social Campesino.

Previo al inicio del primer debate, el Pleno escuchó a Rómulo Quimis, presidente de la Confederación del Seguro Social y Campesino, quien respaldó la propuesta legal, argumentando que por diversas razones miles de campesinos han sido eliminados del Seguro Social Campesino. “Algunos municipios han cambiado de rural a urbano el tipo de suelo, razón por la que han sido marginados de este Seguro, pese a que continúan trabajando el campo, situación que se espera corregir con el proyecto”, enfatizó.

El debate

El debate se desarrolló sobre la base del informe preparado por la Comisión del Derecho al Trabajo, que socializó el proyecto con diversos actores.

El legislador Omar Cevallos, en su calidad de ponente del informe, explicó que la norma busca erradicar percepciones discriminatorias y equivocadas de género estableciendo que el “Jefe de Familia”, no hace diferencia a hombres y mujeres, sino que se refiere a la persona, de cualquier sexo u orientación sexual que representa la fuente principal de ingresos de la familia.

También afirmó que se valora el hecho que la condición de campesino no se pierde por las decisiones de alcaldes, al cambiar la zonificación de rural a urbana, sino que a la hora de validar la información se analizará la realidad del asegurado en referencia a su labor de subsistencia.

En el debate intervinieron varios legisladores, quienes presentaron sus observaciones para mejorar el proyecto y asegurar que los campesinos continúen día a día labrando la tierra para dotar de alimentos a las familias, como sucedió durante la pandemia. Además, destacaron la necesidad de reducir brechas, atender a campesinos y pescadores artesanales que han visto vulnerado su derecho de acceso a la Seguridad Social e impulsar el desarrollo comunitario con acceso a la salud de la gente del campo.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori Abarca, al cerrar el debate, indicó que los legisladores tienen la posibilidad de presentar también las observaciones por escrito a la Comisión del Derecho al Trabajo, para la elaboración del informe para segundo debate.

La legisladora Jessica Castillo presentó en Gestión Documental el proyecto de Ley del Régimen Especial de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, que tiene por objetivo garantizar el cumplimiento de los servicios y beneficios de este sistema.

La parlamentaria explicó que esta propuesta busca normar la organización, funcionamiento y gestión del Régimen Especial de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, con el fin de asegurar el fiel cumplimiento de las prestaciones que la seguridad social contempla para los integrantes del servicio militar.

Según el proyecto, el régimen cubrirá en circunstancias excepcionales los contingentes de los movilizados y las reservas a las que acceden, como las prestaciones de riesgos profesionales y de salud.

Jessica Castillo expresó que mediante el proyecto busca otorgar al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas capacidad operativa, para optimizar los beneficios del sistema, con pensiones, prestaciones, seguros y servicios sociales orientados al personal de tropa.

“El proyecto normativo guarda armonía con la Constitución y su financiamiento, es de carácter tripartito: el Estado, como garante y promotor de derechos, el Ministerio de Defensa Nacional, como órgano rector y los pensionistas, como beneficiarios”, señalo la asambleísta.

La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana escuchó las observaciones de varias autoridades en el marco del estudio del proyecto de Ley Reformatoria a Ley Orgánica de Participación Ciudadana de los Presupuestos Participativos.

La mesa legislativa contó con la participación Marjorie Canseco, coordinadora de Asesoría Jurídica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), quien expresó que el artículo 78 de la ley dispone que las características de este tipo de presupuestos estarán abiertos a la ciudadanía que desee participar.

Explicó que en la actualidad la población actúa de manera voluntaria en el proceso de elaboración y aprobación de los presupuestos de las instituciones.

Así mismo, Pablo Iglesias Paladines, superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, manifestó que como institución no son los responsables de emitir la política pública a nivel nacional, tarea que les corresponde a otras autoridades, como por ejemplo la Secretaría de Planificación; el Consejo Técnico del Suelo, que es rector de la política pública del suelo en el país.

Sostuvo que como institución respetan la autonomía de los GAD para ejercer sus funciones, a la vez que resaltó la importancia de la intervención de la ciudadanía en la aprobación de las leyes.

De su lado, Libia Rivas, asesora externa de la Asociación de Municipalidades del Ecuador AME recordó que el artículo 100 de la Constitución garantiza la participación en todos los niveles de Gobierno, mismos que deben contar con la ciudadanía para la elaboración de estos presupuestos.

Enfatizó que el artículo 8 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas determina que cada nivel de Gobierno defina los procedimientos para la formulación de presupuestos participativos, de conformidad con la ley y en el marco de sus competencias y prioridades definidas en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial.

Finalmente la legisladora Nathalie Viteri, encargada de la dirección de la Comisión se refirió al artículo 64 de la actual ley que habla de la participación local en los presupuestos participativos de los GAD.

La Comisión de la Niñez, bajo la conducción de su presidenta Pierina Correa, continuó el tratamiento del proyecto de Código Orgánico de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Copinna), que tiene la finalidad de garantizar la protección de este segmento de la población por parte del Estado ecuatoriano.

En la mesa legislativa estuvieron estudiantes de la Unidad Educativa “Cardenal de la Torre”, quienes visitaron las instalaciones del Palacio Legislativo para observar el trabajo de las comisiones y los asambleístas. Allí intervino la estudiante Milena Méndez, quien agradeció a los legisladores por haberles recibido en esta “Asamblea de Puertas Abiertas” y por la construcción de leyes en beneficio de los ecuatorianos.

“Necesitamos que nos protejan y nos amparen sobre todo de las personas malas que existen y nos hacen daño a todos nosotros que somos el futuro del país”, aseveró. Solicitó la aprobación de leyes que garanticen el bienestar de los jóvenes.

En otro orden, la comisión continuó el estudio del Libro I del Copinna, en el que abordaron el derecho a la libertad de reunión y movilización donde las niñas, niños y adolescentes, Según esta norma, de acuerdo con su edad, nivel de autonomía y grado de desarrollo tienen derecho a reunirse y movilizarse, pública y pacíficamente, para la promoción, defensa y ejercicio de los derechos y garantías y a no sufrir amenazas, represalias, detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, inhumanos, degradantes u otras violaciones a los derechos humanos.

El Estado garantizará los recursos efectivos, líneas de ayuda, centros y locales de apoyo; y, adoptará los protocolos y acciones necesarias para el tratamiento de este sector de la población, en el contexto de las manifestaciones públicas y pacíficas, los que se ajustarán a los principios de la doctrina de la protección integral, prevé el proyecto.

La asambleísta Amada Ortiz indicó que las observaciones deben estar orientadas a lograr un código que regule los derechos de la niñez, la aplicación de la política pública en todos los niveles de gobierno.