Hechos Ecuador

“Con la misma rebeldía de nuestros referentes históricos, con la misma valentía y fuerza de espíritu con la que se desterró a la colonia de nuestras tierras, debemos desterrar el despotismo, la prepotencia y la corrupción. Hoy nos levantamos contra de la violencia, la inseguridad, pobreza, inequidad y la injusticia, porque al igual que en el año 1822, queremos un mejor país para nosotros y para nuestras niñas, niños y jóvenes; al igual que en ese entonces, queremos vivir con derechos, con libertad, con dignidad”, fueron las palabras de Guadalupe Llori Abarca, presidenta del Parlamento, en la sesión solemne en conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Pichincha.

Enseguida, el presidente de la Academia de Historia, Franklin Barriga López detalló los procesos históricos previos a la Batalla de Pichincha, con la cual se selló el proceso independentista de los pueblos, que hoy conforman el Ecuador y, por supuesto, de gran parte de América Latina. “Este acto solemne es una clarinada cívica y patriótica trascendental, que realza la gesta patriótica del 24 de Mayo de 1822”, dijo.

Édison Miño, experto en el Mural de la Patria, de autoría de Oswaldo Guayasamín, explicó cada uno de los 23 paneles que conforman esta extraordinaria obra pictórica, que engalana el salón de sesiones de la Legislatura desde finales de los años 80 del siglo pasado. “Se trata de una visión de la historia del Ecuador desde las comunas milenarias anteriores a los Incas, pasando por las luchas independentistas, para la consolidación de la vida republicana”, expresó.

Los legisladores por Pichincha Jorge Pinto y Jessica Castillo; Marcos Molina de Guayas y Sofía Sánchez de Azuay, destacaron los hitos independentistas del 10 de Agosto de 1809; del 2 de Agosto de 1810; del 9 de Octubre de 1820; y, del 3 de Noviembre de 1820, respectivamente, hechos que fueron fundamentales para la consolidación del proceso libertario que concluyó con la Batalla de Pichincha.

Guadalupe Llori, titular de la Legislatura, fue la encargada del discurso en honor a la gesta del 24 de Mayo de 1822. “Hoy celebramos 200 años desde que la astucia, la valentía, el coraje de propios y extraños liderados por el mariscal Antonio José de Sucre nos entregaron, con el precio de su propia sangre, la independencia. Durante más de 300 años de colonización extranjera iniciada por el falaz descubrimiento de nuestro continente, nuestros pueblos cedieron ante la fuerza de las armas, ante la fuerza de la evangelización y ante la fuerza del adoctrinamiento, pero la violencia, el autoritarismo y la opresión de los pueblos nunca es eterna”, enfatizó.

La sesión solemne contó con la presencia de altas autoridades del Estado, titulares de organismos de control, así como autoridades militares, policiales, entre otros invitados especiales y público en general.

La Comisión de Garantías Constitucionales unificó el proyecto de Ley de Consulta Previa de iniciativa del parlamentario Bruno Segovia con el proyecto de Código de Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades de autoría de la legisladora Dina Farinango, en virtud que es un derecho exclusivo de estos sectores sociales.

El Código de Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades está orientado a garantizar el ejercicio de las facultades y los derechos colectivos; las obligaciones del Estado, la institucionalidad comunitaria y el uso de mecanismos de exigibilidad, aplicabilidad y ejercicio de los derechos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades para la construcción del Estado Intercultural y Plurinacional.

Mientras el proyecto de Ley de Consulta Previa establece el procedimiento para el ejercicio pleno del derecho a la consulta previa de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo montubio y pueblo afroecuatoriano, antes de la adopción y aplicación de medidas legislativas y administrativas que puedan afectar sus derechos colectivos.

El presidente de la comisión, Fernando Cabascango informó que solicitó a la Presidencia del Parlamento incluya en el orden del día del Pleno el tratamiento de seis proyectos que cuentan con los respectivos informes de temas relacionados con comunas, comunidades pueblos y nacionalidades, consulta previa y prelegislativa.

En otro orden, la mesa legislativa conoció la sentencia de la Corte Constitucional sobre la acción extraordinaria de protección para regular el procedimiento de cambio de sexo de personas transexuales.

Además, los parlamentarios conocieron la resolución del Consejo de Administración Legislativa que califica a trámite tres proyectos de reforma en materia de Gestión de la Identidad y Datos Civiles.

Problema carcelario

El asambleísta Gruber Zambrano reconoció el trabajo del Gobierno y de la Policía Nacional para proteger los derechos humanos de la población penitenciaria y la seguridad ciudadana de la provincia, a la vez resaltó la necesidad de trabajar a favor de la paz, seguridad, orden público y la convivencia en armonía.

Por último, Fernando Cabascango, a nombre de la mesa legislativa, se solidarizó con los familiares de las víctimas del amotinamiento.

El Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, liderado por Ana Herrera, desarrolló un taller de intercambio de experiencias legislativas con enfoque de paridad. La ponencia magistral estuvo a cargo de la senadora Verónica Noemí Camino, de Yucatán, México.

El tema central estuvo relacionado con las reformas al Código de la Democracia con enfoque de paridad – experiencias legislativas. La senadora explicó que en su país, desde la década de los 50 del siglo pasado se mantuvieron constantes luchas que permitieron el reconocimiento del derecho de las mujeres a elegir y ser elegidas. Sin embargo, solo hasta la reforma de 2019 se alcanzó la inclusión de medidas afirmativas para hacer realidad la paridad entre hombres y mujeres en la representación electoral.

Verónica Camino reconoció que incluir en la ley disposiciones dirigidas a permitir la participación de la mujer en la toma de decisiones es relativamente fácil, lo complicado es hacer que esas normas se apliquen en la práctica, dado que persiste un esquema electivo y de representación que prefiere al hombre.

Explicó que, por ejemplo, en las elecciones municipales en los espacios que corresponden a las mujeres se establece que las suplencias también deben ser ocupadas por mujeres, no así en el caso de los hombres, cuyos suplentes pueden ser hombres o mujeres.

Aseguró que, se trata de un proceso complicado, mas no imposible, pues depende de la decisión política de los partidos de incluir en sus cuadros a mujeres que estén dispuestas a representar los intereses de este grupo social, las luchas de género y demás principios que comprenden este paso trascendental en el sistema democrático. No obstante, siempre habrá personas que manifiesten su descontento porque consideran que, quizás otra mujer podría estar en el lugar de quien salió electa o a quien se escogió en el partido.

Al cierre de esta jornada, la asambleísta Paola Cabezas agradeció la ponencia de la senadora mexicana que, según dijo, servirá para construir las reformas al Código de la Democracia en el Ecuador, sobre la base de los avances y la evolución que han tenido otras legislaciones para alcanzar una sociedad más justa y equitativa. “Estamos trabajando para mejorar las leyes y propiciar la tan anhelada paridad de género”, finalizó.

La Comisión de Fiscalización y Control Político recibió información de varias entidades públicas y privadas, en torno al proceso que se sigue para la renovación de la concesión de la telefonía ceular. Acudieron al organismo la delegada del Servicio de Rentas Internas (SRI); profesionales de la ingeniería eléctrica y electrónica; un experto en materia de telecomunicaciones y el Vicepresidente de la compañía OTECEL (Movistar).

En efecto, María Bernarda Carpio, del SRI, informó sobre el estado tributario de las operadoras CONECEL (Claro) y OTECEL (Movistar). Dijo que el organismo ha desarrollado todas las acciones de control. Así, desde 2008 se registra el pago de CONECEL por 171 millones de dólares de Impuesto a la Renta (IR); y 1.4 millones de dólares, por Impuesto al Valor Agregado (VA). Mientras, OTECEL pagó 108 millones por IR y 18 millones de dólares por concepto de IVA. Indicó que se trata de determinaciones relaizadas por el organismo de control, algunas de las cuales, de conformidad con la ley, fueron impugnadas.

Posteriormente, los delegados del Colegido de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, Verónica Yerovi y Marco Acuña, plantearon algunos aspectos técnicos que deberían ser considerados dentro del proceso de renovación de la concesión, entre ellos, la incorporación de nuevas tecnologías y que se contribuya a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, establecidos por la Organziación de las Naciones Unidas (ONU). También, se debería considerar la necesidad de ampliar los servicios y, sobre todo, ampliar la cobertura.

De su lado, el profesional Jaime Azanza, se mostró partidario de debatir acerca del modelo de negocio de las telecomunicaciones. En este contexto, consideró que no es posible dejar en manos de una misma operadora el desarrollo y la entrega de todos los servicios. Añadió que el Estado, como propietario del espectro es quien debe establecer las reglas para el desarrollo tecnológico, sobre la base de objetivos claros orientados a la ampliación de la cobertura a todos los sectores del país.

Finalmente, Andrés Donoso, vicepresidente Ejecutivo de OTECEL, detalló cómo se desarrolló el proceso de renovación de la concesión en 2008, luego que Telefónica -nombre oficial de la empresa- comprara Bellsouth. Indicó que tienen dos títulos habilitantes, el uno relacionado con los servicios de telefonía y el espectro radioeléctrico, con 75 MW.

Aclaró que no existe una posibilidad de obtener la renovación de manera automática, pues debe seguir un proceso y cumplir los requerimientos del Estado, que es el propietario del espectro. “Para nosotros, la renovación de la concesión es una nueva oportunidad para avanzar en innovación tecnológica”, concluyó.

La Comisión de Protección a la Niñez recibió a Solón Castillo, cirujano urólogo, quien expuso en su conferencia sobre la “condición médica de niñas, niños y adolescentes intersexuales, como aporte al proyecto del Código Orgánico de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes (Copinna).

La presidenta de la mesa legislativa, Pierina Correa sostuvo que la intersexualidad es un tema importante y delicado. Indicó que existen algunas dudas y preguntas básicamente sobre los estándares biomédicos que se toman en cuenta antes de tomar una decisión sobre intervenir o no y qué tipo de cirugía aplicar en estos casos.

Manifestó que, en la comisión abogados y psicólogos han planteado la necesidad de esperar por lo menos hasta los 16 años, edad en la que el adolescente va definiendo su identidad sexual y que, por tanto, antes de esa edad no se debería intervenir en ninguna forma. Expresó la importancia de saber cómo se maneja la afectación emocional en el caso de que alguien no tenga la definición fisiológica, física y externa de su sexualidad.

En este encuentro, intervino Solón Castillo, médico cirujano-urólogo, quien explicó que estamos tratando sobre los estados intersexuales o las alteraciones en el desarrollo sexual de los adolescentes. Reseñó que antiguamente había terminologías como el hermafroditismo, pero con el paso de los tiempos fueron cambiando los términos.

En este sentido, la asambleísta Vanessa Freire calificó de positivos los aportes expuestos por el especialista para avanzar en el tratamiento de esta normativa. Sugirió invitar a otros profesionales para que den más “luces” para el análisis del articulado y tomar decisiones.

Indicó que la medicina, los médicos y los especialistas son los que tienen que determinar cuál es el estado físico externo de un niño que nace con estas complicaciones de alteración de desarrollo sexual.

Por último, la parlamentaria Amada Ortiz agradeció a la mesa legislativa por tener las respuestas científicas a estos temas de las niñas, niños y adolescentes sobre la intersexualidad.

Con la finalidad de socializar el informe para primer debate del proyecto de Ley Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Personas, la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana sesionó en la Casa Comunal de la Ciudadela Ibarra, al sur de la ciudad de Quito, con la participación de la ciudadanía.

En esta ocasión, los legisladores escucharon las observaciones de la sociedad civil. Daniela Valarezo, Secretaria de Seguridad del Municipio de Quito, resaltó el trabajo en las mesas técnicas entre instituciones, a fin de comunicar el trabajo de la comisión y el objeto de la ley.

Maritza Campoverde, presidenta de la Unión de Barrios la Ecuatoriana, se refirió a la influencia que tendrá la ley sobre la población de los barrios del sur de la capital.

El asambleísta Juan Fernando Flores, presidente de la comisión, resaltó que toda ley es perfectible y que por eso trabajar en conjunto con toda la sociedad, sirve para crear leyes en beneficio de todos.

De su lado el legislador Elías Jachero expresó que es importante consolidar la ley con las dinámicas ejecutadas en el marco de la socialización de los proyectos, a fin de recoger todos los aportes, considerando que en cada espacio o territorio son diferentes.

Al finalizar, el asambleísta Salvador Maita dijo que la Ley de Movilidad Humana es una ley macro y que por tal motivo es un proyecto autónomo, recomendado por organizaciones internacionales como la ONU.

Con el objetivo de incentivar la participación política de mujeres y jóvenes en las Elecciones Seccionales 2023 y en cumplimiento de las reformas al Código de la Democracia, el Consejo Nacional Electoral (CNE) junto a las organizaciones políticas trabaja en la construcción de un simulador virtual para el cumplimiento del porcentaje de mujeres y jóvenes en las listas.

Al respecto, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, recordó que las reformas establecen que en los comicios 2023, las mujeres deben liderar las listas de candidaturas en un 30% y los jóvenes deben ser incluidos en estas en un 25%. “Las reglas del juego están claras. El día de hoy trabajaremos en la socialización de una herramienta amigable que facilitará a las organizaciones políticas y ciudadanía el cálculo del porcentaje de mujeres y jóvenes en las listas de candidaturas”, manifestó.

Por su parte, la consejera Esthela Acero reconoció el interés de las organizaciones políticas en el tema y destacó que el simulador para el cumplimiento del porcentaje de mujeres y jóvenes permitirá acatar de mejor manera, requisitos de paridad que establece el Código de la Democracia.

En esta mesa de trabajo se recogen las observaciones y aportes de las organizaciones políticas que permitan perfeccionar esta herramienta antes de su presentación oficial.

Para ampliar la información contactarse con la

Ante la reiterada negativa del Ministerio de Salud Pública (MSP) de proporcionar la información solicitada por la Veeduría Ciudadana creada para revisar y analizar el proceso de entrega de carnés de discapacidad, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) presentó una acción de incumplimiento de sentencia ante la Corte Constitucional (CC).

En audiencia con la jueza constitucional, Karla Andrade, este 6 de mayo, se insistió en la importancia de que el MSP cumpla con su obligación legal de entregar la información requerida por los veedores ciudadanos, así como de prestar las facilidades necesarias.

El actual proceso que se desarrolla en la Corte Constitucional, es parte de diversas acciones legales que ha emprendido el CPCCS en apoyo a la labor fiscalizadora de los veedores, quienes informaron que no les fue posible contrastar la base de datos del Ministerio para conocer qué personas efectivamente tienen el registro de discapacidad, pues esa cartera de Estado no entregó la información.

Ante esta negativa, el CPCCS presentó una demanda de acceso a la información pública, cuya resolución fue favorable en primera instancia y ratificada por el Tribunal competente en segunda instancia. Posteriormente, el MSP interpuso una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional para no cumplir con el requerimiento ciudadano, la que fue inadmitida. En ese contexto, el CPCCS presentó la acción de incumplimiento de sentencia que actualmente sigue el proceso normativo, y terminará con una audiencia ante el Pleno de la Corte, que emitirá una sentencia de última instancia.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social mantiene un constante acompañamiento a los ciudadanos que participan en mecanismos de control social, para respaldar su labor fiscalizadora antes las instituciones y autoridades que deben prestarles las facilidades pertinentes de acceso a la información, que les permita verificar el buen uso de los recursos públicos.

El proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal para fortalecer el sistema penitenciario fue tema de análisis en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, con la participación de abogados en el libre ejercicio de la profesión y especialistas en Derecho Penal y Criminología.

A la reunión también fue invitado Pablo Ramírez, director general del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), quien presentó su excusa ante los hechos suscitados en el Centro de Privación de la Libertad No. 1 de Santo Domingo, lo que le imposibilita acudir al llamado, ya que, debe permanecer en dicho centro para impartir las acciones para mantener el orden.

El primero en comparecer fue Diego Guarderas Donoso, especialista en Derecho Penal y Criminología, quien expresó su solidaridad con las familias de las personas privadas de la libertad que perdieron la vida en el Centro de Privación de la Libertad de Santo Domingo.

El profesional aseveró que la crisis penitenciaria debe ser abordada de manera conceptual, en el afán de enfrentar el problema a través de los cuerpos normativos. Las personas privadas de la libertad constituyen un grupo de atención prioritaria, que significa que están en situación especial de vulnerabilidad y que el Estado es garante de sus vidas y su integridad.

Enfatizó que, la situación demanda acciones para asegurar la prevención especial positiva, para lo que se requiere trabajar en rehabilitación social y reinserción a la sociedad y retomar la carrera penitenciaria para formar al talento humano. Es necesario que el sistema se desarrolle de manera integral; la administración del sistema penitenciario no puede estar en manos de la Policía Nacional, lo cual es antitécnico, inconstitucional y contraría recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, subrayó al advertir que el tema debe ser administrado por un organismo técnico con personal especializado.

Dina Farinango resaltó que desde la Asamblea trabajan en leyes para el bienestar del pueblo ecuatoriano y atender estos graves problemas que vive el sistema penitenciario que demanda políticas públicas de parte del gobierno. Los asambleístas Fausto Jarrín y Sofía Espín señalaron que la crisis carcelaria no es por falta de leyes sino por la falta de políticas públicas, de presupuesto y decisión, criterios que fueron compartidos por Jhajaira Urresta.

De su lado, Romeo Sylva, abogado en libre ejercicio, aseveró que en el sistema penitenciario debe jugar un rol importante la Defensoría del Pueblo, como máximo organismo de defensa de los derechos humanos. En el sistema penitenciario hay dos opciones: aplicar normativa de derechos humanos o aplicar normativa correccional. Por cuál vamos a optar, preguntó.

Tras advertir que la cárcel debe ser la última solución a los problemas, afirmó que en los centros de privación de libertad existe un alto porcentaje de personas sin sentencia y otras que han sido detenidas por juicios de alimentos y que hoy se encuentran en riesgo.

Comentó que, en el sistema penitenciario a más del cuerpo de vigilantes especializados técnicos, se necesita especialistas en psicología, psiquiatría, médicos, trabajadores sociales, pero que se enfrentan con la falta de presupuesto como principal problema.

El presidente de la comisión, Alejandro Jaramillo agradeció las propuestas de los comparecientes, a quienes solicitó que envíen por escrito para evaluar en la elaboración del informe para conocimiento del Pleno.

La Comisión de Régimen Económico recibió a César Córdova, Defensor del Pueblo; Rodrigo Varela, director nacional de Mecanismos de Protección de Personas Usuarias y Consumidoras de la Defensoría del Pueblo; y, Ralph Assaf Nader, director ejecutivo (E) del Servicio Ecuatoriano de Normalización, quienes dieron sus observaciones frente a la derogatoria de 17 reglamentos técnicos emitidos por el INEN.

Córdova señaló que consultó sobre el análisis jurídico y técnico para la derogatoria de los reglamentos, siendo uno de los motivos la eliminación de obstáculos al comercio internacional y fomentar el comercio exterior. Precisó que, cuando recibieron las alertas establecieron mecanismos de monitoreo para precautelar la salud de las personas. A su criterio, es necesario eliminar la duplicidad de certificaciones y buscar procesos más dinámicos. Consideró necesario regular todo producto que se relacione con el ser humano, animal y naturaleza.

En este marco, generaron una solicitud al Ministerio de Producción para conocer las motivaciones que llevaron a la derogatoria de los reglamentos y se les hizo ver las posibles vulneraciones de derechos. Dijo que Arcsa es la entidad competente para garantizar la inocuidad y calidad de los productos alimenticios importados, por lo que el resto de productos al corresponder al tráfico internacional de mercancías deben seguir regulaciones propias en función de los convenios y tratados comerciales suscritos por el Ecuador.

Por su parte, Rodrigo Varela señaló que si se determina que las regulaciones INEN protegen de mejor forma la salud de las personas consumidoras de alimentos, Arcsa deberá implementarlas. “Para el caso de cerámicas y baldosas sugirió la implementación de un etiquetado que pueda informar y garantizar estándares mínimos y máximos en torno a la durabilidad y calidad en general del producto”, agregó.

Recomendó potenciar el trabajo en conjunto entre Arcsa e INEN, para la mejora de los procesos de control de calidad en productos de uso y consumo humano, conforme los convenios interinstitucionales.

Mencionó que Arcsa, la Subsecretaría de Calidad del Ministerio de Producción y el INEN deben adherirse a la Red de Consumo Seguro y Salud para recibir alertas de productos que comprometan la salud y seguridad de los consumidores y restringir su importación y comercialización.

El asambleísta Pabel Muñoz solicitó que la mesa legislativa oficie a las autoridades de Arcsa para que revisen si su normativa es mejor que la del INEN, para que no exista retroceso de derechos a los consumidores. El asambleísta Blasco Luna dijo que “la derogatoria de los reglamentos nos deja en la indefensión respecto a los procesos de control”.

El parlamentario Juan Cristóbal Lloret consideró que la derogatoria podría afectar el derecho a la salud de los consumidores y que es necesario controlar la calidad de los productos que ingresan al país, mientras que la asambleísta María Teresa Velásquez sostuvo que es ideal que se eliminen normativas que obligan a los consumidores o usuarios a trasladarse a dos instituciones a realizar trámites similares.

Por su parte, Ralph Assaf Nader, director ejecutivo (E) del INEN, explicó las funciones que cumple esta institución. Expuso la hoja de ruta para la derogatoria de los Reglamentos Técnicos: diagnóstico y propuesta; validación de la propuesta; y, aprobación y oficialización. “No se deroga la norma sino el reglamento por duplicidad”, precisó.

Dijo que luego de un análisis de los reglamentos se determinó que los requisitos se encuentran enfocados en las dimensiones, calidad de la superficie y las propiedades físicas y químicas, es decir en las características de funcionalidad de estos productos, por lo que se puede determinar que este reglamento técnico no cumple con la protección de objetivos legítimos, como precautelar la salud, la seguridad de las