Hechos Ecuador

La Comisión de Garantías Constitucionales escuchó las versiones de Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos; Patricio Carrillo, ministro del Interior y Patricio Cabrera, comandante General de la Policía Nacional, sobre los hechos suscitados el 8 de marzo de 2022, donde supuestamente existió uso excesivo de la fuerza.

Bernarda Ordóñez, presentó su solidaridad y respeto a las mujeres y organizaciones que participaron en la marcha pacífica del 8 de marzo de 2022, que vivieron un círculo de violencia. Estamos trabajando para poner fin a la violencia, dijo al presentar las acciones y seguimiento que realizó esta entidad.

La funcionaria indicó que apenas conoció sobre la vulneración de derechos a las mujeres, se activaron los servicios de atención integral, tomó contacto con las autoridades competentes en materia de investigación, es decir, la Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional para la igualdad y con las mujeres violentadas.

Indicó que realizó una solicitud formal al Ministerio de Gobierno para que informe las acciones y operativos desplegados el 8 de marzo. Recalcó que la Secretaría de Derechos Humanos busca prevenir toda forma de violencia y discriminación a las mujeres. Informó que mantuvo reuniones con las autoridades de las carteras de Estado para elaborar los respectivos protocolos, sobre todo de las manifestaciones pacíficas de las organizaciones.

Los legisladores Victoria Desintonio, Paola Cabezas, Sofía Sánchez, Fernanda Astudillo y Mario Ruiz señalaron que no se evidencian acciones emprendidas por la Secretaria de Derechos Humanos frente a los abusos que se cometen, no solo contra las mujeres sino contra diversos sectores de la sociedad. Esperan que no se comentan excesos por parte de la Policía Nacional este 1 de mayo, Día del Trabajador.

De su lado, el ministro del Interior, Patricio Carrillo explicó que la Cartera de Estado se haya en proceso de creación enfocando su accionar en garantizar los derechos y libertades de todas las personas. Señaló que en el ejercicio del derecho a la protesta debe haber equilibrio y cuando se generan conflictos la Policía Nacional tiene que hacer uso progresivo de la fuerza para controlar y evitar desmanes. Pidió que el Parlamento apruebe el proyecto de ley que regula el uso legítimo de la fuerza con los respectivos presupuestos para realizar capacitaciones permanentes a los efectivos policiales.

Respecto de los hechos suscitados en la marcha del 8 de marzo, mencionó que se elaboraron los informes necesarios y que la Policía Nacional actuará dentro de lo que le permite la ley.

Luego los asambleístas Paola Cabezas, Jahiren Noriega, Mario Ruiz, Fernanda Astudillo y Victoria Desintonio afirmaron que es falso que la violencia la hayan protagonizado las mujeres. Nunca se vio un despliegue policial de tal magnitud para reprimir la marcha del 8 de marzo, con caballería y gas pimienta, expresaron, al advertir que hubo uso indebido de la fuerza, violencia institucional y represión.

Carlos Cabrera, comandante General de Policía, señaló que el 8 de marzo los miembros policiales acompañaron la marcha de mujeres en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. Recordó que la institución es garante de la paz, la preservación de los derechos de las personas y las libertades que se establecen en la Constitución.

El proyecto de Ley contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes fue socializado en la Universidad de los Hemisferios. Allí la asambleísta Majorie Chávez, en coordinación con la Presidencia y Vicepresidencia de la mesa legislativa, dirigió la sesión, en la que recibieron las observaciones y comentarios de la academia, gremios, autoridades y ciudadanía.

Como “Asambleísta por un Día”, intervino Roy Torres, estudiante de la carrera de Ciencias Políticas de ese centro de estudios superiores.

Tatiana Robayo representante de la Organización de las Naciones para la Migración - Ecuador, consideró que es necesario implementar este tipo de leyes, que permiten ampliar políticas públicas. La trata de personas es la violación más grave, por lo que es necesario dictar normas que garanticen la prevención, protección y reparación de las víctimas.

David Castillo, docente de la Universidad de los Hemisferio, mencionó que la participación social es útil para la construcción del proyecto. Sugirió tomar en cuenta a fundaciones dedicadas a trabajar en materia de trata y tráfico de personas.

Isabela Segura, estudiante de Relaciones Internacionales, manifiesto que el 30% de las víctimas de estos delitos son menores de edad. Advirtió que las redes de trata extienden actividades delincuenciales cuando la sociedad se encuentran atravesando inestabilidad social y económica.

El legislador Juan Fernando Flores, presidente de la comisión, señaló que para analizar esta propuesta considerarán las diferentes realidades, a fin de actualizar la legislación del país. Expresó su preocupación porque se ha normalizado las irregularidades, mismas que deben ser erradicadas con frontalidad a través de esta normativa.

El asambleísta Fernando Cedeño tras resaltar que los espacios de socialización permiten mejorar la ley, señaló que la normativa hará que se visibilicen los delitos que tienen connotación social y que requieren de atención y acciones para erradicarlos.

En el marco del tratamiento del proyecto de Ley Derogatoria del Decreto-Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia Covid-19, la Comisión de Desarrollo Económico recibió a representantes de distintos gremios artesanales del Ecuador para escuchar las preocupaciones y problemas que atraviesa este sector.

Alexis Yaguana, representante del sector artesanal indicó que alrededor de 4.5 millones de personas están involucradas en el sistema artesanal del país y representa el 35,71% de la población económicamente activa, por lo que considera importante tomar en cuenta al sector al implementar políticas públicas.

Alfonso Ortiz, de la Federación Nacional de Artesanos Mecánicos solicitó a la mesa legislativa revisar la Ley de Mi Primer Empleo para que los adolescentes entre 15 y 18 años puedan desempeñarse como aprendices de distintos oficios en los talleres artesanales y así asegurar la prolongación de los mismos y ofrecer una oportunidad laboral a los jóvenes.

Mauro Sánchez, del gremio de panaderos artesanales de la provincia de Esmeraldas pidió derogar el Decreto-Ley vigente, ya que, según aseguró, incrementa los costos de la harina y resto de insumos necesarios para la elaboración de pan. Afirmó que, a pesar de los altos costos de producción no han querido subir el precio del pan, porque la población no tiene dinero para comprar.

Los legisladores John Vinueza y Cristian Yucailla señalaron la necesidad de que el Ejecutivo implemente políticas de producción nacional para evitar el incremento de los precios de materia prima.

Por su parte, Diana Pesántez agradeció la presencia de los artesanos para conocer la realidad del sector e hizo un llamado a la mesa legislativa para trabajar en una propuesta que mejore la ley vigente, sin pensar en la derogatoria, sino en la reforma que aporte al desarrollo económico del país.

Este monto se entregó en el marco del Encuentro con Casas de Acogida y Centros de Atención Integral

La Secretaría de Derechos Humanos entregó USD 2’283.324 a las organizaciones sociales sin fines de lucro que suscribieron convenios para atender a mujeres sobrevivientes de violencia y a sus hijas e hijos, a través de Casas de Acogida y Centros de Atención Integral en 13 provincias del país.

Este monto se entrega después de un proceso participativo de construcción del reglamento y las bases del concurso, esta Cartera de Estado suscribió convenios el pasado 29 de marzo 21 convenios con organizaciones sociales sin fines de lucro que cumplirán las responsabilidades de acogimiento y apoyo, enfocadas a la restitución de derechos de las mujeres.

En su discurso, Bernarda Ordóñez Moscoso, Secretaria de Derechos Humanos, indicó que la primera pandemia que vivimos es la violencia contra niñas y mujeres y que, por tanto, invertir en las mujeres, como lo está haciendo el Gobierno Nacional, y con la decisión de que las políticas no queden en papel, sino que tengan el debido financiamiento para ejecutarse.

La Ministra agradeció el trabajo y la dedicación de las Casas de Acogida y Centros de Atención Integral en la tarea incansable y aún larga de lograr el acceso para niñas y mujeres a todos los derechos, y entre ellos el primero que es el de la libertad.

A nombre de las Casas de Acogida, Rosario Gómez de la Fundación Cada Matilde, ratificó el compromiso para prevenir el femicidio, agradeciendo el cumplimiento actual en la entrega del presupuesto y el interés y la voluntad política en convocar a este encuentro e ir a la construcción de una agenda colectiva de actuación del Estado con las organizaciones para socorrer a las mujeres sobrevivientes de violencia.

De su parte, Karina Ponce, de la Asociación de Mujeres por la Equidad de género y la Autonomía (MEGA), en representación de los Centros de Atención Integral, aprovechó para saludar el proceso que están viviendo las organizaciones de retomar la confianza en el Estado y en el buen manejo de recursos públicos

Las Casas de Acogida y Centros de Atención Integral adjudicadas se ubican en las provincias de Imbabura, Esmeraldas, Pichincha, Chimborazo, Manabí, Santo Domingo, Bolívar, Azuay, Cañar, El Oro, Loja, Guayas y Santa Elena

Esta evento se realizó en el marco del Encuentro con Casas de Acogida y Centros de Atención Integral en que se hizo con un minuto de silencio a las 25 víctimas de femicidio en lo que va de 2022, y en que se reforzó el compromiso de la Secretaría de Derechos Humanos y de la sociedad civil con el objetivo planteado desde el Gobierno Nacional de llegar a la meta de Femicidio Cero.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) convoca a la ciudadanía a ser parte de la Veeduría para vigilar la renovación de licenciamiento de la solución de antivirus para las consolas del área operativa y servidores de los centros zonales y locales del Servicio Integrado de Seguridad ecu 911, por un valor de 17.875,27 dólares más IVA, a cumplirse bajo proceso de régimen especial, en sus fases preparatoria, precontractual y contractual.

Las inscripciones se receptarán en el correo electrónico [email protected] desde el 27 de abril de 2022, al 04 de mayo de 2022, a las 17H00.

Requisitos:

Una vez que concluya el plazo establecido y se realice la verificación de la información receptada, se tomará contacto con los postulantes que hubieran remitido sus solicitudes.

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Convocatoria

Formulario de Inscripción

Abg. Hernán Ulloa Ordóñez

Presidenta del CPCCS

En el marco del tratamiento de los proyectos de ley en materia de turismo, la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, presidida por Daniel Noboa Azín, recibió a Holbach Muñetón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo del Ecuador para exigir al Gobierno una respuesta oportuna a la crisis del sector, generada por la pandemia de la Covid-19.

Muñetón pidió celeridad en el desarrollo de la propuesta del Ejecutivo en materia turística. Aseguró que en el sector se han perdido al menos 200 mil empleos que aún no se han recuperado. “La dinamización turística se está dando de a poco, pero no hay una reactivación aún”, afirmó.

Solicitó revisar el tema de los incentivos para generar turismo interno y propuso que los días viernes, sábados y domingos no se cobre el impuesto al valor agregado (IVA), ya que “el sector no se recuperará con incentivos solo en feriados, sino los fines de semana también”.

La legisladora Nathalie Arias anunció que se encuentra trabajando en una propuesta en este tema y se comprometió a averiguar el estado y avance de las ofertas de campaña del Presidente de la República.

Wilma Andrade hizo un llamado a elaborar una propuesta de ley completa que favorezca al turismo que es tan importante para el país. “Se ha pasado casi un año discutiendo esta ley y el sector ya no puede esperar más tiempo. Pido establecer un plazo prudencial para conocer la propuesta del Ejecutivo y si no tenemos respuesta elaboremos nosotros una propuesta”, puntualizó.

En otro orden, en el marco del tratamiento de los proyectos de reformas a la Ley de Economía Popular y Solidaria, la mesa legislativa recibió de manera telemática a Lucía Calderón, representante de la Cámara de Economía Popular y Solidaria, quien realizó observaciones a los articulados en análisis.

La tarde del miércoles 27 de abril de 2022, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales conocerá y resolverá sobre el informe para primer debate del proyecto de Ley de Creación de la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales, que brindará educación superior a la sociedad ecuatoriana, formará futuros profesionales que serán parte de la seguridad ciudadana.

Se prevé que este centro universitario desarrolle proyectos de seguridad integral, proponga políticas públicas y reformas normativas relacionadas con la seguridad producto de estudios epistemológicos y fenomenológicos de la inseguridad, cuyos procesos sustantivos de docencia, investigación y vinculación estarán alineados al campo de la seguridad.

En otro orden, en el marco del tratamiento del proyecto de Ley del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, la comisión recibirá a representantes de instituciones, gremios y asociaciones, con el objeto de recibir sus aportes y observaciones al respecto.

Además, recibirá a los directivos de la Asociación Nacional de Instituciones de Personas con Educación Inconclusa (PCEI), con el objeto de escuchar sus criterios sobre la accesibilidad a la educación superior.

Ante la Comisión de Justicia y Estructura del Estado comparecieron Pedro Bermeo, de Libera Ecuador; Maritza Rubianes, del Movimiento Animalista Nacional; Cristina Alarcón, de Protección Animal Ecuador; y, Carolina Castellanos, médico veterinario zootecnista, quienes analizaron las reformas al Código Civil en materia de protección y bienestar animal.

Pedro Bermeo, de Libera Ecuador, basó su ponencia en la sentencia de la Corte Constitucional que reconoce a los animales como sujetos de derechos. “Hablamos del derecho a una vida digna, a la salud, no hablamos solo de bienestar”, enfatizó, al sostener que es importante crear normas orientadas a evitar el sufrimiento de los animales.

Igualmente, realizó sus observaciones a las formas de mantenimiento, transporte y faenamiento de los animales, para evitar prácticas, especialmente de las grandes empresas, que se preocupan más de su economía que del bienestar de las personas y la protección de los derechos de los animales. “El hacinamiento en galpones, la utilización de hormonas y químicos incumplen una serie de parámetros”, advirtió.

Maritza Rubianes, del Movimiento Animalista Nacional, insistió en la necesidad de hacer que prevalezca a sentencia de la Corte Constitucional que se refiere a los derechos de los animales y como parte de estos el bienestar.

Así mismo, expresó que es necesario generar conciencia en la ciudadanía para modificar los conceptos y la manera de ver a los animales. Hizo un llamado a evitar conceptos como tenencia, dueño y mascotas para evitar que pasen a ser esclavos. Señaló su preocupación porque los animales son víctimas de apropiación y comercialización, a tal punto que se vive un verdadero drama con el tráfico de vida silvestre.

De su lado, Cristina Alarcón, del Colectivo Protección Animal Ecuador, insistió que hoy los animales son sujetos de derechos, como a la protección, el respeto y bienestar y que en ese marco se debe desarrollar la reforma. Los animales no pueden formar parte de los bienes, de allí que se debe eliminar términos como dominio, posesión, tenencia o uso de los animales.

Recordó que los animales silvestres no pueden ser comercializados, que es un delito penado con privación de la libertad de uno a tres años y se aborda con claridad los animales de la fauna urbana, entre los que constan los de consumo, entretenimiento trabajo, compañía y experimentación.

Por último, Carolina Castellanos, médico veterinaria zootecnista, sugirió crear en el Código Civil un libro independiente que hable de los animales y definir con claridad qué no es bienestar animal, que es todo acto que constituya un proceso estresante para un animal y sobre esos conceptos desarrollar el proyecto de ley.

El presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro Jaramillo, tras agradecer las observaciones de los comparecientes, informó que luego se reunirán con los representantes de los gobiernos autónomos descentralizados para construir de manera participativa esta norma, para que no solo se busque el bienestar de los animales, sino que sean protegidos como sujetos de derechos.

En Jaramijó, provincia de Manabí, la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional recibió el testimonio de familiares de pescadores detenidos en alta mar, que fueron víctimas de las redes del narcotráfico. Los familiares de pescadores artesanales aseguran que sus seres queridos han sido utilizados como mulas por el narcotráfico y detenidos en otros países, por lo que piden la intervención de la Legislatura para la extradición de los compatriotas que se encuentran en Norte y Centroamérica.

La mesa de trabajo, que se llevó a efecto en la sede del Palacio Municipal de Jaramijó, contó con la presencia de 9 asambleístas. El presidente del órgano legislativo, Juan Fernando Flores subrayó la importancia y la delicadeza del tema, y dijo que están allí para escuchar y buscar mecanismos de solución a sus demandas.

La asambleísta Raisa Corral destacó la presencia de los legisladores en territorio y afirmó que existe la voluntad de trabajar en conjunto, más aún en Jaramijó, cuya principal actividad es la pesca y la que cuenta con un gran número de personas detenidas fuera de la patria. Además, informó que la agenda de trabajo en Manabí inició en Chone con la socialización del proyecto de Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes.

La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social se trasladó al cantón Jaramijó, en la provincia de Manabí, con el fin de tratar junto a la ciudadanía el proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) y las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización para la Gestión Democrática de los Presupuestos Participativos.

En primera instancia, intervino Tatiana Cedeño, representante de la Red de Desarrollo Sostenible de Manabí, quien señaló que el acceso a la información en constante actualización permitirá tomar decisiones con transparencia. Sostuvo que el tema involucra a funcionarios, periodistas investigativos, activistas de la sociedad civil, académicos y otros profesionales con experiencia en la gestión y uso de sistemas de acceso a la información.

Entre tanto, Adrián Cedeño, Defensor del Pueblo de Manabí, tras calificar como importante el proyecto que se debate, manifestó que por mandato de la Constitución, a la institución le corresponde vigilar el cumplimiento de la normativa en materia de transparencia y acceso a la información pública.

De su lado, Carlos Mendoza, estudiante universitario resaltó la actitud de la comisión de trasladarse a territorio para tratar temas tan importantes como la transparencia, la participación ciudadana y el control social.

La asambleísta Rosa Belén Mayorga destacó la importancia de compartir con la ciudadanía el debate de temas interesantes, a fin de escuchar sus observaciones y propuestas, mientras que la legisladora Katiuska Miranda dijo que reconoce el trabajo de la comisión por los espacios que se da a la academia y la convivencia con la ciudadanía.

En otro ámbito, la mesa legislativa socializó las reformas al Cootad para la Gestión Democrática de los Presupuestos Participativos. Sobre el tema escuchó a Kruger Loor, catedrático universitario, quien precisó que es necesario identificar los mecanismos de éxito, para que esos modelos participativos sean eficientes. Además expuso la necesidad de recoger las buenas experiencias de modelos similares participativos.

Yandry Bazurto, presidente de Conagopare – Manabí, se refirió a los problemas que deben enfrentar a diario, para conseguir la transferencia de los recursos que por ley les corresponde a los gobiernos parroquiales rurales. Por ello, sugirió aprobar las normas para garantizar que las rentas se entreguen de manera directa y oportuna.

Leonardo Orlando, prefecto de Manabí resaltó el diálogo directo con la ciudadanía para el debate de los proyectos de ley en beneficio de la ciudadanía, a la vez coincidió en la necesidad de crear mecanismos efectivos de participación ciudadana para la toma de las decisiones. “La pandemia nos puso un enorme desafío de como comunicarnos, articular acciones con la ciudadanía y hoy tenemos en la tecnología una gran fortaleza, pero todavía hay brechas digitales por cerrar”, aseveró.

Al cierre de la sesión, el asambleísta Ferdinan Álvarez, presidente de la comisión destacó las intervenciones de los actores sociales convocados para aportar a la discusión de los proyectos de ley.