Hechos Ecuador

Este miércoles 20 de abril, los miembros de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero se reunirán con representantes de los productores de banano de la provincia de El Oro, para generar una salida que conlleve a solucionar la crisis que ha motivado la medida de hecho de este sector.

La convocatoria en territorio responde a la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional, que dispone, entre otros temas, que frente a la medida de hecho que lleva adelante el sector bananero por la dura crisis que atraviesa este sector, el Ministro de Agricultura y Ganadería, Pedro Álava se reúna, de manera presencial, en la provincia de El Oro con los miembros de la Comisión de Soberanía Alimentaria y con los representantes del sector bananero.

El encuentro se realizará a las 14h00, en la ciudad de Machala, en el edificio del la Gobernación, ubicado en la Avenida Rocafuerte.

Una vez concluida la reunión, en un plazo máximo de 5 días, la comisión deberá remitir el correspondiente informe para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional.

El Pleno de la Asamblea Nacional resolvió llamar al ministro del Interior, Patricio Carrillo Rosero, con la finalidad de que informe las acciones emprendidas por esta Cartera de Estado y la Policía Nacional para mitigar la inseguridad ciudadana y muertes violentas en el cantón Durán y en todo el territorio nacional.

De acuerdo con la resolución aprobada con 103 votos afirmativos, 22 negativos, un blanco y tres abstenciones, el ministro Carrillo deberá remitir a la Presidencia de la Asamblea Nacional, en el plazo de 24 horas previas a su comparecencia, el informe de su intervención.

En dicha sesión se recibirá en comisión general a representantes de los gobiernos autónomos descentralizados, gremios, academia y sociedad civil, para que aborden sobre la problemática de la crisis de inseguridad.

Los asambleístas Alexandra Arce y Xavier Jurado al justificar el proyecto de resolución narraron hechos violentos y aseguraron que la violencia y las muertes están creciendo a un ritmo muy acelerado, a lo que se suma un sistema de extorsión.

Arce aseguró que “el país está viviendo miedos, incertidumbre y desesperación”. Es preocupante que el país se desenvuelva en medio de la inseguridad, dijo Jurado tras recalcar que el Pleno debe exhortar a las autoridades a buscar a los responsables de los casos de conmoción social, toda vez los temas de inseguridad retrae la economía social.

Roberto Cuero citó que Guayaquil está entre las 50 ciudades de América Latina, más peligrosas, pues en lo que va de 2022 hay 1.101 muertos y 619 homicidios intencionales, cifras que resultan estremecedoras. Jorge Pinto, comentó que la aplicación de la tabla de consumo de sustancias de estupefacientes es una de las causas del estado de inseguridad que sufre el país.

La asambleísta Raisa Corral ingresó en Gestión Documental de la Asamblea Nacional un proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, con Referencia a los Delitos Contra los Animales de la Fauna Urbana, mismo que cuenta con el respaldo de 50 legisladores de diversas bancadas políticas.

La propuesta normativa busca que los delitos contra la fauna urbana (perros y gatos), que actualmente son de acción penal privada, pasen a ser considerados delitos de acción pública, para que la Fiscalía General del Estado pueda actuar de oficio frente a tantos casos de crueldad y muerte de animales, sin que sea necesario la presentación de una querella y el patrocinio de un abogado. “Las organizaciones, fundaciones y ciudadanos luchan desde hace mucho tiempo por esta causa”, precisó.

La parlamentaria explicó que con el proyecto se busca que los delitos contra la fauna urbana sean conocidos de oficio por la Fiscalía, sin esperar que una persona presente la respectiva denuncia, a fin de evitar la crueldad contra los animales.

Raiza Corral señaló que con la propuesta las lesiones provocadas a animales de fauna urbana, abuso sexual a los animales, muerte del animal, peleas o combates entre perros u otros animales de fauna urbana serán delitos de acción pública.

Este es un anhelo de las organizaciones de rescate animal, pues hay casos de violencia que han ocasionado la muerte del animal y, según la normativa vigente, no se puede iniciar acción legal alguna sin la denuncia previa con el auspicio de un abogado, cuestión que espera corregir con el proyecto de reformas al COIP.

La Comisión de Justicia, en la sesión de este sábado 9 de abril, aprobó con 8 votos afirmativos y una abstención, el texto final del proyecto de reformas a la Ley de la Contraloría General del Estado, una vez que evaluó las observaciones realizadas durante el segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.

Esta propuesta legislativa tiene como objetivos apoyar a la lucha contra la corrupción, asegurar el buen uso de los dineros del Estado y enfrentar los problemas que vive la institución, como consecuencia de los vacíos que tiene la norma vigente.

El proyecto determina con claridad las causales de cesación del cargo de Contralor General del Estado, tales como muerte, renuncia aceptada por la Asamblea Nacional, destitución mediante juicio político, ausencia definitiva o abandono del cargo.

Además, fija los requisitos mínimos requeridos para la designación del Contralor, como son: certificado del Consejo Nacional Electoral de no constar en sus registros haber sido afiliado a algún partido o movimiento político en los últimos 8 años y de no haber desempeñado una dignidad de elección popular en los últimos 7 años; certificado de la Contraloría de no tener glosas confirmadas pendientes; declaración juramentada notariada que señale que la compañía, empresa o persona jurídica privada en la cual ha sido accionista o ha desempeñado un cargo directivo o ha mantenido relación de dependencia en los últimos 7 años no mantiene ninguna responsabilidad administrativa o responsabilidad civil culposa, o presunciones de responsabilidad penal establecidas en el organismo de control.

Según la propuesta, en caso de ausencia temporal del Contralor General del Estado, lo subrogará la o el Subcontralor General del Estado. Se considerará ausencia temporal cualquier circunstancia de fuerza mayor que le impida ejercer sus funciones durante un período máximo de tres meses o por el tiempo de licencia sin remuneración autorizada por la Asamblea Nacional, que no superará los 60 días. Luego de vencidos estos plazos se considerará ausencia definitiva.

En caso de ausencia definitiva de la o el Contralor General del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designará como Contralor al siguiente mejor puntuado, en orden de prelación, del mismo concurso público de oposición y méritos con el que se designó a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado.

El Contralor designado ejercerá sus funciones de acuerdo con la presente Ley y por el tiempo que queda del período restante, hasta que se realice el nuevo concurso. En caso de que el segundo mejor puntuado se encontrare incurso en una de las inhabilidades para ejercer cargo público se designará al tercer mejor puntuado y así sucesivamente hasta que sea remplazado legalmente.

El texto final será remitido de inmediato a la Presidencia de la Asamblea Nacional para que sea puesto a consideración del Pleno Legislativo.

“La Asamblea Nacional genera proyectos y leyes para el beneficio ciudadano, y un ejemplo de ello son las reformas a la Seguridad Social Campesina, cuyo eje central es proteger a la población rural campesina y pescadores artesanales”, expresó el legislador por Santa Elena Lenin Mera, durante el desarrollo del conversatorio sobre el proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social para garantizar el acceso al Seguro Social Campesino (SSC).

El asambleísta, luego de agradecer a los representantes del sector campesino, expresó su preocupación por el descenso de afiliados al SSC. Mencionó que entre el 2010 y 2016 la población afiliada era de 391.776, mientras que desde el 2020 a la actualidad bajó a 377.546 beneficiarios. Enfatizó que la realidad que vive la seguridad social del país es grave, y que únicamente el 10.37% pertenece a la seguridad campesina.

Entre los principales objetivos de la propuesta, señaló que a pesar de existir un cambio del uso del suelo, quienes se dedican a las labores agrícolas o pesqueras podrán seguir perteneciendo al Seguro Social Campesino. Además indicó que se aclaran los conceptos de área rural, pescador artesanal, jefe de familia y jefe asegurado. “Contar con RIMPE o con RUC, no será un impedimento para que el jefe o jefa de hogar salga de la seguridad campesina”, acotó el legislador.

Al conversatorio acudieron representantes del sector campesino y de la pesca artesanal, quienes solicitaron que en las reformas se incluya la participación de la mujer rural en el SSC. Yrma Domínguez, representante de las mujeres rurales, sugirió que el proyecto incorpore conceptos de equidad de género, independencia económica y que se elimine la prohibición de acceder al beneficio a quienes tienen RUC o RIMPE.

José Borbor, representante de los pescadores artesanales, solicitó que se incluya a las mujeres que realizan pesca artesanal, así como la eliminación de trabas y documentos solicitados para requerir atención médica y procesos de afiliación campesina.

Los adultos mayores jubilados también tuvieron voz en el conversatorio. Manuel Guamán, representante de los jubilados sostuvo que el proceso de jubilación es extenso y tedioso. Además propuso que se reduzcan los años de jubilación para el sector campesino. “En el campo la mayoría de personas no llega a más de 80 años y necesitamos una jubilación pronta”, añadió.

La asambleísta Pierina Correa agradeció a los representantes del sector y enfatizó que la Seguridad Social es un derecho consagrado en la Constitución y no constituye ningún privilegio, sino un derecho para todos.

La Comisión de Protección de la Niñez se propone realizar una serie de actividades, como talleres y reuniones con expertos para enriquecer el estudio del proyecto de Código Orgánico para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Copinna).

La mesa legislativa ratificó por unanimidad la iniciativa de la legisladora Dallyana Passailague, sobre el plan general de trabajo, que será ejecutado de manera participativa con expertos y representantes de los sectores inmersos en esta temática.

Passailaigue señaló que oportunamente solicitó que inviten a especialistas para que ayuden con sus criterios para dilucidar la temática, en cuanto a identidad y diversidad. Indicó que se ha acordado que “nuestros asesores se reúnan en talleres para que trabajen, analicen y debatan el texto y nos den sus criterios sobre el articulado de esta normativa”.

En este sentido, el vicepresidente de la comisión, Lenin Mera manifestó que el cronograma y el plan de trabajo se fundamente en la realización de talleres con los equipos de asesores de la Comisión, de legisladores y con el apoyo técnico del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef.

Además, explicó que en cada uno de los libros del Copinna hay puntos que generan observaciones e interrogantes a la ciudadanía. Mencionó que hay temas como la autodefinición, la salud sexual y reproductiva, que generan interés en la población y se requiere socializarlos para obtener mayor información técnica-científica por parte de especialistas.

Finalmente, la asambleísta Pierina Correa, presidenta de la mesa legislativa, anunció que para la próxima semana constarán en la agenda las solicitudes de comparecencias propuestas por los miembros de la comisión.

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aprobó que se realice la conformar la Veeduría Ciudadana para vigilar la transparencia del proceso de selección y designación de la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado por la terna propuesta por el Ejecutivo.

Los requisitos para ser veedor o veedora son:

Los representantes de las organizaciones sociales deben acreditar tal representación mediante la respectiva carta de auspicio.

No podrán ser veedores quienes:

Los veedores y las veedoras vigilarán el cumplimiento de las normas legales y procedimientos establecidos para el proceso de designación y la transparencia en la ejecución de los actos del Pleno y de las Comisiones Ciudadanas de Selección.

La fecha de apertura de las inscripciones se informará oportunamente, a través de los medios de difusión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Ab. Hernán Ulloa Ordóñez

Presidente del CPCCS

La Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social prosiguió con la socialización del proyecto que reforma varias leyes respecto de la discriminación por edad e igualdad de trato en el sistema laboral, que establece la prohibición para el empleador de incluir condiciones de edad en los anuncios de empleo para el acceso al mismo o definir rangos de edad para determinados cargos.

En esta oportunidad recibió los criterios de Gabriel Recalde, director del Centro de Estudios de la Política Laboral; David Carrión Mora, experto constitucionalista; Luis Coque, trabajador de la Construcción-Socio Empleo; y, al ciudadano Santiago Barahona Salazar.

Gabriel Recalde, planteó incluir la prohibición de solicitar al trabajador la historia laboral que emite el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Iess); publicar anuncio de prensa que adviertan la salida de un extrabajador e indicar que no se responsabilizan de los actos que realizan; y, conculcar por acción u omisión el derecho al trabajo.

El experto constitucionalista David Carrión destacó que se promueva este tipo de reformas que recoge las disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en torno a las políticas de trato, los derechos progresivos; el derecho a la libre elección del trabajo y la protección del empleo. Aplaudió que se hable de reparación más que de sanciones. Sugirió ampliar la disposición que establece la obligación de las empresas de contratar al menos una persona mayor de 40 años por cada 25 trabajadores.

Luis Coque, trabajador de la Construcción-Socio Empleo, denunció exclusión y que pese a tener derechos no están regidos por la legislación ecuatoriana. Aseguró que son la tercera fuerza laboral del Ecuador y que trabajan niños, mujeres y hombres sin límite de edad.

Desde la voz ciudadana Santiago Barahona Salazar, en su testimonio de vida, dijo que hace cuatro años no puede conseguir un trabajo, porque exigen juventud, por lo que perdió su acceso a la Seguridad Social y hoy no sabe como se va a mantener en su vejez.

Los delegados de la Subsecretaría de Políticas Públicas y normas del trabajo y empleo del Ministerio de Trabajo, Herlinda Pincay y Diego Carraco, señalaron que ya existe normativa técnica que cubre el tema de la discriminación.

Los asambleístas lamentaron que exista discriminación por edad en el sistema laboral y falta de garantías a los derechos laborales. Informaron que, en su recorrido por los territorios, personas con más de 40 años reclamaron acceso al mercado laboral y en ese sentido se deben respetar los convenios internacionales.

Ante la Comisión del Derecho a la Salud, las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), absolvieron una serie de interrogantes de los legisladores respecto a los despidos de personal de salud en los diferentes hospitales del Seguro Social; además, el nivel de abastecimiento de medicinas, dispositivos e insumos médicos. En tanto, más de media docena de gremios de la salud expusieron sus demandas laborales y los legisladores piden soluciones.

El presidente de la comisión, Marcos Molina calificó de injustificables e irracionales los despidos de médicos. Tras exponer su solidaridad con el personal sanitario pidió explicaciones al presidente del Directorio del IESS, Francisco Cepeda, sobre si existe una estrategia definida, porque no es posible que no haya medicina y que 30 mil cirugías estén represadas.

Cepeda precisó que el manejo de los hospitales es descentralizado, que el fondo de salud está en 0 y que desconoce como se va a pagar a Solca Guayaquil. “Yo no puedo sentarme con la gente de Solca Guayaquil y prometer algo que no voy a cumplir”, enfatizó tras denunciar que el Ministerio de Finanzas le debe al IESS millones de dólares por concepto de IVA. “Eso debería ser automático y no tendría que estar rogando por ese pago todo el tiempo”, afirmó.

En tanto, Daniel Rodríguez, director del Seguro General Individual y Familiar, aseguró que se ha reintegrado a 690 profesionales médicos, que tienen sentencia o resoluciones judiciales favorables. “75 casos restantes están en procesos de vinculación”, aseguró.

Con 75 votos afirmativos,  el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió remitir a la Corte Constitucional la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas,  Adolescentes y Mujeres en caso de Violación,  a fin de que emita un dictamen previo de constitucionalidad,  en razón de que las objeciones versan en cuestiones de inconstitucionalidad y supuestas violaciones a principios y derechos reconocidos en la Constitución. 

La ponente del informe,  Johanna Moreira sostuvo que la objeción parcial del Ejecutivo,  reforma en un 97% el proyecto originalmente aprobado por el Legislativo.  Además mencionó que tanto en la sección de argumentaciones generales,  como en la sección donde se fundamenta las propuestas de nuevos artículos,  se realizan objeciones basadas en inconstitucionalidad y en posiciones personales del presidente de la República,  Guillermo Lasso.  “Pretender utilizar una objeción parcial para que la Asamblea resuelva conflictos de constitucionalidad sería un error”,  añadió Moreira. 

Durante el debate varios legisladores fundamentaron sus posiciones,  luego de lo cual el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió remitir la objeción a la Corte Constitucional,  ya que se fundamenta en la inconstitucionalidad parcial del proyecto,  al señalar que el texto contraviene los artículos 11 numeral 2; 35, 45; 66 numeral 12; 135; y 191 de la Constitución de la República,  la sentencia 34-19-IN/21 y su auto aclaratorio; por lo que se configura la objeción parcial por inconstitucionalidad que consta en el artículo 139 de la Constitución de la República; consecuentemente,  se suspenderá el plazo de 30 días previstos para el trámite de la objeción parcial por inconstitucionalidad,  según lo establece el artículo 64 inciso final de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. 

La norma en referencia determina que si la objeción es parcial y también por inconstitucionalidad se resolverá primero la objeción por inconstitucionalidad,  en cuyo caso se suspenderá el plazo de treinta días previsto para el trámite de la objeción parcial,  el que empezará a correr desde la fecha en que la Corte Constitucional notifique a la Asamblea Nacional su dictamen.