Hechos Ecuador

La Comisión de Régimen Económico, con seis votos a favor, aprobó el informe sobre la realidad y los precedentes económicos y jurídicos del Banco del Pacífico, así como sus perspectivas financieras, de conformidad con lo resuelto por el Pleno de la Asamblea Nacional. La mesa legislativa recomienda hacer un seguimiento periódico respecto del estado financiero de esta institución bancaria.

La legisladora Ana Herrera, vocal de la Comisión, precisó que luego del análisis exhaustivo de la información remitida no existe justificativo técnico, jurídico, legal o económico que motive la venta del Banco del Pacífico.

Mencionó que, en el estudio de los datos entregados por distintas instituciones, se observó que los estados financieros de los últimos años tienen un incremento en el volumen de la cartera del banco. “Lo que si llamó la atención fue el cierre de algunas sucursales”, agregó.

Además, indicó que la comisión recomendará hacer una verificación real de los datos del banco, a fin de seguir avanzando en el análisis e investigación dispuesta por el Pleno de la Asamblea Nacional.

En todo momento, la Comisión de Régimen Económico buscó salvaguardar los bienes de los ecuatorianos y garantizar que los recursos, independientemente del destino que tenga el banco, sean utilizados para cubrir las necesidades del país, afirmó, la legisladora.

La parlamentaria mencionó que la mesa legislativa realizó el proceso de investigación sobre la base de los estados financieros y la información que presentaron las autoridades del Banco del Pacífico, Ministerio de Finanzas, Corporación Financiera Nacional y Banco Central.

Con el objeto de avanzar con la socialización del proyecto de Código de Trabajo, propuesto por el asambleísta Salvador Quishpe, la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social estableció una estrategia de trabajo, que consiste en la instalación de 12 mesas técnicas que abordarán diferentes tópicos con la participación de delegados del Ministerio de Trabajo, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Academia, Unidad Técnica Legislativa, equipos de asesores, catedráticos y expertos en Derecho Laboral, entre otros.

Para este miércoles 18 de mayo, está previsto tratar las definiciones de los derechos y obligaciones de jornada de trabajo, descansos, permisos y vacaciones. El jueves 26, desarrollará dos mesas técnicas a las 09h30 y a las 11h30. En la primera tratará la remuneración, garantías de protección especial para trabajadores de la seguridad industrial y salud ocupacional. En la segunda revisarán el contrato y las modalidades de trabajo; y, los tipos de contrato de trabajo.

Igualmente, el 2 de junio, en dos jornadas, analizarán las modalidades de trabajo; condiciones y garantías en el trabajo; suspensión y terminación del contrato de trabajo. Además, el derecho colectivo de trabajo, los sindicatos y otras organizaciones sindicales.

El 9 de junio debatirán sobre el contrato colectivo, negociación del contrato colectivo, pliego de peticiones, huelga y paro, mientras que las políticas del trabajo serán abordadas el 16 de junio; y, los organismos y sus autoridades, organismos, entidades y dependencias el jueves 23 junio. Para el jueves 30 de junio, está previsto analizar la administración de justicia, prescripciones y sanciones.

De acuerdo con el cronograma de trabajo, la revisión final del articulado será el 7 julio y el 14 será aprobado, con la presencia de los representantes de la Unidad Técnica Legislativa, Presidencia de la República, Ministerio de Trabajo, Consejo de la Judicatura y asambleístas miembros de la comisión.

Un proyecto de ley que reconozca a todos los héroes del Cenepa que no fueron tomados en cuenta en su momento, fue presentado en la Asamblea Nacional por el legislador Celestino Chumpi, quien estuvo acompañado de los excombatientes.

Chumpi explicó que con ello se busca reconocer a todos los que defendieron nuestro territorio en los conflictos bélicos de 1981 y 1995, pues de más de cinco mil soldados excombatientes, solo dos mil reciben el reconocimiento del Estado.

La propuesta, que reforma el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y la Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales, plantea que los excombatientes no remunerados, ni pensionados, que en calidad de conscriptos y reservistas, participaron en los conflictos bélicos de 1981 en Paquisha y 1995 del Alto Cenepa, que sean calificados como héroes o heroínas, recibirán una pensión vitalicia, consistente en una remuneración básica unificada mensual.

Adicionalmente, se otorga estos derechos a aquellas personas que resultaron con lesiones físicas o psicológicas de carácter total o parcial permanente, como consecuencia del levantamiento de campos minados o por manipulación de artefactos explosivos en cumplimiento de misiones de seguridad; con una reducción del cincuenta por ciento del valor que percibían o hubieren podido percibir quienes a efectos de esta ley ha sido objeto de este beneficio, a las hijas y los hijos menores de edad y a los mayores de edad calificados por el ente rector con una discapacidad de al menos el cincuenta por ciento que impida su desarrollo laboral.

Además, que se privilegie con sus nombres en la denominación de las calles, avenidas, puentes, pasajes y demás vías de comunicación y circulación, las plazas, parques y demás espacios destinados a la recreación u ornato público y promoción turística.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) convoca a la ciudadanía a ser parte de la Veeduría para la vigilancia al servicio otorgado a la ciudadanía por CVIALCO S.A. para garantizar el buen uso de los recursos que deben ser generados para la comunidad, así como el servicio adecuado a los usuarios en lo referente a señalética, primeros auxilios, apoyo mecánico y adecuada gestión para quienes transitan en el eje vial Guayaquil-General Villamil Playas-Santa Elena.

Las inscripciones se remitirán al correo electrónico: [email protected], a partir del martes 17 de mayo de 2022 hasta el martes 24 de mayo de 2022, 17:00.

Requisitos:

Una vez que concluya el plazo establecido y se realice la verificación de la información receptada, se tomará contacto con los postulantes que hubieran remitido sus solicitudes.

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Convocatoria

Formulario de Inscripción

Abg. Hernán Ulloa Ordóñez

Presidente del CPCCS

“Es momento de que pasemos a soluciones concretas y no quedar en buenas ideas; eso es lo que traemos hoy desde la Asamblea Legislativa de Ecuador. Solo si trabajamos juntos, superaremos todos los objetivos del Pacto Mundial de Migración”, fueron las palabras de Parlamentario Juan Fernando Flores, quien asistió en representación de la Asamblea Nacional del Ecuador y de la Comisión de Relaciones Internacionales al “Primer Foro de Examen de la Migración Internacional” de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, donde se analiza el progreso en la implementación del Pacto Mundial de Migración.

En su conferencia en este encuentro internacional, Flores resaltó que como presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, “es un honor estar presente en la ONU, en representación de Ecuador y su Asamblea Legislativa, hizo un llamado a aunar esfuerzos para luchar contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes”. Además, destacó que nuestro país ha sido promotor de políticas inclusivas, responsables y claras a través del Pacto Mundial de Migración.

También manifestó que Ecuador ha sido responsable en el ámbito migratorio, al incorporar buenas prácticas en casos de ciudadanos colombianos, peruanos y venezolanos, pero que ello, no puede invisibilizar una grave realidad, como es la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.

El legislador expresó que acude a este foro no solo con planteamientos y recomendaciones, sino soluciones al Pacto Mundial de Migración en la lucha contra la trata de personas. “Estamos trabajando desde la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, en una ley base y modelo de colegislación regional”, concluyó.

El proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal para Tipificar el Anatocismo como Figura Penal fue tema de análisis en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, con la presencia de Sonia Romero, directora de Análisis y Normativa de la Defensoría del Pueblo y Alex Castillo, agente fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Fiscalía General del Estado, quienes presentaron sus observaciones que serán consideradas en la construcción del informe para primer debate.

La primera en comparecer fue Sonia Romero, quien sugirió a la comisión que en el debate del tema se consideren enfoques establecidos en la legislación de otros países, como la reparación por los perjuicios, así como las directrices de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la protección del consumidor.

Tras recordar que la Constitución, el Código Monetario y el Código Civil prohíben el anatocismo, propuso considerar en el proyecto las prohibiciones establecidas en instrumentos internacionales de derechos humanos, que prohíben, por ejemplo, cualquier explotación entre personas, a la vez aseveró que si bien se han reportado casos de cobro de intereses sobre intereses no hay mecanismos ágiles para recuperar el dinero cobrado en exceso.

Ricardo Vanegas comentó que se requiere tomar acciones para prevenir y sancionar el cobro de interés sobre interés en una deuda contraída, práctica que es prohibida por la Constitución y legislación nacional, criterio que fue compartido por el legislador Fausto Jarrín, mientras que Jhajaira Urresta solicitó que la Defensoría del Pueblo remita la lista de veedeurías realizadas ante las denuncias de la población sobre el tema, institución que, a criterio del legislador José Chimbo, está para defender los derechos humanos de los ecuatorianos.

De su lado, Álex Castillo, de la Fiscalía General del Estado, al advertir que la mayoría de ecuatorianos ha tenido dificultades con los bancos por el cobro de intereses, sugirió revisar la legislación que sobre la materia han dictado otros países como Colombia y Brasil.

Además propuso que la reforma debe estar orientada a que haya una reparación inmediata e integral al usuario del sistema financiero que pagó interés sobre interés, disposición que no se debe limitar al sistema financiero, sino también a las casas comerciales.

La legisladora Vanessa Álava, proponente del proyecto, explicó que se busca prevenir y sancionar los abusos de la banca y las casas comerciales.

El presidente de la comisión, Alejandro Jaramillo, tras agradecer a los comparecientes por sus propuestas, dijo que estas ayudarán a enriquecer el contenido del proyecto en beneficio de la ciudadanía.

La Comisión de Justicia inició el estudio de los proyectos de Ley que Reforma Diversos Cuerpos Legales para Combatir el Delito de Usura y del Sistema de Protección y Promoción Social. Esta vez escuchó a sus proponentes, los legisladores Juan Cristóbal Lloret y Pabel Muñoz, quienes explicaron los alcances y objetivos de los cuerpos normativos.

Juan Cristóbal Lloret propone modificar el Código Orgánico Integral Penal; la Ley de Régimen Tributario Interno; el Código General de Procesos; Código de la Función Judicial; Código de Comercio; y, Código Monetario y Financiero, con el fin de prevenir y combatir el delito de usura.

El parlamentario, en su propuesta, advirtió que la usura, un delito financiero por excelencia, sacude hoy más que nunca los hogares de las familias ecuatorianas, a la vez aseveró que en la propuesta trabajó con el Comité Nacional de Lucha contra la Usura, integrado por muchas personas perjudicadas por este delito y que incluso han perdido sus bienes y propiedades. “Con esto buscamos hacer frente a un mal que le aqueja a la sociedad, que está articulado a otros delitos como el lavado de activos y, con ello, luchar contra la inseguridad”, enfatizó.

Aseguró que las personas, en el afán crecer y mejorar económicamente, buscan acceder a créditos financieros con el fin de adquirir bienes o servicios que mejoren su estatus y el de sus familias, pero que el sistema financiero nacional ha creado una verdadera muralla de papeles y requisitos, lo que impide o dificulta al acceso al crédito y hace que las personas acudan a personas privadas para obtener créditos informales o irregulares con intereses muy altos.

Según el proyecto, no prescriben las penas que se impongan por el delito de usura. Determina que la personas que sin tener autorización alguna para ejercer actividades financieras o crediticias reguladas por el sistema bancario o cooperativista, se dedique a conceder créditos por fuera del sistema financiero nacional regular, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. La pena se aumentará en el doble, si los perjudicados son más de cinco personas.

Los parlamentarios destacaron que la propuesta busca enfrentar el drama que viven familias afectadas por este sistema de abusos, que significa la usura que está unido a delitos como el sicariato. También propusieron que este proyecto se unifique con la reforma al COIP que tipifica como delito el anatocismo, es decir el cobro de intereses sobre intereses.

De inmediato, el legislador Pabel Muñoz fundamentó su proyecto de Ley del Sistema de Protección y Promoción Social, que tiene por objeto garantizar a la ciudadanía un piso de protección social, a través de un conjunto básico de prestaciones, cuidados y servicios que aseguren un ingreso mínimo, un consumo esencial y condiciones socioeconómicas que hagan posible satisfacer las necesidades vitales y alcanzar los derechos del buen vivir establecidos en la Constitución de la República.

Muñoz explicó que la propuesta busca proteger el ingreso, el consumo y las necesidades básicas de las personas, cuando se encuentran en condición de vulnerabilidad, pobreza o extrema pobreza. Así mismo, indicó que para superar estas condiciones y evitar situaciones de vulnerabilidad, se pretende generar movilidad y promoción social, para lo que establece el Sistema de Protección y Promoción Social, como el conjunto de instituciones, normas, políticas, programas y servicios de cuidados, protección y promoción para sostener niveles básicos de calidad de vida.

La Comisión de Régimen Económico sesionará este martes 17 de mayo, a partir de las 09h30, con el fin de analizar y votar el informe sobre la realidad y los precedentes económicos y jurídicos del Banco del Pacífico, así como sus perspectivas financieras.

La mesa legislativa hasta el momento ha realizado seis sesiones de trabajo de manera reservada. Citó al Presidente del Directorio de la Corporación Financiera Nacional; representantes del Colectivo de Afectados por Créditos Educativos; la Titular de la Superintendencia de Bancos, quienes entregaron documentación de sustento, con el carácter de reservado; y, respondieron, de forma presencial, algunas interrogantes de los parlamentarios.

En sesiones anteriores la Comisión también invitó a los representantes del Banco del Pacífico y al Gerente General del Banco Central del Ecuador, sin embargo, no asistieron.

Cabe recordar que el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió que la Comisión de Régimen Económico realice el seguimiento sobre el proceso de valoración, desinversión y eventual venta del Banco del Pacífico e informe, de manera trimestral sobre dicho proceso para tomar las acciones que correspondan en el marco de lo que determina el ordenamiento jurídico nacional.

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aprobó una resolución para dar paso a la siguiente fase en la selección y designación de la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado por terna propuesta del Ejecutivo. Además, conoció el informe semanal presentado por los Coordinadores de los Equipos Técnicos sobre los avances de los procesos en marcha.

Primera autoridad de la Procuraduría General del Estado: El Pleno del CPCCS aprobó el Informe de verificación de requisitos y admisibilidad de las inscripciones a la Veeduría Ciudadana para vigilar la transparencia de este proceso de selección. El Informe aprobado señala que se inscribieron un total de 16 postulantes, de los cuales 9 cumplieron con los requisitos reglamentarios. Los veedores pasarán por un proceso de inducción y acreditación para iniciar su labor de control social.

Primera autoridad de la Defensoría Pública: del jueves 12, al miércoles 18 de mayo de 2022, la ciudadanía podrá  presentar impugnaciones a cualquiera de los postulantes en el concurso de méritos para la integración de la Comisión Ciudadana de Selección, en las oficinas del CPCCS en todo el país. Previamente, el Pleno realizó el sorteo público para la definición de los 10 representantes ciudadanos.

Primera autoridad de la Contraloría General del Estado: El equipo técnico se encuentra en el proceso de cierre de la etapa de admisibilidad y el inicio de la calificación de méritos de los 102 postulantes admitidos al concurso público. Los postulantes serán evaluados sobre 50 puntos. Los criterios de valoración se establecerán de acuerdo con el cuadro que consta en el Reglamento.

Renovación parcial del Consejo Nacional Electoral: Los 72 postulantes admitidos al concurso público serán evaluados sobre 50 puntos que corresponden a la calificación de méritos. El equipo técnico iniciará este proceso de calificación y aplicará medidas de acción afirmativa como lo establece el Reglamento.

Superintendencia de Bancos: Una vez recibida la información solicitada a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), la Comisión Técnica se encuentra elaborando la ampliación del Informe de Admisibilidad de dos integrantes de la terna enviada por el Ejecutivo, conforme la resolución del Pleno del CPCCS.

Abg. Hernán Ulloa Ordóñez

Presidente del CPCCS

La Comisión de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, presidida por la asambleísta Mireya Pazmiño, en reunión reservada analizó el informe borrador sobre la actual realidad y todos los precedentes económicos y jurídicos de una eventual venta del Banco del Pacífico y las perspectivas financieras.

La investigación, seguimiento y evaluación de la posible venta del Banco del Pacífico la lleva adelante la Comisión de Régimen Económico por disposición del Pleno de la Asamblea Nacional, luego de escuchar la información de las autoridades de la Corporación Financiera Nacional y del Banco del Pacífico.

La Corporación Financiera Nacional, en su momento, remitió la documentación de sustento, misma que tiene el carácter de reservado, razón por la que las sesiones de la mesa legislativa se las ha realizado de manera reservada.