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La Comisión de Régimen Económico, con cinco votos afirmativos, dos en contra y dos abstenciones, aprobó el primer informe trimestral sobre la valoración, desinversión y eventual venta del Banco del Pacífico. Su presidenta, Mireya Pazmiño, adelantó que esta institución bancaria es sólida tanto en lo económico cuanto en lo financiero.
En lo jurídico, dijo que hay duda que el Banco sea público o privado, pero que existe la certeza que el 100% de las acciones le corresponden a la Corporación Financiera Nacional (CFN), aunque su estructura y la parte administrativa funciona como cualquier banco privado.
Recordó que el Pleno de la Asamblea Nacional dispuso que la comisión lleve adelante este proceso de investigación, por lo que solicitó información a la Superintendencia de Bancos; Corporación Financiera Nacional; Banco del Pacífico; Banco Central, y Asobanca, cuyas autoridades fueron convocadas para que contesten interrogantes de los comisionados.
Mencionó que la mesa legislativa analizó el escenario que se podría presentar para vender el Banco del Pacífico, y luego de un análisis exhaustivo de la información entregada, que tiene el carácter de reservada, aprobó el respectivo informe que será entregado a la Presidencia del Parlamento, a fin de que lo incluya en una sesión del Pleno, organismo que tendrá que levantar el sigilo bancario para conocer dicho documento.
Mireya Pazmiño, resaltó que la situación económica del Banco del Pacífico en los últimos 20 años ha crecido; sus utilidades han sido reinvertidas, lo cual trae beneficios a todos los ecuatorianos.
Así mismo, mencionó que se ha evidenciado que esta institución financiera ha generado más del doble de utilidades que otros bancos; sin embargo, en estos dos últimos años (2020 – 2022) han bajado sus utilidades, a la vez que expresó su preocupación, porque han cerrado sucursales y han despedido a trabajadores.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori Abarca, participó en la ceremonia militar en conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Pichincha, organizada por las Fuerzas Armadas del Ecuador. Junto al presidente de la República, Guillermo Lasso y las máximas autoridades del Estado, rindió homenaje a los héroes de la gesta histórica que selló la etapa independentista del país.
La ceremonia, que se cumplió en un emotivo ambiente lleno de civismo y patriotismo, inició con el ingreso del tricolor nacional, el toque trompetas y honores militares a los héroes de la gesta libertaria del 24 de mayo de 1822
Muy en la mañana la Titular de la Legislatura acudió al Templo de la Patria, en la Cima de la Libertad, que fue el escenario donde los soldados alcanzaron la libertad de nuestro país. Allí colocó una ofrenda floral en representación de la Asamblea Nacional, en homenaje a los patriotas del 24 de Mayo de 1822, que lucharon hasta alcanzar la tan anhelada libertad.
Además de la presencia del Presidente de la República, el evento contó con la participación del segundo mandatario, Alfredo Borrero Vega, principales autoridades de las funciones del Estado, ministros, organismos de control, los comandantes generales del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Nacional, así como el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, cuerpo diplomático acreditado en el país, autoridades civiles, militares y policiales, entre otros.
El acto de conmemoración concluyó con la salida de la Bandera Tricolor.
La Comisión de Régimen Económico sesionará este miércoles 25 de mayo, a las 10h00, con el fin de analizar y votar el informe de seguimiento al proceso de valoración, desinversión y eventual venta del Banco del Pacífico, en cumplimiento de la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional, del 2 de febrero de 2022.
En la resolución se dispuso a la comisión informar al Pleno del Legislativo, de forma trimestral, sobre dicho proceso, para que este tome las acciones que correspondan.
Sobre el tema, la mesa legislativa oportunamente, solicitó información a las autoridades del Directorio de la Corporación Financiera Nacional, Superintendencia de Bancos, Banco del Pacífico y del Banco Central del Ecuador, quienes también fueron citadas a la comisión para que respondan inquietudes de los legisladores.
Con los datos recabados la mesa legislativa elaboró el informe borrador que será analizado este miércoles 25 de mayo y, luego de su aprobación, será entregado a la Presidencia de la Asamblea Nacional, para que sea puesto en consideración del Pleno de la Legislatura.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori Abarca, en el marco de la presentación del Informe a la Nación, invitó al Ejecutivo a luchar juntos por la seguridad ciudadana, en la generación de empleo, en el bienestar de los campesinos y agricultores, en la erradicación de la desnutrición infantil, contra la pobreza y la violencia contra las mujeres.
“No podemos dividir al país entre unos y otros, tenemos que permanecer unidos, como un solo puño, en contra de los verdaderos enemigos”, subrayó la Titular del Legislativo, al hacer un llamado a trabajar en defensa de la institucionalidad, con la Constitución en la mano y respetando la ley, lo que permitirá avanzar hacia el Ecuador que todos merecemos y soñamos.
“Como presidenta de la Asamblea Nacional, estoy cumpliendo las dos promesas que le hice al país, la primera, respetar y hacer respetar la Constitución, la ley y los procedimientos parlamentarios; y, la segunda, trabajar por la reconciliación, la unidad nacional, la institucionalidad y la gobernabilidad”, enfatizó.
Con la presencia de altas autoridades del Estado, cuerpo diplomático y representantes de pueblos y nacionalidades del Ecuador, Guadalupe Llori señaló que la Asamblea avanza en su gran Minga por el Ecuador, respondiendo a las verdaderas inquietudes de la mayoría de ecuatorianos que demandan empleo, salud, educación, seguridad y dignidad
A un año de gestión, recordó que el primer poder del Estado aprobó 28 proyectos de ley, de los cuales se han publicado en el Registro Oficial 24. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) ha calificado 169 proyectos para dar tratamiento en las distintas comisiones permanentes y ocasionales y que el Pleno fiscalizó y censuró a cinco autoridades que incumplieron sus funciones.
Guadalupe Llori destacó que el trabajo de la Asamblea, sus funciones y atribuciones son indispensables para la estabilidad y la paz del país, porque en el Parlamento se toman decisiones para el Ecuador en democracia. “No solo es legítimo, sino necesario pensar de manera distinta y llegar a acuerdos en beneficio de las grandes mayorías y de todos los ecuatorianos”, subrayó.
Así mismo, ratificó que como Presidenta de la Asamblea Nacional defenderá siempre la Constitución, la ley, la institucionalidad y la gobernabilidad; pero, sobre todo, “defenderé los más grandes intereses del pueblo ecuatoriano”. Al saludar el heroísmo de los ecuatorianos hace 200 años en la Batalla de Pichincha, enfatizó que la historia hoy nos convoca a levantarnos en contra de la violencia, la inseguridad, la pobreza.
"Gobernar significa escuchar y administrar con justicia, con serenidad y con equidad las demandas y las aspiraciones ciudadanas, respetando la independencia de las funciones del Estado y dando ejemplo de compromiso con el fortalecimiento de la democracia", señaló la Presidenta, e invitó al Presidente de la República a renovar el compromiso conjunto para alcanzar el bienestar y desarrollo del país, tender puentes y no agotar el diálogo entre el Legislativo y el Ejecutivo.
Como parte de las acciones que ejecuta el Consejo Nacional Electoral (CNE), para transparentar y actualizar el listado de personas habilitadas para sufragar en las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2023, el Pleno del CNE autorizó la publicación del Registro Electoral y la entrega del mismo a las organizaciones políticas.
Esta decisión habilita a la ciudadanía para realizar reclamos administrativos a sus solicitudes de cambio de domicilio electoral. El trámite se podrá cumplir en la página web: www.cne.gob.ec ingresando a servicios electorales, y de forma presencial en las 24 Delegaciones Provinciales, desde el 24 de mayo y hasta el 7 de junio de 2022.
Dentro del mismo periodo, las organizaciones políticas legalmente constituidas que quieran presentar sus observaciones al Registro Electoral, pueden solicitarlo en las oficinas desconcentradas del CNE a escala nacional o en la Secretaría General en la ciudad de Quito.
Para ampliar la información contactarse con la
En el marco del tratamiento del proyecto de Ley de prevención, protección y atención integral de las personas que padecen diabetes, la Comisión del Derecho a la Salud escuchó los criterios del doctor Francisco Tama y de pacientes que viven con esta enfermedad.
Francisco Tama, médico investigador de la Universidad de Guayaquil, felicitó la iniciativa legislativa que plantea un marco normativo y programas de promoción en las escuelas y colegios para la adopción de nuevos estilos de vida.
Advirtió la urgencia de desarrollar políticas públicas enfocadas en la detección precoz del síndrome metabólico (conjunto de trastornos que aumentan el riesgo de padecer enfermedades cardíacas y diabetes), en niños entre 6 y 18 años, para intervenir de manera temprana en el cambio de hábitos, ya que “la diabetes tipo 2 es una enfermedad prevenible en más del 95% de los casos”.
Por su parte, Anabel Rivas, Rosalinda Durán y Kléver Granda, pacientes que viven con diabetes, expusieron sus criterios respecto a las complicaciones que enfrentan al momento de acceder a los insumos necesarios para el tratamiento de la enfermedad. Aseguraron que los costos de los medicamentos e insumos son elevados.
Anabel Rivas, madre de tres niños insulinodependientes, mencionó que gasta alrededor de 1200 dólares mensuales para controlar y monitorear el estado de sus hijos. Pidió a la mesa legislativa viabilizar el proyecto de ley que beneficiará a gran parte de la población.
Según los datos del INEC, en el Ecuador, el 30% de los niños entre 5 y 11 años tienen sobrepeso u obesidad, mientras que en adultos la cifra asciende al 62,8%.
La propuesta de ley, de iniciativa del asambleísta Marcos Molina, presidente de la comisión, busca mejorar la calidad y esperanza de vida de quienes padecen esta enfermedad, con un carácter preventivo.
Conforme a los hitos del calendario para las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2023, el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó las solicitudes de 61 personas, quienes conformarán la veeduría ciudadana para el proceso de verificación de postulaciones de las candidaturas al CPCCS.
El informe de verificación de requisitos e inhabilidades, tratado por el cuerpo colegiado, incluyó la recomendación de rechazar a 24 postulantes, por no cumplir con las regulaciones del Instructivo aplicable para el proceso, por lo cual podrán solicitar una nueva revisión en el término de tres días, después de recibida la notificación.
Una vez cumplido con esta fase del proceso, se tiene prevista la ejecución de capacitaciones dirigidas a los veedores ciudadanos seleccionados, entre el 29 y 31 de mayo, a fin de continuar con la Convocatoria para la inscripción de candidaturas de las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Para ampliar la información contactarse con la
La Corte Constitucional resolvió rechazar la objeción total de inconstitucionalidad del Ejecutivo al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), aprobada por la Asamblea Nacional el 13 de marzo de 2022 que ratifica la equiparación salarial de los maestros.
Como se recuerda, el Ejecutivo solicitó a la Corte que declare que el proyecto transgrede las disposiciones de los artículos 286, 287, 368 y 369 de la Constitución.
A su vez, la Asamblea Nacional oportunamente acudió a la Corte Constitucional y solicitó que declare la constitucionalidad de las disposiciones relativas al aumento salarial de los docentes del Sistema Nacional de Educación, en atención al proceso deliberativo en el cual participaron los gremios de maestros y expertos económicos. También expuso las correspondientes fuentes de financiamiento.
La Corte Constitucional luego de valorar los argumentos legales y constitucionales rechazó la objeción y dispuso el envío del proyecto a la Asamblea Nacional para que continúe el trámite respectivo.
El artículo 139 de la Constitución determina que “si la Corte Constitucional dictamina que no hay inconstitucionalidad, la Asamblea Nacional lo promulgará y ordenará su publicación” y con ello las reformas tendrán plena vigencia en beneficio de los maestros.
La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral aprobó, con nueve votos, el informe para segundo debate del proyecto de Ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza, mismo que será remitido de inmediato a la Presidencia de la Asamblea Nacional para que sea incluido en la agenda del Pleno del Legislativo.
Esta propuesta tiene como objetivo normar el uso legítimo y excepcional de la fuerza, por parte del Estado, para proteger los derechos, libertades y garantías ciudadanas, y precautelar el derecho a la seguridad integral de sus habitantes.
La comisión, previo a la aprobación del informe, sometió el proyecto a un amplio proceso de socialización, en el que escuchó y procesó las observaciones de los asambleístas, y más de 60 representantes institucionales, gremiales y sociales, colectivos ciudadanos, expertos en la materia y sectores directamente interesados. Además, realizó mesas técnicas con la participación de delegados del Ministerio del Interior, Comandancia de Policía, Defensoría del Pueblo y otras entidades estatales, así como con organizaciones de la sociedad civil.
El informe unifica tres iniciativas legislativas, que fueron abordadas en 21 sesiones ordinarias. El documento desarrolla la facultad constitucional del uso de la fuerza que el Estado ejerce a través de los servidores de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, como entidades de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos.
En el informe, la comisión destacó que el proyecto propone un equilibrio virtuoso entre el respeto a los derechos humanos, el orden público, la seguridad ciudadana y la protección a la integridad de los servidores de las entidades reguladas, en cumplimiento de su deber legal.
Con este proyecto se busca también establecer el deber de prevención y protección en relación con el uso legítimo de la fuerza en situaciones en las que estén, o puedan estar, involucrados niños, niñas, adolescentes y otros grupos de atención prioritaria; y crear un marco jurídico diferenciado que oriente el actuar de los servidores de las instituciones mencionadas.
También regula las circunstancias específicas en la que se puede hacer uso legítimo y excepcional de la fuerza; de la fuerza potencial e intencionalmente letal; así como, norma los procedimientos y requisitos de los informes en caso del uso de la fuerza, dentro de un marco general de responsabilidades en caso de uso indebido; sin perjuicio de las responsabilidades civiles, administrativas o penales que correspondan.
El presidente de la comisión, Ramiro Narváez, y los parlamentarios, destacaron el trabajo realizado en el afán de contribuir a combatir la inseguridad ciudadana, en beneficio del país.
Luego de acoger las observaciones presentadas el pasado 17 de mayo de 2022 en el Pleno de la Asamblea Nacional, con 8 votos afirmativos, la Comisión de Soberanía Alimentaria aprobó el texto final del proyecto de Ley para Fomentar la Producción, Comercialización, Industrialización, Consumo y Fijación del Precio de la Leche y sus Derivados, para votación en el Pleno de la Asamblea Nacional.
Las principales observaciones acogidas establecen mayor participación del sector lácteo en el Consejo Nacional de la Leche; se prohíbe la comercialización de alimentos que contengan suero de leche; los productos lácteos y sus derivados deberán contar con la respectiva etiqueta que especifique su contenido y valor nutricional; y, se establece un mecanismo de fijación del precio mínimo de sustentación del litro de leche cruda pagada en finca.
El proyecto está conformado por 49 artículos distribuidos en diez capítulos, que buscan establecer el régimen legal y administrativo que permita promover, regular, asegurar, garantizar y fortalecer la producción primaria de leche cruda, así como afianzar que los diferentes procesos de la cadena láctea cumplan las condiciones higiénico sanitarias que garanticen su inocuidad.
De acuerdo con el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, una vez aprobado el texto final, el proyecto será puesto en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional para su votación.
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