Hechos Ecuador

La Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, con siete votos afirmativos, aprobó el informe de seguimiento en torno a las acciones para atender al sector agropecuario, en cumplimiento de la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional, que dispuso la comparecencia del entonces ministro de Agricultura, Pedro José Álava.

La comisión recordó que el exministro Álava informó a este órgano legislativo sobre la generación y aplicación de las políticas agropecuarias frente a la grave crisis del sector.

Luego la comisión sesionó en Machala, provincia del El Oro, el 20 de abril del presente año, para conocer las acciones de esta Secretaría de Estado frente al paro del sector bananero.

El 8 de junio la comisión recibió al nuevo ministro de Agricultura, Bernardo Manzano Díaz, para que exponga las acciones adoptadas para paliar la grave crisis que atraviesa el agro ecuatoriano.

Sobre la base de lo expuesto, la Comisión de Soberanía Alimentaria concluye que ha procedido al cumplimiento de la resolución del Pleno de la Asamblea, en cuanto al seguimiento de la temática agrícola y pecuaria; que el ministro Bernardo Manzano cumplió lo detallado en la resolución y expuso ante la mesa las acciones puntuales que benefician al sector agropecuario.

En este contexto, el organismo legislativo exhorta a las funciones del Estado a cumplir las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, a fin de evitar que se produzcan acciones ilegales, que repercuten en el accionar de las instituciones; y, en particular a la Fiscalía, que concluya las acciones preprocesales iniciadas por el incumplimiento de la ley, a fin de que las instancias judiciales cuenten con los suficientes elementos de convicción para continuar los procesos y, de ser el caso, ejecuten las sanciones ejemplificadoras.

Respecto de la máxima autoridad de la Agricultura, la mesa solicitó que las acciones efectuadas sean continuas y de manera oportuna para que el sector involucrado, que enfrenta estas dificultades, pueda ser el beneficiario de sus acciones debidamente coordinadas con las instituciones integrantes de esta cartera de Estado y con las demás entidades estatales.

De conformidad con la convocatoria dispuesta por el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela Espinoza, el Pleno del Legislativo, en la sesión No. 777, tratará en segundo debate el proyecto de Ley de Ley Reformatoria de Diversas Leyes para la Garantía de Derechos Derivados del Apoyo Humanitario durante la Pandemia de la Covid-19.

La propuesta deroga parcialmente la Ley de Apoyo Humanitario e incorpora artículos al Código Monetario y Financiero, Ley de Servicio Público, Ley para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal; y, al Código de Trabajo.

Las reformas al Código Monetario disponen efectuar acuerdos entre clientes y las entidades del sistema financiero nacional y no financiero para reprogramar, refinanciar y suspender el cobro de cuotas impagas generado por cualquier tipo de obligación crediticia adquirida desde el 16 de marzo de 2020 hasta diciembre del 2021. Además, se añaden disposiciones respecto de la reprogramación de pago de cuotas de seguros, y por obligaciones con entidades; y, la condonación de intereses de mora para los actuales deudores con entidades del sistema financiero público o privado.

En el Código de Trabajo se incluye una disposición transitoria que determina que todas aquellas personas que hayan sido contratadas bajo un contrato emergente y a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, hayan superado los 90 días del período de prueba, dichos contratos tendrán el carácter de indefinidos. Las reformas a la Ley de Servicio Público establecen beneficios para los médicos devengantes en la Red Integral Pública de Salud y sus redes complementarias.

En las reformas a la Ley para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, Estabilidad y Equilibrio Fiscal, la comisión incorpora normas para aquellos contribuyentes que solicitaron la facilidad de pago con remisión e incumplieron con una o más cuotas establecidas. Se precisa que dicha falta de pago no se podrá considerar como incumplida, debiéndose activar de oficio la facilidad para pagar, permitiendo al contribuyente cubrir el total del capital adeudado hasta diciembre de 2023.

En otro orden, el Parlamento conocerá el informe de fiscalización del caso Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador que, entre otros aspectos, recomienda al Ministerio de la Producción establecer una política nacional vinculante de responsabilidad social y ambiental, con estándares internacionales de derechos humanos; demanda al Presidente de la República la supresión de la Secretaría de Derechos Humanos por no haber cumplido sus atribuciones; y, recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional la designación de un asambleísta para que presente la solicitud de juicio político en contra de Patricio Donoso, ministro de Trabajo.

También, conocerá el informe para primer debate del proyecto que unifica cuatro propuestas de reformas al Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Sobre el tema la Comisión de Gobiernos Autónomos concluyó que crea herramientas normativas más eficaces y efectivas para que los GAD mejoren sus actividades competentes en temas de vialidad, seguridad, ambiente, administración, cantonización, participación ciudadana, cuidado de la fauna urbana, el fomento del ciclismo y la micromovilidad, la eficiencia en los procesos de remoción de autoridades y el control de la calidad de la organización y funcionamiento de los gobiernos autónomos descentralizados.

Durante los últimos 8 años, el bienestar y la educación financiera de los ecuatorianos se ha deteriorado

El 62% de la población no tiene una cultura de ahorro y el 53% cubre sus gastos con deuda.

Solo Argentina y Paraguay, dentro de Sudamérica, tienen actualmente un menor índice de bienestar financiero que Ecuador. En los últimos 8 años, ese índice ha caído 11 puntos en el país, desde un puntaje de 57 a 46 sobre 100.

Los ecuatorianos registran menos educación financiera, con un puntaje que pasó de 12,5 a 12,2 sobre 21, sobre todo en temas básicos como qué es y cómo funciona la tasa de interés simple. Menos del 20% de las personas puede dar una respuesta cercana a la realidad.

Además, el comportamiento también se ha deteriorado hasta el punto en que el 62% de la población no tiene una cultura de ahorro y el 53% cubre sus gastos con deuda, a través de préstamos legales o ilegales.

De acuerdo con el informe elaborado por la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD), todos estos elementos hacen que la población del país esté más vulnerable ante varios eventos: enfrentar choques externos, como una enfermedad; cumplir metas financieras, como adquirir una casa o expandir un negocio; acceder a otros productos financieros, como seguros.

Así, por ejemplo, los seguros privados de salud o los planes de ahorro para la jubilación tienen una cobertura de menos del 20% en la sociedad ecuatoriana.

Cuatro aspectos claves

Alicia Muñoz, economista e investigadora en temas de desarrollo social, explicó que cuando se hace referencia al bienestar financiero se apunta al estado en el cual una persona puede cumplir satisfactoriamente sus obligaciones financieras actuales, puede sentirse segura acerca de su futuro financiero y es capaz de tomar decisiones que le permiten disfrutar de la vida.

La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, por unanimidad, aprobó una resolución a través de la cual aclara que el contenido del proyecto de Ley de Uso Legítimo de la Fuerza no lesiona el derecho a la protesta social, en respuesta al comunicado emitido por el Movimiento Pachakutik.

El proponente de la resolución, el legislador Rodrigo Fajardo, así como los comisionados, señalaron que es necesario leer integralmente el articulado, en el cual se respeta la protesta social pacífica y recoge los más altos estándares internacionales de derechos humanos amparados en el Sistema Universal y el Sistema Interamericano, y se basa en las recomendaciones de la Observación General 37 y el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, garantizando de manera amplia el derecho a la protesta social.

El legislador Fajardo hizo un llamado a las fuerzas políticas para actuar con responsabilidad en el debate de este proyecto de ley, ratificando su convicción democrática y plural en su tratamiento; considerando infructuoso que este proyecto regrese a la comisión para tratar algo que se ha debatido a saciedad y ha alcanzado equilibrios y consensos indispensables.

La mayoría de comisionados coincidieron en que está Ley posibilita una acción responsable en contextos de orden público, seguridad ciudadana, privación de libertad, manifestaciones o protesta social pacífica.

Así mismo se enfatizó en que el articulado procura la seguridad y la garantía de derechos; así, el derecho a la resistencia está reconocido, y en el cuerpo normativo queda explícito el uso de armas cuando una manifestación se torna violenta, de modo que la Fuerza Pública mitigue estos actos en procura de cuidar la vida, el orden y los bienes públicos.

En otro ámbito, la comisión decidió unificar el proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal que modifica el delito de tenencia y porte de armas, con el proyecto de Ley de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública.

En cumplimiento del cronograma de trabajo aprobado para el tratamiento del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, la Comisión de Garantías Constitucionales recibirá este miércoles 8 de junio, a las 14h00, a: Fernando Alvear, director del Registro Civil; Paola Flores, secretaria de Derechos Humanos; y César Córdova, defensor del Pueblo.

También asistirá Diane Rodríguez, activista, consultora y ex asambleísta, quien presentó uno de los proyectos que se tramitan en la mesa legislativa, orientado a regular el derecho fundamental a la identidad, con énfasis en el libre desarrollo de la personalidad.

Igualmente están invitados Elizabeth Vásquez, Fundadora de Corporación Humana; Nua Fuentes Aguirre, activista y presidenta del Proyecto Transgénero; Efraín Soria, presidente de la Fundación Ecuatoriana Equidad; y Daniel Aguayo, representante de la Organización Pro-Vida.

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) resolvió, este 1 de junio, implementar en la institución la herramienta de autoevaluación IntoSAINT, considerada dentro del proyecto de “Autoevaluación de Integridad en las entidades que conforman la Función de Transparencia y Control Social”.

La herramienta IntoSAINT tiene carácter preventivo y constituye un instrumento que permite a las instituciones públicas analizar riesgos con enfoque en integridad y evaluar el nivel de madurez de sus sistemas de control interno en la materia, a fin de identificar medidas orientadas a fortalecer la gestión institucional.

En otro punto, el Pleno del CPCCS aprobó el informe jurídico sobre la Veeduría Ciudadana para vigilar el proyecto Fomento de la Producción de Cacao en fincas de socios, que forman parte de organizaciones jurídicas de la parroquia Santa Rosa de Sucumbíos, por el monto de 11.890,88 dólares, realizado en el año 2019 y ejecutado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Santa Rosa de Sucumbios, cantón Cascales, provincia de Sucumbios.

Debido a las presunciones de irregularidades que se desprenden del informe, el Pleno del CPCCS resolvió remitirlo a la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, así como también a la Contraloría General de Estado, a fin de que realicen las respectivas investigaciones, y se dé seguimiento a las actuaciones de los funcionarios del GAD parroquial de Santa Rosa de Sucumbíos. Además, se resolvió instar a la Subcoordinación Nacional de Control Social, para que conforme una Escuela de Formación Ciudadana en la parroquia de Santa Rosa de Sucumbíos.

Finalmente, el Pleno del CPCCS resolvió exhortar al presidente de la República a que se declare en emergencia al sistema de salud pública, por todas las carencias que tienen los hospitales y demás unidades médicas de la red del Ministerio de Salud Pública en el Ecuador y que esta condición jurídica le permita destinar recursos económicos para enfrentar la crisis.

Abg. Hernán Ulloa Ordóñez

Presidente del CPCCS

El Pleno de la Asamblea Nacional condenó la situación por la que atraviesa el sistema público de salud, la gestión administrativa y el manejo de los establecimientos de salud, por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Ministerio de Salud Pública.

Con 96 votos afirmativos, dos negativos, cuatro blancos y 13 abstenciones, fue aprobada la resolución de iniciativa de la legisladora Luisa González, en la que se plantea la comparecencia de la Ministra de Salud Pública, del Presidente del Consejo Directivo del IESS, de la Directora General del Servicio Nacional de Contratación Pública y del Contralor General del Estado, ante el Pleno de la Asamblea Nacional.

Asimismo, determina que luego de las comparecencias, en el plazo de 30 días, el equipo técnico de la Comisión del Derecho a la Salud deberá elaborar un informe que será enviado a la Contraloría, Fiscalía y al Consejo Nacional de Salud, para que inicien las acciones correspondientes ante la escasez de medicamentos necesarios para el tratamiento de las personas con discapacidad y con enfermedades catastróficas, raras y huérfanas, entre otros hechos.

La asambleísta Luisa González aseguró que tanto el Ministerio de Salud como el IESS, no enviaron información precisa. En tal sentido, planteó que el mismo regrese a la comisión y se incluyan los pronunciamientos de las antes mencionadas autoridades, así como del Sercop y la Contraloría, cuyas autoridades deberán comparecer.

El asambleísta Rafael Lucero, tras explicar que para la identificación del problema recorrieron todo el país, subrayó la necesidad de una fiscalización con absoluta responsabilidad, y demandó de las autoridades competentes atención urgente al sistema de salud, mismo que está “caduco y politizado”. Sobre la situación de la atención hospitalaria aseguró que detectaron una infraestructura deteriorada y hospitales saturados que no pueden atender a todos los pacientes. Además, aseveró que existen cerca de 18 millones de dólares en medicina caducada.

En el debate participaron 18 parlamentarios, quienes dieron sus criterios sobre esta problemática, y coincidieron en la gravedad de la situación que vive el sistema de salud. Expusieron los problemas que se viven en cada una de las provincias por el desabastecimiento de medicamentos, insumos, equipamiento básico, mala atención, falta de presupuesto; lo que demanda soluciones urgentes.

Previo al debate sobre los contenidos del informe, el Pleno escuchó en Comisión General a Rafael Palacios y Rogelio Valencia, presidente y procurador, respectivamente, de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer, (Apnac), quienes aseveraron que no hay concienciación sobre este padecimiento de salud para este grupo de la población, que se encuentra “muriendo” por falta de medicina para el tratamiento de alta complejidad. Finalmente, sugirieron elaborar un proyecto de Ley para la asistencia y atención integral a los niños, niñas y adolescentes con cáncer.

El Pleno de la Asamblea Nacional, en la continuación de la sesión 770, conoció el informe de la Comisión de Fiscalización y Control Político, por el cual recomienda el archivo de la solicitud de juicio político en contra del contralor subrogante, Carlos Riofrío.

Tras la lectura del informe, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, otorgó el uso de la palabra al asambleísta Pedro Velasco, quien indicó que el Pleno debería acoger el informe de la comisión y archivar el proceso; no solo porque no se demostró la existencia de la causal de juicio político, sino que el plazo para el conocimiento del informe concluyó, conforme lo dispuesto en el artículo 129 inciso tercero de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).

Luego intervinieron los legisladores Diego Esparza y Gabriela Molina, quienes manifestaron la necesidad de llamar a juicio al Contralor subrogante para que rinda cuentas al país sobre sus actos. Salvador Quishpe, por su parte, se mostró a favor del archivo del proceso, por cuanto no hay pruebas contundentes sobre el incumplimiento de funciones. Ronny Aleaga, proponente del juicio político, estableció la pertinencia de desarrollar esta interpelación, y elevó una moción para no acoger el informe de la Comisión de Fiscalización.

Con ello se sometieron a votación las dos mociones: la de Pedro Velasco, para que se acoja el informe y se archive el proceso, obtuvo 57 votos afirmativos, 62 negativos y 10 abstenciones; mientras que la moción por llamar a juicio político al Contralor, auspiciada por Ronny Aleaga, alcanzó 67 votos positivos, 49 negativos y 14 abstenciones; en ambos casos se presentó un resultado insuficiente para su aprobación.

La Comisión de Garantías Constitucionales se reunirá este viernes 3 de junio, a las 08h30, con el fin de aprobar el cronograma para el tratamiento de tres proyectos de reformas a la Ley de Gestión de Identidad y Datos Civiles.

Una de las propuestas está orientada a los ciudadanos, sobre todo de los sectores rurales, que no tienen sus inscripciones de nacimiento y que administrativamente encuentran trabas y negativas por existir disposiciones expresas en la Ley de Gestión de la Identidad; el objetivo es que cuenten con el documento identitario que les permita gozar de las garantías que les otorga el Estado.

Un segundo proyecto busca el libre desarrollo de la personalidad, sin discriminación alguna; y el tercer proyecto establece parámetros para determinar la filiación paterna, materna o ambas, en una inscripción de nacimiento, y sanciones por inobservancia de la obligación de registrar la residencia; entre otros aspectos.

Luego, los comisionados recibirán a Pablo Morales, coordinador de la Red Instituto Inter Científico América Genómica Humana, en el marco del estudio del proyecto de Código Orgánico Integral para la Protección y Garantía de los Derechos Colectivos de las Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades.

La Comisión de Fiscalización y Control Político convocó para este jueves, 2 de junio, a las 08h30, a la sesión 95, con el propósito de recibir al comandante general de la Policía, Fausto Salinas; al ministro del Interior, Patricio Carrillo; a la fiscal, Diana Salazar; y al ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, quienes informarán acerca de la presunta vinculación del ciudadano Leandro Norero Tigua con la red de corrupción hospitalaria.

Según información difundida en distintos medios, y de la versión oficial de las autoridades policiales, Leandro Norero Tigua, conocido como ‘El Patrón’, habría montado una estructura criminal y apoyado a bandas locales vinculadas con un cartel mexicano, y tendría nexos con anteriores funcionarios relacionados con hechos de corrupción en hospitales públicos de Guayaquil.

El organismo fiscalizador considera que se trata de un tema de transcendencia nacional, de allí la necesidad de que las autoridades informen acerca del operativo desarrollado para la captura de este ciudadano, y cuáles son los vínculos existentes con actos de corrupción cometidos en el sector salud.

El Comandante de Policía y los Ministros del Interior y de Gobierno informarán sobre los allanamientos realizados en tres provincias, el pasado 25 de mayo de este año, en los cuales se incautó más de siete millones de dólares.

La Fiscal General, por su parte, se referirá a los procesos penales abiertos por redes de corrupción en la salud pública en Guayaquil; a los allanamientos y captura del Leandro Norero; y a las investigaciones penales respecto de varios involucrados en las referidas redes de corrupción.