Hechos Ecuador

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, con 109 votos afirmativos y 18 abstenciones, el proyecto de reformas a Diversas Leyes para la Garantía de los Derechos Derivados del Apoyo Humanitario durante la Pandemia de Covid 19, que está orientada a garantizar los derechos de quienes trabajaron de manera presencial desde el inicio de la crisis sanitaria hasta el 19 de julio de 2021, especialmente de aquellos con funciones sanitarias o administrativas, incluidos los médicos devengantes con beca y personal rural.

A través de la normativa, se incluye una disposición general en el Código de Trabajo para que todas aquellas personas que hayan sido contratadas bajo un contrato emergente y a la fecha de entrada en vigor de esta ley, hayan superado los 90 días del período de prueba, dichos contratos tengan el carácter de indefinido.

Además, se reforma el Código Monetario y Financiero por el cual se reprograma el pago de cuotas por obligaciones con entidades del Sistema Financiero y no Financiero, que deberán efectuar acuerdos con sus clientes para reprogramar, refinanciar y suspender el cobro de cuotas impagas generadas por cualquier tipo de obligación crediticia adquirida desde el 16 de marzo de 2020 hasta diciembre de 2021.

Igualmente, se reprogramará el pago de cuotas de seguros generales, seguros de vida, asistencia médica y compañías de medicina prepagada, respecto del cobro de cuotas mensuales. Según el proyecto, los planes de medicina prepagada no podrán ser cancelados por parte de las compañías, ni podrán subir las primas cobradas ni los planes de medicina prepagada por el lapso de un año posterior a la entrada en vigor de esta ley.

Se incorpora una disposición transitoria en la Ley para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, Estabilidad y Equilibrio Fiscal, a fin que aquellos contribuyentes que solicitaron facilidades de pago e incumplieron una o más cuotas establecidas puedan cubrir el total del capital adeudado hasta diciembre de 2023.

Se agregan dos disposiciones generales en el Código Monetario y Financiero sobre la reprogramación de pago de cuotas por obligaciones con entidades, respecto de los créditos a ser concedidos a través de la banca pública, que serán otorgados en los tres años subsiguientes a la promulgación de la ley como apoyo a los emprendimientos productivos de las Mipymes, microcrédito, crédito agrícola y de economía popular y solidaria; y, la condonación de intereses de mora para los actuales deudores con entidades del sistema financiero público o privado que incluye a estos segmentos.

Debate

La legisladora Victoria Desintonio, vicepresidenta de la Comisión de Garantías Constitucionales y ponente del proyecto, recordó que miles de médicos y personal de salud quedaron a la espera de los concursos para obtener un nombramiento, sin poder acceder a los beneficios de la ley, por lo que se establece una disposición para que sean beneficiarios con un puntaje adicional en los concursos. Aseguró que existen más de 200 mil contratos emergentes en el país, sin derechos, por ello se establece una reforma al Código de Trabajo para que los contratos tengan el carácter de indefinido.

En el debate intervinieron 17 parlamentarios. Advirtieron el maltrato que han sufrido los “héroes de mandil blanco”, quienes arriesgaron su vida durante la crisis de la pandemia y laboraron en condiciones de inseguridad y sin los insumos médicos necesarios. Dijeron que la vigente Ley de Apoyo Humanitario no cumplió su fin y más bien afectó los derechos laborales del personal de salud del servicio público.

Mencionaron que uno de los aspectos importantes del proyecto es el alivio financiero para cuatro millones de familias que están en el abandono y que no tenían recursos para pagar sus deudas.

La Comisión de Biodiversidad resolvió unificar el proyecto de reformas a la Ley de Minería para regularizar la Pequeña Minería y Minería Artesanal que fue tramitado en primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, con la propuesta normativa que sobre esta materia presentó el legislador Diego Esparza.

Además definió cada uno de los pasos, con sus respectivos plazos que se cumplirán hasta lograr la aprobación del proyecto, que

será sometido a una consulta prelegislativa a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo montubio y afrodescendiente.

El proyecto busca regularizar a los pequeños mineros artesanales por parte del Estado, fomentar derecho el trabajo digno, de manera legal y permitir el pago de tributos.

Además en su estructura se incluye el censo minero que permitirá tener datos de la pequeña minería y minería artesanal, considerando que una de las problemáticas es la falta de control y regulación.

También se plantea que el Ministerio de Energía evalúe cada cuatro años las concesiones mineras y actualizará el censo de pequeña minería y minería artesanal desde los ámbitos sociales, económicos, técnicos y operacionales; y establecerá áreas libres o sujetas a reversión, y registrará a las personas que cumplan los requisitos.

El proyecto de reforma a la Ley de Minería se encuentra en estado de consulta prelegislativa y se activará una vez que el Consejo de Administración Legislativa apruebe su reglamento.

La Comisión de Justicia y Estructura del Estado inició el estudio de cinco proyectos de ley que reforman el Código General de Procesos, el Código Orgánico Integral Penal, el Código de la Democracia y de nueva Ley de la Contraloría General del Estado.

En primer lugar avocó conocimiento del proyecto de reformas al Código General de Procesos, de iniciativa del asambleísta Ferdinan Álvarez, quien en la exposición de motivos advirtió que se requiere dinamizar la normativa y adaptarla a las necesidades de los usuarios de los servicios de justicia y que la aplicación de ciertos procedimientos se ajusten a la realidad procesal del sistema judicial.

La propuesta se orienta a garantizar un sistema procedimental moderno, transparente y ágil, considerando que es fundamental contar con un sistema de justicia que consagre el principio de tutela judicial efectiva, acceso a la justicia y resolución oportuna para el desarrollo económico y social de las naciones.

La asambleísta Patricia Mendoza también propuso reformar el Código de Procesos, considerando que el impacto de la pandemia y el avance tecnológico dejó en evidencia la urgencia de acoplar instituciones a las actuales necesidades del mundo y aclarar muchos artículos en temas como la reforma de la demanda, el silencio administrativo, el procedimiento sumario y el expediente electrónico.

Luego conoció el proyecto de Ley de la Contraloría General del Estado, presentado por los legisladores Ricardo Vanegas y Gruber Zambrano. Esta propuesta tiene como objetivo regular el sistema de control administrativo de los recursos públicos, el sistema de control, fiscalización y auditoría gubernamental, las auditorías internas y externas de las entidades que componen el sector público, así como de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan o administren recursos públicos; y, el sistema de determinación de responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal.

El asambleísta Marco Troya, en cambio, propuso un proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal relacionado con las sanciones a las contravenciones de tránsito en materia penal. En la exposición de motivos, advirtió que si bien la seguridad vial constituye uno de los principales objetivos del control de tránsito y el transporte en las vías, durante los últimos años ha existido preocupación por parte de la ciudadanía en lo que se refiere a los controles que se realiza en las vías por medio de dispositivos tecnológicos. También afirmó que la proporcionalidad de la pena es un principio que debe cumplirse para evitar abusos por parte del Estado en el ejercicio de su acción punitiva.

Por último, la Comisión de Justicia avocó conocimiento del proyecto de reformas a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas para la Protección de la Representación Popular en Democracia.

La Comisión de Fiscalización y Control Político recibió la comparecencia de varias autoridades públicas, en el marco de las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción, los nexos del detenido Leandro Norero con personajes procesados por compras irregulares en hospitales de Guayaquil, los contratos para el servicio de alimentación en el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) y los procesos de compra de medicinas, bienes e insumos para la red pública de salud.

En este contexto compareció el ministro del Interior, Patricio Carrillo, quien confirmó que existen muchos hilos y muchos personajes que están relacionados con el caso de la detención de Leandro Norero, los que están en la fase de investigación. Lo fundamental no sería solo el poder sancionar los actos de corrupción en el sector público, sino que el Estado pueda recuperar los recursos perdidos. Para ello, el funcionario pidió a la Asamblea dé trámite al proyecto de Ley de Bienes Incautados, con lo cual se podrá afectar el poder económico de las organizaciones criminales.

De su lado, Pablo Ramírez, director general del SNAI, explicó el estado de los procesos de contratación de los servicios de alimentación para los centros de rehabilitación. Indicó que se ha establecido una división territorial en tres zonas para evitar que haya el monopolio de una misma empresa en la provisión de la alimentación. Informó que el proceso culminará el 13 de julio próximo, con la adjudicación del contrato a la empresa ganadora. En los últimos años, se canceló un monto cercano a los 170 millones de dólares por este servicio a la empresa La Factoría, añadió.

Más tarde compareció el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Fausto Murillo, quien se refirió al estado en que se encuentran procesos relacionados con el reparto de hospitales; red de corrupción en hospitales de Guayaquil; corrupción en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y compra de medicamentos e insumos médicos. Enfatizó que esta información es pública y consta en el sistema de consulta de procesos judiciales.

Por último, la directora del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), Sara Jijón, dijo que toda la información relacionada con los procesos de contratación del país (incluido lo atinente a la compra de medicamentos, bienes e insumos médicos) está ingresada en la página de la entidad, que es un sistema amigable, accesible a toda la ciudadanía. Actualmente constan los procedimientos de contratación especial desde enero de 2015 y cada día se alimenta la información de este portal. Aseguró que el Sercop ejerce el control de los procesos, en virtud de lo previsto en la Ley y los reglamentos vigentes.

La Comisión de Garantías Constitucionales, dentro del tratamiento del proyecto de Código para la Protección y Garantía de los Derechos de las Comunidades, Comunas, Pueblos y Nacionalidades, escuchó criterios de expertos en derechos del pueblo afroecuatoriano, así como de la Fundación Desarrollo Social Afroecuatoriana, quienes pidieron que reconozcan los derechos de este sector social que se encuentran consagrados en la Constitución e instrumentos internacionales.

Jhon Antón se refirió a los convenios e instrumentos internacionales que reconocen los derechos colectivos del pueblo afroecuatoriano. Dijo que las propuestas tienen un sesgo inclinado hacia los pueblos y nacionalidades indígenas, por lo que pidió corregir este particular y considerar los 21 derechos colectivos que la Constitución reconoce tanto para pueblos y nacionalidades indígenas como para los pueblos afroecuatoriano y montubio.

Sugirió considerar la recomendación del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial que establece que los afrodescendientes tienen derecho a la propiedad, uso conservación y protección de tierras que hayan ocupado tradicionalmente y de recursos naturales en caso de que sus modos de vida y su cultura estén vinculados a esas tierras y recursos; el derecho a la identidad cultural, a la protección de sus conocimientos tradicionales y su patrimonio cultural y artístico, el derecho a que se les consulte previamente cuando se tomen decisiones que puedan afectar sus derechos.

Por su parte, Sonia Vivero, de la Fundación de Desarrollo Social Afroecuatoriano, dijo no estar de acuerdo con los antecedentes del proyecto, porque si bien se habla con mucha precisión de la contribución del pueblo indígena, no se toma en cuenta al pueblo afroecuatoriano.

Por último, señaló que el espíritu de la propuesta deja como sensación la división de pueblos, cuando lo óptimo es integrarlos. Coincidió con Antón en el sentido que se debe respetar los derechos colectivos respecto de la libre determinación y la autodeterminación de los pueblos de conformidad con los convenios e instrumentos internacionales.

En el marco del estudio del proyecto de reformas a la Ley de Gestión de Identidad y Datos Civiles, la Comisión de Garantías Constitucionales recibió criterios y observaciones de instituciones públicas, constitucionalistas, Red Latinoamericana Argentina y personas trans, quienes destacaron la importancia de actualizar la ley vigente.

Cristina Almeida, secretaria Técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, dijo que la institución promueve el respeto, el derecho de igualdad de género y no discriminación, pero que le resulta difícil levantar datos de las diversidades para transversalizar política pública y asegurar la identidad de la población de acuerdo con su género, de ahí la importancia de la normativa que analiza la Comisión.

De su lado, Verónica Cando, viceministra de Inclusión Social, solicitó cambiar la palabra menores por niñas, niños y adolescentes, a fin de garantizar los derechos de este grupo de personas en caso de inscripciones y registro. Solicitó incorporar el enfoque de género con el cambio de sexo, agregar artículos sobre los neonatos y que la inscripción de adopciones se haga con la notificación del juez.

Propuso que las inscripciones tardías de personas adultas mayores, de la calle o con discapacidad se realice a través de un procedimiento expedito, de manera ágil y gratuita, asumido por el área legal del Registro Civil.

Marcela Romero, de la Red Latinoamericana Argentina, dijo que su país reconoce los derechos de las personas trans, lo cual permitió disminuir la exclusión social, el acceso a la educación, al trabajo, salud y a vivir en igualdad de género. A su criterio, Ecuador da un gran paso con las reformas a la Ley de Identidad y Datos Civiles.

Por su parte, Dayana Ávila, abogada constitucionalista, se refirió a la sentencia de la Corte Constitucional del caso de Bruno Paolo Calderón, que concluyó con una disposición a la Asamblea Nacional para que adopte medidas legislativas para garantizar el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Michael de Prada, de Fraternidad Transmasculina, señaló que este grupo de personas lucha por su visibilización. Pidió que en las reformas a la Ley de Datos Civiles se tome en cuenta el derecho a la identidad y a la intimidad. Manifestó que el género debe ser un dato público a través de un proceso administrativo sin testigos, mientras que el sexo un dato privado a través de un proceso administrativo, sin cirugías ni diagnóstico.

La asambleísta Paola Cabezas señaló que la legislación comparada es de ayuda para estructurar las reformas que se requieren en materia de identidad y datos civiles, sobre la base de la realidad de nuestro país.

El presidente del organismo legislativo, Fernando Cabascango, solicitó a los comparecientes remitan sus observaciones por escrito para ser analizarlas.

La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral recibió al asambleísta Marcos Molina, a fin que exponga el sustento, alcance y objetivos del proyecto de Ley de Gestión Integral de Riesgos, Desastres, Endemia y Pandemia.

Molina señaló que el proyecto tiene como objetivo regular el Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgos y Desastres, a través de la ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias y acciones para el conocimiento y la reducción de riesgos.

Explicó que el proyecto regula la adopción de medidas sanitarias, que serán centralizadas por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, bajo los principios de manejo de crisis, mapa de riesgo y mitigación.

Ciberseguridad

Como segundo punto del orden del día la comisión avanzó en el análisis de los proyectos de ley sobre ciberseguridad. Para ello escuchó los criterios y observaciones de autoridades de los Ministerios del Interior y de Telecomunicaciones.

Andrés Dávila, coordinador General de Tecnología del Ministerio del Interior, señaló que es necesario evaluar el tema desde el nivel cibernético. Dio a conocer que en la nueva estructura del ministerio consta una unidad que se encargará de estos aspectos.

El delegado del Ministerio de Telecomunicaciones, Fabián Íñiguez, dijo que el Ecuador está alerta por los sucesos que se dieron en el año 2021 y que en este marco la estrategia de ciberseguridad trabaja en la gestión de riesgos y resiliencia, el liderazgo y la responsabilidad compartida.

El asambleísta Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Seguridad, solicito a los comparecientes enviar por escrito las observaciones, a fin de considerarlas al momento de elaborar el informe para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional.

Este jueves 16 de junio de 2022, la Asamblea Nacional llevará a cabo una nueva sesión plenaria, convocada por el presidente de la Legislatura, Virgilio Saquicela Espinoza, para tratar en primer debate el proyecto de Ley de Creación de la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales.

El informe para primer debate fue elaborado por la Comisión de Educación. El proyecto propone crear la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales para que cubra la necesidad de formar profesionales que desarrollen el conocimiento en el ámbito de la seguridad integral, mismos que serán parte de los organismos de seguridad ciudadana.

El texto prevé que la universidad inicie sus actividades con tres carreras: Licenciatura en Investigación Criminal y Forense; Licenciatura en Gestión de Seguridad Ciudadana; y, Licenciatura en Inteligencia Estratégica y Prospectiva. Además, para su financiamiento participará en la distribución del Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (FOPEDEUPO).

En otro orden, el Pleno del Parlamento tratará de manera reservada el informe sobre la actual realidad y todos los precedentes económicos y jurídicos del Banco del Pacífico y perspectivas financieras.

Por el delito de muerte culposa, Fiscalía formuló cargos contra Edwin David B., presunto responsable del siniestro de tránsito que dejó veintiocho aspirantes a Policía heridos y un fallecido. El hecho ocurrió la mañana de este domingo 12 de junio en Latacunga.

En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal Maricela Yánez solicitó –de manera fundamentada– la prisión preventiva para el procesado, mismo que fue acogido por el juez Marcelo Palomo, de la Unidad Judicial Penal de Latacunga, quien también dispuso la prohibición de enajenar el vehículo causante del hecho.

Entre los elementos de convicción presentados por Fiscalía, se incluyen: versiones de las víctimas, el informe de autopsia, los informes de reconocimiento médico-legales de los heridos, el informe de reconocimiento técnico del lugar y la pericia técnico mecánica de los vehículos involucrados en el accidente de tránsito, entre otros.

La instrucción fiscal durará treinta días.

Según las primeras investigaciones, Edwin David B. conducía a exceso de velocidad una camioneta que atropelló a los aspirantes a agentes, impactó a un camión y luego se estrelló contra una pared. A decir de varios testigos, el procesado habría intentado huir del lugar tras el incidente.

Información jurídica

Este caso se judicializa por el delito de muerte culposa, tipificado en el artículo 377, inciso segundo, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en sus numérales 1 y 5: exceso de velocidad e inobservancia de leyes, reglamentos regulaciones técnicas de las autoridades o agentes de tránsito. Por ello, el procesado podría enfrentar una pena de cinco años más agravantes.

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) resolvió convocar, para el jueves 16 de junio a las 10:00, a la audiencia pública de impugnación en contra de Rosa Matilde Guerrero Murgueytio, postulante para el cargo de titular de la Superintendencia de Bancos.

La decisión se tomó este 10 de junio, después de aprobar el informe técnico sobre las impugnaciones presentadas en contra de los postulantes de la terna remitida por el Ejecutivo, para la designación de la primera autoridad de la Superintendencia de Bancos.

El informe señala que se recibieron tres impugnaciones en contra de la postulante Rosa Matilde Guerrero Murgueytio, las que fueron analizadas por la Comisión Técnica de apoyo. Del estudio realizado, se recomendó al Pleno del CPCCS admitir únicamente la presentada por el ciudadano Diego Fernando Trujillo, pues cumple con todos los requisitos reglamentarios. Las impugnaciones presentadas por los ciudadanos David Mogrovejo y Andrés Arauz no cumplieron con los requisitos establecidos en la normativa.

Se realizará la debida notificación a las partes para que se presenten en el día y hora señalados para la audiencia, en la que el impugnante presentará sus argumentos y la postulante ejercerá su derecho a la defensa. Posteriormente, el Pleno del CPCCS resolverá en única y definitiva instancia sobre la impugnación; en caso de ser aceptada, la candidata será descalificada del proceso, en el caso contrario pasará a la siguiente etapa, que consiste en que los postulantes presenten su plan de trabajo ante el Pleno del Consejo, durante una sesión que será transmitida en vivo.

Abg. Hernán Ulloa Ordóñez

Presidente del CPCCS