En cumplimiento del calendario para las elecciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), este viernes 17 de junio el Consejo Nacional Electoral (CNE) publicó en su portal web www.cne.gob.ec  el listado con las 191 postulaciones receptadas para las candidaturas al CPCCS.

La ciudadanía y las organizaciones sociales podrán presentar denuncias en contra de las postulaciones, sobre el incumplimiento de los requisitos o las prohibiciones e inhabilidades en las que estos hayan incurrido.

Las denuncias se receptarán desde el 19 hasta el 22 de junio del 2022 a través de la Secretaría General del CNE, en las Secretarías de la 24 Delegaciones Provinciales Electorales o en las Oficinas Consulares del Ecuador en el exterior.

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La Comisión de Fiscalización y Control Político recibió a Fausto Murillo, Maribel Barreno y Juan José Morillo, presidente y vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), con el propósito de analizar las implicaciones del audio en el cual, supuestamente, intervienen dos de los miembros de la referida entidad, con el propósito de obtener una respuesta favorable a la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, en una acción de protección para recuperar su cargo.

El titular del CJ, Fausto Murillo, subrayó que este órgano de gobierno de la Función Judicial de ninguna manera incide o pretende incidir en las decisiones en materia jurisdiccional. “Somos respetuosos de la independencia de la justicia y ejercemos las funciones de administración y control disciplinario”, enfatizó.

De su lado, Maribel Barreno dijo que acudió a la reunión agendada con anterioridad para atender requerimientos de carácter administrativo, como la celebración del bicentenario de la Función Judicial, pues jamás se ha interferido en la acción de los jueces. Fue una sesión de trabajo y nadie de los presentes consintió en la grabación de esa reunión, agregó.

Mientras, el vocal José Morillo restó validez jurídica y probatoria a la grabación que habría sido obtenida de manera inconstitucional, ilegal e ilegítima. Se trataría, además, de un audio fragmentado y decontextualizado. “Siempre he defendido la independencia interna y externa de la justicia, como manda el Código Orgánico de la Función Judicial”.

Los comparecientes indicaron que, al momento, se lleva a cabo la investigación de este tema por parte de la Fiscalía General del Estado, que deberá determinar la autenticidad, originalidad, integralidad y legalidad del audio en referencia.

Varios asambleístas miembros del organismo y otros que pidieron participar de esta sesión coincidieron en que el contenido del audio filtrado por un medio de comunicación no evidencia que se hable de temas eminentemente administrativos de la Función Judicial, ya que se alude específicamente a hechos relacionados con decisiones adoptadas por la Asamblea Nacional, en el marco de sus competencias, hecho que constituiría un claro afán de intromisión.

Cumplidas las intervenciones de los comparecientes y las preguntas de los miembros de la comisión, el organismo suspendió la sesión y quedó abierta la posibilidad de solicitar nuevos testimonios dentro de este proceso de control político.

El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, en su comparecencia ante la Comisión de Garantías Constitucionales, afirmó que el régimen está dispuesto a que la Asamblea Nacional intermedie en este proceso de diálogo con los movimientos sociales para encontrar soluciones, considerando que se trata de temas que competen a todos los ecuatorianos.

La Comisión de Régimen Económico, en el marco del análisis del informe de labores del presidente de la República, Guillermo Lasso, recibió las comparecencias del ministro de Economía, Simón Cueva; del secretario de Planificación, Jairon Merchán; del gerente General del Banco Central, Guillermo Avellán; y, del director del Instituto Nacional de Estadística y Censos, Roberto Castillo.

El ministro Simón Cueva explicó que la economía creció el 4.2% en el 2021, lo que permitió mejorar el perfil de nuestra deuda, con plazos más largos y tasas más bajas. “No hay que perder de vista los desafíos de la economía ecuatoriana en los próximos años, manifestó el Secretario de Estado, al indicar que la inflación se mantiene en niveles controlados gracias a un manejo fiscal serio.

De su lado, el titular de la Secretaría Nacional de Planificación, Jairon Merchán, detalló el avance del Plan Nacional de Desarrollo. “El proyecto de seguimiento de desarrollo se basa en 5 ejes: económico, social, seguridad, transición económica e institucional”, explicó.

Guillermo Avellán, gerente del Banco Central, expresó que las previsiones de crecimiento dependen de los supuestos macroeconómicos, ya que el precio del barril del petróleo fue superior y permitió aumentar las exportaciones.

Roberto Castillo, director Ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística y Censos, señaló que la tasa de desempleo en mayo de 2021 se situó en el 6,3% y en abril de 2022 se encontró en 4,7%.

Para finalizar, la presidenta de la comisión, Mireya Pazmiño, agradeció las comparecencias de los representantes de las diferentes carteras de Estado.

La Asamblea Nacional, con 81 votos afirmativos, exigió del Gobierno Nacional una propuesta seria, clara y honesta de apertura al diálogo, que posibilite al país alcanzar consensos políticos, así como un adecuado uso de los mecanismos constitucionales y legales para el mantenimiento de la democracia y el ejercicio y garantía de los derechos.

La Legislatura rechazó el manejo errático de la situación social y política por parte del Gobierno Nacional que con su accionar cada vez la profundiza más, así como la actitud demostrada por parte del Ejecutivo, en su intención de burlar los sistemas de control previstos en el ordenamiento jurídico, por medio de la derogatoria del Decreto Ejecutivo No. 455, emitido el pasado 17 de junio.

Igualmente, exhorta el pronunciamiento inmediato de la Corte Constitucional con la finalidad de que, en ejercicio de su facultad de control sobre los decretos de estado de excepción, evidencie, limite y prevenga el claro y malicioso abuso de mecanismos e instituciones jurídicas extraordinarias previstas en la Constitución de la República y en el ordenamiento jurídico vigente y una eventual violación a los derechos constitucionales de los ecuatorianos.

También convocó para este martes, 21 de junio de 2022, a las 16h30, en la sede de la Asamblea Nacional, a los representantes de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, del Sistema de Naciones Unidas, Comité Internacional de Cruz Roja, un representante de las universidades públicas y privadas del Ecuador, representantes de las cámaras de comercio y producción y de otras entidades, así como a organizaciones y/o gremios de carácter nacional, a una mesa de diálogo, para proponer mecanismos de solución a los difíciles momentos que atraviesa el país.

Previamente, el Pleno debatió los efectos del estado de excepción decretado por el presidente de la República, Guillermo Lasso, el pasado viernes 17 de junio. Durante las 19 intervenciones, legisladores de distintas tendencias políticas cuestionaron la decisión del Ejecutivo de contrarrestar la protesta social con un decreto que lo único que hace es criminalizar la protesta social y, a la vez, provocar la radicalización de las movilizaciones del sector indígena, así como de otras organizaciones y colectivos sociales.

Añadieron que no se puede llamar al diálogo y, como contraparte, dictar un estado de excepción para impedir la protesta social y para allanar la Casa de la Cultura Ecuatoriana, militarizar sus instalaciones y buscar la manera de amedrentar al ciudadano que sale a las calles para pedir rectificaciones al Gobierno Nacional, que cumpla sus ofertas de campaña y que se resuelvan problemas básicos como la falta de empleo, falta de atención en los hospitales, falta de insumos y medicamentos, entre otros.

Comisión general

Al inicio de la sesión, los legisladores recibieron en comisión general a representantes de varias organizaciones, colectivos y ciudadanos, quienes se pronunciaron por la revocatoria del estado de excepción decretado por el Presidente de la República el pasado viernes, 17 de junio. Así, por ejemplo, Viviana Idrovo, defensora de derechos humanos, aseguró que existen resultados nefastos de la represión a las marchas sociales, incluyendo una persona fallecida y más de 70 detenidos.

Darly Rayo Quiñónez, de los trabajadores de la salud, respaldó la protesta social en demanda de presupuesto para el sector social, al igual que Pablo Rodríguez, representante estudiantil de la Universidad Central, quien consideró legítimo el derecho a protestar en demanda de mejores condiciones de vida para las familias ecuatorianas.

Con el fin de determinar el listado de los delegados de la ciudadanía a las Comisiones Ciudadanas de Selección que se encargarán de realizar la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) realizará un sorteo público entre los treinta postulantes mejor calificados, una vez que en la Sesión Extraordinaria Nro.25, se definió la lista de los 15 hombres y 15 mujeres que pasan a la siguiente fase.

A través del sorteo público, que se realizará con la presencia de un Notario, se seleccionará a los 10 delegados de la ciudadanía (5 principales y 5 suplentes) para cada Comisión Ciudadana, que pasarán a la fase de impugnación. El sorteo se transmitirá en tiempo real a través de la plataforma digital del CPCCS.

Una vez publicados los resultados del sorteo público y las hojas de vida de los postulantes, tanto de los representantes ciudadanos, como de los delegados de las Funciones del Estado, la ciudadanía podrá presentar impugnaciones, cuando se considere que las candidaturas no cumplen con los requisitos legales, por falta de probidad o idoneidad, por estar incursos en alguna de las prohibiciones, o si hubieren omitido información relevante para postular al cargo.

El Pleno del CPCCS calificará las impugnaciones y, en el caso de aquellas aceptadas a trámite, se notificará a los postulantes impugnados para que puedan ejercer su derecho a la defensa y presentar las pruebas de descargo en una Audiencia Pública. Asimismo, se notificará al impugnante. En caso de no ser aceptada la impugnación se dispondrá en forma motivada su archivo. De ser aceptada la o el postulante será descalificado y no podrá continuar en el proceso.

La Comisión Ciudadana de Selección se conformará de manera paritaria entre mujeres y hombres a través de un nuevo sorteo público para definir el orden de alternancia, la principalidad y suplencia de los Comisionados.

Abg. Hernán Ulloa Ordóñez

Presidente del CPCCS

La Comisión de Régimen Económico escuchó a los economistas Alberto Acosta y Roberto Rosero, al académico Juan Manuel García y al ciudadano José Hidalgo, quienes expusieron sus puntos de vista respecto del informe de gestión del presidente de la República, Guillermo Lasso.

Alberto Acosta señaló que si bien la economía del país se está reactivando, todavía no retoma los niveles de años pasados, por tanto, hay que mejorar el entorno para la inversión privada y activar mecanismos para destrabar la inversión pública.

Dijo que debe existir una reingeniería estatal que priorice el gasto público en salud, educación, seguridad-justicia, reduciendo lo demás. Debe haber calidad en el gasto y transparencia que va asociado a la rendición de cuentas, subrayó al destacar que para impulsar la inversión pública se requiere un cambio normativo para viabilizar alianzas público-privadas y despertar la inversión en infraestructura y ampliación de servicios públicos usando capitales privados.

Para impulsar la competitividad se requiere declarar la guerra al trámite; abrir mercados para nuestros productos a través de acuerdos comerciales; internacionalizar a la banca para atraer la competencia internacional y lograr crédito más barato; adaptar la legislación laboral a las mejores prácticas internacionales; y, revisar el sistema tributario para volverlo competitivo en la región, subrayó.

De su lado el ciudadano, José Hidalgo, expuso que el PIB en la segunda mitad del 2021 siguió siendo pequeño en comparación con el del 2019 y que en el caso de la inversión hubo una recuperación modesta. Señaló que el Gobierno puso énfasis en el proceso de vacunación, lo que permitió crecer a sectores como el turismo y transporte.

Precisó que la reactivación económica no ha estado acompañada de un crecimiento en el empleo, mientras que la producción de petróleo ha mostrado un leve repunte, pero se ha mostrado más baja que en años anteriores. El gasto fiscal se mantiene en niveles bajos, agregó.

De su lado, el catedrático Juan Manuel García, decano de la Facultad de Emprendimiento, Negocios y Economía de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, indicó que el primer año de gobierno se han desarrollado políticas económicas de tipo cualitativo que pretenden introducir cambios estructurales para poner en orden la economía del Estado y que en lo macro consiguió una reducción del desempleo, aumento de empleo adecuado, crecimiento del PIB, reducción del déficit fiscal e incentivo del acceso a crédito.

Comentó que fue un error disminuir en más de un 64% las deducciones tributarias y que es necesario establecer programas de cultura financiera y económica para que el ecuatoriano entienda lo que sucede cuando tiene subsidios eternos.

Por su parte, Roberto Rosero, discrepó con los criterios vertidos por Juan Manuel García en el tema de política pública, en cuanto a crecimiento económico de Ecuador. Es evidente que el sector de la construcción no tiene ninguna reactivación económica, cada vez más se aumenta la pobreza en el área rural, que no ha sido beneficiado con políticas públicas, situación que ha provocado las movilizaciones.

Es evidente la deuda social y en este momento dramático debe tener una prioridad dentro del Gobierno y establecer una política fiscal amplia, precisó.

La Comisión de Desarrollo Económico, presidida por Daniel Noboa Azín, decidió unificar los proyectos de Ley Orgánica Derogatoria del Decreto-Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia Covid19, presentados por los asambleístas Viviana Veloz; y, Bertha Sánchez, Ángel Maita y Salvador Quishpe.

Los miembros de la mesa legislativa coincidieron en que la unificación de ambas iniciativas legales facilitará su análisis y tratamiento, ya que versan sobre la misma materia, y la Comisión, en el marco del estudio de la propuesta de la asambleísta Viviana Veloz, ya ha recibido las observaciones y sugerencias de distintas autoridades gubernamentales, expertos y representantes de organizaciones civiles.

El legislador John Vinueza sugirió a la comisión analizar el Decreto-Ley vigente por partes, con el objeto de conservar los artículos que beneficien a la ciudadanía, y derogar o reformar los artículos que requieran mejoras.

Por su parte, Wilma Andrade, vicepresidenta de la comisión, recordó que los proyectos presentados proponen la derogatoria total de la ley, y que el Ejecutivo tiene la posibilidad de vetar parcial o totalmente la propuesta que salga de la Legislatura.

Como se recuerda, el Decreto – Ley para el Desarrollo Económico y la Sostenibilidad Fiscal Covid 19 entró en vigencia el 29 de noviembre de 2021, y consta de 207 artículos que reforman el Código Orgánico Monetario y Financiero, la Ley que crea el Servicio de Rentas Internas, el Código Tributario, la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, la Ley de Hidrocarburos, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, y el Código de Producción, Comercio e Inversiones, entre otros cuerpos legales.

El Pleno de la Asamblea Nacional, con 75 votos, rechazó las pretensiones intervencionistas contenidas en la Ley DAV 222083 aprobada por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos de América.

También condenó la posición del presidente de la República, Guillermo Lasso y del canciller, Juan Carlos Holguín, que “atenta gravemente la soberanía nacional”. Además expresó la firme decisión de precautelar el mandato previsto en el artículo 3 numeral 2 de la Constitución de la República, que dispone como deber primordial del Estado garantizar y defender la soberanía nacional.

El proponente de la resolución, el asambleísta Ricardo Ulcuango, recordó que la Constitución garantiza y defiende la soberanía nacional. Enfatizó que los hechos legislativos que provienen del Senado de Estados Unidos representan una grave amenaza a la paz, a la democracia y a la soberanía nacional.

“La Ley de Asociación Estratégica Ecuador-Estados Unidos de 2022, constituiría un tutelaje sobre las tres funciones del Estado”, aseguró el legislador al señalar que no necesariamente sería de cooperación sino de injerencia en las políticas públicas.

El asambleísta Joel Abad cuestionó la existencia de la regulación recientemente aprobada con el apoyo de varios sectores, mientras que la legisladora Victoria Desintonio señaló que el proyecto que se aprobaría en el Senado norteamericano en los próximos meses busca su aplicación en el país sin el pronunciamiento previo de la Asamblea Nacional, lo cual constituye una grave violación a la soberanía de nuestro país.

La Asamblea Nacional, con 95 votos afirmativos, exhortó a la Función Judicial a que esté vigilante de las actuaciones de detención arbitraria de personas y en los casos que se determine que existen violaciones a los derechos y principios determinados en la Constitución y la ley proceda de acuerdo con la normativa vigente, considerando que el derecho a la resistencia está garantizado en el artículo 98 de la Constitución de la República.

Así mismo, exhortó a los miembros de la Función Judicial a que cuando se determinen violaciones de derechos en la protesta pacifica, mediante sus decisiones, dejen constancia de que ha existido ilegalidad y arbitrariedad en las detenciones de manifestantes y dirigentes, con la finalidad de que puedan hacer prevalecer sus derechos, de acuerdo con estándares internacionales.

La resolución exhorta a las personas que ejerzan su derecho a la protesta dentro de los limites establecidos en la Constitución y la ley, sin menoscabar otros derechos consagrados en la norma suprema.

Igualmente, rechaza la violencia y represión por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en el contexto de la protesta social pacífica.

Finalmente, exhortó al Gobierno Central a que viabilice, de forma urgente, las propuestas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y de otros sectores sociales y productivos, con la finalidad de encontrar de forma oportuna la paz y la armonía social, con justicia para todos los ecuatorianos.

El proponente de la resolución, Salvador Quishpe, recordó que la Constitución reconoce y garantiza el derecho a la resistencia de los pueblos del Ecuador, porque la protesta es la única manera de hacer escuchar su voz, habida cuenta que el pueblo ya ha esperado un año y no ha tenido respuesta del Gobierno.

La propuesta de resolución generó la participación de 17 asambleístas de distintas bancadas, quienes se mostraron partidarios de profundizar el diálogo para buscar las mejores soluciones a las demandas de las organizaciones sociales; que se inyecten recursos en la economía, porque la inversión pública es el motor del desarrollo; que se liberen a los detenidos injustamente, y que cese la persecución así como la represión a los líderes sociales.

Igualmente, hubo voces orientadas a solicitar que la gente vuelva al trabajo y no se paralicen las actividades, cuando el país recién empieza la reactivación económica, tras la pandemia por Covid 19. Es hora de mantener la unidad para defender los derechos del pueblo ecuatoriano, dijeron.