La Comisión de Garantías Constitucionales avanzará este miércoles, a as 11h00 en el análisis de las reformas a la Ley de Gestión de Identidad y Datos Civiles. Para ello, invitó a las ministras de Salud, Ximena Garzón y de Educación, María Brown.

La mesa legislativa estructura el informe para primer debate con la participación de instituciones públicas y sectores vinculados a la materia. Por ello, también convocó a Amparo Medina, representante de la Organización Pro vida y a las activistas Nathaly Yépez, Rashell Erazo y Paulina Izurieta.

La Comisión unificó tres proyectos de ley de iniciativa legislativa. Una propuesta tiene como objetivo permitir que los ciudadanos, sobre todo de los sectores rurales, que no tienen sus inscripciones de nacimiento y que administrativamente encuentran trabas y negativas, cuenten con el documento de identificación que les permita gozar de las garantías que les otorga el Estado.

Un segundo proyecto busca el libre desarrollo de la personalidad, sin discriminación alguna; y, el tercer proyecto establece parámetros para determinar la filiación paterna, materna o ambas, en una inscripción de nacimiento y sanciones por inobservancia de la obligación de registrar la residencia, entre otros aspectos.

Agregó que en el futuro se acentuará la fragilidad del Gobierno, más allá del declive que registra en su aceptación

Juan Manuel Fuertes, exsubsecretario de Gobernabilidad, destacó que la respuesta de la Asamblea Nacional al artículo 130 que prevé la destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso, es política y no jurídica, por lo que ciertos sectores no la apoyan debido a que no están preparados para enfrentar elecciones anticipadas: “Esto les encuentra sin ponerse la pantaloneta, camiseta y zapatos de entrenamiento, y tienen que saltar directo a la cancha”.

Contrario a ello, dijo, el correísmo tiene mejores condiciones para afrontar una elección anticipada y por ello desde el punto de vista orgánico algunas organizaciones políticas prefieren respaldar la estabilidad del Gobierno. También reconoció que hay un ancho espacio de independientes que se juegan con otro tipo de intereses, pues muchos de ellos son conscientes que no regresarían a la gestión pública por voto popular: “Estos días deben ser frenéticos para conseguir votos de lado y lado”.

Para el exfuncionario, en el futuro se acentuará la fragilidad del Gobierno, más allá del declive que registra en su aceptación y en ese marco, puntualizó que todo dependerá de la capacidad de reinversión desde la autocrítica y reflexión: “A fin de enrumbarse dentro de lo posible a ser un régimen de transición, porque los grandes objetivos que se hizo inicialmente me parece que son difíciles de conseguir”.

Manifestó que como todo régimen, Lasso tiene su equipo político que está por encima del Ministro de Gobierno, pues incluso se puede prescindir de este último, pero no de sus consejeros que contribuyen en la toma de decisiones: “Hay debilidad en el Gobierno en ese ámbito”.

En todo caso, puntualizó que tras el diálogo el Gobierno queda en una situación de fragilidad particularmente desde el punto de vista político, pero también subrayó que puede ser una oportunidad para un reseteo e reinversión que permita incorporar nuevas visiones para el ejercicio gubernamental.

Entre 2005 y 2020, más de 104.100 niños fueron asesinados o mutilados; más de 93.000, reclutados; y al menos 25.700 niños fueron secuestrados en conflictos en África, Asia, Oriente Medio y América Latina, dijo este martes UNICEF en un nuevo informe.

Pese a la magnitud de las cifras, se cree que son solo una fracción de las reales, ya que “las limitaciones de acceso y seguridad, y la vergüenza, el dolor y el miedo que sufren los niños y sus familias” hacen muy difícil obtener los datos.

"Este informe expone con la mayor crudeza posible el fracaso del mundo a la hora de proteger a sus niños de las violaciones graves en tiempos de conflicto armado", dijo la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell.

Las partes en conflicto han violado, casado a la fuerza, explotado sexualmente y cometido otras formas graves de violencia sexual contra al menos 14.200 niños. Además, las Naciones Unidas han verificado más de 13.900 ataques contra escuelas y hospitales y no menos de 14.900 incidentes en los que se ha denegado el acceso humanitario a los niños.

Basado en dieciséis años de datos del Informe Anual del Secretario General sobre los Niños y los Conflictos Armados, el reporte de UNICEF muestra que la violencia contra los niños ha aumentado gradualmente desde 2005, superando los 20.000 incidentes en un año por primera vez en 2014 y alcanzando los 26.425 en 2020. Entre 2016 y 2020, hubo más de 71 violaciones diarias, lo que, según UNICEF, demuestra “el dramático impacto que los conflictos armados -y las crisis de protección cada vez más complejas y prolongadas- tienen sobre los niños”.

El número cada vez mayor de actores armados no estatales, los nuevos medios y métodos de guerra, el uso de artefactos explosivos improvisados y otras armas, especialmente en zonas pobladas, son sólo algunos de los muchos factores que contribuyen a que haya “desafíos sin precedentes” para proteger a los pequeños atrapados en conflictos armados.

Que cada vez se verifiquen más violaciones también pone de manifiesto “la creciente solidez del mecanismo de supervisión y presentación de informes a lo largo de los años”, señala la agencia.

"UNICEF y nuestros aliados no vacilarán en nuestro trabajo para prevenir las violaciones graves contra los niños", dijo Russell. "Con más niños afectados por los conflictos, la violencia y las crisis ahora que en cualquier momento desde la Segunda Guerra Mundial, este trabajo nunca ha sido más urgente".

Afganistán, el conflicto más mortífero para los niños

Entre 2016 y 2020, el 82% de todas las víctimas infantiles verificadas -o unos 41.900 niños- se produjeron en cinco conflictos: Afganistán (30%), Israel y el Estado de Palestina (14%), Siria (13%), Yemen (13%) y Somalia (9%).

Los niños de entornos más pobres y los refugiados, desplazados internos e indígenas, entre otros, siguen corriendo un mayor riesgo de sufrir violaciones graves.

Sólo en 2020, las armas y los restos de explosivos fueron responsables de al menos el 47% de todas las víctimas, con más de 3900 niños muertos y mutilados.

Los ministros de Interior, Patricio Carrillo y de Defensa Nacional, Luis Lara, informaron al Pleno de la Asamblea los operativos desarrollados para contener las manifestaciones, en el marco del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) y otras organizaciones sociales, que inicio el pasado 13 de junio.

Patricio Carrillo explicó que se trataron de operativos para repeler las acciones de violencia que se presentaron en el paro. Aseguró que se cumplieron todos los protocolos previstos en la legislación nacional y la normativa de derechos humanos, con el uso legítimo, progresivo, necesario y humano de la fuerza.

Negó que la Policía haya utilizado armamento letal ni armas con perdigones que no existen en el rastrillo de la institución. Por ello, dijo, fue el primer funcionario que solicitó a la Fiscalía que investigue el uso de este tipo de materiales durante las protestas.

Recordó que la protesta pacífica es un derecho y la Policía respetó en todo momento a los manifestantes. Sin embargo, hubo casos en los cuales las marchas derivaron en hechos vandálicos que generaron pérdidas económicas, la vulneración de bienes públicos y privados, el secuestro de servidores policiales, la suspensión de servicios públicos, entre otros efectos nocivos para el país.

De su lado, el ministro de Defensa, Luis Lara, afirmó que actuaron sobre la base de lo dispuesto en la Constitución, la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos para proteger a los ecuatorianos, defender sus vidas y propiedades de las acciones ejercidas por los violentos. Añadió que no se usó armamento letal y, en todo momento, se protegieron los derechos humanos.

Expresó su preocupación por el crecimiento de la violencia que coincide con el brutal ataque del narcotráfico y el crimen organizado. Añadió que, en ningún momento, se intentó criminalizar a quienes están ejerciendo su derecho a la protesta social.

En el debate, en el cual participaron 22 asambleístas, hubo voces de rechazo a lo que llamaron una “brutal represión” a la protesta social, que dejó decenas de heridos, cinco fallecidos y personas desaparecidas, efectos más graves que los registrados en las movilizaciones de octubre de 2019.

Así mismo, criticaron el hecho que los ministros se burlaron de la Asamblea al abandonar la sesión, cuando por mandato de la resolución aprobada por el Pleno debían permanecer en la sala virtual para escuchar y responder a las inquietudes de los legisladores.

Igualmente, se anunció la posibilidad de proponer un enjuiciamiento político en contra de los secretarios de Estado de las carteras del Interior y de Defensa Nacional, por haber incurrido en incumplimiento de funciones.

Tras el cierre del debate, el Pleno, con 98 votos afirmativos, dispuso que la Comisión de Garantías Constitucionales, en el proceso de fiscalización y control político de las manifestaciones iniciadas el pasado 13 de junio, incorpore el contenido de las comparecencias de los ministros del Interior, Patricio Carrillo y de Defensa Nacional, Luis Lara. La resolución, propuesta por Darwin Pereira registró, además, 10 votos negativos y 28 abstenciones.

El ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Juan Carlos Holguín, acudió a la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, con el fin de explicar el avance y tratamiento de las relaciones con la comunidad internacional.

El funcionario indicó que la política internacional en materia de defensa y seguridad se desarrolla en cumplimiento de la disposición del artículo 416 de Constitución de la República que determina que las relaciones del Ecuador con la Comunidad Internacional responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano, la solución pacífica de las controversias y los conflictos internacionales y rechazar la amenaza del uso de fuerza para resolverlos.

Mencionó que Ecuador forma parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, junto a Japón, Malta, Mozambique y Suiza, lo cual otorga a esta Secretaría de Estado una competencia directa sobre los temas de seguridad y paz a nivel mundial.

El Canciller también se refirió a la misiva remitida por miembros del Senado de Estados Unidos al Presidente de ese país en la que hacen relación a los denominados “Pandora Papers”. Aclaró que la Cámara de Representantes de Estados Unidos está integrada por 435 congresistas y la carta fue suscrita por cinco de ellos pertenecientes al Partido Demócrata.

Indicó que el presidente de la República, Guillermo Lasso, entregó a la Contraloría, con fecha 9 de noviembre de 2021 la documentación que certifica que está acreditada su candidatura y para su inscripción cumplieron todos los preceptos legales, ya que no es propietario de bienes o capitales en paraísos fiscales. Sostuvo que el 7 de diciembre de 2021 la Contraloría dispuso el archivo de esta investigación.

En este tema, el asambleísta Ricardo Ulcuango se refirió al manejo de las relaciones internacionales. Comentó que se aleja de los postulados básicos del respeto a la soberanía, independencia y transparencia, aseguró. Sostuvo que a los países considerados pequeños se les hace muy difícil mantener una política internacional independiente y deben tener las debidas distancias para cooperar sin someterse.

El legislador Carlos Falquez insistió en la necesidad de asumir un proceso de pacificación admitiendo los errores y la consecuente rectificación, tomando en cuenta que todos los ecuatorianos somos los responsables del presente y futuro del país.

La Comisión de Justicia y Estructura del Estado recibió nuevas observaciones al proyecto de reformas a la Ley Notarial, que serán consideradas para la elaboración del informe para primer debate.

Fernando Arregui, Notario 39 del Cantón Quito, señaló que el espíritu de la reforma es beneficiar al usuario final de los servicios notariales, entre ellos el trámite para la posesión efectiva. “No hace falta un detalle de los bienes, pues se concede la calidad de heredero automáticamente”, añadió. Además el jurista planteó algunas observaciones tendientes a unificar las prácticas notariales.

Jaime Acosta Holguín, Notario 28 de Quito, planteó que la Ley Notarial aborde el tema de la evaluación de los notarios, de acuerdo con la legislación actual. “Sugerimos que sea cada tres años”, precisó, mientras que el Notario 8 de Quito, Jaime Espinoza, explicó que es importante tener normas previas, claras accesibles. Además, solicitó que se precise la identificación de los usuarios telemáticos, para asegurar que los datos de los usuarios guarden el espíritu de la actividad notarial.

Violencia contra la mujer

En otro orden, acogió la moción de la legisladora Johanna Moreira para ampliar el plazo para la elaboración del informe en torno al seguimiento y evaluación de la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género.

El asambleísta Alejandro Jaramillo, presidente de la comisión, dispuso que se inicie el trámite de la solicitud de prórroga respectivo, para lo que notificarán a los órganos legislativos pertinentes.

A las 23:59 del 22 de junio, se cerró el plazo para que la ciudadanía y las organizaciones sociales presenten sus denuncias a las postulaciones de candidaturas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). En este periodo se receptaron 162 denuncias.

A continuación el órgano electoral notificará a los postulantes para que puedan ejercer su derecho de contradicción desde el 27 hasta el 30 de junio. Posteriormente se revisará que los aspirantes cumplan con los requisitos legales y reglamentarios para participar como candidatos.

Después de esta fase, se abrirán etapas de impugnación y apelación. El listado final con los candidatos calificados al CPCCS se publicará el 23 de septiembre del 2022.

Para ampliar la información contactarse con la

En cumplimiento del calendario para las elecciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), este viernes 17 de junio el Consejo Nacional Electoral (CNE) publicó en su portal web www.cne.gob.ec  el listado con las 191 postulaciones receptadas para las candidaturas al CPCCS.

La ciudadanía y las organizaciones sociales podrán presentar denuncias en contra de las postulaciones, sobre el incumplimiento de los requisitos o las prohibiciones e inhabilidades en las que estos hayan incurrido.

Las denuncias se receptarán desde el 19 hasta el 22 de junio del 2022 a través de la Secretaría General del CNE, en las Secretarías de la 24 Delegaciones Provinciales Electorales o en las Oficinas Consulares del Ecuador en el exterior.

Para ampliar la información contactarse con la

El CPCCS aprobó el informe de la Veeduría Ciudadana conformada para vigilar la ejecución de la primera etapa de la construcción del Mercado Plaza Mariscal Sucre, de la ciudad de Chunchi, provincia de Chimborazo.

En atención a las recomendaciones de la Veeduría, el Pleno insta al Gobierno Descentralizado (GAD) del cantón Chunchi, dar mayores facilidades y documentos de sustento para el proceso de Veeduría. Además, remitirá una copia completa del Informe Final al GAD de Chunchi y a la Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH), para que los veedores socialicen sus conclusiones y recomendaciones con la ciudadanía.

Adicionalmente, el Pleno aprobó la convocatoria a las siguientes Veedurías Ciudadanas para procesos de contratación a nivel nacional:

Abg. Hernán Ulloa Ordóñez

Presidente del CPCCS

Luego de la intervención de 71 legisladores de todas las bancadas legislativas el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, suspendió la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional en la que se debate la solicitud de destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, que se cumple de conformidad con las disposiciones y plazos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la Constitución de la República.

La sesión continuará el martes próximo, a las 11h00, en razón de que para mañana está convocada una nueva reunión del Pleno para recibir a los ministros del Interior, Patricio Carrillo y de Defensa Nacional, Luis Lara, según informó el Titular de la Legislatura.

Hasta el momento se cumplen cerca de 16 horas de debate, donde los parlamentarios han expuesto sus puntos de vista sobre el pedido de la bancada de UNES de iniciar el proceso de destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso. La Legislatura inició el debate de este tema, al amparo de lo que disponen los artículos 51 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) y 130, numeral 2 de la Constitución.

En la continuación de la sesión 782, efectuada este domingo 26 de junio, a partir de las 16h00, se conectaron los 137 asambleístas. Varios fueron los criterios expuestos por los legisladores, entre ellos que el mandatarios debe responder las demandas del movimiento indígena y de quienes piden que se gobierne con justicia y la necesidad de precautelar el derecho a la seguridad jurídica respetando la Constitución y la estabilidad democrática.

Reconocieron el derecho a la protesta social pacífica, pero sin violencia. Dijeron que se debe buscar el bien del país, que con este proceso no se debate la destitución del Presidente de la República, sino el destino de un país. También plantearon la necesidad de defender la democracia y la institucionalidad del país, buscar la paz y no la venganza, para no desestabilizar al país.

Advirtieron que la falta de empleo, falta de infraestructura adecuada en la educación, la inseguridad ciudadana, el alto costo de la vida son factores que motivaron las marchas en el país, donde se evidenció, odio, agresión, enfrentamientos entre hermanos, saqueos, muertes, heridos, infiltrados en la marcha indígena.