Hechos Ecuador

La Comisión Pluripartidista Ad Hoc que sustancia la denuncia presentada por la asambleísta Jhajaira Urresta en contra de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Yeseña Guamaní, conoció y aceptó las solicitudes de asambleístas que participarán en la audiencia de práctica de pruebas de cargo, descargo y alegatos que se realizará el próximo 4 de julio a las 09:00.

Según las solicitudes presentadas y previa la aceptación de las comisionadas los asambleístas Marlon Cadena, Rodrigo Fajardo, Ricardo Vanegas, Ana Belén Cordero, Wilma Andrade, Blanca Sacancela, Juan Fernando Flores, Eitel Zambrano y Vanessa Freire participarán en esta audiencia.

Además, se notificó la participación del abogado Santiago Velásquez como comisionado de la Defensoría de Pueblo para que realice las diligencias y vigilancia del cumplimiento del debido proceso y el legítimo derecho a la defensa.

La Agenda Parlamentaria Anual constituye el instrumento que, junto a los plazos y procedimientos determinados en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, guían la gestión y las prioridades en el ejercicio de las funciones del Pleno, Consejo Administración Legislativa (CAL), comisiones especializadas, grupos parlamentarios y bancadas legislativas de la Asamblea Nacional.

En ese contexto, la cuarta vocal del CAL, Johanna Moreira Córdova, solicitó al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, que se elabore y apruebe, a la brevedad posible, la Agenda Parlamentaria Anual 2022 - 2023.

La legisladora sugirió que en la construcción de la Agenda Parlamentaria se incluya la participación de los integrantes del CAL, comisiones especializadas, grupos parlamentarios y bancadas legislativas, para promover la unidad de todas las fuerzas de la Asamblea Nacional.

Además, manifestó que es fundamental la participación de los movimientos sociales que lideraron las protestas sociales pacíficas y de representantes nacionales de organizaciones agropecuarias, productivas, empresariales, sindicales, profesionales, juveniles, feministas, estudiantiles y demás actores sociales indispensables para mantener vigente un verdadero Estado democrático y participativo.

“El proceso de elaboración, seguimiento, evaluación y aprobación de la agenda, representa una oportunidad para promover la participación ciudadana en la gestión parlamentaria, puesto que permite incorporar las demandas y propuestas de la ciudadanía para la solución de los problemas nacionales; debemos sintonizar con la gente”, destacó la asambleísta Moreira, quien representa a la provincia de El Oro.

El pedido de la asambleísta Moreira se sustenta en el numeral 1 del artículo 14 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), que indica que es función del Consejo de Administración Legislativa planificar las actividades parlamentarias.

El Pleno de la Asamblea Nacional tramitó en primer debate el proyecto que reforma la Ley de Prevención, Protección y Atención Integral de las Personas que padecen Diabetes, por el cual se establece un régimen legal para garantizar las medidas de prevención y diagnóstico en todas las etapas, a través de un programa nacional de atención a la diabetes.

El presidente de la Comisión del Derecho a la Salud, autor y ponente del proyecto, Marcos Molina, subrayó que se trata de proteger, prevenir y tratar una de las enfermedades más catastróficas que tiene el pueblo ecuatoriano. Por ello, se pretende actualizar la ley vigente desde el 2004, tiempo en que la tecnología y la ciencia han progresado en su tratamiento; cambia el enfoque del tratamiento hacia un abordaje multidisciplinario con énfasis en la prevención, en especial a los grupos de atención prioritaria, comunidades, pueblos y nacionales, agregó.

Con la propuesta se busca garantizar los derechos de las personas que padecen la enfermedad de manera integral; que la diabetes no sea causa de discriminación; que no se niegue el seguro médico privado y que las instituciones de educación superior fomenten la especialización de profesionales para su tratamiento. Además asegurar el acceso, actualización e inclusión de medicamentos en el cuadro básico de medicamentos.

Análisis

El legislador Joel Abad explicó los graves daños que causa la diabetes y en la importancia de la prevención de la enfermedad, siendo necesario implementar políticas públicas de Estado.

Pedro Velasco y Wilman Trujillo coincidieron en trabajar en políticas integrales. Velasco reflexionó si es o no necesario tener una ley para cada enfermedad que son consideradas catastróficas. Sugirió analizar las disposiciones del Código de la Salud respecto a estas enfermedades. Trujillo analizó la viabilidad de una ley de manera particular. A su criterio se requiere recuperar el sentido común en la formulación de la normas, observando la integralidad.

Una ley muy importante

En este contexto, Ana Fernanda Sánchez, directora de la Casa de la Diabetes, enfatizó en la importancia de la ley y recalcó que la diabetes es un patología crónica, invasiva que ha ocasionado miles de millones de muertes.

En este sentido dijo que la ley busca optimizar la salud y calidad de vida de las personas con diabetes y de aquellas susceptibles de adquirir, así como garantizar la atención integral resumida en cuatro capítulos: al ente rector le da la posibilidad de generar un programa nacional de atención a la diabetes, en el que se aborde, la prevención, alimentación saludable, ejercicios físicos, control y salud mental.

Paul Gárate, presidente de la Alianza por la Salud, recalcó que en Ecuador una de cada 10 personas padece diabetes y muchas personas se complica con otras enfermedades. Recordó que han trabajado de manera mancomunada con instituciones públicas y privadas para impulsar el proyecto.

“Se trata de optimizar las instituciones del Estado; la intervención de los gobiernos autónomos con su apoyo solidario en el tratamiento y en la prevención es importante, como partícipe de una política pública de prevención y diagnóstico”, subrayó.

El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, cerró el debate y pidió a los legisladores entregar sus observaciones a la Comisión del Derecho a la Salud que deberá trabajar en la preparación del informe para segundo debate.

El proyecto de reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, cuyo objetivo es agregar como criterio para la distribución de recursos a los gobiernos autónomos provinciales el número de kilómetros existentes, planificados y proyectados de vías rurales correspondientes a su territorio y jurisdicción fue analizado en primer debate del Pleno de la Asamblea Nacional.

Lenin Barreto, asambleísta ponente, indicó que el proyecto, que trabajó la Comisión de Gobiernos Autónomos, constituye una normativa que permite viabilizar legalmente la enmienda a la Constitución de la República, aprobada el 17 de enero de 2021 que agrega este nuevo elemento para la distribución de los recursos presupuestarios.

Destacó que esta reforma no incrementa el presupuesto General del Estado, sino que redistribuye los recursos entre las provincias del Ecuador.

La norma determina además, que en el plazo de 90 días, el Consejo Nacional de Competencias, en coordinación con el organismo nacional de planificación y el ente rector de las finanzas públicas, actualizará las ponderaciones de los criterios constitucionales, considerando para el caso de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales el criterio correspondiente al número de kilómetros existentes, planificados y proyectados de vías rurales correspondientes al territorio y jurisdicción del gobierno provincial.

Por su parte, el legislador proponente, Byron Maldonado resaltó el trabajo realizado por la Comisión de Gobiernos Autónomos, en donde se sistematizaron las observaciones por parte de los directivos del CONGOPE, los 23 prefectos provinciales y otros expertos en la materia.

A partir del 27 de junio del 2022, quienes hayan expresado su interés en participar como candidatos en la elección de consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2023, podrán ejercer su derecho a la contradicción, en el caso de que hayan recibido denuncias ciudadanas en contra de su postulación.

Durante esta etapa –que culmina el 30 de junio próximo–, se habilitará un módulo en el Sistema de Postulación de Candidaturas al CPCCS en la página web institucional (www.cne.gob.ec). A través de este mecanismo, los ciudadanos inscritos podrán presentar sus pruebas de descargo.

Para ejercer su derecho a la contradicción, el postulante deberá llenar el formulario que se genera en el sistema, imprimirlo, firmarlo y entregarlo en las Secretarías del Consejo Nacional Electoral –CNE–  (matriz y Delegaciones Provinciales Electorales), a escala nacional o en los consulados del Ecuador en el exterior, junto con los documentos correspondientes.

Para ampliar la información contactarse con la 
Dirección Nacional de Análisis Político y Difusión Electoral

Representantes de fundaciones y colectivos sociales acudieron a la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, con el fin de exponer sus observaciones al proyecto de Ley de Acción Social y Voluntariado en el Ecuador.

Carla Morales presidenta de la Fundación “Carla Morales”, enfatizó que el país necesita una normativa que sea ágil y eficiente para facilitar el trabajo del voluntariado en beneficio de las personas de escasos recursos económicos. Sostuvo la importancia de controlar los fondos provenientes de donaciones y depósitos de personas en un ejercicio práctico de confianza y de contribución.

Sugirió que la norma reconozca la organización del voluntariado, como un llamado a la sociedad a que aporte con donaciones y, con ello, fomentar la presencia de más voluntarios y que las empresas, instituciones públicas y sociedad civil contribuyan a trabajar de forma tripartita y coordinada.

Entre tanto, Rafael Salas, presidente de la Fundación Árbol de Vida Ubuntu, expresó que el afán de una normativa es promover y dar facilidades a las personas para que puedan acceder a estos beneficios, a través de una acción positiva. Comentó que en la rendición de cuentas la palabra “donaciones” se la podría modificar con contratos u otra actividad.

Sostuvo que las instituciones y personas naturales que realizan algún tipo de voluntariado o acción social podrían tener algún beneficio tributario, para incentivar esta actividad solidaria que busca el bien común.

Jaime Mendoza, Soledad Cuesta y Katherine Valdez, del Colectivo Nueva Democracia, propusieron que en el tema derechos del voluntariado, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social genere un tipo de seguro para estas personas en caso de enfermedad o accidente, que será cubierto equitativamente entre el Estado y la organización responsable.

Al finalizar la reunión, la legisladora Rosa Belén Mayorga destacó las propuestas de los comparecientes que permitirán enriquecer el debate en el tratamiento de este proyecto, criterio que fue compartido por Nathalie Viteri, quien solicitó a los participantes que las sugerencias remitan por escrito a la comisión.

La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes recibió a la vocera de Socorristas por la Paz y a la delegada de la Coalición Social contra el Abuso Sexual a Niñas, Niños y Adolescentes, quienes se refirieron a la situación de la niñez y adolescencia en el contexto del paro nacional y cuales han sido los efectos y consecuencias.

Joyce Soto Castillo, de Socorristas por la Paz, manifestó que su grupo ha estado 18 días en territorio con personal de área de la salud como socorristas de paz para asegurar el cuidado y atención. Explicó que hasta momento en las manifestaciones han atendido a 255 personas incluyendo policías y militares.

Explicó que también brindan atención psicológica, debido a los problemas postraumáticos en niños, niñas y adolescentes. Indicó que entre 55 y 60 niños presentan problemas a causa de este fuego cruzado y las condiciones vividas. Además, aseveró que han atendido a 21 agentes del orden que presentaron problemas musculares, así como a más de 177 pacientes entre adultos, jóvenes y mujeres.

De su lado, Sara Oviedo, de la Coalición Social contra el Abuso Sexual a Niñas, Niños y Adolescentes en el Ecuador, agradeció la apertura de la comisión para explicar sobre las manifestaciones en el país. Destacó la importancia de garantizar la protección a los niños que de cualquier modo han intervenido en las acciones del paro nacional.

Advirtió que las niñas, niños y adolescentes son más vulnerables a un daño o afectación a consecuencia de las manifestaciones.

La asambleísta Pierina Correa, presidenta de la comisión, agradeció las tareas altruistas realizadas por estos grupos en la atención a los niños y solicitó que remitan el informe por escrito que servirán de insumo para el respectivo análisis.

La Comisión de Soberanía Alimentaria, con el voto unánime de sus integrantes, aprobó el informe para primer debate del proyecto de reformas a Ley de Sanidad Agropecuaria, que promoverá una efectiva coordinación del marco constitucional, legal y reglamentario para evitar el desperdicio de alimentos y coadyuvar a la consecución de la soberanía alimentaria.

El organismo designó a la vicepresidenta, Lucía Placencia, autora de la iniciativa, como ponente del informe ante el Pleno. El proyecto establece la aplicación del principio de celeridad en los procesos de elaboración de informes, aplicación de las medidas fito, zoosanitarias y de inocuidad en los alimentos y/o productos vegetales, para que los productos incautados en operativos de control del contrabando puedan ser destinados, a la brevedad posible, a bancos de alimentos y otros sistemas de atención a personas en condición de vulnerabilidad.

Para el análisis de esta normativa, la comisión propició el diálogo directo con los distintos actores relacionados directa e indirectamente con el alcance del proyecto, para lo cual procesaron y acogieron la mayor cantidad de aportes, tanto de instituciones públicas, cuanto privadas, así como de organizaciones de la sociedad civil, actores vinculados con este sector y funcionarios de los organismos de control en materia sanitaria.

En este proceso, la mesa desarrolló varias sesiones, sobre la base del levantamiento de información técnica que permitió evidenciar una problemática que, sin sacrificar las condiciones y procesos de control fito y zoosanitarios, permita generar los mecanismos idóneos de entrega ágil, oportuna y gratuita de productos y alimentos incautados o se han declarado en abandono a favor de personas que se encuentran en vulnerabilidad o inmersas en planes y programas de alimentación, sean estos de carácter público o privado.

La normativa determina acciones puntuales del Estado ecuatoriano para evitar un indebido desperdicio de alimentos o productos perecibles que son aprehendidos en operativos contra del tráfico ilegal o contrabando, los cuales se encuentran en bodegas que no cuentan con condiciones mínimas que garanticen su adecuada conservación.

El texto está compuesto por 14 artículos que, a más de la Ley de Sanidad Agropecuaria, reforman el Código de la Producción, Comercio Exterior e Inversiones y el Código de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público.

La Comisión de Régimen Económico resolvió unificar los proyectos de ley que modifican el Código Monetario y Financiero, considerando que aborda temas relacionados con la misma materia, como el acceso al crédito y la reducción de las tasas de interés, a fin de promover una reforma integral a este cuerpo normativo.

Esta resolución la tomó luego de conocer el proyecto propuesto por la asambleísta Paola Cabezas, quien plantea que la antigüedad de la información de riesgo crediticio sea de hasta tres años y que el reporte de información crediticia haga referencia únicamente a las operaciones vigentes, vencidas o canceladas del último año a la fecha de su expedición.

También sugiere que las operaciones crediticias mantenidas por personas naturales o Jurídicas en el sistema financiero público y privado que se encontraran vencidas a la fecha de vigencia de la presente ley y cuyos valores vencidos sean cancelados en el término de 120 días, no sean incluidas en el reporte crediticio ni consideradas para el cálculo del score genérico por parte del Registro o Buró de Información Crediticia que se encuentre en funcionamiento.

El legislador Blasco Luna recordó que la comisión ya unificó cinco proyecto que sobre la materia fueron presentados por los legisladores Elías Jachero, Darwin Pereira, Salvador Quishpe, Carlos Falquez y Patricia Sánchez, a los que se sumará la propuesta de Paola Cabezas, criterio que fue acogido por la mesa legislativa.

También decidió instalar mesas técnicas y sesiones en territorio, con el fin de escuchar las observaciones y propuestas de los diversos sectores relacionados con esta temática, como parte del proceso de socialización con la participación de la ciudadanía.

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) resolvió sobre el procedimiento a implementarse para resolver la consulta de los equipos técnicos de los procesos de selección de las primeras autoridades de la Contraloría General del Estado y la Defensoría Pública, aplicando el principio de celeridad e igualdad entre todos los postulantes.

La resolución establece que los postulantes del listado de los 30 mejores puntuados en los dos procesos, que no fueron beneficiados en el primer sorteo, sean sometidos a una nueva etapa de escrutinio público e impugnación ciudadana. Esto con el fin de poder realizar un sorteo entre los postulantes que superaron dicha etapa, en el caso de que falten miembros para conformar la Comisión Ciudadana de Selección. Este criterio deberá ser aplicado en todos los procesos de designación de autoridades que así lo requieran.

Tal como se había explicado en la Sesión Ordinaria Nro. 22, el Reglamento de Comisiones Ciudadanas de Selección no establece tiempos exactos y permitiría que se dilate la fase final del proceso de designación, pues fija la fase de impugnación después de que se hayan sorteado los 10 comisionados ciudadanos (5 principales y 5 suplentes). Es decir, en caso de aceptación de una impugnación, el postulante sería descalificado y para ocupar esa vacante, se debería realizar un nuevo sorteo y consecuentemente, una nueva convocatoria a impugnación ciudadana.

Esta resolución se tomó con base en las atribuciones conferidas en el Art. 7 del Reglamento de Comisiones Ciudadanas de Selección que indica que el Pleno absolverá consultas y resolverá sobre situaciones no previstas en la normativa aplicable, cuya resolución será de cumplimiento obligatorio.

Abg. Hernán Ulloa Ordóñez

Presidente del CPCCS