Hechos Ecuador

Este lunes 11 de julio el Grupo Interparlamentario de Amistad entre Ecuador e Italia mantuvo una nueva sesión de trabajo, en la que compartió información con los miembros de la contraparte italiana y analizó la propuesta de trabajo.

El asambleísta John Vinueza, presidente del grupo, enfatizó que entre los temas que tendrán prioridad en el trabajo consta en combate al narcotráfico, para lo que es importante compartir la información de los Ministerios del Interior de Italia y Ecuador.

Tras señalar que también revisarán los contenidos de la Ley de Minería, sugirió crear subcomisiones entre los senadores de los dos países, con el fin de optimizar los debates y el trabajo.

Jazmín Moyano, en representación del legislador Washington Varela, presidente de la Comisión de Biodiversidad, propuso conformar mesas técnicas para tratar temas de minería, recursos hídricos y biodiversidad. “Desde la Comisión de Biodiversidad se está construyendo un Código Integral Amazónico, además de las leyes de Minería y de Recursos Hídricos”, subrayó.

Además John Vinueza informó que existen tres puntos relevantes de la agenda interparlamentaria tendientes a generar eventos para promover acercamientos con los ministerios de los dos países para generar debates sobre temas ambientales y legislativos.

Finalmente, tras agradecer a los miembros del Grupo Interparlamentario Ecuador e Italia, anunció que en los próximos días habrá una reunión con directivos las cámaras de producción de Italia.

El asambleísta Mario Ruiz presentó el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal que tiene como objetivo ampliar la rehabilitación integral y reinserción de las personas privadas de la libertad, y mejorar el sistema de rehabilitación social en el país.

El parlamentario explicó que el proyecto crea las herramientas jurídicas para que las personas privadas de libertad tengan la opción de trabajar y producir y que para ello en los centros de rehabilitación social y en los de detención provisional se promoverán y ejecutarán planes educativos, de capacidad laboral, producción agrícola, artesanal, industrial o cualquier otra forma ocupacional, de salud mental y física, y de cultura y recreación.

Así mismo, sostuvo que el sistema tendrá como prioridad el desarrollo de las capacidades de las personas sentenciadas para ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades hasta recuperar la libertad.

Mario Ruiz expresó que este proyecto, que tiene que ver con los derechos al trabajo, a la educación y recreación de las personas privadas de la libertad, parte del análisis de los registros del universo de población carcelaria.

Resaltó que para ello se han considerado las sentencias de la Corte Constitucional relativas a varios parámetros para mejorar la situación del sistema de rehabilitación social, como es el fortalecimiento de la coordinación y cooperación interinstitucional para incorporar y reconocer las modalidades de trabajo, actividades laborales, productivas, ocupacionales y producción agrícola.

Por último, el legislador afirmó que se busca asegurar que estas personas puedan acceder a actividades ocupacionales, y de escolaridad y puedan alcanzar el bachillerato, a través de educación a distancia, entre otros aspectos.

La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral avocó conocimiento de la objeción parcial del presidente de la República, Guillermo Lasso, al proyecto de Ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza que fue aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional el pasado 7 de junio de 2022.

Durante la sesión, el Prosecretario de la comisión dio lectura a la objeción parcial que el Ejecutivo hizo a 16 artículos y 5 disposiciones reformatorias; seguidas de algunas consideraciones técnicas presentadas por el equipo asesor, para advertir vicios de inconstitucionalidad y contravenir algunos estándares internacionales en varias observaciones.

Entre las principales objeciones realizadas por el primer mandatario se encuentran temas relacionados con el uso de animales en manifestaciones; rendición de cuentas; uso de la fuerza por niveles; participación de militares en un estado de emergencia, además del de excepción; fiscalización de las acciones de Fuerzas Armadas, investigaciones luego de haber usado la fuerza; y, que los servidores regulados por esta ley no cometen infracción penal alguna en cumplimiento de su deber legal.

Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Seguridad, resaltó el trabajo realizado por la mesa legislativa. Señaló que las observaciones del Ejecutivo representan el 16% del total del proyecto. Sin embargo, subrayó que se debe hacer una análisis profundo de la propuesta presidencial, ya que se han encontrado observaciones que contravienen la Constitución de la República y permite la subjetividad en la aplicación de la fuerza.

Informó, también, que para tratar la objeción parcial contarán con los aportes de expertos en temas de seguridad y uso de la fuerza.

De acuerdo con el artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Asamblea Nacional examinará la objeción parcial dentro del plazo máximo de 30 días contados a partir de la fecha de su entrega.

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Hernán Ulloa, expuso el estado actual del proceso de designación de la primera autoridad de la Superintendencia de Bancos, ante la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional, el 6 de julio. Explicó también las acciones que se han realizado en dicho proceso, con el fin de cumplir con los parámetros de transparencia y objetividad.

Las preguntas de los asambleístas giraron en torno a un posible incumplimiento de requisitos por parte de una de las integrantes de la terna remitida por el Ejecutivo. Al respecto, el presidente Ulloa señaló que al interior del CPCCS se recibieron dos alertas ciudadanas sobre la relación del título de socióloga de la postulante Rosa Guerrero con las materias previstas en el reglamento de designación y, sobre el tiempo de experiencia profesional de la postulante Doris Padilla. Por lo que el Pleno del organismo resolvió consultar a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) sobre las alertas.

La respuesta de la SENESCYT certificó que las materias de la carrera de la postulante Rosa Guerrero coinciden en un 60% con la carrera de economía, por lo que sí se considera que son carreras relacionadas; y que el título profesional de la postulante Doris Padilla fue emitido en el año 2013, por lo que no cumple con el requisito de acreditar experiencia profesional de al menos 10 años. En ese sentido, el presidente Ulloa destacó que se acudió a la SENESCYT debido a que es la institución competente para absolver estas consultas, según la Ley Orgánica de Educación Superior.

Señaló también que el proceso de designación no ha concluido, pues se encuentra en la etapa de impugnación ciudadana, por ende el CPCCS no puede pronunciarse sobre la aptitud de los postulantes, ya que sería anticipar un criterio y, por ende, atentar contra la objetividad e imparcialidad. Acotó que corresponde continuar con la audiencia de impugnación que se encuentra pendiente, para que con base en los argumentos que se presenten se tome la resolución pertinente, y que si se llegara a aceptar la impugnación se solicitaría al presidente de la República que remita una nueva terna, como corresponde de acuerdo a la normativa.

Participaron también en la comparecencia los consejeros Sofía Almeida, David Rosero y Juan Javier Dávalos, quienes presentaron sus posturas sobre el análisis del proceso.

Abg. Hernán Ulloa Ordóñez

Presidente del CPCCS

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), con el propósito de contribuir a un óptimo desarrollo de las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) 2023, aprobó reformas a tres normativas:

Reglamento para la Selección, Conformación, Funcionamiento y Reconocimiento de Incentivos a los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV); el Reglamento de Votación Telemática en las Circunscripciones Especiales del Exterior; y, el Reglamento para la Promoción de las y los Candidatos a Consejeras y Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Además, el Pleno del órgano electoral aprobó la postulación del proyecto de inversión pública, denominado “Adquisición de equipos tecnológicos para la implementación de un centro de datos alternos para el Consejo Nacional Electoral” ante la Secretaría Nacional de Planificación, para continuar garantizando la eficiencia y transparencia en la ejecución de los comicios.

El Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica trabaja en políticas de sensibilización ciudadana sobre la conservación de ecosistemas frágiles, entre ellos, los humedales, dijo el titular de esta cartera de Estado, Galo Manrique, en su comparecencia ante la Comisión de Soberanía Alimentaria.

La autoridad acudió a la mesa para tratar sobre la situación del humedal Abras de Mantequilla, cuya conservación está a cargo del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Los Ríos, que es uno de los 18 humedales con registro Ramsar (Convenio Internacional) en Ecuador.

El Secretario de Estado explicó que en el ente rector del Ambiente su administración está a cargo de varios funcionarios, uno de ellos el responsable de la Subsecretaría de Patrimonio Natural, otro sería la Regional 5 del Ministerio.

Insistió en que lo fundamental es que el ente rector trabaja en la sensibilización ciudadana sobre los ecosistemas frágiles, a fin de tomar acciones para su conservación, considerando la importancia de los humedales por su diversidad biológica, el abastecimiento de agua y la capacidad de adaptación a los cambios climáticos.

Previamente, Oswaldo Burgos, representante de los recintos situados alrededor del humedal Abras de Mantequilla, expresó la preocupación de más de 60 recintos, de los cantones Puebloviejo, Ventanas y Mocache, por la presencia de empresas que están comprando tierras para cultivo de banano y palma africana, para lo cual están desviando los esteros, con una grave afectación a la vida silvestre de la zona. Frente a ello, requirió acciones inmediatas de las autoridades para evitar la depredación de este importante ecosistema.

Código de Soberanía Alimentaria

En la tarde de este miércoles, 6 de julio, la comisión recibió a Romelio Gualán, Fabián Calispa y José Negrete, dirigentes de la Coordinadora Nacional Campesina “Eloy Alfaro”, quienes formularon algunas observaciones y sugerencias al proyecto de Código de Soberanía Alimentaria.

Partieron su análisis desde la importancia de la agricultura campesina para la sostenibilidad de la alimentación. Por ello, consideraron necesario que la mesa debata sobre el uso de la tierra, toda vez que el minifundio ya no da más, por lo que se requiere poner límite a la tenencia de terrenos. Así mismo, dijeron que las tierras con mejor capacidad productiva están concentradas en grandes grupos económicos.

Igualmente, propusieron se tenga en cuenta la asignación de recursos para el Fondo Nacional de Tierras, porque actualmente solo existe el membrete. Sugirieron que se busque una solución a la problemática de los créditos que tienen los productores, como consecuencia de la pandemia de Covid 19, se respete la prelación del uso del agua, de conformidad con el mandato constitucional y que se establezcan mecanismos para que se respeten los precios al productor, entre otros temas.

Durante tres horas los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Hernán Ulloa, Sofía Almeida, David Rosero y Juan Dávalos informaron ante la Comisión de Transparencia los avances en el concurso de méritos y oposición para la designación de la primera autoridad de la Superintendencia de Bancos.

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, informó que el proceso se encentra en la etapa de impugnación y se lo ha realiza según los parámetros establecidos para que la persona que cumpla los perfiles profesionales y de probidad dirija la Superintendencia de Bancos.

En el caso de la postulante Rosa Matilde Guerrero, a quien se le ha denunciado que no cumple los requisitos legales, indicó que solicitaron a la SENESCYT certifique si el título de tercer nivel como licenciada en Sociología y Ciencias Políticas corresponde a las áreas afines relacionadas a economía, finanzas, administración y derecho. Admitió que si encuentran alguna irregularidad se devolverá la terna al Ejecutivo.

De su lado la consejera Sofía Almeida explicó que en el proceso no se está cumpliendo el cronograma establecido y que también se han visto irregularidades en otros concursos, opinión que fue compartida por el consejero David Rosero, quien señaló que la ley es clara al disponer que se requiere título de tercer nivel en las áreas de economía, finanzas, administración y derecho, requisito que no cumple la postulante.

Para los legisladores la terna presentada por el Gobierno no cumple los requisitos mínimos para acceder a este concurso. Advirtieron que no se ha respetado el principio de interculturalidad.

Los asambleístas expresaron que si se ha incumplido la normativa el proceso para la selección de Superintendente de Bancos debe volver a cero. Solicitaron la información de quienes conforman la Comisión Técnica para la designación del Titular de la Superintendencia, sus funciones y el tiempo que trabajan en la institución, con el fin de transparentar este proceso, evitar conflictos de interés y vigilar que se cumpla la Ley y la Constitución.

La Contraloría General del Estado, entre 2019 y 2022, ha efectuado 191 operativos de control sobre el uso honesto de los recursos públicos en el ámbito de la salud, dijo el titular de este organismo, Carlos Riofrío, en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización y Control Político. De estos procesos se han emitido 166 informes generales, en 87 casos se elevaron informes con indicios de responsabilidad penal, añadió.

Indicó que 115 procesos corresponden al Ministerio de Salud Pública, a través de 101 unidades y dependencias a nivel nacional. Los casos en estudio comprometen 651 millones de dólares, de los cuales 281 millones están en el área del ente rector de la salud y 377 millones de dólares en los procesos de contratación desarrollados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Aseguró que los operativos se ejecutaron a partir de denuncias de la ciudadanía, a través de diferentes canales, incluidas las que se presentaron en los balcones de servicios de la Contraloría, de manera telemática, en la página web institucional.

Entre los principales hallazgos de Contraloría en los referidos procesos constan: no se justificó el proceso de compra por emergencia; no se motivó adecuadamente la necesidad de realizar una contratación emergente; falta de estudios de mercado; prórroga de plazo para la entrega sin sustento técnico ni jurídico; y adjudicación sin las respectivas garantías.

Sin que este sea un justificativo para la presencia de estos fenómenos en la contratación pública, el Contralor del Estado expresó su preocupación por la excesiva rotación del personal en el sector público. En varias instituciones, por el uso y abuso de las distintas modalidades contractuales, ningún funcionario quiere hacerse cargo de la administración de uno o más contratos, para evitar involucrase en posibles irregularidades.

Al ser consultado sobre las diferencias de precios entre la contratación de un hospital y otro, tratándose de las mismas medicinas o insumos, Carlos Riofrío enfatizó que de su experiencia en la Contraloría ningún proceso es igual a otro, por consiguiente, no se puede inferir que por la sola diferencia de precios puede haber alguna irregularidad, todo depende de varios factores que deben ser analizados por las empresas contratantes, previo cumplimiento de los procesos previstos en la ley.

La Comisión de Niñez y Adolescencia avanzó en el estudio del proyecto de Código Orgánico de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (COPINNA). En la jornada de este miércoles los legisladores revisaron los articulados que tratan sobre el derecho a la identificación, derecho a la protección de víctimas de abuso sexual en exámenes médicos.

También analizaron el derecho a la prevención y protección de niños, niñas y adolescentes en condición de embarazo. En este aspecto, revisarán si las normas han considerado las sentencias expedidas por la Corte Constitucional en esta materia.

Además, conocieron los textos finales del Título II del COPINNA, en el que consta el derecho a la salud e higiene menstrual, derecho al acceso a la información adecuada, normas sobre acceso a espectáculos públicos y derecho a la educación emocional.

La presidenta de la comisión, Pierina Correa, informó que si bien estos temas se consideran también en otras leyes que se debaten en la Asamblea Nacional, estos textos son especializados para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Este código ha sido trabajado con los equipos técnicos de los legisladores junto a Unicef, para procesar las observaciones y recomendaciones, así como las sentencias de la Corte Constitucional.

La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social recibió a Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social y a Diana Apraes, directora del Registro Social, para analizar la política del Bono de Desarrollo Humano, las pensiones no contributivas, la protección y evolución de beneficiarios, y el proceso de actualización del Registro Social.

La legisladora Katiuska Miranda, quien solicitó estas comparecencias, se refirió a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano y pensiones que tienen como base el Registro Social 2014 – 2018, a la vez que aseveró que el Ministerio de Inclusión Económica y Social debe adoptar acciones para garantizar el acceso a las transferencias monetarias de los usuarios que se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza.

Explicó que, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en diciembre de 2016 la pobreza extrema en el Ecuador fue del 9% y en diciembre de 2021 llegó al 11%, mientras que en el Registro Social a diciembre de 2016 constan 1.644.117 ciudadanos pobres extremos, pero para diciembre de 2021 se contabilizaron 1.446.795, es decir, evidencia una disminución del 13%.

Al respecto, el ministro Esteban Bernal precisó que el objetivo de bonos y pensiones es la protección social para cubrir pisos mínimos de vulnerabilidades de personas y núcleos familiares en condición de pobreza y extrema pobreza.

Informó que el MIES incorporó el Programa de Transferencias Monetarias para quienes necesitan un bono o pensión por encontrarse en condición de pobreza o vulnerabilidad y que las personas que pertenecen a estos grupos prioritarios son adultos mayores, personas con discapacidad y familias con niñas, niños y adolescentes menores de 18 años.

Señaló que las trasferencias monetarias a los beneficiarios se las realiza a través del cruce mensual de datos y que la selección de usuarios (con excepción del Bono 1000 días) se realiza en función del Registro Social vigente, a fin de verificar el cumplimiento de las demás condiciones de habilitación a cada una de las transferencias monetarias, de conformidad con la normativa legal vigente.

De su lado, Diana Apraes, directora del Registro Social, sostuvo que en la base del registro constan 2.8 millones de familias, que representan más de 9.5 millones de personas. Explicó que constantemente realizan el levantamiento del registro social y verificación de los datos administrativos y procesos internos, lo que ha permitido lograr una mejor identificación de las poblaciones más vulnerables en el país.

En este sentido el asambleísta Carlos Falquez resaltó que es fundamental la asistencia y obra social por parte del Estado para las personas que se encuentran en condición de vulnerablidad.

Al finalizar, el legislador Ferdinan Álvarez, presidente de la comisión, sostuvo que estos procesos de fiscalización que realiza la mesa legislativa sirven para que la ciudadanía se sienta atendida.