Hechos Ecuador

Con 99 votos afirmativos y 10 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional dispuso que las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), y de los ministerios de Salud, y de Finanzas comparezcan ante la Comisión de Salud, en un plazo máximo de 20 días, para que informen el plan de acción y las medidas presupuestarias que adoptaron para solucionar la crisis del Sistema Nacional de Salud Pública.

Luego de un amplio análisis de la información presentada por dichas autoridades sobre la escasez de medicamentos, atención hospitalaria, convenios de pago y adquisición de insumos, los legisladores aprobaron una resolución de 6 artículos que pretende, según explicó el legislador proponente, Juan Cristóbal Lloret, “establecer responsabilidades políticas por la negligente gestión en salud y resolver los problemas de la ciudadanía”.

También advirtió presuntos incumplimientos, omisiones y desidia en la solución de los problemas que aquejan a nuestra población, lo cual podría derivar en un juicio político por incumplimiento de funciones por parte de las autoridades del Sistema Nacional de Salud y de Finanzas.

Además, exhortó la renuncia de los vocales del Consejo Directivo del IESS, ya que tampoco han adoptado las medidas correctivas y oportunas frente a la actual situación de la Seguridad Social.

Debate

En el debate intervinieron 22 asambleístas de diferentes bancadas legislativas, quienes afirmaron que miles de ciudadanos han sido afectados por la pésima gestión de las autoridades de salud. También advirtieron la necesidad de establecer un nuevo esquema para la Seguridad Social, a fin de alcanzar eficiencia y calidad en los servicios.

Señalaron que las autoridades no han dado una respuesta a la crisis que enfrenta el área de salud, misma que se ahonda por la reducción de presupuestos. También se habló de la posibilidad de llamar a juicio político a la exministra de Salud, Ximena Garzón y que la renuncia de algunas autoridades no les libra de responsabilidad por la falta de medicamentos y atención médica, despidos inhumanos y antitécnicos del personal de salud.

El Pleno de la Asamblea Nacional, con el voto unánime de los 110 asambleístas presentes, exhortó a la Defensoría del Pueblo que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 215 de la Constitución y 20 de la Ley Orgánica de la Defensoría, constituya una Comisión Especial que realice una investigación defensorial respecto de los hechos ocurridos en el Ecuador desde el 13 de junio de 2022, en el marco del paro convocado por las organizaciones sociales e indígenas.

La finalidad de esta Comisión Especial de Investigación será establecer la verdad, justicia y reparación para todas las posibles víctimas que muestran evidencias de eventuales vulneraciones a los derechos humanos y, en consecuencia, alcanzar la reconciliación nacional.

El ente legislativo recomienda al Defensor del Pueblo que la referida comisión especial se constituya con la participación de expertas y expertos independientes en representación de las organizaciones de la sociedad civil, organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, académicos, iglesias y gremios profesionales.

Dicho informe deberá ser entregado en el término de 90 días ante la ciudadanía y remitir una copia certificada a la Asamblea Nacional, para lo cual, la Institución Nacional de Derechos Humanos dispondrá las medidas administrativas, presupuestarias, de coordinación y cooperación nacional e internacional necesarias para el cumplimiento del fin propuesto.

Así mismo, exhorta a los órganos de administración de justicia para que en los procesos que se han iniciado o que se inicien como resultado de los hechos ocurridos en el paro eviten la criminalización de la protesta y garanticen el ejercicio del derecho a la resistencia contemplado en la Constitución y solicita al Defensor del Pueblo disponga la vigilancia del debido proceso judicial o administrativo en dichas causas.

La resolución dispone a la Comisión de Garantías Constitucionales haga el seguimiento respectivo para el cumplimiento de esta resolución, para lo cual realizará todas las acciones pertinentes en el marco de sus facultades e igualmente, que investigue los hechos relacionados con el paro sobre las medidas adoptadas durante las jornadas de protesta, los hechos de violencia que constituyan infracciones y los acuerdos establecidos entre el gobierno y las organizaciones indígenas y sociales, sobre lo cual elaborará un informe pormenorizado.

Esther Cuesta, proponente de la resolución, fundamentó su pedido en la necesidad de conocer la verdad de la represión durante la protesta social, hechos que constituyeron vulneración de derechos de niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas y personas adultas mayores, ataques a los centros de paz.

Durante el debate, en el cual participaron 10 asambleístas, hubo pronunciamientos en el sentido que la protesta social se produjo por la desatención del Gobierno a los sectores más pobres de país, entre ellos, las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, al amparo del derecho a la resistencia contemplado en el artículo 98 de la Constitución de la República.

Así mismo, fustigaron la intención de determinados sectores de calificar a las movilizaciones como una expresión de la violencia y el vandalismo, con el financiamiento del crimen organizado, comentarios que no se compadecen con la protesta social ejercida por sectores sociales, en demanda de sus derechos.

La crisis que enfrenta el sistema nacional de salud fue tema de debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, a donde acudieron autoridades y representantes de gremios, organizaciones sociales y colectivos ciudadanos, quienes expusieron sus puntos de vista sobre la escasez de medicamentos, atención hospitalaria, convenios de pago y adquisición de insumos.

El ministro de Economía, Simón Cueva, expuso los rubros del Presupuesto General del Estado para el sistema de salud pública, que incluye el pago de deudas pendientes. Informó la cancelación de más de dos mil millones de dólares al IESS y se prevé otro por más de US$ 2.500.

En cuanto al Ministerio de Salud, recordó que el presupuesto inicial fue de 3.132 millones de dólares, el codificado de US$ 3.260 millones, es decir hubo incremento para atender al sistema nacional de salud. Además, se dispuso 43 millones de dólares para proyectos de infraestructura en los hospitales de Manabí y Esmeraldas y US$ 130 millones para la compra de medicamentos e insumos y el pago a proveedores externos, luego de realizar las auditorías.

Luis Antonio Clavijo, vocal del Consejo directivo del IESS, recordó que las prestaciones deben garantizar el bienestar del asegurado y sus familias. Dijo que desde el 2015 realizaron un plan para robustecer el sistema de salud en cuanto a la reconstrucción de hospitales. Precisó que los gastos de esta institución sobrepasan los 2.500 millones de dólares y se evidencia un déficit en las prestaciones médicas.

Por su parte, César Rodríguez, otro de los vocales del Consejo Directivo, señaló que el Gobierno realizó un abono de US$ 140 millones de dólares para el área de salud, que ha requerido para este año un nuevo pago por 500 millones para solventar el déficit del Seguro de Salud y que se adopten las acciones para la compra de medicamentos para atender a personas con enfermedades catastróficas. Informó que una de las preocupaciones es la deuda con Solca que se acerca a los 100 millones de dólares.

Kenia Ramírez, directora general del IESS, recordó la misión fundamental de la institución y el manejo de los seguros especializados, así como la necesidad de la descentralización operativa. Mientras, Daniel Rodríguez, director del Seguro General de Salud Individual y Familiar, enfatizó que la prestación de servicios de salud está en crisis y le preocupa el desabastecimiento de medicamentos. Insistió en la necesidad que el Ministerio de Finanzas cumpla el pago de la deuda.

Javier Toledo, director del Seguro Social Campesino, señaló que existen 659 unidades médicas distribuidas en siete zonas en todas las provincias del país que dan atención de primer nivel. Cuentan con 768 médicos. Dijo que el desabastecimiento de medicamentos es a nivel nacional en toda el área de salud.

María Jijón, directora del Servicio Nacional de Contratación Pública, señaló que entre el 2018 y 2021 se han realizado 17.112 procedimientos por más de 416 millones de dólares para la compra de medicamentos a través de los distintos procedimientos por los cuatro subsistemas de salud. Pidió realizar reformas a la ley que les rige que permita alcanzar un sistema de contratación pública moderna y eficiente.

Carlos Riofrío, Contralor General del Estado, informó que la entidad realizó 187 auditorías a unidades y dependencias del Ministerio de Salud Pública y del IESS. Detalló los principales hallazgos en las fases precontractual, contractual y de ejecución, como los convenios de pago por falta de procesos. Respecto de los exámenes especiales en el sistema de salud, indicó que existen 120 informes con indicios de responsabilidad penal que han sido remitidos a la Fiscalía.

Prevenir el consumo de drogas y asegurar la rehabilitación de las personas con adicciones es uno de los objetivos del proyecto de reformas a varios cuerpos legales que presentó la legisladora Geraldine Weber, quien resaltó que con ello busca viabilizar la norma constitucional que obliga al Estado a desarrollar programas de información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas, así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos.

Este proyecto reforma las Leyes Orgánicas de Educación Intercultural, de Educación Superior, de Salud y el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público.

Tras advertir que las adicciones son un problema de salud pública, aseveró que en materia de prevención, el Estado a través del Ministerio de Educación no ha establecido en la malla curricular de las instituciones educativas materias o programas permanentes de información sobre el perjuicio que ocasionan las drogas, considerando los múltiples daños y perjuicios al organismo, a la psiquis humana, a las familias y a la sociedad en general.

La parlamentaria expresó su preocupación porque en materia de rehabilitación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos adictos el Estado apenas mantiene en atención permanente a un aproximado de quinientas personas a nivel nacional, en 12 centros públicos especializados en tratamiento a personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas, mientras que el sector privado cuenta con 39 centros, lo que resulta extremadamente insuficiente para atender a decenas de miles de ecuatorianos que necesitan para recuperar su salud e integrarse como ciudadanos activos a la sociedad y al desarrollo nacional.

Geraldine Weber aseveró que aspira enfrentar estos problemas con el proyecto que entre otros aspectos pretende implementar una materia sobre el consumo de drogas en el pénsum académico; prácticas preprofesionales en centros y clínicas de rehabilitación; carrera de tecnólogos en rehabilitación de adicciones; centros ambulatorios y de internamiento; alianzas público-privadas; profesionalización de los trabajadores de rehabilitación y asegurar el respectivo presupuesto.

Desde el 1 de julio del 2022, la Comisión Verificadora para el proceso de recepción de candidaturas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), verifica el cumplimiento de requisitos de los postulantes que buscan candidatizarse para estas dignidades.

Esta fase del calendario electoral se extenderá hasta el próximo 30 de julio e incluye la revisión de la documentación presentada, así como las denuncias ciudadanas y el derecho a la contradicción ejercido por los postulantes.

Una vez concluida esta etapa, se abrirán las fases de impugnación y apelación, antes de la publicación del listado final de candidatos calificados para integrar el CPCCS, prevista para el 23 de septiembre de 2022.

Para ampliar la información contactarse con la

En el marco de los procesos de fiscalización, la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral recibió la información del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional sobre los casos relacionados con la sustracción de armas del Cuartel Modelo de Guayaquil y la presunta captación ilegal de dinero.

Según la información remitida por el Ministerio del Interior, la denuncia relativa a la sustracción de armas se encuentra en investigación por parte de la Fiscalía General del Estado y se mantiene como información reservada.

Ante la presunta participación de miembros de la Policía Nacional en la captación ilegal de dinero en los casos denominados Big Money y Tik - Tok Grupo Renacer, explicó que se han seguido los procesos disciplinarios a seis servidores policiales a quienes se les ha iniciado sumarios administrativos por incurrir en faltas administrativas graves.

El presidente de la comisión, Ramiro Narváez, indicó que es alarmante contar con este tipo de informes, que evidencian la existencia de actos que no están apegados a la ley, a la vez que aseveró que la situación amerita una investigación pormenorizada y determinar si la Policía puede sancionar bajo sus propios elementos e investigaciones, porque este tipo de hechos no pueden quedar en la impunidad.

Se debe comprender y trabajar en herramientas para que este tipo de casos no se repitan, subrayó el legislador, al recordar que existe un proyecto de reformas al régimen disciplinario de la Policía Nacional, mismo que debe ser fortalecido.

La Comisión de Régimen Económico luego del análisis del Informe a la Nación del Presidente de la República, concluyó que solo el 40% de la información oficial está debidamente respaldada; el 30% contiene imprecisiones en las cifras y el 30% restante no se sustenta en cifras y datos de las propias instituciones gubernamentales.

Los parlamentarios contrastaron la información recabada de las autoridades respectivas, las respuestas de las entidades consultadas y la información oficial publicada por las instituciones responsables en los ejes económico, social, seguridad, producción y trabajo.

En el documento que será puesto a conocimiento del Pleno, la Comisión de Régimen Económico señala que de las 130 metas del Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno presentó solo 41 metas en el informe de gestión.

Se precisa que el Gobierno ha incumplido la disposición de presentar el informe de evaluación del Plan Nacional de Desarrollo al Consejo Nacional de Planificación para que este organismo emita la resolución correspondiente. De acuerdo con lo que informa el Secretario de Planificación no existe un Informe de Evaluación del Plan Nacional de Desarrollo para el primer año de gobierno, incumpliéndose así los artículos 24 y 39 del Código Orgánico de Planificación.

También advierte que el 31,5% de las metas del Plan Nacional de Desarrollo tiene una programación para cada año, por lo que es imposible determinar si el Gobierno está cumpliendo o no al 100% su propia planificación, es decir, no se podrá evaluar el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo en un 68,5% en los años restantes.

De conformidad con lo que dispone el Código de Planificación al no existir una evaluación del Plan Nacional de Desarrollo y no haber sido conocida por el Consejo Nacional de Planificación, es imposible determinar al momento si las metas que muestran trayectoria de incumplimiento serán modificadas, o en su defecto, el Gobierno realizará los ajustes en la política pública que permitirán su cumplimiento, según el informe.

El informe será remitido a la Presidencia de la Asamblea Nacional para que sea puesto en consideración del Pleno del Legislativo.

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), este lunes 4 de julio, resolvió negar la entrega de los formularios para la recolección de firmas de revocatoria del mandato, interpuestas en contra del Presidente de la República, debido a que los proponentes, en sus solicitudes únicamente realizaron enunciados del supuesto incumplimiento, sin adjuntar la documentación que justifique sus afirmaciones, conforme lo contempla la Ley.

Además, incumplieron con los requisitos que la Ley determina, es decir, los peticionarios comparecieron a nombre de una organización sin establecer la existencia legal de la misma, ni incluir el nombramiento que los acredite como sus representantes, por lo que no cuentan con la legitimación activa.

Por otro lado, se determinó que los aspectos del Plan de Trabajo presentado en la inscripción de candidaturas para la Presidencia de la República están programados para ejecutarse en los cuatro años de mandato.

Reiteramos que el CNE ha cumplido con los procedimientos legales y reglamentarios, así como ha garantizado el debido proceso a las partes.

Para ampliar la información contactarse con la

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), este lunes 4 de julio, resolvió negar la entrega de los formularios para la recolección de firmas de revocatoria del mandato, interpuestas en contra del Presidente de la República, debido a que los proponentes, en sus solicitudes únicamente realizaron enunciados del supuesto incumplimiento, sin adjuntar la documentación que justifique sus afirmaciones, conforme lo contempla la Ley.

Además, incumplieron con los requisitos que la Ley determina, es decir, los peticionarios comparecieron a nombre de una organización sin establecer la existencia legal de la misma, ni incluir el nombramiento que los acredite como sus representantes, por lo que no cuentan con la legitimación activa.

Por otro lado, se determinó que los aspectos del Plan de Trabajo presentado en la inscripción de candidaturas para la Presidencia de la República están programados para ejecutarse en los cuatro años de mandato.

Reiteramos que el CNE ha cumplido con los procedimientos legales y reglamentarios, así como ha garantizado el debido proceso a las partes.

Para ampliar la información contactarse con la

Tras reconocer el "fracaso colectivo" del pasado, en la declaración final de la Conferencia, los líderes mundiales pidieron este viernes más ambición para garantizar que se aborde el grave estado de los océanos, y admitieron con franqueza estar "profundamente alarmados por la emergencia global a la que se enfrenta el mar".

En la clausura, el secretario general adjunto paraj Asuntos Jurídicos, Miguel de Serpa Soares, elogió a los coanfitriones, Portugal y Kenya, por el gran éxito de la conferencia.

"[La Conferencia] nos ha dado la oportunidad de destapar cuestiones críticas y generar nuevas ideas. También ha dejado claro el trabajo que queda por hacer y la necesidad de seguir trabajando en la recuperación de nuestros océanos", dijo Serpa Soares.

Más de 6000 participantes, entre ellos 24 jefes de Estado y de Gobierno, y más de 2000 representantes de la sociedad civil asistieron a la Conferencia, abogando por acciones urgentes y concretas para hacer frente a la crisis de los océanos.

Fracaso colectivo

Reconociendo un "fracaso colectivo en la consecución de los objetivos relacionados con los océanos" hasta el momento, los líderes renovaron su compromiso (EN) de tomar medidas urgentes y cooperar a todos los niveles, para alcanzar plenamente los objetivos lo antes posible.

Entre los problemas a los que se enfrenta el Océano están la erosión de las costas, la subida del nivel del mar, el calentamiento y acidificación de las aguas, la contaminación marina, la sobreexplotación de las poblaciones de peces y la disminución de la biodiversidad marina.

La declaración reconoce también que el cambio climático es "uno de los mayores retos de nuestro tiempo", y da fe de la necesidad de "actuar con decisión y urgencia para mejorar la salud, la productividad, el uso sostenible y la resiliencia del océano y sus ecosistemas". Los altos cargos políticos reunidos en Lisboa subrayaron que las medidas innovadoras y con base científica, junto con la cooperación internacional, son esenciales para aportar las soluciones necesarias.

Tras abogar por un cambio transformador, los líderes destacaron la necesidad de abordar los efectos acumulativos del calentamiento global sobre los océanos, incluyendo la degradación de los ecosistemas y la extinción de especies.

La Comisión de Fiscalización y Control Político resolvió, por unanimidad, realizar un seguimiento al desarrollo del Plan Plurinacional para Eliminar la Discriminación Racial y la Exclusión Étnica y Cultural que tiene, entre otros componentes, la inclusión laboral acorde con la Agenda Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades 2015-2024.

El organismo consideró que es un tema de gran trascendencia, más aún cuando el país -luego de 18 días de paro nacional-, queda conmocionado por la escalada de violencia, las personas fallecidas, los cientos de heridos, y con una sociedad fracturada; con varios sectores donde se exacerbó el racismo, la discriminación y la falta de empatía con el sector campesino, que en altos porcentajes es representado por los pueblos y nacionalidades indígenas, montubios y afrodescendientes.

A fin de evaluar los avances en el cumplimiento de la referida agenda, la mesa dispuso la comparecencia de los ministros de Trabajo, de Educación, de Inclusión Económica y Social, de Cultura, de Desarrollo Urbano y Vivienda y de Finanzas, así como del Presidente del Consejo de la Judicatura y del Titular de la Secretaria Técnica del Consejo para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades.

La presencia de los funcionarios de Estado será incorporada en el cronograma de trabajo establecido por la Comisión de Fiscalización, de manera que no se alteren otros procesos de control político, investigación y la sustanciación de juicios políticos.

Comparecencia de José Morillo

En otro orden, la comisión recibió a Juan José Morillo, vocal del Consejo de la Judicatura (CJ), quien indicó que el audio difundido en un reportaje de televisión, el pasado 29 de junio, que lo involucraría con gestiones para mantener a Iván Saquicela fuera de la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia, es una grabación que no tiene valor probatorio, pues habría sido filtrado de manera ilegal y con violación a derechos garantizados en la Constitución.

Aseguró que lo preocupante es que la persona que grabó y filtró ese audio prefirió enviarlo a un medio de comunicación, cuando si consideraba que entraña el cometimiento de algún delito, debió denunciarlo en la Fiscalía.

Dijo que, aparentemente, se trata de un mismo audio, segmentado, editado, con el propósito de afectar mediáticamente la imagen y el buen nombre suyo como vocal del Consejo de la Judicatura y la del órgano administrativo de la Función Judicial. Recordó que le asiste el derecho a la presunción de inocencia y que tratándose de un tema que está en investigación, será necesario determinar la veracidad de ese audio.