Hechos Ecuador

La asambleísta Dina Farinango, vicepresidenta de la Comisión de Justicia, presentó el proyecto de reformas al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación y otros Cuerpos Normativos para la Defensa de los Pequeños y Medianos Productores.

La legisladora aseveró que esta propuesta la ha trabajado en minga con todos los actores involucrados en esta problemática para presentar hoy un proyecto reformatorio al Código Ingenios con el objetivo de parar de manera definitiva estos abusos. Se trata de una propuesta normativa para fortalecer el ejercicio de los derechos y regular de manera apropiada temas relativos a propiedad intelectual.

Explicó que el proyecto se relaciona con varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas y busca promover el crecimiento económico inclusivo y la reducción de desigualdad.

Es un proyecto de siete artículos donde proponemos que en los famosos Comités Consultivos de la Economía Social de los Conocimientos tengan representación de los pueblos y nacionalidades, para que nunca más hablen de conocimientos ancestrales sin una real participación de nosotros, enfatizó la legisladora.

Igualmente, resaltó que esta propuesta normativa brindará mejores herramientas a las autoridades, estableciendo prohibiciones en operadores para evitar que se generen entornos de competencia desleal para el sector productivo pequeño y mediano.

La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, junto a Íñigo Salvador, procurador General del Estado; Walter Sandro, director Nacional de Análisis Normativo e Incidencia en Política Pública de la Defensoría del Pueblo; Franklin Galarza, presidente de la Asociación de Municipalidades y Juan Pablo Albán, director de las Clínicas Jurídicas de la Universidad San Francisco de Quito, analizó la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza.

El asambleísta Ramiro Narváez, presidente de la comisión, expresó que es necesario construir una ley que sirva a la gente y a las instituciones, evite los excesos y brinde herramientas para proteger a la ciudadanía.

El Procurador del Estado expuso su desacuerdo con el uso de los términos asumidos con relación a las armas menos letales, porque las armas de mayor o menor grado causan daño. Sostuvo que la Asamblea para resolver el veto debe ajustarse a los estándares internacionales de derechos humanos y al texto constitucional.

Walter Sandro, director Nacional de Análisis Normativo e Incidencia en Política Pública de la Defensoría del Pueblo, sugirió ratificar el texto propuesto por la Asamblea Nacional, considerando que la rendición de cuentas es un principio transversal para mantener la transparencia en las gestiones que realiza el Estado en todos sus niveles.

Franklin Galarza, presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas puso énfasis en las limitaciones que tienen los gobiernos autónomos descentralizados por mandato constitucional, por lo que les preocupa que se los califique como órganos de control.

Juan Pablo Albán, docente y Director de las Clínicas Jurídicas de la Universidad San Francisco de Quito, señaló que el uso de la fuerza debe estar definido por la excepcionalidad, planeado y limitado proporcionalmente por parte de las autoridades cuando han fracaso todos los demás medios de control.

Como parte del acompañamiento técnico que brinda el Consejo Nacional Electoral (CNE) a las organizaciones políticas para que acaten las reformas al Código de la Democracia en la inscripción de candidaturas que participen en las Elecciones Seccionales 2023, se habilitó el Simulador Virtual por la Equidad e Inclusión. Este mecanismo tecnológico les permite verificar el cumplimiento de porcentaje de mujeres y jóvenes en sus listas de candidatos.

La herramienta cuenta con parámetros estandarizados para que los partidos y movimientos políticos calculen el número de candidaturas, cumpliendo con el 30% de mujeres encabezando las listas, así como la inclusión de aspirantes jóvenes, en un 25%, tal como se estableció en las reformas electorales, que entraron en vigencia en el 2020.

El sistema contempla cuatro áreas de simulación: prefecturas, alcaldías, concejalías urbanas y rurales, además de juntas parroquiales. Se puede acceder al Simulador Virtual por la Equidad e Inclusión a través del portal web del CNE, en el siguiente enlace:

https://simuladorcandidatos.cne.gob.ec/

Del 12 al 21 de julio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) receptará las solicitudes de las organizaciones políticas, para el acompañamiento de los procesos de Democracia Interna, que definirán las candidaturas que terciarán en los comicios del próximo 5 de febrero.

El Código de la Democracia establece que para el desarrollo de sus procesos electorales internos, las organizaciones políticas contarán con el apoyo, la asistencia técnica y la supervisión del CNE, en una o en todas las etapas de dicho procedimiento.

Según el cronograma electoral, los procesos de Elecciones Primarias se realizarán del 22 de julio al 5 de agosto de 2022. Para la definición de candidaturas, las organizaciones políticas deben cumplir con las reformas al Código de la Democracia, que establece la obligación de que el 30% de las listas de candidatos estén lideradas por mujeres y que se incluya al menos un 25% de jóvenes.

En el hemiciclo del Parlamento se analizó, en primer debate, el proyecto de reformas al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip), orientado a que los presupuestos para los sectores salud y educación sean incrementales, para lo cual la propuesta busca normar y regular el cálculo para su incremento anual, de conformidad con lo establecido en la Constitución, dijo el legislador Pabel Muñoz, ponente del informe de la Comisión de Régimen Económico.

Muñoz dio cifras de la reducción constante de los montos para estos dos sectores. Por ejemplo, para el sector salud, en el 2016 el presupuesto fue de 3.925 millones de dólares y para el 2022 de 3.402 millones de dólares, es decir, 523 millones de dólares menos. Lo mismo ocurre en el sector educación: en 2016 fue de 4.291 millones de dólares y en 2022 de 3.419 millones de dólares, es decir, 872 millones de dólares de reducción.

Añadió que a través del proyecto se establece con claridad el cumplimiento de la meta constitucional de los mínimos de las asignaciones presupuestarias de 6 % y del 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) para educación y salud, respectivamente.

Debate

En el debate, 18 asambleístas de distintas bancadas mostraron su apoyo al proyecto y destacaron las disposiciones transitorias 18 y 22 de la Constitución, respecto de la obligación del Estado para destinar recursos en forma progresiva para los sectores educación y salud.

Subrayaron que entre el 2016 y 2022, en educación hay una reducción de 872 millones de dólares, lo que significa el deterioro del sistema educativo. Caso similar sucede en el área de salud donde se reduce 523 millones de dólares entre el 2016 al 2022, pese a que la Carta Magna determina el incremento de presupuesto para los referidos sectores, que son pilares fundamentales para el progreso y desarrollo del Ecuador.

Enfatizaron en la importancia de garantizar los presupuestos incrementales anuales, así como la necesidad de realizar un análisis técnico financiero y económico. Recordaron que el Estado debe buscar medidas progresivas para el cumplimiento del mandato constitucional, más cuando el sistema de salud está colapsado.

Así mismo, consideraron que -simultáneamente- en la lucha por un mayor presupuesto para el área social se determine como eje transversal la lucha contra la corrupción.

La asambleísta Mireya Pazmiño presentó el proyecto de reformas al Código Monetario y Financiero para Impulsar la Competencia Extranjera en el Sistema Financiero Nacional, que tiene la finalidad de evitar el monopolio, reducir las tasas de interés y abrir la posibilidad que participe la banca extranjera.

Las legisladora, al sustentar su propuesta, manifestó que el mayor acceso al crédito y los bajos costos financieros (tasas de interés) constituyen factores sustanciales para el desarrollo económico y social de un país ya que facilitan la disponibilidad de recursos para la inversión, principalmente de micro, pequeños y medianos productores.

Explicó que este impulso es posible a través de una competencia entre las entidades del sistema financiero y una menor concentración en cuanto a su participación en el mercado de intermediación financiera.

Además, expuso que de la composición de los activos del sistema financiero nacional privado se encuentra un elevado porcentaje de los activos en pocas entidades bancarias, lo que se refleja en un nivel promedio de los depósitos de las entidades financieras en el Banco Central.

Finalmente, la legisladora Mireya Pazmiño expresó que esta normativa pretende generar competencia en el sistema financiero nacional para promover el ingreso de flujo de dólares a la economía del país y que con la participación de la banca extranjera se abrirá una verdadera competitividad para reducir las tasas de interés.

La Asamblea del Ecuador, a través de la legisladora Rina Campain, de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Unión Interparlamentaria (UIP), participó de la conmemoración del Día Internacional del Parlamentarismo, cita cumplida en Montevideo, Uruguay. Con esta oportunidad, la UIP desarrolló varias actividades, que incluyeron la reunión de su Comité Ejecutivo, para la edición del 288 período ordinario de sesiones.

Paralelamente, el cónclave internacional, conjuntamente con el Parlamento de Uruguay, organizó el Seminario Regional sobre Cambio Climático para los Parlamentos de América Latina y el Caribe, un diálogo crítico a nivel interparlamentario para mejorar la acción climática en la región.

Los representantes de varios países de Latinoamérica y otras latitudes tuvieron la oportunidad de compartir las mejores prácticas, experiencias y lecciones aprendidas de sus esfuerzos nacionales para abordar el cambio climático, a través de la implementación del Acuerdo de París.

“La historia de la UIP representa una esperanza y el increíble poder que tienen los países cuando trabajan juntos. Nuestros fundadores en 1889 entendieron que el diálogo y la diplomacia parlamentaria eran las formas más efectivas para resolver los desacuerdos en ese momento. Hoy, esos valores fundamentales nunca han sido más relevantes con un mundo que enfrenta la guerra, el hambre y la emergencia climática. Hoy los parlamentarios juegan un papel fundamental en la búsqueda de soluciones a estos desafíos”, aseguró Enrique Duarte Pacheco, presidente de la UIP.

Ante la Comisión de Desarrollo Económico comparecieron representantes del sector de la construcción de las provincias de El Oro y Loja, quienes aducen sentirse afectados por el Servicio de Rentas Internas. Advirtieron que se calcula de forma errónea el porcentaje de utilidades, lo que ha generado una deuda impagable con el ente de control.

Eddy Espinoza y Washington Salcedo, de la provincia de El Oro, aseguraron que el proceso que les sigue el Servicio de Rentas Internas les ha quitado el derecho a trabajar, ya que les impone una utilidad de hasta el 80%, cuando en realidad el margen de utilidad es del 5% y 6%.

Afirmaron que por esta razón han sido inhabilitados en el Sistema Nacional de Contratación Pública, a la vez que aseveraron que el ente de control realizó un cálculo antitécnico de los valores generados y no les ha dado una respuesta a sus pedidos.

Al igual que ellos, Orlando Pineda, de la provincia de Loja, recalcó que el sector constructor generaba fuentes de empleo y ahora, producto de este tipo de decisiones, se encuentran bloqueados y no pueden ser un sector productivo.

Por su parte, Danilo Muela, director de Cumplimiento Tributario del Servicio de Rentas Internas, informó el trabajo que realiza la entidad para el cálculo del porcentaje de utilidad, procesos de control que corresponden a los años 2016, 2017 y 2018, en los que se identificó diferencias en sus contratos y compras.

Afirmó que la institución ha brindado alternativas para que quienes se sienten afectados presenten la documentación pertinente para hacer una revisión del proceso.

Frente a ello, la asambleísta Johanna Moreira denunció que existen recursos de revisión ganados por los constructores y al poco tiempo son anulados. También expresó que no han recibido respuesta por parte del SRI, a pesar que por más de un año han estado realizado la gestión.

Al finalizar la reunión, la comisión decidió solicitar al Servicio de Rentas Internas la información para viabilizar soluciones a este caso y conocer otros similares en el resto de provincias.

La Comisión de Fiscalización y Control Político acogió el informe presentado por la Procuraduría General del Estado respecto al impedimento para enjuiciar políticamente al Consejo de Nacional Electoral, considerando que inició un período electoral.

El juicio político en contra de los consejeros Diana Atamaint, Enrique Pita, José Cabrera, Esthela Acero y el exconsejero Luis Verdesoto, por incumplimiento de funciones al no permitir que se verifiquen las inconsistencias presentadas en 39.000 urnas en las elecciones generales de febrero de 2021 fue presentado por los asambleístas Joel Abad y Mario Ruiz Jácome, de Pachakutik.

La asambleísta Ana Belén Cordero, después de conocer el informe presentado por el Procurador del Estado, Íñigo Salvador, propuso acoger el informe de la Procuraduría y suspender la sustanciación del proceso de solicitud del juicio, moción fue aprobada por unanimidad por los ocho asambleístas presentes.

Finalmente, el presidente de la comisión, Fernando Villavicencio, convocó a sesión para este miércoles 13 de julio, en la que se dará a conocer el pedido de juicio político en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura presentado por los asambleístas Viviana Veloz y Fausto Jarrín.

En la Comisión de Régimen Económico los asambleístas Bruno Segovia, Paola Cabezas y Vanessa Álava expusieron el contenido de los proyecto de reformas al Código Monetario y Financiero, así como el alcance del proyecto de Ley para el Refinanciamiento y Facilidades de Pago en Créditos con el Sistema Financiero y No Financiero Nacional; Entidades Emisoras de Tarjetas de Crédito y Casas Comerciales Acreditadas en el país.

En esta reunión de trabajo estuvieron presentes delegados de la Cooperativa Nuevos Horizontes, de la provincia de Loja, interesados en conocer las propuestas legales que tramitará la comisión.

María Palacios, en representación del legislador Bruno Segovia, señaló que la crisis financiera puso en evidencia la necesidad de fortalecer la supervisión a las instituciones financieras y crear un fondo para cobertura en caso de liquidación forzosa, a fin de que no sea el Estado el que asuma la carga de la crisis, ni se empleen dineros de todos los ecuatorianos. En este marco, dijo que se propone reformar los artículos 316 y 317 del Código Monetario.

Señaló que el objetivo de la propuesta es resguardar o respaldar los ahorros de las familias ecuatorianas afectadas por el denominado feriado de cooperativas. Con este fin se reforman las disposiciones relacionadas con el Fondo de Seguro de Depósitos, contenidas en el Código Monetario; y, se añade una disposición transitoria que permita, con el carácter retroactivo que recursos que han ingresado a la Cuenta Única del Tesoro Nacional pueda ser devueltos a los depositantes de las entidades financieras privadas y de la economía popular y solidaria sometidas a liquidación forzosa.

En cambio, la legisladora Paola Cabezas planteó la reforma al inciso cuarto del artículo 358 del Código Monetario para que la información de riesgo crediticio no tenga una antigüedad mayor a tres años contados a partir de la última fecha de vigencia de la operación de crédito. Precisó que los reportes de información crediticia harán referencia únicamente a las operaciones vigentes, vencidas o canceladas del último año anterior a la fecha de su expedición.

Indicó que el objetivo es establecer flexibilidad crediticia, disminuir los tiempos de registro de la central de riesgos; mejorar la calificación de riesgos y recuperar cartera vencida de la banca pública y privada, con el fin de permitir a la ciudadanía económica y financieramente activa acceda a créditos para ejecutar sus emprendimientos, mencionó.

Mientras, la parlamentaria Vanessa Álava, explicó que el proyecto de ley para el Refinanciamiento y Facilidades de Pago en Créditos con el Sistema Financiero y No Financiero Nacional, Entidades Emisoras de Tarjetas de Crédito y Casas Comerciales busca que los usuarios cuenten con información clara y suficiente al momento de suscribir los contratos y contraer obligaciones.

También se pretende que los deudores puedan solicitar el refinanciamiento y facilidades de pago en sus créditos y obligaciones contraídas; prohibir todo tipo de maniobra que busque esconder un acto o contrato ilegítimo o el cometimiento de anatocismo.

Además, crear una normativa clara para que los jueces o cualquier autoridad administrativa o judicial eviten la vulneración de derechos de los deudores, precisó la legisladora.

La presidenta de la comisión, Mireya Pazmiño, indicó que los tres proyectos se unificarán con otros tres proyectos que versan sobre la misma materia, a fin de estructurar el respectivo informe.