Hechos Ecuador

El Grupo Parlamentario para el Fomento de la Cultura y el Arte, presidido por la asambleísta Johanna Ortiz, realizó el taller “La Relación entre Patrimonio y Cultura”, con el objetivo de involucrar a la ciudadanía y gestores culturales del país en el fomento de las expresiones culturales.

En este contexto, Angélica Arias, directora Ejecutiva del Instituto Metropolitano de Patrimonio de Quito, se refirió a los derechos culturales según la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la que se enuncia que toda persona tiene derecho a formar parte libremente de la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico en beneficio de la ciudadanía.

Además, comentó que según la Unesco la cultura debe ser considerada el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social, y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.

También se refirió al Sistema Nacional de Cultura como medio para fortalecer la identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de los bienes y servicios culturales, así como salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural, a fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos culturales.

En ese aspecto, Wilmer Morales, gestor gastronómico “Huellas del Ecuador”, sostuvo que la gastronomía es un tema cultural, en el cual han venido trabajando independientemente como asociación.

Enfatizó que como gremio han pedido apoyo a los Ministerios de Turismo y de Cultura, pero que no han tenido la respuesta necesaria, a la vez que aseguró que les resulta más fácil gestionar la ayuda a nivel privado.

Al cierre del taller, la asambleísta Johanna Ortiz expresó que con este tipo de encuentros se busca impulsar un trabajo articulado del Instituto Metropolitano de Patrimonio y otras entidades del Estado, encargadas de fomentar la cultura a nivel nacional.

La Comisión de Régimen Económico nombró, por unanimidad, a los asambleístas Blanca Sacancela, Mireya Pazmiño y Pabel Muñoz como delegados a las mesas de diálogo entre el sector indígena y Ejecutivo, con el fin de dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos suscritos en el Acta por la Paz con la Conaie, Feine y Fenocin, que recoge los diez puntos programáticos.

La decisión tomó la comisión luego de avocar conocimiento de la resolución aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional el pasado 12 de julio, en la que recomendó a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana que en la metodología de trabajo para el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos y, de conformidad con lo dispuesto en el punto VI de dicho instrumento, se proceda a delegar a un asambleísta por parte de las comisiones permanentes, para que integren las mesas técnicas de trabajo.

De acuerdo con dicha resolución los delegados de la Comisión de Régimen Económico participarían en la mesa técnica que aborda temas relacionados con la focalización de los subsidios de los combustibles, banca pública y privada, así como protección de inversiones y demás.

En la Comisión de Régimen Económico, Marco Manotoa, representante de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) expuso la necesidad de realizar un análisis estratégico respecto del proyecto de Ley de Prevención de Lavado de Activos en el Fútbol Ecuatoriano, de iniciativa del asambleísta John Vinueza.

Dijo que la UAFE no descarta la posibilidad de incorporar a los clubes o instituciones dedicadas al fútbol profesional pertenecientes a las series “A” y “B” que participen de los torneos organizados por la Liga Profesional de Fútbol y a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en los sujetos obligados a proporcionar información a la Unidad de Análisis Financiero y Económica (UAFE), pero para ello, es necesario realizar el análisis estratégico que podría demorar entre tres a seis meses.

Recordó que el artículo 12 de le Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos faculta a la entidad a incorporar nuevos sujetos obligados a reportar y bien se podría agregar a los clubes o instituciones dedicadas al fútbol profesional.

El asambleísta John Vinueza recordó que su propuesta modifica el artículo 5 de la ley, a fin de regular las actividades económicas de las personas naturales y jurídicas dedicadas o que tengan vínculos con el fútbol profesional, a fin de prevenir que esta actividad sea empleada como medio para el cometimiento de infracciones penales (lavado de activos o enriquecimiento ilícito).

Expresó que no solo se debería incorporar a los clubes de fútbol, sino también a los clubes de otras disciplinas deportivas, a fin de controlar estas actividades.

La presidenta de la comisión, Mireya Pazmiño, tras anunciar que la próxima semana revisarán el informe borrador del proyecto, solicitó al representante de la UAFE presente un estudio técnico sobre este particular.

El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela Espinoza, convocó para el jueves próximo, a las 09h30, a la sesión No. 787 del Pleno, con el fin de elegir a los titulares de la Primera y Segunda Vicepresidencia de la Legislatura.

La elección se cumplirá de conformidad con los incisos segundo y tercero del artículo 16 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que determinan:

“En ausencia temporal o definitiva o de renuncia del cargo de la Presidenta o el Presidente, lo reemplazarán en su orden la Primera y la Segunda Vicepresidenta o el Vicepresidente.

La Asamblea Nacional llenará las vacantes cuando sea el caso, y por el tiempo que falte para completar el período de dos años previsto en la Ley”.

De inmediato, el Pleno iniciará el primer debate del proyecto de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, que tendrá como base le informe preparado por la Comisión de Educación.

Este proyecto tiene como objetivo fomentar planes, programas, instrumentos, instituciones y actores, para planificar, diseñar, instrumentar y evaluar los procesos de capacitación en el ámbito de la educación no formal y reconocimiento de saberes que genera valor en el sector productivo, laboral y educativo.

La cualificación es el reconocimiento de los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas por las personas de manera formal o no formal, luego del correspondiente proceso de evaluación, fortaleciendo su perfil profesional.

Otro temas

En el orden del día constan, además, los proyectos de resolución que declaran al 25 de julio de cada año como el Día Nacional de la Mujer Afroecuatoriana-Negra-Afrodescendiente; y, al 31 de julio el Día Nacional del Administrador Público.

Este viernes 15 de junio la Comisión del Derecho al Trabajo continuó el tratamiento del informe para primer debate del proyecto de nuevo Código de Trabajo.

La presidenta de comisión, Rina Campain, resaltó que al interior de mesa legislativa se realizó una adecuada socialización de la propuesta normativa y que para ello escuchó la opinión de expertos y actores sociales. También instaló mesas técnicas, para recibir las observaciones que sirvieron de insumo para la construcción del informe.

El asambleísta Luis Almeida sostuvo que antes de cerrar el debate de este tema es necesario requerir un informe económico, político y social en torno al contenido de la normativa para evitar problemas a futuro. Es importante promover diálogos y ampliar el proceso de socialización, para hacer un buen código, subrayó.

La legisladora Johanna Ortiz también señaló que el Ecuador necesita una norma moderna que recoja los derechos de los trabajadores.

Angélica Porras, doctora en Ciencias Políticas, enfatizó que el uso de la fuerza debe ser legítimo y excepcional, por lo que llama la atención que el Ejecutivo extienda a otras entidades, además de la Policía, Fuerzas Armadas y guardias penitenciarios, el uso de la fuerza en la resolución de conflictos, lo cual es inconstitucional e ilegal.

Este criterio lo expuso ante la Comisión de Seguridad Integral, en el marco del tratamiento de la objeción del Presidente de la República al proyecto de Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza.

Allí precisó que el Estado solo ejerce la fuerza de manera legítima tomando en cuenta los derechos de las personas y en ciertos casos, conforme lo determinan los artículos 158, 159 y 163 de la Constitución, que establecen límites y controles para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en la resolución de conflictos.

Advirtió que en el artículo 1 del veto el Mandatario retira la palabra “excepcional”; y de los artículos 4 y 21 la palabra “legítimo”, lo que significa que no se toma en cuenta la excepcionalidad de la fuerza y la legitimidad al extender el uso de la fuerza a otras entidades además de la Policía y Fuerzas Armadas.

Así mismo, expresó que en el tema relacionado con el uso de animales para control de disturbios el Ejecutivo excluye la obligación de mantener el bienestar de los animales, violando lo que determinan los artículos 71 de la Constitución, 139 y 145 del Código de Ambiente.

En cuanto al uso de la fuerza en centros de privación de la libertad, señaló que el Estado no puede desbordar el uso de la fuerza con consecuencias letales para los internos en centros penitenciarios para resolver los problemas carcelarios.

Reiteró que es inconstitucional e ilegal pretender que funcionarios de otras instituciones puedan hacer uso de la fuerza. Los jueces tendrán un problema extraordinario, porque el Código Integral Penal establece con claridad que solo es para Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

De su lado, la abogada Alexandra Barba pidió a la Comisión definir con claridad el tema de las armas letales. En este marco, sugirió revisar las directrices de amnistía internacional para la aplicación de armas letales y no letales que está poco regulada en el proyecto.

Ante la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social el ministro de Defensa Nacional, Luis Lara Jaramillo, expuso la incidencia del cáncer de piel entre los años 2010-2012 y los pacientes atendidos por los servicios de salud del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA).

Por requerimiento de la legisladora Patricia Mendoza, el Secretario de Estado presentó el informe en el que detalla los grupos de riesgo, población afectada por edad y sexo, entre otros parámetros.

Entre tanto, el coronel Edwin Hidalgo Benavides, director de Sanidad del ISSFA, informó que la enfermedad afecta de 4 a 6 varones por cada 100.000 habitantes y que en mujeres la incidencia es menor, de 2 a 3 personas.

Indicó que de acuerdo con estudios de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Ecuador ocupa el puesto 19 entre 170 países que manejan esta patología. Explicó que el cáncer de piel es de dos tipos no melanótico que es el más prevaleciente, pero de baja letalidad; y, melanótico que es menos común.

El funcionario dio a conocer que en el período 2010-2022 han atendido 1.222 pacientes que pertenecen al ISSFA y a otros subsistemas de la Red Pública Integral de Salud: Ministerio de Salud, IESS e ISSPOL. De ellos 1.095 pertenecen al grupo etario de más de 50 años.

Al cierre de la sesión, el asambleísta Ferdinan Álvarez, presidente de la comisión, manifestó que con la información obtenida realizarán el análisis del caso para elaborar el informe, de conformidad con el artículo 76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

La Comisión de Justicia y Estructura del Estado recibió los criterios de Omar Simon y Nubia Villacís, exdirectivos del Consejo Nacional Electoral, respecto del proyecto de reformas a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

Los comparecientes exhortaron a la mesa legislativa a analizar si las modificaciones planteadas aportarán a mejorar la transparencia de los nuevos procesos electorales. Omar Simon subrayó que a lo largo de los años el debate se ha generado de acuerdo a la coyuntura política que depende si el partido de gobierno tiene o no mayoría parlamentaria.

Por su parte, Nubia Villacís resaltó que cualquier reforma no se aplicará en las elecciones del 2023; sin embargo, dijo que es necesario analizar modificaciones que abonen a proceso de elecciones limpias y transparentes, en donde todos tengan iguales oportunidades para elegir y ser elegidos.

Las principales observaciones de los comparecientes fueron en torno a la forma de votación, sistema de asignación de escaños, fortalecimiento de los partidos políticos, presentación de listas, participación de jóvenes y nuevos líderes; y, presentación y evaluación del plan de trabajo de los candidatos.

En otro orden, la comisión aprobó, por unanimidad, la designación del legislador José Chimbo como delegado del organismo para participar en la mesa temática sobre seguridad, en el marco del proceso de diálogo entre el Gobierno y el movimiento indígena.

También aprobó el cronograma de talleres que realizará el equipo técnico de la comisión en varias provincias del país, en el marco del proceso de seguimiento y evaluación del cumplimiento de la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

En esta sesión, actuó como asambleísta por un día, Emilio José Domínguez, estudiante y comunicador de un medio digital.

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