Hechos Ecuador

Guayaquil (Guayas), 22 de julio de 2022.- Ocho personas fueron procesadas por su presunta participación en el delito de asociación ilícita para oferta de tráfico de influencias.

La investigación, llevada por el fiscal de Transparencia y Lucha contra la Corrupción No. 3, Bolívar Burbano, determinó que un grupo de personas se habrían asociado para cometer delitos contra la eficiencia de la administración pública.

Su objetivo habría sido ubicar a una persona en el cargo de jefe de Operaciones o de Distrito para manejar las exportaciones e importaciones de la entidad.

En este caso específico, habrían ofrecido cerca de 3 millones de dólares a una funcionaria cercana a la Dirección del Senae para que facilite la disposición de ese alto cargo. De acuerdo con la investigación de Fiscalía, este monto iba a ser financiado por exportadores, a cambio de cobrar favores en un futuro.

Sobre la presunta intervención en otras instituciones públicas, la investigación determinó que también habrían colaborado para entregar puestos de trabajo, valiéndose de ciudadanos reconocidas e influyentes en el campo político y social.

Elementos de convicción

Entre los principales elementos de convicción presentado por el fiscal Burbano en la audiencia de formulación de cargos –desarrollada la madrugada de hoy–, constan: el informe de vigilancias, seguimientos, filmaciones, grabaciones, fotografías, efectuados con las respectivas autorizaciones judiciales. También se expuso un informe forense de extracción de información de cámaras de seguridad, otro de extracción de información de números telefónicos, la transcripción de conversaciones mantenidas entre los involucrados, obtenidas con técnicas especiales de investigación, entre otros.

Con base en estos elementos, un Juez de Garantías Penales dio paso al inicio de la instrucción fiscal, cuyo plazo es de noventa días, vigente desde hoy.

Medidas cautelares

En la misma diligencia, Fiscalía solicitó al Juez que disponga la prisión preventiva para los ocho procesados. Ellos, a través de sus defensas, presentaron arraigos laborales, familiares y sociales; además certificados médicos que sirvieron de fundamento para que se dicten medidas alternativas: específicamente la de prohibición de salida del país y presentaciones periódicas, establecidas del artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Contexto

La investigación del caso inició en septiembre de 2021, con base en un parte elaborado por la Unidad Nacional de Investigación de Delitos contra la Eficiencia en la Administración Pública, que conoció la información a través de una llamada a la línea 1-800 DELITO.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), a través de las 24 Delegaciones Provinciales Electorales, desde el 24 de mayo hasta el 8 de agosto de 2022, realiza el levantamiento del catastro de recintos electorales que serán habilitados para las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2023.

Mediante fichas técnicas, los funcionarios electorales identifican los establecimientos que cumplen con las condiciones de infraestructura civil y tecnológica para  la instalación de las Juntas Receptoras del Voto (JRV) en los comicios del próximo 5 de febrero de 2023.

El objetivo de este hito del calendario electoral es registrar los recintos electorales más adecuados, que garanticen el derecho al sufragio, el principio de confidencialidad del voto y que presten todas las garantías para el proceso, acercando el lugar de votación a los electo

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), este 22 de julio, aprobó el cierre y la publicación del Registro Electoral para las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2023. Serán 13’450.047 personas habilitadas para ejercer su derecho al sufragio el próximo 5 de febrero.

Del total de electores habilitados, 13’040.797 podrán sufragar en el territorio nacional, mientras que 409.250 personas están facultadas para ejercer su derecho al voto en el exterior, quienes participarán –únicamente– en la elección de consejeras y consejeros del CPCCS.

El Registro Electoral estará conformado por 6’823.832 mujeres y 6’626.215 hombres. Los electores con voto obligatorio, de entre 18 y 65 años, ascienden a 11’096.824 personas.  Mientras que 635.381ciudadanos de entre 16 a 18 años, así como 1’717.842 votantes mayores a 65 años, integran los grupos de voto facultativo.

Para la actualización del Registro Electoral se cumplieron las fases de cambio de domicilio y la recepción de observaciones de las organizaciones políticas y reclamos administrativos ciudadanos. Además del trabajo articulado para la depuración constante con el Registro Civil, Identificación y Cedulación; el Consejo de la Judicatura y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Estos hechos transparentan la gestión altamente técnica del CNE.

El Pleno de la Asamblea Nacional eligió a Marcela Holguín Naranjo (UNES), como primera Vicepresidenta; a Darwin Pereira (PK), como segundo Vicepresidente; y a Esteban Torres Cobo (PSC), como primer vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL) para completar el período hasta mayo de 2023. Cumplido el proceso de votación, el titular de la Legislatura, Virgilio Saquicela, posesionó a los nuevos dignatarios del Parlamento.

La candidatura de Marcela Holguín fue propuesta por Pabel Muñoz, quien destacó su trabajo como comunicadora social con más de 20 años de experiencia, en varios medios, con énfasis en el sector social, especializándose en periodismo político. Cursó estudios en la Universidad Central del Ecuador y acredita una maestría por la Universidad Internacional de La Rioja en Marketing Político, identificándose con grupos vulnerables. Ahora, en su faceta política, su trabajo está direccionado a promover la inclusión social y la defensa de los derechos. Su nominación para la Primera Vicepresidencia alcanzó 90 votos.

La flamante vicepresidenta dijo que hay una sola forma de contribuir a un país para todos y esa es, simple y llanamente, no rendirse, seguir el ejemplo de los sin trabajo, que han sido tantas veces olvidados a pesar de ser la mayoría en el país. “Nosotros jamás les daremos la espalda, lucharemos junto a ellos, como junto a las personas con discapacidad, en un país que tiene privilegios, lamentablemente, para unos pocos; no vamos a rendirnos”, subrayó.

Mientras, la asambleísta Patricia Sánchez mocionó a Darwin Pereira para la Segunda Vicepresidencia, quien hasta esta víspera ocupó la primera vocalía del CAL. Pereira es de profesión abogado e ingeniero en sistemas. Se destacó en la dirigencia de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales en el Consejo Directivo de la Universidad Técnica de Machala y presidió la Asociación de la Escuela de Derecho. Ejerció cargos en la Cancillería del Ecuador, zonal El Oro, en la Empresa de Agua Potable y alcantarillado del Cantón Machala y como asesor informático de varias empresas privadas. Su elección se produjo con 93 votos.

Tras rendir el juramento de rigor, Darwin Pereira agradeció primero a Dios y a todos los bloques legislativos, a quienes votaron y a quienes no votaron por él. Pidió a la Divina Providencia le dé sabiduría para hacer bien lo que se tiene que hacer de hoy en adelante. “Hoy privilegiamos la Asamblea, hoy privilegiamos el bien del país por encima de nuestras diferencias; los invito a cerrar este capítulo oscuro que vivió la Legislatura”, dijo.

Una vez que se produjo la vacante de la primera vocalía del CAL, tras la renuncia de Darwin Pereira, la legisladora Nathalie Viteri presentó como moción previa, conocer la renuncia y elegir a su reemplazo. La moción fue calificada y aprobada. Posteriormente, propuso el nombre de Esteban Torres Cobo para ocupar esta vocalía. Torres es abogado de profesión, por la Universidad San Francisco de Quito; cuenta con una maestría en Litigio y Arbitraje Internacional por el Queen Mary University of London. En el anterior período fue miembro de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado y actualmente es parte de la Comisión de Soberanía Alimentaria. Su candidatura obtuvo 117 votos.

Con 75 votos afirmativos, 21 negativos y 30 abstenciones el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. El objeto de esta ley comprenderá la desconcentración de frecuencias, protección del derecho a ejercer la libertad de expresión y a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole a través de los medios de comunicación.

Previamente el Pleno del Legislativo negó con 73 votos el informe de mayoría, por lo que de conformidad con el inciso 11 del artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se pasó a considerar el informe de minoría, suscrito por los asambleístas Raisa Corral, Mónica Palacios, Salvador Maita y Fernando Cedeño.

El proyecto fue sometido a un amplio proceso de socialización con los diversos actores públicos y privados, mismo que inició el 12 de julio de 2021 y es el resultado de 14 meses de trabajo y el esfuerzo mancomunado de los sectores que participan en la comunicación.

En el informe se destaca que el proyecto permite que las personas cuyos derechos se vean afectados por los medios de comunicación social cuenten con mecanismos de defensa expeditos, garantizando que los derechos al honor y buen nombre positivados en la Constitución y en los principales instrumentos de derechos humanos puedan ser tutelados por el Estado.

El proyecto permite que las empresas de comunicación social desarrollen sus actividades económicas cumpliendo los estándares previstos en los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos.

La legisladora Marcela Holguín, proponente de uno de los proyectos que debatió la Comisión de Relaciones Internacionales, aclaró que esta propuesta normativa no regula la opinión ni permite sanciones penales, a la vez que indició que fue trabajada con muchos sectores que tienen que ver con la comunicación, especialmente la comunitaria. Es un proyecto trabajado con la gente, para la gente, subrayó.

Entre tanto el asambleísta Salvador Maita, al mocionar la aprobación del informe de minoría, aseveró que con ello se pretende evitar el monopolio del espectro radioeléctrico y garantizar una comunicación democrática y plural.

Para la elaboración del informe los legisladores escucharon los criterios de autoridades de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República, Consejo de Comunicación, Fundamedios, Federación y Unión Nacional de Periodistas, Arcotel, Corape, Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, Red de Periodistas Libres, Cofeinaie, Unesco, el Relator de la Libertad de Expresión de Naciones Unidas, gremios de televisión y radio, académicos y constitucionalistas, entre otros. Además la Comisión de Relaciones Internacionales realizó siete mesas técnicas en las que debatieron las propuestas.

El proyecto será remitido en los próximos días a la Presidencia de la República para que la sanción u objeción en el plazo de 30 días, conforme lo establecen la Constitución y la Ley Orgáica de la Función Legislativa.

La Asamblea Nacional declaró el 25 de julio de cada año como el Día de la Mujer Afroecuatoriana – Negra – Afrodescendiente, como reconocimiento a su aporte en la historia dentro de la construcción de la nación, la preservación de la cultura y derecho a vivir con dignidad.

La declaratoria, de iniciativa de la asambleísta Paola Cabezas, tuvo el respaldo unánime de 120 parlamentarios presentes. El objetivo es valorar, adoptar, aceptar, visibilizar, fomentar, promover y reconocer sus derechos colectivos reconocidos en los instrumentos nacionales e internacionales, incorporando las perspectivas, ancestrales, étnicas, culturales, generacionales, cosmogónicas, entre géneros y religiones, a fin de crear conciencia sobre la participación histórica de la mujer afroecuatoriana en el desarrollo social, económico, político, territorial, científico, tecnológico, académico y cultural del Ecuador.

A través de la resolución se exige al Estado, por intermedio de las instituciones rectoras de la Función Ejecutiva, la elaboración de disposiciones reglamentarias para garantizar los derechos de la mujer afroecuatoriana -negra –afrodescendiente en todo el territorio nacional. Se exhorta al Gobierno Nacional a cumplir los compromisos de la Agenda de la Igualdad para el Decenio Afrodescendiente, Capítulo Ecuador, cuyos ejes transversales son: reconocimiento, justicia y desarrollo.

También demandó de las funciones del Estado y de los gobiernos autónomos descentralizados incluyan en el calendario cívico e histórico de las respectivas localidades, el 25 de julio de cada año, como el “Día Nacional de la Mujer Afroecuatoriana -Negra –Afrodescendiente”; y, que la Secretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de Gestión para el Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades remitan a la Comisión de Garantías Constitucionales un informe anual sobre las acciones que hayan realizado para garantizar los derechos de este grupo poblacional.

A la sesión acudieron alrededor de 100 mujeres afrodescendientes. Allí intervinieron Inés Morales, de la Confederación Comarca Ecuatoriana del Norte de Esmeraldas; Irma Bautista, Coordinadora Nacional de Mujeres Negras “Conamune”; Sonia Vivero, directora de Fundafroec Azúcar; y, Epsy Cambel, activista por los derechos humanos, quienes solicitaron al Parlamento posicionar el 25 de julio como Día Nacional de la Mujer Afroecuatoriana – Negra – Afrodescendiente, como un proceso de reivindicación de sus derechos de una lucha histórica por años.

Ellas, alzaron su voz para pedir a la Legislatura respuestas en defensa del territorio heredado desde sus ancestros, acciones afirmativas para vivir en mejores condiciones, y reivindicar su lucha contra el racismo.

La legisladora Paola Cabezas recordó las conquistas históricas de la mujer afrodescendiente y la lucha contra la discriminación. Insistió en la necesidad de dictar políticas públicas a favor de este grupo poblacional que ha sido discriminado en derechos y oportunidades.

En el debate, legisladores de diferentes bancadas legislativas destacaron que es momento de restaurar y reparar siglos de injusticia. Recordaron la explotación, discriminación, opresión a lo largo de la historia del Ecuador no solo de las mujeres afrodescendientes sino también del pueblo indígena.

El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, recibió la visita del alcalde de Celica, Oswaldo Román Calero, quien le invitó a participar en la firma del Convenio Marco de Hermanamiento entre los alcaldes de la región sur del Ecuador y de la región norte del Perú, en calidad de testigo de honor.

Virgilio Saquicela comprometió su visita a este cantón conocido como la “Celestial Celica”, a fin de participar en el evento de suscripción del convenio.

En este encuentro, que se realizará en ciudad de Celica el 13 de agosto de 2022, a las 12h00, participarán los alcaldes de las provincias de El Oro, Loja y Zamora, por Ecuador y de Tumbes, Piura y Cajamarca, por el Perú.

El Alcalde de Celica afirmó que el Acuerdo de Paz, suscrito entre Ecuador y Perú, exige acciones concretas que permitan alcanzar el progreso integral de ambos lados de la frontera, “empeño común que debe conducirnos a establecer los canales interinstitucionales de apoyo que estemos en capacidad de generar”.

Explicó que en este contexto el convenio tiene como objetivos fortalecer lazos de hermanamiento para impulsar el comercio, la cultura y el turismo; exhortar a los presidentes de Perú y Ecuador a homologar las normas fitosanitarias, para que haya fluidez en el comercio de las dos regiones, y que estudien otra alternativa para el Eje Vial 5, como es la ruta Puerto de Paita - Puerto Bolívar - Loja - Zamora – Sarameriza.

Freddy Ramos, viceministro de Seguridad Interior, compareció ante la Comisión de Seguridad Integral, con el fin de exponer sus observaciones al capítulo “de la inteligencia”, del proyecto de Código de Seguridad Integral. Allí sugirió fortalecer la ciberinteligencia como eje principal para la obtención de información que permita un análisis más acertado y confiable, y actualizar la doctrina de inteligencia acorde a la evolución de la sociedad, ciencia y tecnología.

El funcionario sostuvo que también se requiere emprender en un plan de carrera, que implique estabilidad laboral, desarrollo profesional, remuneración acorde al riesgo para los operadores de inteligencia, así como mantener el carácter de reservada, secreta y secretísima la información relacionada con inteligencia y contrainteligencia estratégica.

Comentó que el Sistema Nacional de Inteligencia debe estar conformado por el ente rector y los subsistemas operativos y de apoyo debidamente articulados y coordinados a través de políticas, planes, programas, proyectos, normas, recursos y procedimientos.

Ramos señaló que para el cumplimiento del principio de la gestión pública se plantea que el informe del ente rector se efectúe ante una comisión de la Asamblea Nacional, cuyos miembros deberán cumplir mecanismos de seguridad de la información que garantice su no divulgación.

Presentó observaciones sobre autorización judicial, obligación de entregar información. Sugirió a la mesa legislativa crear una ley especifica de inteligencia.

De su lado, el director General de Inteligencia, Manuel Samaniego, destacó la importancia de establecer una normativa de inteligencia que será una herramienta que permita la articulación y coordinación interinstitucional, así como la cooperación internacional, es decir, tener el ámbito completo para realizar las gestiones desde sus funciones.

El presidente de la comisión, Ramiro Narváez, tras agradecer las observaciones de los comparecientes, informó que serán debidamente analizadas y servirán de insumos para la elaboración del articulado y el informe respectivo.

Este miércoles 20 de julio la Comisión del Derecho al Trabajo avocó conocimiento del proyecto de reformas a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS).

El asambleísta Luis Almeida expuso la necesidad de atender a las personas que aportan al Seguro Social Campesino, al tiempo que advirtió que es lamentable que por una mala administración en los hospitales del Seguro Social no existan los insumos médicos necesarios para atender a los afiliados y jubilados.

De su lado, el legislador Omar Cevallos hizo un llamado al presidente de la República, Guillermo Lasso, a solucionar el problema de salud que atraviesa el Ecuador, argumentando que no es justo que los ecuatorianos que aportamos al Seguro social recibamos servicios deficientes.

La presidenta de la comisión, Rina Campain, agradeció el compromiso y los aportes brindados por los asambleístas al proyecto de Ley Reformatoria a la Ley del Banco del IESS, lo que permitirá seguir trabajando en la construcción de la ley en beneficio de los jubilados y afiliados a la Seguridad Social.

En el segundo punto del orden del día, el equipo asesor presentó el cronograma y modalidad de trabajo para el tratamiento de las iniciativas legislativas, sobre el proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público y el régimen de pensiones vitalicias para exmandatarios.

Finalmente la asambleísta Rina Campain dijo que existen situaciones excepcionales por las que los expresidentes deben ser beneficiarios de la pensión vitalicia, a la vez que expresó que es importante el aporte de todos los asambleístas para mejorar el proyecto.