Hechos Ecuador

La Comisión de Garantías Constitucionales continuó el proceso de fiscalización y control político de los hechos relacionados con las movilizaciones de junio de 2022. Para ello, escuchó a varias autoridades, organizaciones de la sociedad civil y actores de las movilizaciones.

Diana Salazar, Fiscal General del Estado, manifestó que la institución es muy respetuosa de lo que establece la Constitución, que garantiza el derecho a la protesta social. No obstante, advirtió que existe otro tipo de hechos que pasan de la protesta social pacífica a hechos violentos y en ese momento se debe activar la acción legal.

Sostuvo que la Fiscalía no tiene que coordinar ninguna aprehensión en delito flagrante, tomando en cuenta que es responsabilidad exclusiva de la Policía, que luego de la detención debe poner a órdenes de la autoridad competente.

César Córdova, Defensor del Pueblo, explicó que ante las detenciones estuvo en 83 diligencias procesales, a la vez que detalló que las detenciones se realizaron en nueve de las 24 provincias del Ecuador.

Informó que Pichincha registró 44 detenciones, Orellana 22, Chimborazo 9, Azuay, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas 2 detenciones en cada una.

Dario Iza, presidente del pueblo Kito Kara, tras explicar que esta comunidad está ubicada entre los cantones Rumiñahui y Mejía, afirmó que en estos territorios hubo represión policial.

Entre tanto, Sara Oviedo, directora Ejecutiva de la Fundación Quitu Raymi, señaló que en las movilizaciones estuvieron presentes niñas, niños y adolescentes.

Así mismo, Joicy Soto, coordinadora General de Socorristas de Paz, manifestó que en esta movilización participaron con brigadas médicas para socorrer a personas heridas y equipo de salud mental y rescate para atender a quienes tenían síntomas de crisis y paranoia.

La legisladora Fernanda Astudillo agradeció la presencia de los comparecientes, pues su información ayudará a preparar el informe.

Como parte del proceso de fiscalización y control político, la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Colectivos, recibió a ciudadanos y periodistas quienes relataron los hechos ocurridos durante el paro nacional que tuvo lugar en junio del 2022.

El primero en intervenir fue el ciudadano Luis Chávez quien aseguró haber experimentado ataques e intimidación por parte de dos sujetos en motocicleta que les tomaron fotografías y dispararon a varios de sus compañeros mientras entregaban donaciones y vituallas a los manifestantes que se encontraban en la Universidad Salesiana. Pidió a la mesa legislativa que investigue todos los actos de violencia y se identifique a los responsables.

Luego, Catherine Colcha, cónyuge de Armando Sislema, contó que su esposo estaba cerca de la zona donde se desarrollaban las protestas cuando fue impactado con 8 perdigones que afectaron gravemente su salud. Pidió justicia y responsabilizó al Estado por los problemas de salud con los que ahora vive su esposo.

El periodista del medio digital BN, Andrés Burbano presentó varios extractos de videos captados mientras realizaba la cobertura de las jornadas de protesta, en los que se apreció el violento accionar policial contra los manifestantes. Por su parte, Karol Noroña, periodista de GK, mencionó que hubo personas que no formaban parte de las ruedas de canto y baile de los manifestantes que lanzaron piedras contra los policías y desencadenaron el enfrentamiento entre policías y ciudadanos.

Indicó que no presenció ataques iniciados por parte de los manifestantes, sino que la violencia era en respuesta ante las agresiones de los policías para dispersar a las personas. Sobre lo ocurrido en la Comunidad San Miguel del Común, relató que los agentes policiales lanzaron bombas lacrimógenas dentro de las casas de los habitantes de la zona que afectaron la salud de una menor y un joven de 26 años que padece una enfermedad pulmonar.

Finalmente, Doménica Vivanco, periodista de La Posta, agregó que la Policía actuó de manera violenta en casos en los que no era necesario; así también, resaltó que los manifestantes actuaron de manera violenta contra los periodistas que cubrieron las jornadas de protesta, lo cual impidió que realicen su trabajo informativo.

La Asamblea Nacional da respuesta a las demandas del Magisterio. 160.906 maestros se beneficiarán de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), respecto del escalafón docente y la equiparación salarial, una vez que se publicaron en el Registro Oficial.

La ley es el resultado de un arduo trabajo emprendido desde la Asamblea Nacional con la participación de todos los actores involucrados en la educación, así como de autoridades públicas y privadas que asistieron a varias reuniones y talleres de socialización de la normativa.

La ley establece que la remuneración de los educadores públicos será justa y equitativa con relación a sus funciones, para lo cual se valorará su profesionalización, capacitación, desempeño, mérito académico, responsabilidad y experiencia. La escala salarial de los docentes está determinada en función de la Escala de Remuneraciones Unificadas del Sector Público.

De esta manera, establece una remuneración similar entre los maestros y servidores públicos, estableciendo un escalafón de diez categorías que van desde la A, la más alta, que equivale a la escala salarial de servidor público 9; hasta la J, la más baja; con un salario similar al de un servidor público 1.

Tribunal de Garantías Penales de Imbabura condenó a diecisiete años y cuatro meses de pena privativa de libertad para los ciudadanos colombianos Jhon R. y Herlinto E. y los ecuatorianos Luis Ch. y Manuel C., como coautores del secuestro extorsivo del exconcejal de Ibarra, Carlos A., ocurrido el 5 de junio de 2021.

A través de los elementos probatorios presentados por la fiscal Lizandra Bastidas, se demostró la responsabilidad penal de los ya sentenciados en el mencionado delito. Entre los principales constan: el testimonio anticipado de Carlos A., las pericias médico-legal, psicológica, de entorno social y de audio y video, el cotejamiento de voces, el análisis telefónico y los seguimientos y vigilancias realizados, que permitieron determinar el lugar donde estuvo sesenta y nueve días retenida la víctima (El Chical-Carchi) e identificar a los responsables del hecho.

Los sentenciados fueron detenidos en un operativo liderado por Fiscalía, en el que se ejecutaron seis allanamientos (cuatro en Imbabura y dos en Carchi). Según la investigación, por la liberación de Carlos A. solicitaron dos millones de dólares a su familia, dinero que no fue entregado.

Asimismo, hay tres personas que participaron en el hecho que se encuentran prófugas, por lo que tienen difusión azul de la Interpol.

Información jurídica

El delito de secuestro extorsivo está tipificado en el artículo 162 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y contempla una pena privativa de libertad de diez a trece años. En este caso se tomó en cuenta la circunstancia agravante del artículo 47, numeral 5 (haber actuado entre dos o más personas), lo que permitió obtener la pena máxima.

La Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, como parte del proceso de socialización de las iniciativas legales que tramita la mesa, escuchó los criterios de Juan Sigüenza, ciudadano dedicado al agro, sobre el proyecto de Código de Soberanía Alimentaria.

Juan Sigüenza destacó que este proyecto es gratificante para los agricultores del Ecuador, ya que impulsa desde ahora una nueva forma de economía más allá de la de la producción petrolera. “Estos dos años de pandemia han evidenciado el papel fundamental del agro en la vida de los ecuatorianos. Este código nos obliga a volver la vista al campo”, aseguró.

Sugirió a los comisionados alinear esta iniciativa a proyectos para erradicar la desnutrición infantil y el abastecimiento de alimentos a nivel nacional. En cuanto a la asignación de la competencia de soberanía alimentaria a los gobiernos autónomos descentralizados, saludó la iniciativa, pero exhortó a asegurar la transferencia de recursos para ejecutar la norma.

En esta sesión, intervinieron los ciudadanos Jefferson Luzón y Flor María Patiño como “asambleístas por un día”, una herramienta para fomentar la participación de la ciudadanía en el debate y aprobación de las leyes.

Carola Ríos, directora del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización y Control Político, aseguró que la denuncia sobre el presunto ofrecimiento de altos de cargos públicos a cambio de dinero fue presentada por la propia entidad aduanera. “Hemos prestado toda la colaboración para que la Fiscalía del Estado desarrolle las investigaciones”, enfatizó.

Aseguró que en la Senae trabaja con un firme compromiso por la transparencia y lucha contra la corrupción. “Aunque a la gente le cueste creer, aquí hay un cambio y estamos luchando por romper las mafias internas que sabemos que existen pero, lamentablemente, no tenemos pruebas; estamos haciéndolo sobre la base del respeto al debido proceso”, subrayó.

La funcionaria aclaró que se trata de una investigación sobre un presunto caso de corrupción, pero eso no quiere decir que la Aduana del Ecuador haya solicitado, ni solicite dinero a nadie. Por ello, cuestionó las especulaciones aparecidas en notas de prensa, que dan a entender que ha existido algún tipo de pedido de dinero desde la administración aduanera.

Consideró que estos hechos podrían ser promovidos por personas a las que nos les interesa que la Aduana se modernice y entre en funcionamiento el sistema de escáneres que permitirá revisar todo tipo de mercadería que sale del país a través de puertos y aeropuertos, y detectar a tiempo la contaminación con sustancias prohibidas.

La directora del Senae, Carola Ríos, insistió en que desde la entidad se ha prestado todo el apoyo necesario a la Fiscalía con la entrega oportuna de la información, acerca de expedientes, informes y demás documentación que se solicite.

Concluida la exposición de la funcionaria, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, suspendió la sesión 102, que se reinstalará de manera oportuna, en cuanto se confirmen las próximas comparecencias sobre este caso.

Este jueves, 28 de julio, a las 10h00, sesionará la Comisión de Régimen Económico para conocer la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL) que calificó a trámite dos proyectos de reformas a la Ley de Contratación Pública de iniciativa de los asambleístas Marcela Holguín y de Xavier Jurado.

La propuesta de la asambleísta Marcela Holguín determina que la compra de medicamentos la realice el mismo Estado por medio de las entidades de la Red Pública Integral de Salud.

Mientras, la iniciativa del parlamentario Xavier Jurado está orientada a implementar nuevas formas de mitigar y erradicar los actos de corrupción dentro de los procesos de contratación pública, a través de la exigencia de nuevos requisitos para los proveedores del Estado.

Este miércoles, la Comisión de Gobiernos Autónomos analizó las observaciones presentadas por los legisladores durante el primer debate del proyecto de reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), en el Pleno de la Asamblea Nacional.

El presidente de la comisión, Celestino Chumpi, explicó que se unificaron las observaciones de los asambleístas Yeseña Guamaní, Peter Calo, Marlon Cadena y Ronny Aleaga expuestas en el primer debate en el Pleno del Legislativo.

También revisó las observaciones al proyecto de Ley Reformatoria a Varias Leyes Orgánicas para asegurar la asignación de recursos de los ingresos permanentes y no permanentes a los Gobierno Autónomos Descentralizados, para la construcción del informe para segundo debate en el Pleno de la Asamblea.

Los legisladores destacaron que esta Normativa contribuirá a una verdadera autonomía de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y ayudara a resolver las necesidades reales que se viven en territorio.

“En la medida en que el diálogo esté planteado sobre bases correctas, que persiga objetivos transparentes y se prioricen los grandes objetivos nacionales, nosotros podremos participar de ese diálogo”. Este fue el criterio expuesto por el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, este miércoles, 27 de julio, en entrevista a un medio televisivo, a propósito de la invitación formulada por el presidente de la Asamblea Nacional, Virigilio Saquicela Espinoza, de conformar una comisión mixta para establecer consensos mínimos entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Como se recuerda, el titular de la Legislatura, Virgilio Saquicela, el pasado 25 de julio, en rueda de prensa ofrecida en Guayaquil, hizo pública la comunicación remitida al primer mandatario, Guillermo Lasso Mendoza, mediante la cual le invitó a conformar una comisión mixta para dialogar sobre las prioridades en materia legislativa, tanto del Ejecutivo, cuanto del Parlamento, a fin de tener acuerdos mínimos y evitar que leyes importantes relacionadas con los derechos de los ciudadanos sean vetadas totalmente.

A propósito de este llamado, el ministro de la Política, Francisco Jiménez, aseguró que el diálogo siempre tiene que ser la prioridad del Gobierno y que el presidente Lasso ha sido enfático en que el Ejecutivo no puede renunciar a los diferentes espacios de diálogo ni con las organizaciones sociales, ni con las instituciones, ni con los actores públicos.

Hay un Presidente de la Asamblea, hay una serie de organizaciones políticas que no coinciden con nosotros sí, pero tenemos que buscar la manera de empujar el carro hacia adelante, añadió.

Indicó que, “hoy por hoy, hay cosas que preocupan al Gobierno, que siempre han estado en la palestra y que no las van a abandonar, como por ejemplo, la Ley de Inversiones, la reforma laboral y una serie de reformas de aspectos legislativos que tienen que ser implementados”.

En la ciudad de Guayaquil, la Comisión de Régimen Económico realizó su primer taller de análisis de las reformas al Código Monetario y Financiero, con la participación de los analistas económicos Walter Spurrier, Fausto Ortiz, Mariela Baquerizo, de Equifax; y, Javier Velasco, de Aval Buró, quienes se pronunciaron sobre las tasas de interés y registro crediticio.

Advirtieron que la eliminación de los burós de crédito generaría exclusión financiera, bajo acceso al crédito, riesgo en el dinero de los depositantes y por consiguiente reducción de las oportunidades de las personas.

Walter Spurrier señaló que, según estadísticas del Banco Mundial, Ecuador ha vivido un acelerado proceso de inclusión financiera que le ha permitido cerrar la brecha en relación con otras economías en desarrollo. Precisó que de ser aprobado el proyecto desacelerará la expansión crediticia, producirá exclusión financiera y elevará el nivel de riesgo y de cartera vencida.

Dijo que si los burós crediticios desaparecen la ausencia de información ocasionaría que las instituciones financieras otorguen mayor cantidad de crédito a personas con baja probabilidad de pagar su deuda.

De su lado, Fausto Ortiz, al coincidir con las expresiones de Walter Spurrier, dijo que eliminar el buró crediticio cortaría el flujo de información que es el insumo necesario para evaluar el otorgamiento de créditos y generaría problemas de “selección adversa”, en razón que se restringirá el crédito a todos y se pone en riesgo al depositante al otorgar préstamos que no podrían ser pagados.

En cambio, Mariela Baquerizo, de Equifax, indicó que en el mundo se reconoce al buró de crédito como un aspecto fundamental para un ciclo del crédito saludable, tanto para los ciudadanos como para el sistema financiero y comercial. Si se elimina este registro o la operación de los burós se generaría un fenómeno de exclusión financiera, bajo acceso al crédito, riesgo en el dinero de los depositantes y por consiguiente reducción de las oportunidades de las personas.

Javier Velasco, de Aval Buró, afirmó “si hay información crediticia, hay conocimiento y si hay conocimiento hay confianza, pues, sin confianza no hay crédito”. Advirtió que eliminar los burós llevaría a los ecuatorianos a que sus proyectos de bienestar financiero sean manejados a través del chulco, afectando sus emprendimientos y la incapacidad de recuperar dinero las instituciones financieras.

Los legisladores Byron Maldonado, Eitel Zambrano, Guido Chiriboga, Blanca Sacancela y Mireya Pazmiño coincidieron con las expresiones de los expositores, en razón que si la gente busca acceso al crédito debe haber información crediticia. Eliminar los burós implicaría subir las tasas de interés y que los sectores de bajos recursos acudan al chulco, cuando lo esencial es mejorar la cultura financiera y la formalidad. Hay que proteger al ecuatoriano, dijeron al sugerir que la mesa legislativa realice un análisis técnico de los proyectos de reformas al Código Monetario sobre el riesgo crediticio.