Hechos Ecuador

El Consejo de Administración Legislativa aprobó la Agenda Parlamentaria 2022 2023 que es producto del proceso de participación de los miembros del CAL, presidentes de las comisiones y representantes de las diversas bancadas.

La agenda, que tiene como ejes la protección de los derechos humanos, colectivos, de la naturaleza y biodiversidad; reactivación económica y generación de empleo; desarrollo social, salud, educación y cultura; y, fiscalización y control político será evaluada de forma semestral, para lo cual la Secretaría General y la Unidad d Técnica Legislativa realizarán un seguimiento bimestral acerca del avance. La agenda parlamentaria permanecerá publicada en la página web institucional a disposición de la ciudadanía.

Protección de los derechos humanos, colectivos, de la naturaleza y seguridad

Este primer eje contempla el tratamiento de normativa encaminada al desarrollo de la protección en sentido amplio de los derechos humanos, los derechos de la naturaleza y la seguridad, pilares fundamentales de la convivencia en democracia. Se enmarca en los lineamientos de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): salud y bienestar, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, ciudades y comunidades sostenibles, acción por el clima y vida de ecosistemas terrestres .

Reactivación económica y generación de empleo

El segundo eje se centra en diseñar y debatir normas que permitan impulsar la reactivación económica, así como fomentar la generación de empleo digno, igualitario y justo y libre de discriminación, que está articulado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre fin de la pobreza, hambre cero , igualdad y género, trabajo decente y crecimiento económico , industria, innovación e infraestructura y reducción de las desigualdades.

Desarrollo social, salud, educación y cultura

El tercer eje tiene por objetivo la elaboración de leyes tendientes al desarrollo de las capacidades sociales y la participación, en lo individual, colectivo e institucional, y los derechos fundamentales que permiten potenciarlas, tales como la salud, la educación y la cultura, que son transversales para el bienestar de la ciudadanía y el progreso sostenido del país. Este eje se enmarca en los lineamientos de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible: salud y bienestar, educación de calidad, ciudad y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, paz, justicia e instituciones sólidas; alianzas para lograr los objetivos .

Fiscalización y Control Político

El cuarto eje refiere a la tarea fiscalizadora y de control político que ejerce la Función Legislativa, de manera transversal toda vez que, dentro del proceso de formación de la ley, así como en atención a los requerimientos de la ciudadanía y los asambleístas, se generan procesos de rendición de cuentas directa de autoridades y servidores públicos, de conformidad con las atribuciones de la Asamblea Nacional y sus integrantes.

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), conoció los avances en los procesos de designación de autoridades que se encuentran en marcha. Adicionalmente resolvió sobre información relevante para las siguientes fases de los concursos públicos.

Renovación Parcial del Consejo Nacional Electoral. - La secretaria del Equipo Técnico dio a conocer que en este proceso, el CPCCS seleccionó, a través de sorteo público, a los 10 postulantes ciudadanos a la Comisión Ciudadana que se encargará de llevar a cabo el concurso para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. Adicionalmente, indicó que el CPCCS se encuentra a la espera de los nuevos delegados de la Función de Transparencia y Control Social (FTCS), para conformar esta Comisión Ciudadana, quienes deberán pasar por la fase de revisión de requisitos. El Pleno resolvió que el funcionario Michel Lenoy Briones Montesdeoca será parte del Equipo Técnico de apoyo en este proceso.

Contraloría General del Estado. -  En este proceso, el CPCCS seleccionó, a través de sorteo público, a los 10 representantes de la ciudadanía a la Comisión Ciudadana que se encargará de llevar a cabo el concurso para designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. El Pleno aprobó que la Abg. María Gabriela Dávila Arteaga se incorpore a la Comisión Técnica que apoya este proceso de designación.

Defensoría Pública: La representante del Equipo Técnico indicó que la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección se encuentra en la etapa de impugnación. Una vez realizadas las audiencias públicas, el Pleno del CPCCS conocerá el informe de la Coordinación Jurídica sobre este proceso. Adicionalmente, el Equipo Técnico se encuentra preparando el informe de verificación de requisitos e inhabilidades de la delegada de la Función Electoral a la Comisión Ciudadana, Mgs. Jessica Rojas Vallejo, quien también se someterá a la fase de escrutinio público. El Pleno aprobó que la Abg. María Gabriela Dávila Arteaga integre la Comisión Técnica que apoya este proceso de designación.

Superintendencia de Bancos. - En cumplimiento de la sentencia 9333-2022-00895 emitida por autoridad competente, el presidente del CPCCS, Abg. Hernán Ulloa Ordóñez, solicitó al Ejecutivo el envío inmediato de una nueva terna para la designación del titular de la Superintendencia de Bancos. La sentencia judicial anula la designación realizada por el Consejo el 20 de julio, por lo que la nueva terna se someterá al procedimiento contemplado en el Reglamento que incluye la fase de admisión, impugnación ciudadana y presentación del Plan de Trabajo.

Procuraduría General de Estado. - El Pleno aprobó la conformación de la Comisión Técnica que dará soporte al proceso de selección de la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado. Esta Comisión está integrada por: Nelson Silva, Marcia Samaniego, Fernanda Pozo, y Cynthia Condoy.

Abg. Hernán Ulloa Ordóñez

Presidente del CPCCS

La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que preside Alejandro Jaramillo, recibió criterios de expertos en torno al proyecto de Ley Orgánica para la Rehabilitación a través del Trabajo para los Sentenciados y Personas Privadas de Libertad y al proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal para Fortalecer el Sistema Penitenciario.

En este contexto, Ricardo Morales, experto en regímenes penitenciarios y rehabilitación social, aseguró que es necesario reformar el sistema de rehabilitación, por cuanto persisten las condiciones de hacinamiento en los centros de privación de libertad, pese a que se ha construido infraestructura, al menos en tres regiones del país y la estrategia de descongestionamiento a través del indulto, en determinados casos.

Aseguró que el problema no necesariamente está en la falta de centros de privación de libertad, sino en el inadecuado manejo del sistema penitenciario por parte de quienes han dirigido el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Menores Infractores (SNAI).

En esta comparecencia se mencionó, también, la necesidad de establecer con claridad en qué condiciones los PPL podrían ejercer actividades laborales, qué pasaría con sus remuneraciones y quiénes serían los responsables en calidad de patronos, entre otros aspectos de orden técnico y operativo.

De su lado, Deysi Terán, experta en normativa laboral para el sector público y privado, consideró que primero se requiere reflexionar qué se quiere alcanzar con este proyecto de ley y cómo se va a sopesar el trabajo de los hombres y de las mujeres, que requieren condiciones diferentes.

Así mismo, Ronny Romo, experto en derecho laboral, estimó imprescindible determinar las modalidades de trabajo que se aplicarían para las personas privadas de libertad, las áreas en las cuales pueden desarrollar sus actividades productivas y los beneficios de ley. A la vez, habría que considerar el rol que ejercerían aquellos ciudadanos en condición de detención provisional.

Adopción excepcional

En la sesión matutina de este miércoles, 3 de agosto, la mesa recibió los aportes de David Maldonado, estudiante de la Universidad de Loja, delegado del Modelo de Asamblea en mi Universidad, respecto del proyecto de Ley Orgánica para la Adopción Excepcional Voluntaria desde el Vientre Materno de Niñas y Niños No Nacidos Producto de Embarazos No Deseados.

Maldonado dijo que se debe partir de una definición clara de la circunstancia en que se considera un embarazo no deseado y es necesario enfatizar en el consentimiento del padre, y no solo de la madre. Igualmente, subrayó que es indispensable que en todo el texto de esta ley se gsarantice el principio del bien superior del niño.

Es importante, además, tomar en cuenta los plazos mínimos que toman los procesos de adopción en Ecuador, a fin de articular la normativa a la realidad que viven las parejas que tienen interés en la adopción de niños y niñas, en este caso no nacidos.

La Comisión del Derecho a la Salud y Deporte, con motivo de la conmemoración del Día Mundial contra la Hepatitis, recibió a representantes internacionales, quienes expusieron sus puntos de vista en torno a la incidencia de esta enfermedad a nivel mundial.

En primera instancia, Jaime Ramírez Barba, diputado mexicano, destacó la importancia de la concienciación para la población general y profesionales de la salud sobre la hepatitis virales, medidas de prevención y control. Se refirió, además en el acceso a las pruebas de detección y diagnóstico, así como exámenes de laboratorio para la deteción temprana de esta enfermedad.

Indicó los esquemas de tratamiento de vanguardia, con medicamentos de acción directa que ofrecen curación de la infección por VHC en más de un 95 por ciento de los casos, con tratamientos de entre ocho y 12 semanas, con un enfoque de atención primaria de salud.

Así mismo, Patricia Vélez-Moller, representante de la Organización World Hepatitis Alliance, agradeció a la mesa legislativa por compartir este espacio para hablar de la lucha contra la hepatitis viral y la participación que tienen los gobiernos y la sociedad civil. Sostuvo que son una organización internacional que alberga  a 314 organizaciones a nivel mundial y 72 en el Continente Americano.

Esta organización tiene como objetivo principal promover la lucha contra esta enfermedad. En el 2009, la Organización Mundial de la Salud ya puso en agenda la lucha contra la hepatitis; y, en el 2010, se dictó la primera resolución que declara el Día Mundial de la Hepatitis.

De su lado, la asambleísta María José Plaza habló de la importancia de comentar y tomar conciencia de esta enfermedad.

Incidentes en escenrios deportivos

En otro ámbito, la mesa legislativa dentro del proceso de fiscalización de los hechos suscitados en jornadas deportivas de la serie A de la Liga Pro. John Game, subsecretario de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, expuso una visión amplia de seguridad deportiva, que involucra algunos aspectos para diagramar un modelo integral de la materia.

Destacó la importancia de la educación en derechos humanos en la sociedad; la prevención de la violencia; la diferenciación entre violencia “espontánea”, motivada por alguna cuestión acaecida durante el espectáculo, y la violencia “organizada”, que involucra a personas que actúan con premeditación.

Entre tanto, María Belén Aguirre, viceministra del Deporte, detalló el trabajo realizado desde el Ministerio del Deporte en articulación con el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, el ECU 991, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación, con la finalidad de unirse para cumplir la Ley, y así para prevenir y sancionar la violencia en el deporte.

Este miércoles, la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa recibió a representantes de la Universidad San Francisco y de la Superintendencia de Compañias,  como parte del tratamiento del proyecto de reformas a la Ley de Compañias para la Optimización e Impulso Empresarial y para el Fomento de Gobierno Corporativo.

Pablo Garcés y Mercedes Flores del Pozo, representantes de la Superintendencia de Compañías, enfatizaron en la importancia de la modernización de la normativa referente a las sociedades por acciones simplificadas, tipo de compañía que se constituye por una o varias personas naturales o jurídicas, mediante un trámite simplificado, sin costo.

De su lado, Oswaldo Santos profesor de jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito, mencionó que el objetivo del derecho societario se enmarca en dos objetivo: la creación de vehículos empresariales efectivos y reducir los costos para operar.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Daniel Noboa Azín, agradeció los aportes al proyecto de reformas en materia societaria.

A continuación, la mesa abordó el proyecto de reformas a la Ley de Energía Eléctrica, que regula la inversión de los recursos para proyectos de desarrollo territorial. En este contexto, el legislador Byron Maldonado planteó que los recursos de energía eléctrica sean administrados por los gobiernos autónomos descentralizados, por ser la representatividad de la gente, con el criterio de solidaridad, con lo cual se contribuirá al desarrollo del país.

De su lado, John Vinueza consideró necesario analizar la posibilidad de destinar, al menos, una parte de los recursos de los territorios directamente a las juntas parroquiales.

Con la presencia de delegados del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), los miembros de la Comisión de Régimen Económico conocieron el convenio de cooperación interinstitucional entre esta agencia internacional y la Asamblea Nacional, para el seguimiento de los presupuestos destinados a la infancia.

Mireya Pazmiño, presidenta de la mesa legislativa, subrayó que esta iniciativa permite asegurar, monitorear, analizar y evaluar la asignación presupuestaria destinada a garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Además, aportará elementos para ejercer acciones de fiscalización y control político.

De su lado, Juan Enrique Quiñónez, delegado de Unicef, ratificó el apoyo técnico que la organización ofrecerá a la Legislatura, asistencia técnica orientada a fortalecer sus capacidades y aportar herramientas para asegurar el cumplimiento de los parámetros determinados por la Convención por los Derechos del Niño. Enfatizó en la necesidad de evaluar no solo la ejecución, sino la eficiencia y eficacia de esa asignación presupuestaria.

Este instrumento se alinea con las metas de gestión, tanto para el control de la ejecución presupuestaria del Estado, para el asesoramiento en el costeo e implementación de leyes.

A partir de este convenio, la Comisión de Régimen Económico y la Unidad de Técnica Legislativa efectuarán un análisis de las asignaciones presupuestarias correspondientes a los ejercicios fiscales de los años 2021 y 2022.

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) resolvió, este 3 de agosto, realizar dos exhortos al presidente de la República, relativos a la memoria histórica de Esmeraldas.

Walter Rivera, historiador de la fundación Eloy Alfaro, expuso ante el Pleno del CPCCS, que en el Reglamento General de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) se establece un calendario con las fechas de creación de todos los cantones del Ecuador, donde se registra erróneamente la fecha de cantonización de Esmeraldas como el 25 de julio. Razón por la cual, el Pleno del CPCCS resolvió exhortar al presidente de la República, para que reforme de manera inmediata la disposición general cuarta del mencionado Reglamento, cambiando la fecha de cantonización de Esmeraldas al 25 de junio de 1824, como corresponde de acuerdo a los documentos históricos.

Además, el Pleno del Consejo resolvió exhortar al Presidente de la República, para que declare el 5 de agosto de 1820 como reconocimiento de la gesta patriótica y libertaria de Esmeraldas como medida de reparación, reconocimiento y resarcimiento de la realidad histórica de la provincia y de sus ciudadanos. Así mismo, exhortar al Ministerio de Cultura y Ministerio de Educación para que se informe del cumplimiento del exhorto de noviembre de 2017, realizado por la Asamblea Nacional, para concretar las acciones de reparación, reconocimiento y resarcimiento a la realidad histórica de la provincia de Esmeraldas y se comprometan a realizar las actividades pendientes para cumpir esta reparación.

La consejera Ibeth Estupiñán, proponente de ambas resoluciones, destacó que se ha realizado un trabajo conjunto con los mencionados ministerios y se cuentan con informes de la Academia de Historia Nacional, para que se realice este justo reconocimiento a los esmeraldeños que iniciaron la gesta independentista el 5 de agosto de 1820.

Abg. Hernán Ulloa Ordóñez

Presidente del CPCCS

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), este martes 2 de agosto, aprobó la prórroga solicitada por la Comisión Verificadora, encargada del proceso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), para la entrega de informes de verificación de requisitos, prohibiciones e inhabilidades de los postulantes registrados.

El cuerpo colegiado aceptó el pedido de la Comisión Verificadora y concedió la prórroga hasta el 8 de agosto de 2022, para que se presenten los reportes y así continuar con las siguientes fases del calendario establecido para la elección de las consejeras y consejeros del CPCCS, que se realizará el 5 de febrero de 2023.

Para ampliar la información contactarse con la

El asambleísta por Chimborazo, John Vinueza, presentó el proyecto de Ley Orgánica para la Rehabilitación Social Efectiva y una Sociedad de Paz, que pretende garantizar y salvaguardar el trabajo de los agentes penitenciarios, la rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad (PPL), mediante el establecimiento de reglas de convivencia dentro de los centros de rehabilitación social, y la regulación del régimen de trabajo de los agentes de vigilancia y control de este sistema.

La iniciativa legal tiene 181 artículos, distribuidos en cinco capítulos, que abordan temas relacionados con derechos de los PPL, en cuanto a acceso a salud, régimen de visitas, trabajo, recreación y educación; regulación del personal de vigilancia, régimen disciplinario para reclusos y agentes penitenciarios; y, procesos de requisas efectivas y dignas.

John Vinueza explicó que uno de los mayores problemas es la vigencia de reglamentos inconexos en materia de penitenciaria. Por ello, el proyecto agrupa en un solo cuerpo legal las necesidades y da tratamiento integral al sistema de rehabilitación social. “Con ayuda de la ciudadanía hemos construido un cuerpo normativo que elimina muchas contradicciones del sistema actual y fomenta una sociedad de paz”, afirmó.

De su lado, la asambleísta Diana Pesántez aseguró que el proyecto aporta a solucionar en parte la profunda crisis carcelaria que atraviesa el país. Subrayó que la vida y la integridad de los guías penitenciarios, las personas privadas de libertad y sus familiares deben estar garantizadas en los centros de rehabilitación social.

En el acto de presentación del proyecto, el abogado Iván Campaña Cueva y el presidente la Asociación de Servidores Penitenciarios del Ecuador, Carlos Ordóñez, recibieron un reconocimiento por su activa participación en la construcción de esta iniciativa legal.

Participaron de este encuentro Vianca Gavilanes, representante de la Fundación Dignidad; Rodrigo Vélez, representante de Parametría Consultores; Luz Villarreal, exdirectora del Sistema Nacional de Rehabilitación Social; Marco Eduardo Jurado, representante de la Fundación de Derechos Humanos (INCCADI); y, Gerardo Zapata, coordinador de la Federación Nacional de Organizaciones Campecinas (Fenoc).

En la continuación de la sesión 776, el Pleno de la Asamblea, con 123 votos afirmativos, aprobó en segundo debate el proyecto de Ley de Carrera Sanitaria, que tiene como propósito garantizar los derechos del personal de la red pública de salud, para que brinden un servicio médico de calidad en beneficio de la ciudadanía.

Marcos Molina, ponente del informe de la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte, detalló los cambios sugeridos por los asambleístas que fueron incorporados en el texto final, que permiten la aplicación adecuada de la ley, conforme a las reglas del gasto público y sostenibilidad fiscal. Además, dijo que en la jornada de trabajo se aplicará en virtud de las necesidades de las unidades y los servicios de salud, siempre respetando los derechos del personal de la salud.

Así mismo, la normativa garantiza como derechos del personal sanitario la prevención y promoción de la salud mental y asegura espacios físicos para la alimentación y el descanso. Sostuvo que, en cuando a los factores para la remuneración, se aclara la forma de aplicar los años de servicio para que pueda ser considerado dentro del ámbito público como privado.

Subrayó que se establece una compensación para quienes laboran en aquellos lugares donde exista déficit profesional de la salud. Aclaró que los diferentes incentivos al talento humano de salud deberán ser desarrollados en el respectivo reglamento. En cuanto, a la promoción del personal, se establece que el ejercicio del cargo en jefaturas o liderazgos será hasta cuatro años prorrogables por una sola ocasión.

La normativa actuará  como instrumento de gestión y regulación para promover el desarrollo integral del talento humano en salud, respecto a jornadas de trabajo, remuneración justa, reconocimiento, promoción, ascenso y permanencia del personal; la movilidad horizontal, el régimen de ingreso, modalidades de recambio, desvinculación; y, retiro.

Previamente, el Pleno recibió en comisión general a María Merchán, representante de la Federación Ecuatoriana de Enfermeros y Enfermeras, quien pidió a los asambleístas aprobar esta Ley, por la cual han venido luchando desde 1988, cuyo trámite se concretó en 2016. Habló de las condiciones especiales del trabajo que desempeñan, esto es, cuidando la salud de la población, a través de la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades.

El proyecto, contiene 45 artículos, seis disposiciones generales, cuatro transitorias, dos reformatorias y una final. Permite la incorporación a la organización del personal idóneo, garantizando su permanencia, desarrollo y mejora de la competencia profesional.