Hechos Ecuador

Ante la presencia de directores y editores de medios de comunicación,  representantes de organismos internacionales y autoridades electorales, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, y el director ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte, renovaron el Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional para combatir a la desinformación y a la violencia política en el desarrollo de las Elecciones Secciónales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2023.

“Esta es una tarea conjunta, con actores estratégicos y protagónicos del proceso electoral, para impulsar verdaderas acciones de fortalecimiento institucional y de auténtico combate a la desinformaciónn, un fenómeno al cual ya le hicimos frente en las Elecciones Generales 2021; pero que ante la dinámica y particularidad de los comicios locales y del CPCCS 2023, requiere de mayores esfuerzos y voluntades en cada rincón del país”, mencionó la presidenta Atamaint.

Por su parte, Ricaurte agradeció a las autoridades del CNE por su compromiso y por el trabajo que realiza la Función  Electoral para combatir a la desinformación. “Debemos unir esfuerzos para garantizar la legitimidad de los procesos electorales, como un principio fundamental en la lucha contra la desinformación y la violencia política”, puntualizó.

En el marco de los acuerdos de este convenio, se tiene prevista la realización de talleres presenciales y jornadas de capacitación, dirigidos a medios de comunicación, organizaciones políticas, funcionarios electorales, academia y a la sociedad civil.

Todas estas actividades se encuentran enmarcadas en el Proyecto de Apoyo al Ciclo Electoral patrocinado por las Misiones Diplomáticas de la Unión Europea, el Reino de España y la Confederación Suiza y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en alianza con Fundamedios, Ecuador Verifica, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Fundación Hanns Seidel en Ecuador.

El viernes 5 de agosto de 2022 culminó el plazo para que las organizaciones políticas realicen sus procesos de democracia interna, de acuerdo con el calendario fijado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para las Elecciones Seccionales 2023.

Durante los quince días que otorga el Código de la Democracia para la realización de las Elecciones Primarias, el CNE dio acompañamiento técnico en 624 procesos de democracia interna, a través de funcionarios de las 24 Delegaciones Provinciales Electorales.

De acuerdo a la normativa electoral, en el caso de las primarias que se efectuaron de manera telemática, la proclamación y aceptación de precandidaturas de postulación popular es expresa, indelegable y personalísima, y se realizará en unidad de acto en el plazo de 10 días de efectuada la elección, ante delegados del CNE.

Después de la Convocatoria a Elecciones, prevista para el 21 de agosto, se iniciará la fase de inscripción de candidaturas ante el CNE, entre el 22 de agosto y el 20 de septiembre, para lo cual es indispensable que los postulantes provengan previamente de procesos de democracia interna.

La Comisión de Fiscalziación y Control Político este viernes, 5 de enero, continuó con la recepción de testimonios, en el proceso de sustanciación de la solicitud de juicio político en contra de María del Carmen Maldonado, Fausto Murillo, Ruth Barreno y José Morillo, expresidenta y vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), por incumplimiento de funciones, auspiciada por la legisladora Viviana Veloz.

En la segunda jornada, comparecieron los exjueces de la Corte Nacional de Justicia Beatriz Sánchez y Diego Velasteguí Enríquez, así como Wilson Toainga, fiscal General subrogante y el fiscal Carlos Eduardo Pérez.

Beatriz Sánchez detalló el proceso seguido para la evaluación de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, el cual no contó con los requisitos constitucionales ni legales pertinentes. Es más, dijo, en la mal llamada evaluación se aplicaron parámetros subjetivos para valorar la actuación de los jueces, inclusive con un control de los fallos que se emitieron en un período determinado.

A criterio de la exservidora judicial, el proceso fue eminentemente político y tuvo como objetivo separar a quienes eran incómodos para los vocales del Consejo de la Judicatura de la época.

De su lado, Diego Velasteguí consideró que lo actuado por el CJ fue absolutamente inconstitucional e ilegal, atropelló varios derechos de los jueces, entre ellos el derecho a la seguridad jurídica, el derecho a la defensa, el derecho a a estabilidad y el principio de inamovilidad, porque se trata de funcionarios nombrados para un período fijo.

Velasteguí destacó que durante su carrera judicial jamás recibió ni si quiera una amonestación, pues su trabajo estuvo apegado a derecho, como corresponde. Pero, lamentablemente, fueron sometidos a una evaluación encabezada por personas que jamás han ejercido como jueces y que en su apreciación cofundieron el rol del juez con el de un abogado litigante.

Mientras, Wilson Toainga, fiscal subrogante, explicó su trayectoria hasta ser desognado en el cargo que ostenta actualmente, como parte de la carrera fiscal. Aclaró que el nombramiento de fiscales provinciales y agentes fiscales no es atribución de esta institución, sino del Consejo de la Judicatura.

En tal virtud, la Fiscalía ha solicitado se realicen los concursos para fiscales a nivel nacional, con el fin de atender las demandas de la ciudadanía, pero no está en sus manos la decisión de cuándo y cómo hacerlo.

Igualmente, el fiscal Carlos Eduardo Pérez consideró que sí hubo incumplimiento de funciones de la expresidenta y los vocales del Consejo de la Judicatura ya que, en su caso, no atendieron con diligencia varios reqierimientos para viabilizar su nombramiento como fiscal, pedidos que provinen desde 2019. Lo curioso es que, dijo, no se dio paso a su nombramiento, tuvo que pedir se el nombre para la fiscalía de la provincia de Galápagos y se nombra para Gauayas a Iván Valdiviezo, quien no pertenecía a esa jurisdicción, caundo el único elegible era el abogado Carlos Pérez.

Para este sábado, 6 de agosto, a las 14h00, está prevista la comparecencia deJavier Cordero, Lauro De La Cadena, Jaime enríquez, Rafael Fernández, Diego Gordillo, Mónica Heredia y José Layedra, exconjueces temporales de la Corte Nacional de Justicia.

“La Comisión del Deporte ha hecho una clasificación de temas en los que estamos trabajando para, en cada uno de los territorios socializar los proyectos que se tramitan en la Asamblea; uno de ellos está relacionado con las glorias del deporte”, subrayó el asambleísta Joel Abad, al inaugurar el taller “Glorias del Deporte y Equipo Técnico Multidisciplinario”, realizado en la provincia del Cañar.

En la apertura del encuentro, el asesor parlamentario Luis Sarmiento, indicó que este taller se inscribe en el tratamiento y socialización del proyecto de Ley Orgánica del Deporte, Educación Física y Recreación, que se tramita en la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte.

Enfatizó que el informe para primer debate emitido y aprobado por la Comisión recoge y unifica diversas iniciativas sobre la misma materia, así como la sistematización de las observaciones realizadas por diversos deportistas, expertos, colectivos, organizaciones y autoridades.

Para el efecto, dijo, la Comisión sesionó en varias ciudades del país, con la intención de conocer de primera mano las necesidades de este sector de la sociedad y escuchar los aportes de la ciudadanía, a fin de incluirlos en este cuerpo normativo.

De su lado, Manuel Orellana, dirigente deportivo, consideró que la base y la razón de ser de las federaciones deportivas de las provincias del Ecuador son los niños, de allí la necesidad de establecer medidas para el fomento de las actividades deportivas, lo cual requiere, además, de ingentes recrusos económicos  y, en un futuro no lejano se pueda contar con más deportistas que pongan en alto el nombre del país, como los que existen en la actualidad.

A decir de varios deportistas de Cañar, aún persiste la falta de apoyo de las autoriades para el desempeño deportivo, pues los entrenadores se han sacrificado por sí solos con el objetivo de hacer quedar bien al deporte local en múltiples competencias.

Finalmente, el legislador Joel Abad reiteró que el objetivo de la socialización es, justamente, mejorar los insumos que se encuentran en el proyecto de Ley que se tramita en la Comisión de Salud. Explicó que estos encuentros se llevan a cabo en todas las provincias del país.

Ante la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral,presidida por Ramiro narváez, el director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), Pablo Ramírez, informó acerca de la planificación para prevenir y resolver la crisis carcelaria, así como los hitos y metas en materia de seguridad y rehabilitación penitenciaria.

Explicó que el próximo 21 de agosto iniciará el censo de las personas privadas de libertad (PPL) para mantener el registro actualizado. Agregó que se implementará un sistema interoperable entre todas las instituciones relacionadas con el Sistema de Rehabilitación Social.

Advirtió que entre los motivos que desataron los hechos de violencia dentro de los Centros de Rehabilitación Social (CRS) está la sobrepoblación carcelaria, por lo que la gestión se ha centrado en reducir el hacinamiento, que actualmente corresponde al 7,94 %. En diciembre de 2021, el hacinamiento llegó al 26,75 %.

Subrayó que el SNAI ha iniciado un concurso público para adjudicar, a través de licitación, los contratos de alimentación a empresas que cuenten con todas las seguridades requeridas y que no tengan relación con personas involucradas en el Sistema de Rehabilitación Social. Asimismo, explicó que dentro de los CRS funcionan los economatos, que son emprendimientos que cuentan con convenios con el estado para comercializar productos de aseo en calidad y cantidad adecuadas, a precios justos.

También se encuentra en proceso la adquisición de escaneres corporales y de carga para evitar que ingresen artículos no autorizados al interior de los centros. Se realizará el control y monitoreo de los 47 centros de rehabilitación con cámaras de reconocimiento facial. Afirmó que con la firma de los citados contratos se ejecutará alrededor del 60 % del presupuesto asignado.

Entre otros aspectos, destacó que hay aproximadamente 3000 agentes penitenciarios y 100 educadores en formación; y, más de 3000 PPL que se encuentran en prelibertad constan en la base pública de empleo para lograr una reinserción social efectiva. Además, se han firmado cuatro acuerdos de paz para que los PPL solucionen sus conflictos de manera pacífica.

Por último, mencionó que se implementará un sistema de gestión y prestación de servicios penitenciarios en el cual se clasifican los CRS de acuerdo a recursos humanos y logísticos, infraestructura instalada, niveles de seguridad y riesgo; y, la población objetiva.

Como parte del proceso de fiscalización y control político, el Ministro de Defensa, Luis Lara compareció ante la Comisión de Garantías Constitucionales para informar sobre la presencia y participación de las Fuerzas Armadas en las jornadas de protestas, durante el paro nacional registrado del 13 al 30 de junio de 2022.

El Titular de la referida Cartera de Estado indicó que la participación de los agentes de las Fuerzas Armadas tuvo el único objetivo de restablecer el orden público, en estricto cumplimiento de la Constitución de la República, de manera complementaria al quehacer de la Policía Nacional, durante la vigencia de los estados de excepción declarados por el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, entre el 18 y 29 de junio de 2022.

Puntualizó que, cuando no se ha declarado estado de excepción, la presencia militar en las calles en todo el territorio nacional corresponde a la facultad que tiene el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas respecto del control de armas, municiones y explosivos, como consta en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Defensa Nacional.

De acuerdo  con lo previsto en el artículo 158 de la Constitución, las Fuerzas Armadas son una institución de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Consecuentemente, el accionar de sus miembros durante el paro nacional observó el respeto de los derechos humanos, concluyó Lara.

Previo a la intervención del Ministro de Defensa, los miembros del organismo legislativo escucharon las declaraciones de Fabián Veloz, víctima de los hechos violentos ocurridos en la movilización social, quien relató cómo recibió el impacto de tres perdigones en el ojo izquierdo. Indicó que ha iniciado una acción penal en contra del Estado.

En otro orden, los comisionados resolvieron solicitar al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela Espinoza, una prórroga de 30 días para elaborar y presentar ante el Pleno Legislativo el informe de los hechos ocurridos durante el paro nacional.

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó, este 4 de agosto, el Protocolo general de bioseguridad para las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2023, con el objetivo de precautelar la salud de los electores que ejercerán su derecho al voto en los próximos comicios.

Este documento incluye lineamientos y directrices de cumplimiento obligatorio al interior de los Recintos Electorales, durante los comicios del 5 de febrero de 2023, por parte de los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV), veedores nacionales e internacionales y ciudadanía en general, con base en las disposiciones de las autoridades sanitarias del país.

Además, exhorta a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) a ejecutar acciones de control y organización de los espacios públicos, a fin de garantizar el desarrollo normal del sufragio y reducir el riesgo de contagio de la COVID-19 entre los electores y demás actores del proceso.

Este jueves 4 de agosto de 2022 el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó y autorizó el límite máximo del gasto electoral para las Elecciones Seccionales 2023.

El límite de gasto electoral es el monto máximo establecido para que las organizaciones políticas realicen actividades de promoción que no impliquen la contratación de publicidad en prensa, radio, televisión y vallas publicitarias.

El cálculo del límite se establece con base en el número de electores y en lo determinado en el artículo 209 del Código de la Democracia. Así, por ejemplo, el límite máximo de gasto electoral para la dignidad de prefectura y viceprefectura en Azuay asciende a USD 190.515,30; en Guayas a USD 956.070,90; en Manabí a USD 382.704 y en Pichincha a USD 699.819,30.

Mientras que el límite máximo de gasto electoral para postulantes a la alcaldía en Quito es de USD 805.470; en Guayaquil de USD 800.236,80; en  Cuenca de USD 179.420,80 y en Manta de USD 84.369,20.

El detalle del límite de gasto electoral para las dignidades de prefectura y viceprefectura, alcaldías, concejalías urbanas, rurales y por circunscripción, así como para vocales de juntas parroquiales rurales, se publicará en la página web institucional www.cne.gob.ec

Acogiendo las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado, Tribunal de Garantías Penales emitió sentencia condenatoria de veintiséis años de prisión contra el ciudadano Jorge Xavier M. F., como autor del delito de pornografía infantil, perpetrado contra una menor de 9 años.

Los jueces Diógenes Cueva, Allison Ramírez y Geovanny Suárez, además, impusieron una multa de mil salarios básicos unificados del trabajador y ordenaron el pago de 5.000 dólares, como reparación integral a la víctima.

Entre las pruebas más importantes presentadas por la fiscal Yoli Pinillo Castillo, durante la audiencia de juicio, se encuentran los testimonios de los agentes policiales que participaron en la investigación y la detención del procesado, el reconocimiento del lugar de los hechos y la pericia de audio, video y afines de los equipos electrónicos del procesado y de la denunciante.

A ello se sumó la pericia de entorno social, el informe de la situación de riesgo, las valoraciones médicas, sicológicas y ginecológicas de la afectada, y el testimonio anticipado realizado a la niña, en la que narra los hechos e identifica plenamente a su agresor.

Además, se incluyó la información emitida en redes sociales, mismas que tenían alerta internacional por el contenido de pornografía infantil, en la que asistió internacionalmente la Oficina de investigaciones del Departamento se Seguridad de Estados Unidos.

En este caso, el 18 de agosto de 2021, Fiscalía ejecutó un operativo de ubicación y captura de Jorge Xavier M. F., acusado de remitir material pornográfico en la que participaba una niña de 9 años. En la diligencia, además, se incautaron tres celulares y una computadora personal.

La Fiscalía General del Estado, adicionalmente, procesa a Jorge Xavier M. F. por un presunto delito de violación a la niña que aparece en los videos, en esta causa ya fue llamado a juicio y la audiencia está prevista para el 11 de agosto de 2022.

Información jurídica

La Fiscalía procesó este caso con base en lo dispuesto en el artículo 103 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de pornografía infantil, con una pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.

La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, este jueves 4 de agosto, inició la recepción de testimonios pedidos como pruebas de cargo, por la asambleísta Viviana Veloz, dentro de la sustanciación de la solicitud de juicio politico en contra de María del Carmen Maldonado, Fausto Murillo, Ruth Barreno y José Morillo, expresidenta y vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), por incumplimiento de funciones establecidas en la Constitución y la Ley.

En la primera jornada, la mesa recibió a los exjueces María Rosa Merchán, José Luis Terán, Édgar Flores y Pabo Tinajero, quienes narraron los procesos seguidos para la evaluación de desempeño, que derivaron en la remoción de sus cargos en 2019.

María Rosa Merchán recordó que laboró en la Función Judicial por más de 40 años, como funcionaria de carrera. “Esto comenzó cuando se me incluyó en la terna para presidir el Consejo de la Judicatura; se me persiguió, primero por la Contraloría, el CJ violó los derechos de los jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia, lo cual ocasionón un verdadero caos insitucional”, agregó.

De su lado, José Luis Terán enfatizó que el CJ actuó fuera de norma legal expresa al aplicar un proceso de evaluación sin sustento jurídico ni legal alguno. “En mi caso se mecuestiona por nohaber declarado una participación accionaria de 25 dólares en una empresa, porque mi patrimonio subió, injustificadamente, en 25 dólares”, añadió.

Entre tanto, Édgar Flores, tras relatar cuál fue su trayectoria dentro de la Función Judicial, subrayó que al desarrollar un proceso de evaluación sin el sustento jurídico necesario, los miembros del Consejo de la Judicatura incumplieron funciones. “Actuar al margen de la Constitución y la Ley es incumplir funciones; el incumplimiento puede ser por acción u omisión”, dijo.

Pablo Tinajero coincidió con los otros comparecientes en que el Consejo de la Judicatura violó derechos de los jueces, como el derecho a la seguridad jurídica, porque el Reglamento para la evaluación fue sometido a cambios de último momento; el derecho a la defensa; el derecho a la estabilidad, porque no se respetó el período fijo para el cual fueron nombrados como jueces de la Corte Nacional de Justicia.

Este viernes, 5 de agosto, la Comisión continuará con la recepción de testimonios del doctor Rómulo Darío Velasteguí, exjuez de la Corte Nacional de Justicia; y del doctor Wilson Toainga, Fiscal subrogante del Estado.