Hechos Ecuador

El Pleno de la Asamblea, presidido por Virgilio Saquicela Espinoza, rindió homenaje a los 213 años de la gesta patriótica del 10 de Agosto de 1809, que constituyó el Primer Grito de Independencia de América. El acto inició con el ingreso del Estandarte Nacional, seguido por el Himno Nacional de la República del Ecuador, entonado por los presentes en el hemiciclo legislativo.

Luego, el asambleísta Pabel Muñoz, representante por Pichincha, exaltó la importancia de esta fecha histórica pues, dijo, es un día fundamental para los hombres y mujeres libres del Ecuador y América Latina, trascendencia que fue creciendo con el paso del tiempo y se marcó el 24 de mayo de 1822, con la independencia de la Real Audiencia de Quito, actual Ecuador.

No solo se trató de un grito emancipador, fue un día en el que se sembró la conciencia insurgente en los pueblos de nuestra América; si bien las condiciones de este grito libertario fueron limitadas, marcadas por acontecimientos externos, como la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, la invasión de Napoleón a España, son las demandas locales las principales razones de la revolución quiteña y su relevancia está escrita en la declaratoria de independencia y en la constitución de la Junta Soberana que resumió los anhelos de libertad.

De su lado, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela Espinoza, calificó al 10 de Agosto como un grito sin par que marcaría el sendero de la libertad para hombres y mujeres del Ecuador y de América Latina, en suma, una fecha trascendental en nuestra historia, porque implica no solamente el “Primer Grito de la Independencia”, sino un clamor emancipador, que ha sido la siembra de la conciencia libertaria y rebelde de nuestros pueblos. Esta gloriosa fecha marcó el inicio del proceso de la independencia del Ecuador y es, sin duda, nuestro Día Nacional, el día de la Patria, un memorable acontecimiento con el cual nuestra nación dio ejemplo de libertad al mundo.

Resaltó que el “Primer Grito de la Independencia” se germinó en la esencia indómita de las ecuatorianas y ecuatorianos quienes, hastiados de las medidas arbitrarias tomadas por el Gobierno de la época, la innegable decadencia del régimen colonial español en todo el continente, dieron paso para que un grupo de quiteños encabezados por Juan Pío Montúfar, decidiera conformar una Junta Soberana de Gobierno que relevó de sus funciones al Conde Ruiz de Castilla, presidente de la Real Audiencia de Quito, hecho ratificado seis días más tarde, en un cabildo popular.

Indignémonos, por cada niño o niña sin alimento, por cada padre o madre de familia sin trabajo, por cada joven sin educación, por cada adulto mayor sin cuidado y protección, por cada hogar desprotegido y en la inseguridad; jamás dejemos de recordar “cuando Manuela Cañizares, indignada, se planta en la puerta de la casa, con coraje, para evitar que los comprometidos abandonen el lugar sin tomar una firme decisión; levanta Manuela la voz, como solo pueden hacerlo las mujeres dignas, inteligentes, libertarias, y grita: ¡Cobardes! ¡Hombres nacidos para la servidumbre! ¿De qué tenéis miedo? ¡No hay tiempo que perder!”.

“No hay tiempo que perder, ecuatorianos y ecuatorianas, colegas asambleístas; 213 años después aún somos presos del hambre, la desigualdad, la inseguridad, la injusticia, el desempleo. Y el único camino para vencer esas cadenas es el del trabajo conjunto. Por eso, hemos convocado a trabajar de la mano, a reconocer las diferencias pero a converger en las necesidades insatisfechas de un pueblo, que todas las funciones del Estado, Ejecutivo y Legislativo trabajemos de manera articulada, y hagamos, desde nuestra atalaya todo lo que nos corresponda en bien de nuestra patria”, enfatizó el Titular de la Legislatura.

Dentro del tratamiento del informe para segundo debate de las reformas a la Ley de Educación Superior, la Comisión de Educación, abordó la formación técnica y tecnológica, así como en conservatorios superiores, para lo que escuchó la opinión de varios actores.

El presidente de la comisión, Manuel Medina, manifestó que es importante analizar la parte técnica y tecnológica para continuar la construcción del proyecto de ley, para lo que es necesario escuchar lo que piensan personalidades de la ciencia y educación.

En este contexto, Fidel Márquez, del Consejo de Educación Superior, planteó el concepto de multiculturalidad para la creación de institutos técnicos superiores. Expresó su confianza en que la Ley de Educación Superior fortalezca a los institutos técnicos superiores, para dar mayores opciones de estudio y empleo a los jóvenes.

Nelly Paredes, directora de Formación Técnica y Tecnológica de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, resaltó la necesidad de la independencia económica de los institutos superiores y la vigencia del escalafón docente.

Ramiro Noriega Fernández, docente de la Universidad Central del Ecuador, dijo que es muy importante el ejercicio de la educación en el campo cultural y artístico en un país que se reconoce intercultural.

Así mismo, Ricardo Monteros, rector del Conservatorio Superior Nacional de Música, puntualizó que lo mínimo que debería recibir un artista es educación integral de tercer y cuarto nivel, no solamente técnica.

Herenia Mendieta, rectora del Conservatorio Anton Brukner, reconoció el afán de los presentes de fortalecer la educación artística, a la vez que explicó las diferentes especialidades que ofrece este sector, los reglamentos, malla curricular y estándares determinados.

De su lado, Aldo Maino, representante de la Asociación de Institutos Técnicos Privados del Ecuador (AITPEC), recordó que es importante garantizar las acreditaciones de los institutos de educación superior como parte del sistema.

Por su parte, Brad Hilbert, vicerrector de la Universidad de las Artes, se refirió a los recursos que nutren el Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (Fopedeupo), el papel de las artes y la cultura, la forma de elección de las máximas autoridades y el enfoque de bienestar común.

A cierre de sesión el legislador Manuel Medina tras solicitar a los comparecientes que envíen sus observaciones por escrito, a fin de analizarlas en la construcción del informe, resaltó la decisión de fomentar una coordinación directa con todos los organismos para converger en el tema, y, fortalecer el sistema de educación superior.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social convoca a la ciudadanía a ser parte de la Veeduría para vigilar el cumplimiento del contrato para la delegación a la iniciativa privada del servicio de gestión y control de tránsito y áreas de parqueo tarifado de la ciudad de Manta por medios o dispositivos electrónicos, entre el Gobierno Autónomo Descentralizado municipal del cantón Manta y el Consorcio Tránsito Seguro.

Las inscripciones se realizarán de forma presencial en las oficinas de la Delegación Provincial del CPCCS de Manabí, desde el 11 de agosto a las 08:30, al 18 de agosto, de 2022, hasta las 17h00.

Una vez que concluya el plazo establecido y se realice la verificación de la información receptada, el CPCCS, a través de la Subcoordinación Nacional de Control Social tomará contacto con los postulantes.

Requisitos:

Una vez que concluya el plazo establecido y se realice la verificación de la información receptada, se tomará contacto con los postulantes que hubieran remitido sus solicitudes.

Descarga aquí:

Formulario de Inscripción_http://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2020/11/formulario_para_conformacion_de_veedurias_ciudadanas.pdf

La Comisión de Fiscalización y Control Político continuó la recepción de testimonios solicitados como pruebas de descargo y de oficio, en la sustanciación de la solicitud de juicio político en contra de María del Carmen Maldonado, Fausto Murillo, Ruth Barreno y José Morillo, expresidenta y vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), proceso planteado por la asambleísta Viviana Veloz.

En este marco, Francisco Endara, sentenciado por sabotaje, en los hechos ocurridos el 30S en los medios públicos, dijo que se le condenó, de manera ridícula, por un delito inexistente, como se reconoce en la sentencia de segunda instancia, por haber mostrado apoyo a esos actos; le reducen la condena a cuatro años, porque no tenía antecedentes y, en casación, se le cambian no solo la pena, sino el tipo penal. “Así se manipuló la justicia en el país”, añadió, al justificar la actuación del Consejo de la Judicatura en la evaluación de jueces y conjueces.

De su lado, el constitucionalista Xavier Palacios consideró que el Consejo de la Judicatura tenía plena facultad para evaluar el accionar de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia; utilizó parámetros que son válidos y se evaluaron sentencias, no en el fondo, sino en la forma, lo cual sí está previsto en la ley. Quizás lo cuestionable fue la oportunidad, lo debatible sería si se lo hizo dentro del período que correspondía tal evaluación, añadió.

Mientras, el exasambeísta Cléver Jiménez, subrayó que fue víctima de una época nefasta para el país, caracterizada por la persecución política, la violación sistemática de derechos de los ciudadanos. “Desde 2010, hasta después de ser legislador, fui víctima de una brutal persecución política utilizando a una herramienta fundamental de la democracia, como es la administración de justicia”, enfatizó.

El exlegislador Fausto Jarrín, en su condición de abogado litigante, recordó que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio retiró al Consejo de la Judicatura (CJ) transitorio el exhorto para que evalúe a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Cuestionó, además, el hecho que el CJ haya trasladado a una Comisión o Comité de Apoyo, como quiera que se llame, su responsabilidad de evaluar a los jueces. Tampoco tenía facultad para crear la figura de conjueces o jueces encargados.

Según Mariana Yépez, Roberto Salgado, Ramiro García Falconí, Geovanni Sacasari y Álvaro Mejía, quienes integraron el Comité de Apoyo a la Evaluación, el rol cumplido por esta instancia consistió en un asesoramiento técnico, jurídico y académico, además de especializado, según las materias de cada una de las salas de la Corte Nacional de Justicia. Explicaron que entre los hallazgos determinaron la existencia de una estructura unificada de las sentencias que emitían los jueces y solo cambiaban la parte final, cuando lo que corresponde es incluir en ellas los antecedentes, los precedentes jurisprudenciales y la visión que tiene cada juez respecto del caso específico sometido a su conocimiento.

Ramiro García, por ejemplo, aseguró que hubo una alta precariedad en el trabajo de los jueces y, sobre todo, al someterlos a un pliego de preguntas básicas sobre los procesos, en su caso, en el ámbito penal, las respuestas dejaron mucho que desear, sobre el entendido que se trataba de temas que debe manejar un estudiante de primer año de Derecho. La evaluación correspondió en todo momento al Consejo de la Judicatura, el Comité solo ejerció un rol asesor, insistió.

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En el marco de las Elecciones Seccionales 2023, los vocales de las 24 Juntas Provinciales Electorales y de la Junta Especial del Exterior participan en jornadas de capacitación para fortalecer sus capacidades en el ejercicio de sus funciones. En el evento de inauguración de las jornadas, que se llevó a cabo este 8 de agosto, las autoridades electorales destacaron la labor que deben llevar adelante los vocales.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, señaló que ser parte de la vocalía provincial conlleva una alta responsabilidad y compromiso. “Mis mejores deseos y éxitos en las tareas que les hemos asignado y encomendado; al mismo tiempo, aprovecho la oportunidad para comprometer mi apoyo y total respaldo, encaminados a garantizar el desarrollo de un proceso electoral eficiente, justo y transparente”, indicó.

Por su parte, el vicepresidente del órgano electoral, Enrique Pita, manifestó que el trabajo de los vocales es determinante para el éxito de las Elecciones 2023. “Su experiencia es de vital importancia para garantizar la transparencia de los procesos electorales”, manifestó.

Entre los temas sobre los que los vocales se capacitan, se destacan: registro de alianzas electorales, proceso de inscripción y calificación de candidaturas, procesos y acciones contenciosos electorales, régimen parlamentario, entre otros aspectos para llevar adelante sus funciones, establecidas en el Código de la Democracia.

Formar profesionales que serán parte de los organismos de seguridad ciudadana, tales como entidades gubernamentales, gobiernos autónomos descentralizados y el sector privado en el ámbito de prestación de servicios y producción, en el ámbito de la seguridad integral, es uno de los objetivos del proyecto de Ley de creación de la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales que tramita en primer debate el Pleno de la Asamblea Nacional.

El debate se desarrolló sobre la base del informe preparado por la Comisión de Educación que previamente promovió un proceso de socialización de la propuesta con la participación de autoridades y delegados de los Ministerios de Gobierno, del Interior y de Finanzas; además escuchó los criterios de representantes de la Policía Nacional, del Consejo de Educación Superior (CES) y del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES).

Según la propuesta, esta universidad tendrá sede en Quito e iniciará con tres carreras: Licenciatura en Investigación Criminal y Forense; Licenciatura en Gestión de Seguridad Ciudadana; y, Licenciatura en Inteligencia Estratégica y Prospectiva.

En la jornada de este martes intervinieron ocho asambleístas, quienes reiteraron la necesidad de fomentar la educación como herramienta para salir del subdesarrollo y fortalecer el conocimiento, así como brindar oportunidades para que los jóvenes accedan a la educación superior y garantizar el presupuesto para toda la universidad que en los últimos años se ha reducido de US$ 1.656 millones a US$ 1.169 millones.

También resaltaron que esta universidad, que puede articular a la academia con la seguridad, no beneficia unicamente a la Policía; que es importante profesionalizar y capacitar a los policías y robustecer a las fuerzas de seguridad a través de procesos académicos, para apoyar el combate a la inseguridad.

Los representantes de la Amazonía demandaron priorizar la creación de las universidades en las provincias de Sucumbíos, Orellana, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, previstas en la Ley Especial Amazónica.

Comisión general

El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, Erick Barba, mencionó que si bien la Policía merece una educación universitaria de calidad, actualmente existe la carrera de Ciencias Policiales y Seguridad Ciudadana en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central, cuyos estudiantes gozan de todos los derechos consagrados en la Ley de Educación Superior y no se someten al régimen disciplinario de una sola institución.

La sesión continuará en los próximos días, una vez que el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela Espinoza, suspendió el debate de este proyecto.

La Comisión de Régimen Económico, en el marco de su competencia de control político, recibió al ministro de Energía y Minas, Xavier Vera, con quien analizó la normativa, los fundamentos técnicos, legales y económicos para aplicar los subsidios a los combustibles.

Las inquietudes de los legisladores se refirieron especialmente al método de cálculo que se utiliza actualmente para determinar el valor de subsidios.

La asambleísta Sofía Espín pidió al funcionario detalles sobre los valores de los subsidios, debido a que el Presupuesto General del Estado no cuenta con una partida presupuestaria contable que mantenga un registro de estos valores. También cuestionó el método de cálculo usado. Argumentó que no considera el costo real de producción del crudo ecuatoriano y en su lugar aplica un costo de oportunidad, basado en el precio internacional del barril de crudo.

Al respecto, el ministro Vera explicó que el método de cálculo estuvo basado en el reglamento de regulación de precios creado por decreto ejecutivo en el año 2005, reglamento que fue modificado en 2015 y actualizó su metodología en 2020. Afirmó que aún si se considera el costo de producción como parámetro en la metodología de cálculo hay una perdida y el país seguiría necesitando subsidiar los combustibles.

También compareció David Almeida, secretario General de la Asociación Nacional de Empresas de la Energía y el Petróleo, quien presentó valores del costo de producción de crudo nacional, basado en los datos publicados por Petroecuador. El experto en materia de hidrocarburos explicó que debido a la cantidad de subproductos derivados del petróleo es muy difícil determinar un costo real de los combustibles y que la metodología necesita analizar en conjunto toda la cadena de producción, para determinar si hay una utilidad o una perdida que genere un subsidio.

La jornada de trabajo que cumplió este martes el Grupo Parlamentario Ecuador sin Hambre tuvo como propósito socializar, con ciudadanos en la provincia de Loja, el contenido y objetivos del Fondo de Investigación para la Agrobiodiversidad, Semillas y Agricultura Sustentable (FIASA 2023).

El delegado del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), Cesar Tapia, señaló que la conservación y uso de recursos fitogenéticos; investigación, innovación y transferencia tecnológica para producción de semilla; y, agricultura sostenible, sustentable y eficiente, constituyen las tres áreas estratégicas del fondo.

Así mismo, mencionó que este proyecto tiene como objetivo promover programas y proyectos para fortalecer la conservación, semillas y agricultura sustentable. Informó que para el año 2022, el Gobierno Nacional asignó cuatro millones de dólares para este fondo, lo que evidencia su importancia.

El asambleísta Xavier Santos felicitó la iniciativa de abordar este tema en el Grupo Parlamentario, considerando que se trata de un proyecto que beneficia de la ciudadanía.

La legisladora Lucía Placencia, presidenta del Grupo Parlamentario Ecuador sin Hambre agradeció la participación de los asambleístas, y de ciudadanos de la provincia de Loja que fueron parte de la socialización, a la vez que anunció que este tipo de iniciativas se replicarán en otras provincias.