Hechos Ecuador

La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes continuó el análisis del informe sobre la afectación de este sector de la sociedad en el marco de las protestas sociales registradas el pasado mes de junio, conforme la recomendación de la Comisión de Garantías Constitucionales.

La presidenta de la mesa legislativa, Pierina Correa, informó que la comisión también solicitó la convocatoria a las niñas, niños, adolescentes y a sus padres para escuchar las experiencias vividas en el marco del paro, testimonios que servirán como insumos para la elaboración del informe.

Tras indicar que se ha propuesto conformar una mesa técnica para tratar el tema, sugirió que el documento que prepara la comisión sea incluido como un capítulo del informe general de la Comisión de Garantías Constitucionales, para que sea conocido en el Pleno de la Asamblea Nacional.

Entre tanto, la legisladora Esther Cuesta resaltó la importancia que la comisión reciba a las niñas, niños y adolescentes, con el fin de conocer sus experiencias de manera directa y desde la perspectiva ciudadana. Explicó que en su informe recoge las experiencias de cuatro menores de edad que fueron detenidos en el paro nacional.

En otro ámbito, la comisión avanzó en el análisis del artículo 205 del Libro II del proyecto de Código Orgánico de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Copinna), que se refiere a las inhabilidades por incumplimiento del régimen de protección económica, sosteniendo que quien adeude dos o más asignaciones, mientras no cancele las obligaciones vencidas será incorporado en el registro de deudores que elaborará y publicará el Consejo de la Judicatura.

Por lo tanto, quedará inhabilitado para ser candidato a cualquier dignidad de elección popular; ocupar cargo público para el cual hubiere sido seleccionado en concurso público, por designación o contrato; enajenar bienes muebles o inmuebles, salvo que los beneficios o parte de ellos sean directamente para el pago total de sus obligaciones, en cuyo caso se requerirá autorización judicial, entre otros aspectos.

Pabel Muñoz, precandidato a la alcaldía de Quito

La Comisión de Fiscalización y Control Político, este martes 9 de agosto, escuchó los testimonios solicitados como pruebas de descargo por Fausto Murillo, Ruth Barreno y José Morillo, vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), como parte de la sustanciación de la solicitud de juicio político presentada en su contra por la asambleísta Viviana Veloz, por incumplimiento de funciones.

En esta jornada comparecieron Carlos Figueroa y Gerardo Portillo, como víctimas de casos emblemáticos de la Corte Nacional de Justicia; Christian Zurita y César Ricaurte, en su calidad de periodistas de investigación; e, Iván Saquicela Rodas, presidente de la Corte Nacional de Justicia, este último como parte de las pruebas de oficio solicitadas por la asambleísta Gabriela Molina.

Carlos Figueroa recordó que fue víctima de una persecución del Gobierno de la época, por haber hecho una denuncia, junto al exasambleísta Cléver Jiménez y su asesor, Fernando Villavicencio, en torno a los hechos ocurridos en el hospital de la Policía Nacional el 30 de septiembre de 2010, cuando por orden del Mandatario se produjo un violento rescate de la referida casa de salud, que dejó personas fallecidas, heridas y asfixiadas. “El Consejo de la Judicatura se quedó corto y no hizo lo que tenía que hacer para que haya jueces honestos, honrados y probos”, subrayó.

De su lado, Gerardo Portillo, quien formó parte de la veeduría que analizó el caso de la supuesta entrega de contratos a Fabricio Correa, hermano del expresidente de la República, Rafael Correa, aseguró que luego del informe de la veeduría se inició una persecución, a través de un juicio por supuesto daño moral, proceso que duró casi ocho años en los cuales él y otros exmiembros de esa instancia, tuvieron que abandonar su hogar, perdieron su trabajo y fueron afectados directamente por la manipulación de la justicia.

Entre tanto, Christian Zurita, coautor del libro “El Gran Hermano”, que relata los hechos relacionados con la entrega de contratos al ingeniero Fabricio Correa, enfatizó que, desde 2010, la justicia se convirtió en una infraestructura utilizada para la impunidad y se establecen las condiciones para que el Gobierno de entonces evite que sus acciones sean materia de enjuiciamiento penal. “Si no dejan de meter la mano en la justicia, Ecuador no va a tener una justicia independiente”, añadió.

Para César Ricaurte, de la Fundación Andina de Observación y Estudio Social de los Medios (Fundamedios), tras 15 años de investigación sobre el ejercicio de la justicia se evidenció que hubo persecución política entre 2007 y 2017, mediante la judicialización de quienes no pensaban igual que el régimen. Se registran 2085 agresiones contra la prensa y, sobre la base del desprestigio permanente de los medios, se justificó la aplicación de normas deontológicas orientadas a controlar la opinión.

Por último, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, coincidió con la posición expuesta por su antecesora, doctora Paulina Aguirre, quien expresó públicamente que no se oponían a un proceso transparente de evaluación, sino que se solicitaba que actúen sobre la base de parámetros técnicos para una real evaluación de desempeño, porque lo que se estaba haciendo desde el Consejo de la Judicatura violentaba el derecho al debido proceso, la garantía de estabilidad, al haber sido designados para un período fijo, y al derecho a la seguridad jurídica, entre otros preceptos constitucionales. Recordó que por este proceso desarrollado al margen de la Ley, Ecuador tiene que pagar indemnizaciones por cinco millones de dólares, aproximadamente.

Tema: “Las abejas: esenciales para la vida en la Tierra y para las sociedades”

Con el compromiso de delegados de las organizaciones políticas de cumplir una participación justa y ética en las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2023, el Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó, este martes 9 de agosto, la cruzada institucional y ciudadana “En Democracia, Ecuador Juega Limpio ”. Esta iniciativa busca incentivar a las organizaciones políticas, candidatos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía a asumir cívicamente su rol en el desarrollo de un proceso electoral pacífico y transparente.

Al respecto, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, explicó que desde el órgano electoral se han formulado reglas claras, para que todos los candidatos tengan las mismas oportunidades de participación en las próximas elecciones. “¡Nunca más confrontaciones violentas que minen nuestra democracia; nunca más disputas que nos dividan! Es el momento de escribir una nueva página en la democracia de nuestro país, estrechándonos las manos, respetando nuestras diferencias y en un solo abrazo apostarle al juego limpio”, puntualizó.

Por su parte, el vicepresidente del órgano electoral, Enrique Pita García recalcó que se debe combatir a la desinformación y fomentar la confianza en la política. “No permitamos que aquellos que buscan destruir la democracia ganen espacio y su ruido acalle la voluntad de quienes sí quieren participar de forma responsable y quieren jugar limpio“, enfatizó.

Del mismo modo, con esta cruzada, se ratifica el compromiso de las máximas autoridades electorales en la lucha contra la violencia política de género y la desinformación. Además, la cruzada busca promover una campaña electoral que fomente una cultura de paz, donde la libre expresión, el debate serio, responsable y respetuoso prevalezcan.

En el marco de las Elecciones Seccionales 2023, los vocales de las 24 Juntas Provinciales Electorales y de la Junta Especial del Exterior participan en jornadas de capacitación para fortalecer sus capacidades en el ejercicio de sus funciones. En el evento de inauguración de las jornadas, que se llevó a cabo este 8 de agosto, las autoridades electorales destacaron la labor que deben llevar adelante los vocales.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, señaló que ser parte de la vocalía provincial conlleva una alta responsabilidad y compromiso. “Mis mejores deseos y éxitos en las tareas que les hemos asignado y encomendado; al mismo tiempo, aprovecho la oportunidad para comprometer mi apoyo y total respaldo, encaminados a garantizar el desarrollo de un proceso electoral eficiente, justo y transparente”, indicó.

Por su parte, el vicepresidente del órgano electoral, Enrique Pita, manifestó que el trabajo de los vocales es determinante para el éxito de las Elecciones 2023. “Su experiencia es de vital importancia para garantizar la transparencia de los procesos electorales”, manifestó.

Entre los temas sobre los que los vocales se capacitan, se destacan: registro de alianzas electorales, proceso de inscripción y calificación de candidaturas, procesos y acciones contenciosos electorales, régimen parlamentario, entre otros aspectos para llevar adelante sus funciones, establecidas en el Código de la Democracia.

La Comisión de Régimen Económico, en el marco de su competencia de control político, recibió al ministro de Energía y Minas, Xavier Vera, con quien analizó la normativa, los fundamentos técnicos, legales y económicos para aplicar los subsidios a los combustibles.

Las inquietudes de los legisladores se refirieron especialmente al método de cálculo que se utiliza actualmente para determinar el valor de subsidios.

La asambleísta Sofía Espín pidió al funcionario detalles sobre los valores de los subsidios, debido a que el Presupuesto General del Estado no cuenta con una partida presupuestaria contable que mantenga un registro de estos valores. También cuestionó el método de cálculo usado. Argumentó que no considera el costo real de producción del crudo ecuatoriano y en su lugar aplica un costo de oportunidad, basado en el precio internacional del barril de crudo.

Al respecto, el ministro Vera explicó que el método de cálculo estuvo basado en el reglamento de regulación de precios creado por decreto ejecutivo en el año 2005, reglamento que fue modificado en 2015 y actualizó su metodología en 2020. Afirmó que aún si se considera el costo de producción como parámetro en la metodología de cálculo hay una perdida y el país seguiría necesitando subsidiar los combustibles.

También compareció David Almeida, secretario General de la Asociación Nacional de Empresas de la Energía y el Petróleo, quien presentó valores del costo de producción de crudo nacional, basado en los datos publicados por Petroecuador. El experto en materia de hidrocarburos explicó que debido a la cantidad de subproductos derivados del petróleo es muy difícil determinar un costo real de los combustibles y que la metodología necesita analizar en conjunto toda la cadena de producción, para determinar si hay una utilidad o una perdida que genere un subsidio.

Este lunes el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Personas en Movilidad Humana en sesión de trabajo escuchó las propuestas de representantes de grupos de migrantes. Eduardo Baldeón, de Alianza Migrante, expresó su preocupación por la vulneración de derechos.

Frente a esta situación solicitó a los legisladores mantener diálogos permanentes con las comunidades migrantes y conformar mesas técnicas interinstitucionales, con la participación del Grupo Parlamentario, Defensoría del Pueblo y Asamblea Nacional.

De su lado, Adela Muenala, migrante retornada, señaló que es necesario socializar con los ecuatorianos en el exterior la documentación relacionada con los servicios a los que tienen derecho, a la vez que advirtió que las respuestas son tardías, por lo cual hizo un llamado a los consulados a agilizar los procesos.

La legisladora Esther Cuesta, coordinadora del grupo, señaló que es lamentable que no sean ágiles los trámites en beneficio de los migrantes, Propuso convocar al presidente de BanEcuador para que informe los servicios que se estaría brindando a los migrantes retornados.

Bertha Idrovo, de Alianza Migrante, advirtió que no existen leyes en beneficio de los migrantes retornados, por lo cual que debería existir un plan de contingencia.

Finalmente la coordinadora del grupo ratificó el compromiso de trabajar por los derechos de los ecuatorianos que se encuentran en otros países.

La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social avanzó en el análisis de la denuncia sobre la influencia que habría ejercido la esposa del exgerente de Petroecuador, Italo Cedeño, en el nombramiento y separación de funcionarios de la institución.

Para ello, la mesa legislativa recibió a Ítalo Cedeño, a fin de que transparente su gestión al país y aclare los actos que han sido denunciados públicamente en diferentes medios de comunicación, sobre la influencia de su esposa para la selección y cancelación de personal en la empresa estatal.

Al respecto, Cedeño explicó que su cónyuge aconseja como sucede en todo vínculo familiar y no está mal y “mi esposa en el primer mes trataba de aconsejarme positivamente sobre funcionarios honestos y que trate de eliminar a funcionarios corruptos”.

Confirmó que ha enviado audios, grabaciones y entrevistas a la Fiscalía General del Estado para que verifique todo lo concerniente a las pruebas y demostrar que su esposa no ha hecho nada malo, a la vez que aseveró es el responsable de cualquier nombramiento realizado en su administración.

Al respecto, la asambleísta Rosa Belén Mayorga advirtió que le llama la atención que la administración pública que se ha encomendado ya sea desde la Presidencia de la República o por mandato popular traspase al ámbito íntimo y familiar.

Entre tanto, el legislador Ricardo Chávez indicó que es necesario contar con información más amplia para determinar el nivel de influencia y los funcionarios que habrían sido beneficiados de esa conducta.

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Hernán Ulloa Ordóñez, afirmó que, como corresponde en derecho, la institución acatará las resoluciones de las autoridades judiciales competentes sobre la designación de la primera autoridad de la Superintendencia de Bancos. Acotó que existe una sentencia constitucional que anula la mencionada designación, decisión que ha sido apelada en la instancia superior y la resolución de última instancia sobre el tema le corresponde al tribunal que se conforme para conocer la apelación.

Indicó que “Una medida cautelar no puede ir en contra de una decisión judicial, este es un candado que existe en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, para evitar el abuso del derecho. (….) Los jueces están prohibidos de dictar medidas cautelares en contra de decisiones judiciales” aseveró.

En ese sentido, manifestó que lo que corresponde es acatar la disposición judicial e iniciar un nuevo proceso de designación de la primera autoridad de la Superintendencia de Bancos, mientras se resuelve la apelación en segunda instancia. Es así que se actuó conforme la sentencia, que disponía solicitar una nueva terna, y una vez que el presidente de la República la envió, el 5 de agosto, ahora corresponde seguir el proceso con la integración del equipo técnico que analizará la documentación de los postulantes.

Además, en el marco del respeto a la independencia de funciones, aclaró que este criterio jurídico se aplicará en el CPCCS, mientras que la Asamblea Nacional tiene la libertad de tomar la decisión que considere pertinente.