En el marco de los procesos de fiscalización, la Comisión del Derecho a la Salud recibió a José Ruales, ministro de Salud y Alfredo Ortega, presidente del Consejo Directivo del IESS, para que informen las acciones para enfrentar el desabastecimiento de medicamentos para el tratamiento de personas con discapacidad y con enfermedades catastróficas, raras y huérfanas.

También se refirieron a la atención hospitalaria, al abastecimiento del cuadro nacional de medicamentos básicos en el Sistema Nacional de Salud; al plan de acción y medidas presupuestarias que adoptarán para la solución de la crisis de salud pública, entre otros temas.

El presidente de la mesa legislativa, Marcos Molina, informó que la comparecencia de las autoridades responde a una decisión del Pleno de la Asamblea Nacional que delegó a la comisión realizar la investigación respectiva. Recordó que el desabastecimiento de medicamentos inició con la pandemia del coronavirus y se ha venido agravando hasta el día de hoy.

José Ruales ministro de Salud, señaló que la crisis es estructural y mencionó que entre los principales problemas identificados están: desigualdad e inequidad, incremento de la carga de enfermedad, fragmentación del Sistema Nacional del Salud. Informó que 546 millones de dólares serán destinados a proyectos de inversión en salud el próximo año, rubro en el que se incluye equipamiento y conectividad.

Destacó las estrategias y programas que están implementando para evitar el desabastecimiento, entre ellos: Medicina Cerca, Compra por Emergencia Sanitaria, Compra por Catálogo Electrónico y Régimen Regular a través de Organismos Internacionales.

La legisladora Luisa González manifestó que en todo el país no hay atención de salud digna. Sobre el abastecimiento de medicamentos en hospitales advirtió que quienes están al frente de la cartera de Estado no han sabido gestionar la salud pública y que no hay datos claros.

Alfredo Ortega Maldonado, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) expuso que desde el año 2010 se ha contratado por prestación de servicios más de 7 mil millones de dólares, de ese monto hay 1.400 millones de dólares que no han sido auditados y que para el 30 de octubre se ha previsto tener un nivel de abastecimiento del 85% de medicamentos e insumos.

Entre tanto, el asambleísta Eitel Zambrano dijo que esta sería una nueva etapa del IESS y que que espera que todas las unidades de salud cuenten con los medicamentos e insumos médicos.

Las acciones implementadas desde el Gobierno ante la inseguridad que vive el país, fueron materia de análisis en la Comisión de Garantías Constitucionales con la presencia del ministro del Interior, Patricio Carrillo y del comandante General de Policía, Fausto Salinas.

El ministro Carrillo detalló las obligaciones que tiene el Estado en términos de Derechos Humanos que son valores universales, garantías constitucionales y jurídicas que protegen a las personas. En 5 meses que me encuentro en la gestión de la política de seguridad paralelamente hemos avanzado en la construcción de la política en esta materia, aseveró.

Precisó que hasta la fecha se han registrado 2.600 eventos relacionados con muertes violentas y una tasa promedio de 32 homicidios a la semana. Reveló que hay un crecimiento exponencial de los problemas de violencia e inseguridad, que el 82% se concentra en la Costa y el 18% en el resto del país.

Explicó que hay un crecimiento de la violencia criminal asociada a la delincuencia organizada transnacional, y no necesariamente la delincuencia común, a la vez que dio a conocer que han atendido 1 millón 800 mil emergencias a través del sistema ECU 911.

De su lado, Fausto Salinas resaltó el interés de construir una sociedad más segura con la participación de todos los sectores, ya que se trata de brindar seguridad a todos los ecuatorianos. Afirmó que la Policía Nacional se encuentra está en las calles atendiendo varios problemas, pero que lamentablemente a veces resultan insuficientes para enfrentar la inseguridad.

Manifestó que la institución no deja de trabajar en este tema. Puso como ejemplo la provincia Manabí, en donde ha sido desarticuladas varias organizaciones criminales.

A su vez, la asambleísta Victoria Desintonio, advirtió que Ecuador superó las dos mil muertes violentas hasta junio del 2022, es decir una persona es asesinada cada dos horas en el país, mientras que el legislador Gruber Zambrano señaló que en Guayaquil hace falta inversión y atención básicamente en educación y emprendimiento, con el fin de conseguir mejores días para los ecuatorianos.

La Comisión de Fiscalización y Control Político, sesionará este viernes, 19 de agosto, a partir de las 09h30, con el propósito de retomar la investigación del denominado “caso Danubio”, que se refiere a una posible venta de cargos de decisión en el sector público. Para el efecto, recibirá a varias autoridades del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), de la Policía Nacional, de la Fiscalía y de la Presidencia de la República.

En efecto, las comparecencias iniciarán con Anderson Boscán, comunicador del medio digital La Posta, quien informará sobre la investigación periodística desarrollada en torno a este tema. Posteriormente, intervendrá Carola Ríos, directoria del Senae con información actualizada respecto al presunto delito de asociación ilícita que vincula a funcionarios de la entidad.

A partir de las 11h30, la mesa tiene previsto escuchar al almirante Carlos Vallejo, exsubdirector del Senae, luego de lo cual intervendrá el general Alain Luna Villavicencio, director General de Investigaciones de la Policía Nacional.

Para las 14h30, la mesa programó la comparecencia del consejero presidencial Aparicio Caicedo. Después, le corresponderá intervenir a la fiscal General del Estado, Diana Salazar, sobre los avances en el desarrollo de la investigación penal.

Finalmente, a las 16h30, será recibido el secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Fabián Pozo Neira.

Cabe recordar que el “caso Danubio” tiene ocho procesados. El 22 de julio pasado, la Fiscalía formuló cargos en su contra por asociación ilícita. Según la teoría fiscal, los involucrados buscaban a funcionarios con poder de decisión en las unidades de talento humano de instituciones públicas. El objetivo habría sido la venta de cargos en la administración estatal.

La Comisión de Educación avocó conocimiento del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), que viabiliza el ejercicio del derecho constitucional a la educación de los estudiantes que por diversos motivos se vieron obligados a interrumpir sus estudios de grado y aspiran reingresar a las carreras.

El asambleísta Elías Jachero, proponente del proyecto, manifestó que con estas iniciativas buscan construir una sociedad más equitativa y solidaria, para que los jóvenes puedan culminar la etapa académica y obtener su título profesional.

Agregó que el Estado tiene la obligación de respetar y proteger los derechos de todos los ecuatorianos, en especial de los estudiantes.

El asambleísta Ramiro Frías comentó que este proyecto beneficiará a los estudiantes que resultaron afectados por las universidades que fueron cerradas y sus derechos fueron vulnerados.

De su lado, Manuel Medina, presidente de la comisión, informó que 17 proyectos de reformas a la Ley de Educación Superior han sido sistematizados para el informe de segundo debate que será puesto en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional.

Por último, resaltó que existe la decisión de continuar trabajando para que se haga realidad la creación de las cuatro universidades en la Amazonía, y por el desarrollo de la educación en el país.

La que preveíamos años atrás está sucediendo en los países de Hispanoamérica, crisis financiera, crisis sanitaria, social y una galopante corrupción institucionalizada que golpea fuertemente al pequeño y mediano productor agropecuario, generadores de soberanía alimentaria y de materias primas agroexportables.

Inocultable falta de regularización de precios de insumos agropecuarios, irrespeto vergonzoso de precios mínimos de sustentación de cosechas, incontrolable acción de la intermediación, la expansión de monocultivos como Arroz y Maíz, y la peor lacra los falsos dirigentes agrícolas, que extorsionan a las autoridades como modo de vida.

Es importante recordar la importancia de la Agricultura Familiar Campesina en Ecuador, viviendo y produciendo sobre cuatro millones quinientas mil hectáreas (4'500.000 Has) hoy por hoy carente de servicios de salud, falta de créditos productivos y plan de comercialización.

Considero, es mi criterio, ya debemos utilizar conceptos como Economía Familiar Campesina por su aporte al sistema productivo, citó como ejemplo, el trabajo de la familia campesina aporta con el 60% de la producción de alimentos variados, 80% de empleo directo, 42% de puestos de trabajo, 4% del PIB (fuente MAG); es decir, en la Familia Campesina tenemos un importante sector productivo económico que se puede potenciar de manera exponencial. Otro concepto que debemos manejar es Agricultura Urbana, tema de próximo artículo.

Lo dicho en anteriores párrafos, nos llevan a retomar la idea e implementar proyectos de Fincas Integrales Autosuficientes (FIA) como unidad de producción de la Familia Campesina y eje de la Economía Agrícola.

Las Fincas Integrales Autosuficientes (FIAs), a más de poder desarrollarse en pequeños espacios, se puede diversificar cultivos y crianza de especies menores para consumo familiar, venta en mercados locales y agregación de valor de materias primas; son un excelente ejercicio para desarrollar Economía Circular.

El manejo de especies menores como gallinas, ovejas, cabras, etc. En las FIAs aportan con proteína sana de carne y huevos; agregación de valor como quesos de cabras, de gran valor comercial; además la transformación de desechos orgánicos como restos de cosechas y estiércoles, mediante compostaje convertidos en abonos orgánicos para la misma FIA y para la venta.

Otro beneficio es el cuidado del medio ambiente, mejora de la economía de la Región donde se desarrollen FIAs, mejora de la salud física y ocupacional de habitantes.

Es el momento del Agro, de liberarse de las transnacionales, alimentarse sano y vivir dignamente.

Escrito por: Pedro Pablo Jijón Ochoa.

Agosto del 2022

La Comisión de Fiscalización y Control Político, con el voto unánime de los ocho presentes, solicitó la prórroga por cinco días para emitir el informe de la sustanciación de la solicitud de juicio político en contra de María del Carmen Maldonado, Fausto Murillo, Ruth Barreno y José Morillo, expresidenta y vocales del Consejo de la Judicatura, auspiciada por la asambleísta Viviana Veloz, por presunto incumplimiento de funciones.

Santiago Becdach, secretario del organismo parlamentario, indicó que hasta el momento hay un avance del 50 % del análisis de las pruebas, tanto documentales, cuanto testimoniales, insumos básicos para la elaboración del informe, así como para determinar las respectivas conclusiones y recomendaciones. Por ello, es indispensable extender el plazo, por cinco días, conforme lo previsto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para aprobar el informe.

Nuevas comparecencias

Así mismo, la mesa aprobó el cronograma de comparecencias relacionadas con la investigación acerca de los sectores estratégicos, para lo cual se requerirá la presencia del Gerente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO EP); del Gerente de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec EP), así como de los gerentes de las empresas de Electricidad y de la Corporación Nacional de Telecomunicación (CNT) entre otros funcionarios.

En igual sentido, se aprobó requerir la comparecencia del secretario Jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo; del Secretario de la Administración, Iván Correa; del consejero Aparicio Caicedo; de Alain Luna, Carlos Vallejo, Juan José Pons Arízaga, Juan José Pons Cruz y Carola Ríos, directora del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), para que informen sobre el denominado caso Danubio.

Las fechas para las comparecencias se fijarán en función de la agenda que desarrolla la Comisión de Fiscalización y Control Político, procurando que estas se realicen a la brevedad posible.

Por: Lcda. Rosamaría Calderón C.

En campaña el inquilino de Carondelet ofreció convertir a Ecuador en Dubai, al mismo tiempo decía que el otro candidato, economista Andrés Arauz llevaría al país a ser como Venezuela, país que siempre ha estado en todos los índices mejor que Colombia; en catorce meses ha llevado al Ecuador a ser una sucursal del vecino país del norte.

Los términos usados en este titular, no han sido parte del vocabulario de los ecuatorianos, ahora se los pronuncia, se vive  con miedo que hasta los huesos lo sienten.

Atentar con explosivos, es terminar con la vida de compatriotas. Lo asombroso es que Guayaquil desde el 15 de agosto tiene estado de excepción y al día siguiente, hubo crímenes y quejas de ciudadanos que no ven mayor número de policías ni a miembros del ejército.

SE AGREDE AL PUEBLO

Se atenta con el pueblo señor Lasso, cuando le miente de la forma más descarada como lo ha venido haciendo.  Una de las tantas fue la pronunciada el 10 de agosto “Este gobierno invierte USD 13.000 millones anuales en el sector social; 60% más que los dos gobiernos anteriores” es muy fácil pronunciar cualquier cosa para mentir y engañar, los ecuatorianos no son sus empleados, esta tierra es de gente buena, de la que usted abusa. Por favor detállele al país en que ha gastado esa cantidad de dinero, ¿algún hospital nuevo? ¿alguna universidad nueva? ¿alguna escuela nueva? ¿algún colegio nuevo? ¿implementación educativa? ¿mejoramIento hospitalario?

Debe entender lo que significa su cargo: administrar, rendir cuentas, saber invertir dineros ajenos. Cada que habla debe presentar pruebas, señalar el dónde, el cómo, el cuándo, el por qué, el para qué; precisamente porque  maneja bienes que no son de su propiedad, son de los 18 millones de ecuatorianos.

ROMPE LA CONSTITUCIÓN

También agrede cuando pisotea “La Constitución de la República del Ecuador, es la Norma Suprema, a la que está sometida toda la legislación ecuatoriana, donde se establecen las normas fundamentales que amparan los derechos, libertades y obligaciones de todos los ciudadanos, así como las del Estado y las instituciones del mismo” Ecuador tiene 5 poderes: ejecutivo, legislativo, judicial, electoral, y de transparencia y control social. Ud. Está sometido a esta Carta Magna, no es rey, capataz, ni tampoco dictador porque existen las otras funciones. Irrespetarla es creerse capataz de hacienda, aquí no hay peones, ni súbditos.

Pone a su gente en los órganos de control, y no acepta el trabajo de la Asamblea ¿cuál es el miedo? Recuerde una vez más, Ecuador NO ES SU EMPRESA a tanto descontrol ha llegado su falta de entendimiento del cargo, que hasta decide quienes sí y quiénes no pueden ocupar puestos y quienes pueden vivir en libertad; sabe perfectamente que el Ing. Jorge Glas Espinel, es inocente de los cargos que se le imputan, que hace dos años tuvo el derecho de salir de la cárcel, es más que nunca debió ser encarcelado. ROBARLE LA LIBERTAD A UN HOMBRE INOCENTE ES LO MAS RUIN QUE EXISTE Nada es para siempre, los cargos se terminan, viva sin odios, ame al pueblo, deje de amar al dinero. Créalo EL DINERO no compra lo más caro, sino no estarían muertos Steve Jobs, Aristóteles Onasis, y tantos más. Escriba la historia de su vida, tiene oportunidad de arrepentirse, cambiar el rumbo y dejar huellas positivas. Solo tiene compromisos con Dios y la Patria, no lo olvide frente a Ud. está la historia.

Este jueves, 11 de agosto de 2022, el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó los Informes de verificación de requisitos, prohibiciones e inhabilidades de los postulantes registrados para las candidaturas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), elaborados por la Comisión Verificadora. Según los Informes, 22 de los 191 postulantes cumplen con los requisitos establecidos en el Reglamento e Instructivo para este proceso.

En consecuencia, de los 168 postulantes restantes, 16 presentan alguna inhabilidad o prohibición y 106 no cumplen requisitos, como: haber recibido sentencia ejecutoriada que condene a pena privativa de libertad; mantener contrato con el Estado como persona natural, socio, representante o apoderado de personas jurídicas; tener obligaciones pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI) o con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), entre otros que constan en el Reglamento e Instructivo correspondientes.

Por otro lado, 46 postulantes no cumplen requisitos, pese a no tener inhabilidades. Entre los documentos que debían presentar son aquellos que acrediten probidad notoria, trayectoria en organizaciones sociales, en participación ciudadana, en lucha contra la corrupción; hoja de vida firmada, una carta que exprese las razones para la postulación, declaración juramentada rendida ante notario público, o cónsul, según el caso y un postulante renunció.

Finalmente, una vez notificados con la resolución del Pleno, los postulantes podrán presentar las impugnaciones que consideren pertinentes en un periodo de cinco (5) días término contados a partir de la fecha de la notificación de la resolución.

El Consejo de Administración Legislativa /CAL), presidido por Virgilio Saquicela Espinoza, con cinco votos afirmativos, aprobó el Reglamento Operativo para la Implementación de la Consulta Prelegislativa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL). Con este instrumento se desarrolla el ejercicio de uno de los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano y montubio reconocidos en la Constitución.

La Ley Suprema del Estado, en su artículo 57, numeral 17, establece: Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 17. Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos.

Así mismo, la LOFL reformada en noviembre de 2020, en su capítulo XI.I, incluye lo relacionado con el ejercicio de la consulta prelegislativa, desde el artículo 109.1 al 109.18 y es, precisamente, este último el que dispone que los aspectos operativos y logísticos específicos para la instrumentalización de los procedimientos establecidos en esta Ley, respecto a la consulta prelegislativa, serán establecidos en el reglamento que emita el Consejo de Administración Legislativa.

Para el efecto, el CAL conoció las observaciones de las unidades de Participación Ciudadana, Asesoría Jurídica y de Técnica Legislativa que fueron incorporadas en la versión final del texto del Reglamento para su aprobación.

El asambleísta Daniel Onofa, como representante de la Comisión del Derecho a la Salud, inauguró el taller destinado a recoger los aportes de los actores relacionados con el deporte, promover la participación ciudadana en la toma de decisiones y procesos vinculados al deporte y la actividad física; conocer las necesidades de deportistas y crear una política pública que, a través del deporte, transforme vidas y genere desarrollo social.

El taller inició con una pequeña reseña de las acciones que se han cumplido, con el afán de mejorar la Ley del Deporte en el país. Se hizo énfasis en la importancia que tiene esta ley para los deportistas que nos representan en competencias internacionales, en la formación de nuevas promesas y en la salud de una sociedad que hace deporte.

Los participantes en este taller se enfocaron en la revisión de aquellos temas que se refieren al otorgamiento de becas deportivas, pensiones de estudios para deportistas y la ocupación de cargos públicos en sectores relacionados con el deporte por personas especializadas.

Como parte de los expositores en este encuentro, representantes del sector médico compartieron sus puntos de vista sobre la incidencia del deporte en el bienestar de la sociedad; la importancia de la actividad física como una forma de mejorar la salud y que, como resultado a largo plazo, nos dará un ahorro en el gasto público relacionado con servicios médicos.

Los representantes académicos, por su parte, hablaron del beneficio al deporte y la salud, que supondría la implementación de postgrados de medicina centrados en la educación física, la creación de materias especificas relacionadas con el deporte, como la anatomía deportiva y bioquímica deportiva.

Adicionalmente, sugirieron que los egresados de la carrera de educación física realicen un año de rural en instituciones deportivas, clubes y con entidades que prestan ayuda a personas con discapacidades físicas, para que entiendan de mejor manera la importancia del deporte en la sociedad.