Hechos Ecuador

Acogiendo el dictamen presentado por la Fiscalía General del Estado, la jueza Luz María Ortiz llamó a juicio a ocho miembros de la Policía Nacional –entre ellos varios oficiales–, por su presunta participación en el delito de asociación ilícita para la irregular adjudicación de un contrato para el mantenimiento de una aeronave del Servicio Aeropolicial.

Este caso, que se encuentra a cargo de la Unidad Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de Fiscalía, inició con una denuncia en la que se señalan presuntas irregularidades en un contrato para el mantenimiento de uno de sus helicópteros. Sobre la base de esa información se ejecutó un allanamiento que permitió obtener la documentación original del contrato y con ello se llevaron a cabo las pericias correspondientes para establecer las presuntas responsabilidades.

Durante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, Fiscalía señaló que el delito se habría cometido cuando los procesados –miembros de Aeropolicial– direccionaron, supuestamente, la adjudicación de un contrato de mantenimiento para un helicóptero a un proveedor, por un valor de 733.000 dólares, aproximadamente.

La investigación determinó que en la etapa precontractual, contractual y de ejecución del mencionado contrato se cometieron varias irregularidades que no fueron observadas por la comisión técnica, entre estas, que uno de los oferentes no contaba con un RUC adecuado para brindar el servicio solicitado o que otro tenía un RUC falso, inconsistencias en las firmas del estudio de mercado y en el acta de negociación, entre otras.

Como principales elementos de convicción se presentaron la pericia de contratación pública, en la que se evidencian las inobservancias a la normativa vigente; y las pericias documentológica y grafotécnica.

Además, gran cantidad de documentación relacionada con la ejecución del servicio contratado. Por ejemplo, un acta firmada por el administrador en la que señala que el mantenimiento ya estaba realizado, cuando la aeronave todavía se encontraba fuera del país y no se habían efectuado las pruebas de su correcto funcionamiento. Asimismo, la demora en la ejecución del contrato desencadenó en la caducidad de las pólizas de fiel cumplimiento

La Jueza indicó que los elementos presentados hacen presumir la responsabilidad de los procesados en el delito imputado, por lo que llamó a juicio a todos, señalando que para uno de ellos el proceso queda suspendido, ya que se encuentra fuera del país – incumpliendo la medida cautelar dispuesta– y este delito no puede ser juzgado en ausencia.

La Fiscalía del Guayas procesó a doce personas por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada, relacionada a operaciones bursátiles en la compra y venta de bonos de deuda entre empresas y el Instituto de seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol).

En la audiencia de formulación de cargos, desarrollada la madrugada de este miércoles 24 de agosto en la Unidad Judicial Cuartel Modelo, el fiscal Víctor González Delgado presentó los elementos de convicción recaudados en la investigación iniciada el 27 de abril de 2021.

Entre estos se incluyen los partes informativos y de detención, el informe forense informático (que detalla cruce de correos electrónicos entre directivos de las entidades financieras), autorizaciones judiciales de vigilancia y seguimiento, versiones de los directivos del Isspol, entre otros.

El juez de flagrancia, Gustavo Guerra Aguayo, dictó medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentación ante Fiscalía para César Augusto A. P., Alexandra del Rocío M. S., Glenda Elisa P. P., Betzabeth Ninoska C. C., Elízabeth Auxiliadora P. Y., Byron Alfonso C. M., Alfonso Guillermo C. V., Jorge Enrique R. C., Jannia María G. N. y Ricardo Alejando G. G.

Mientras que para Alfredo Daniel V. M. y Pablo Aníbal C. T., el Magistrado impuso las medidas de prohibición de salida del país y su presentación todos los días jueves ante el fiscal de turno en la Unidad de Flagrancia en Quito.

Respecto al otro detenido, Luis Alberto G. A., Fiscalía se abstuvo de formular cargos, por lo que el Juez emitió la correspondiente boleta de excarcelación.

La Instrucción fiscal durará noventa días.

Contexto

La Fiscalía de Guayas –con la participación de diecisiete agentes fiscales– y personal de las diferentes unidades investigativas de Policía Nacional ejecutaron la madrugada del martes 23 de agosto, veintisiete allanamientos a domicilios y entidades gubernamentales –incluida el Banco Central del Ecuador y la Superintendencia de Compañías– en las ciudades de Quito, Guayaquil, Daule, Samborondón y Manta.

Trece personas fueron detenidas y trasladadas a la Unidad Judicial Cuartel Modelo. Además, se incautaron computadores, terminales informáticas, archivos físicos y digitales, celulares y dos armas de fuego.

Fiscalía inició una investigación en abril de 2021, con información emitida por la Policía Nacional, en la que detallaba una supuesta estructura u organización delictiva transnacional que –de manera concertada, permanente y reiterada–, aprovechando las falencias y vacíos en la Ley, se hicieron aprobar la viabilidad de entrega de bonos de deuda en el período comprendido entre 2014 y 2020.

Las investigaciones determinaron una supuesta participación de funcionarios del Isspol, de instituciones de casas de valores y compañías internacionales en la compra-venta de bonos ecuatorianos de deuda interna y externa, que se encontraban dentro del portafolio del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, por un valor aproximado de 693 millones de dólares.

Información jurídica

Fiscalía procesó este caso con base el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de delincuencia organizada con pena privativa de libertad de siete a diez años.

En el marco de la construcción del informe para segundo debate proyecto de Ley Reformatoria a Varias Leyes para el Desarrollo, Regulación y Control de los Servicios Financieros Tecnológicos (Ley Fintech), la Comisión de Desarrollo Económico llevó a cabo un taller de trabajo con varios especialistas en la materia y los representantes de las distintas bancadas de la Asamblea Nacional para aclarar el beneficio y alcance de la iniciativa legal.

Juan Francisco Simone, representante de Pérez Bustamante & Ponce, manifestó que este proyecto es necesario y urgente, y se requiere que la Ley Fintech sea una norma flexible que permita prosperar la actividad financiera. “Tenemos que romper las inflexibilidades de la ley para que estas entidades puedan funcionar, se puedan constituir y puedan operar de forma regulada; que de ninguna forma los derechos de los usuarios se vean menoscabados, y que compitan en igualdad de condiciones con el resto de actores del sistema financiero”, aseguró.

Philippe Fossaert y Horacio Liendo, representantes de Mercado Libre, destacaron la importancia de dar a la gente la oportunidad de recibir créditos y dineros por medio de plataformas digitales. “Todo este tipo de actividades solamente van a surgir una vez que se habiliten; eso quiere decir que el crecimiento de la industria Fintech en Ecuador puede llegar a ser enorme”, afirmó Horacio Liendo.

Gissela Montalvo, de la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana, enfatizó que Fintech es una industria que brinda servicios financieros de manera eficiente, ágil, cómoda y confiable. Entre las ventajas, destacó la clara trazabilidad de transacciones, ofertar productos financieros accesibles y el valor agregado que ofrece a los productos financieros que ya existen. Además, que otorgará a los negocios legalidad, seguridad jurídica y un ambiente más flexible para nuevos modelos de negocio.

Esteban Torres, jefe de bancada del Partido Social Cristiano, señaló que Ecuador apenas recibe alrededor de 400 a 500 millones de dólares de inversión extranjera, que es uno de los valores más bajos de la región. Por ello, hace un llamado a los legisladores para que, a través de esta iniciativa legal, se den más herramientas para incrementar la inversión.

De su lado, Daniel Domínguez, delegado de la bancada de Izquierda Democrática, manifestó que es una normativa viable; mientras que Francisco Mendoza, delegado de la Bancada del Acuerdo Nacional, solicitó priorizar la flexibilización de la norma, de modo que sea amigable con las personas y empresas que traerán inversión al Ecuador.

Por solicitud de la asambleísta Nathalie Viteri, los comisionados recibieron en comisión general a Merwin Ruiz y Roger Zambrano, emprendedores de la provincia de Chimborazo, quienes aseguraron que los servicios Fintech les permitirá acceder a capitales y aplicar nuevas formas de promocionar sus productos.

La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana recibió en comisión general a personas involucradas con el voluntariado, con el fin de que expongan sus comentarios y aportes al proyecto de Ley de Acción Social y Voluntariado en el Ecuador.

Paulina Taco, de la Fundación de Voluntarios “El Sembrador”, sugirió que haya una correlación entre los deberes y derechos de los voluntarios de las organizaciones. Señaló que es necesario hablar de libertad como principio de acción y participación como acto democrático y bien común.

Juan Francisco Proaño, voluntario independiente, sostuvo que se debería establecer un sistema de categorías para las organizaciones, para lo que se consideren parámetros como facturación, tamaño, tiempo, voluntarios movilizados, entre otros. Subrayó en la necesidad de buscar que la normativa apoye a los procesos de voluntariado y que ofrezca soluciones, no solo plantee restricciones.

En otro ámbito, la mesa legislativa analizó la denuncia pública de la consejera electoral Elena Nájera, sobre la presunta imposición del consejero presidencial Aparicio Caicedo para la aprobación del instructivo de calificación de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que serán electos en febrero de 2023.

Elena Nájera, consejera del Consejo Nacional Electoral manifestó que con base en el mencionado instructivo se había convocado esta víspera a la instalación de comparecencias ilegales e ilegítimas.

El asambleísta Ricardo Chávez pidió a la comisión que asuma un proceso de fiscalización más profundo en cuanto al rol en el manejo de los recursos e instituciones del Estado.

El asambleísta Ferdinan Álvarez, presidente de la mesa legislativa, sostuvo que no es la primera vez que el consejero presidencial Aparicio Caicedo es mencionado en actos de intromisión en los poderes del Estado, de lo cual debe rendir cuentas.

En ejercicio de su competencia de control político, la Comisión de Biodiversidad recibió a Nicolás Andrade, gerente General de la Empresa Púbica Estratégica de la Corporación Eléctrica del Ecuador, con quien analizó diversos aspectos relacionados con el marco económico y financiero de las empresas públicas, el estado actual de contratos y proyectos hidroeléctricos, regulaciones económicas y tarifarias; y, fideicomiso del sector eléctrico.

Uno de los aspectos que preocupa a los legisladores es el porcentaje de generación eléctrica de las centrales a nivel nacional. Al respecto, Nicolás Andrade informó que se mantiene una participación del 83% de la producción nacional y de esa participación el 90% proviene de las centrales hidroeléctricas.

También se refirió a la política salarial que mantiene dos regímenes laborales, razón por la que el personal no está sujeto a la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP).

Sobre el tema, el legislador Juan Cristóbal Lloret cuestionó el impacto generado por los contratos colectivos y otras prebendas salariales.

De su lado, la viceministra de Electricidad y Energía Renovable, Enith Carrión, abordó aspectos referentes a la gestión del sector eléctrico. Mencionó que el Sistema de Transmisión Nororiental se construirá en la zona norte de la Región Amazónica en las provincias de Sucumbíos y Orellana, constituido por tres subsistemas de transmisión.

Resaltó que este sistema permitirá interconectar los campos petroleros ubicados en el nororiente del país y optimizar los excedentes de energía hidroeléctrica para abastecer 300 MW de la carga petrolera. “Nuestra visión radica en cuidar a las empresas del sector eléctrico para optimizarlas, gestionar adecuadamente los recursos y mejorar los indicadores.

Así mismo, Hernán Luque, presidente del Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, señaló que trabajan en la preparación de un boletín que contiene recomendaciones a los otros actores del sector, para que en función de las mismas puedan tener una gestión mucho más eficiente para el desarrollo del país.

El Pleno de la Asamblea Nacional tramitó en primer debate el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Participación Ciudadana para la Gestión Democrática de los Presupuestos Participativos, que pretende mejorar la elaboración y aprobación de los presupuestos de los gobiernos locales y de las instituciones públicas con la participación de la ciudadanía.

El asambleísta Ricardo Chávez, ponente del proyecto y miembro de la Comisión de Participación Ciudadana, expresó que esta iniciativa legislativa propicia, fomenta y garantiza el ejercicio de los derechos de participación ciudadana de todos los colectivos, organizaciones, pueblos y nacionalidades del Ecuador.

Durante el debate intervinieron cinco asambleístas, quienes destacaron -entre otros aspectos- la contribución de aportes ciudadanos en la toma de decisiones para proyectos de sus localidades; la facilidad que otorgan en la actualidad las distintas plataformas virtuales para una mayor participación de la ciudadanía y relación con las autoridades seccionales; y, la democatrización de los presupuestos participativos.

También, sugirieron alinear los presupuestos a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) que llevan a cabo los gobiernos autónomos descentralizados para abonar a mejores resultados locales.

Patricia Sánchez, asambleísta proponente, recordó que la figura de los presupuestos participativos, tal como está prevista, no garantiza una verdadera incidencia de la sociedad civil en la formulación y aprobación del presupuesto de las instituciones públicas, ya que al momento de concebirse el proceso de deliberación participativa de los presupuestos, existen falencias en lo que respecta a la convocatoria, funcionamiento, formas y medios de tomar las decisiones que deriva en poca participación de la ciudadanía organizada o no en los debates analíticos y propositivos.

La Comisión de Régimen Económico sesionará en doble jornada este miércoles 24 de agosto. A las 09h00, los comisionados conocerán y debatirán el informe para segundo debate del proyecto de Ley Reformatoria al Código de Planificación y Finanzas Públicas para asegurar presupuestos incrementales en Salud y Educación, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

La normativa, de iniciativa del asambleísta Pabel Muñoz, busca definir claramente qué rubros deben computar en el cálculo de las preasignaciones para salud y educación inicial, básica y bachillerato, a fin de transparentar el Presupuesto General del Estado; y, que la Asamblea pueda realizar una fiscalización más efectiva sobre el proceso de elaboración y ejecución del mismo.

En cambio, a las 15h00, la mesa legislativa conocerá, debatirá y votará el informe sobre la información recibida por parte de Petroecuador, respecto de los contratos de preventa a largo plazo; venta de Fuel Oil 6 a largo plazo a Trafigura Ltda; venta spot mediano plazo, crudo Oriente y Napo; venta de Fuel Oil a empresas nacionales; venta de estaciones de servicio de propiedad de Petroecuador; y, gas natural; de conformidad con los establecido en el artículo 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

La asambleísta Sofía Sánchez presentó ante el Pleno de la Asamblea Nacional un proyecto de resolución, para transparentar la información y documentos declarados reservados con respecto al proyecto minero Loma Larga, que considera deben ser socializados con las comunidades donde se realiza explotación minera.

Sobre el tema, el Pleno del Legislativo dispuso que el Ministerio de Ambiente entregue la información habilitante del proceso precontractual y contractual del “Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Minero Loma Larga bajo régimen de Gran Minería para las fases de Explotación y Beneficio”.

Esta información se entregará a la Comisión de Biodiversidad para que pueda dar seguimiento al cumplimiento de la consulta popular de Girón y Cuenca de 2019 y 2021, respectivamente.

De haber sido aprobado el Estudio de Impacto Ambiental, con su licencia respectiva, el Ministro del Ambiente comparecerá ante la Comisión de Biodiversidad a explicar cómo realizaron la consulta previa, libre e informada y la socialización, como lo exige el Código Ambiental y la Constitución.

En su intervención la asambleísta Sofía Sánchez aseguró que es importante conocer los detalles técnicos del estudio de impacto ambiental, ya que puede comprometer ecosistemas donde se desarrolla este proyecto minero.

La legisladora expresó que tiene conocimiento que los estudios ambientales ya fueron aprobados, sin que se hayan socializado, por el hecho de ser reservados, motivo que ha causado malestar en las comunidades de la provincia de Azuay, en especial del cantón Nabón, quienes han estado vigilantes a todo lo que sucede respecto a la actividad minera en su territorio.

Agregó que es necesario conocer las razones por las que se clasificaron como reservados estos estudios, que al ser de índole ambiental y no de seguridad nacional, no deben mantener esta clasificación. Por ello pidió también la convocatoria al Director Nacional de Promoción y Garantía del Acceso a la Información Pública de la Defensoría del Pueblo, para esclarecer el tema.

Los asambleístas Juan Lloret y Byron Maldonado apoyaron la propuesta e hicieron énfasis en que se tiene que saber a detalle, por qué un estudio ambiental se considera información reservada, y que la convocatoria a Jaime Andrade, no sea ante el Pleno, sino ante la Comisión de Biodiversidad, para que pueda responder todas las inquietudes.

Por ello, el Pleno dispuso la comparecencia de Jaime Andrade ante la Comisión de Biodiversidad para que explique cuándo se considera reservada la información en temas que concierne a los derechos de la naturaleza y si es información reservada un estudio de impacto ambiental y el Plan de Manejo Ambiental de un proyecto minero, cuando se encuentra en revisión, análisis y no cuenta con un pronunciamiento oficial o ha sido aprobado por parte del Ministerio de Ambiente.

La resolución fue aprobada con 95 votos afirmativos y 12 abstenciones.

La sesión No. 793 del Pleno de la Asamblea Nacional está convocada para este martes, a las 14h00, con el fin de tratar en primer debate tres proyectos de ley orientados a proteger a los trabajadores autónomos, garantizar la aprobación de los presupuestos institucionales de manera participativa y a evitar el desperdicio de alimentos.

La sesión iniciará con la condecoración a la Banda Orquesta San Miguel del Tejar, de la parroquia Yaruquí, de la provincia de Pichincha, como reconocimiento a su relevante trayectoria comprometida y el aporte a la cultura nacional.

De inmediato, iniciará el primer debate del proyecto de reformas a la a la Ley de Participación Ciudadana para la Gestión Democrática de los Presupuestos Participativos, que tiene como propósito mejorar la gestión de los presupuestos de los gobiernos locales y de las instituciones públicas con la participación de la ciudadanía, de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, montubio y cholo, las comunas y las diversas formas de asociación y organización social.

También forma parte del Orden del Día el primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Sanidad Agropecuaria. Con ello se busca evitar el desperdicio de alimentos o productos perecibles que son aprehendidos en operativos contra del tráfico ilegal o contrabando, los cuales se encuentran en bodegas que no cuentan con condiciones mínimas que garanticen su adecuada conservación; y, promover una efectiva coordinación del marco constitucional, legal y reglamentario para evitar el desperdicio de alimentos y coadyuvar a la consecución de la soberanía alimentaria.

La agenda concluirá con el primer debate del proyecto de Ley de Promoción y Fortalecimiento del Trabajo Autónomo en el Ecuador, que establece los derechos y obligaciones de los trabajadores autónomos, comerciantes fijos, semifijos, ambulantes, ocasionales, temporales, minoristas, entre otras personas trabajadoras sin relación de dependencia laboral, con el fin de garantizar el derecho al trabajo previsto en la Constitución.

La Comisión de Fiscalización no aprobó el informe que recomienda el archivo del juicio político en contra de María del Carmen Maldonado, Fausto Murillo, Ruth Barreno y José Morillo, expresidenta y vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), por lo que la mesa legislativa tiene 48 horas para enviar al Presidente de la Asamblea Nacional un informe de posiciones. Por el informe se registraron 3 votos afirmativos, 4 en contra y 1 abstención.

Luego de la lectura del informe que contiene once conclusiones y 13 recomendaciones, los miembros de la comisión observaron que el documento debe ser objetivo y preciso, evitando los juicios de valor en este proceso de juicio político que es de interés para los ecuatorianos.

De acuerdo con lo que establece el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de no aprobarse el informe dentro de los plazos previstos, el Presidente de la Comisión remitirá al Presidente de la Asamblea, en el plazo de dos días, las actas de votación correspondientes y un informe que detallará las posiciones de los asambleístas miembros de la Comisión para que sea el Pleno el que resuelva ya sea el archivo o el juicio político.

Como se recuerda, la solicitud de juicio político en contra de los miembros del Consejo de la Judicatura (CJ), es impulsada por la asambleísta Viviana Veloz, por presunto incumplimiento de funciones establecidas en la Constitución y leyes del país.