Hechos Ecuador

Alexis Javier A., de 26 años, fue víctima de una violenta agresión con un arma blanca. La herida que recibió en el costado izquierdo del pecho fue letal.

Tras la captura de cuatro sospechosos, efectuada por la Policía, Fiscalía les formuló cargos por su presunta participación en el delito de homicidio. Los procesados responden a los nombres de Marcelo T. J., Édison T. L., Cristian O. M. y Cristhopher T. N.

El fiscal encargado de formular cargos, Alejandro Vásconez –en la audiencia de calificación de flagrancia– solicitó la prisión preventiva para todos lod implicados, pero el Juez de Garantías Penales únicamente ordenó esa medida cautelar para Marcelo T. J. y Édison T. L. Para los otros dos sospechosos dispuso presentaciones todos los martes y jueves ante Fiscalía, además de la prohibición de salida del país.

El acta de levantamiento de cadáver, las versiones de testigos presenciales del hecho y el informe de autopsia médico-legal practicada a Alexis Javier A. fueron parte de los elementos de convicción que citó el Fiscal a la hora de imputar cargos penales en contra de los presuntos homicidas. Asimismo, se presentó un video en el que se observa cómo uno de los sospechosos le entrega el arma blanca a quien, presuntamente, cometió el crimen.

El hecho violento ocurrió a las 14:45 del 23 de agosto de 2022 en la parroquia Pifo, al nororiente de Quito.

Los cuatro procesados habrían mantenido una discusión con la víctima. De acuerdo a las versiones receptadas por Fiscalía, el joven fue agredido con un arma blanca, presuntamente por Marcelo T. J.

Tras el incidente, los sospechosos se dieron a la fuga, pero en un despliegue policial fueron ubicafos uno por uno. De acuerdo con el parte policial, Edison T. L. fue aprehendido con un arma blanca en su poder.

Alexis Javier A. fue trasladado hasta el hospital de Yaruquí, pero –debido a la gravedad de su herida– fue llevado al Hospital Básico de Calderón, lugar en el que los galenos confirmaron su deceso.

Información jurídica

Con 87 votos afirmativos y 49 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió llamar a juicio político a María del Carmen Maldonado expresidenta del Consejo de la Judicatura y a los vocales Fausto Murillo, Maribel Barreno y Juan José Morillo, por incumplimiento de funciones en el proceso de evaluación y remoción de jueces y conjueces, así como en la selección de fiscales provinciales. El presidente Virgilio Saquicela pondrá este tema en consideración del Pleno en el plazo máximo de cinco días.

El asambleísta Fernando Cedeño mocionó al Pleno de la Legislatura aprobar el inicio del juicio político por haberse encontrado méritos suficientes conforme lo establecen los informes de posturas de los asambleístas María Molina, Roberto Cuero, Comps Córdova y Pablo Muentes, relacionados con la solicitud de juicio político presentada por la asambleísta Viviana Veloz. El parlamentario dijo que el Consejo de la Judicatura se tomó atribuciones que no le correspondían.

Proceso

La sesión inició con la lectura del informe de posturas de los miembros de la Comisión de Fiscalización, luego de lo cual el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, abrió el debate, en el que intervinieron 12 asambleístas, quienes señalaron que en el juicio político se demostrará lo que está pasando en la Función Judicial. Dijeron que el pueblo anhela una justicia ágil y verdadera para todos. Recordaron que la Asamblea Nacional está facultada para realizar el juicio político por incumplimiento de funciones en los plazos y términos previstos en la Constitución y la ley, con respeto al debido proceso.

Señalaron que en la sustanciación de la solicitud de juicio político se analizaron hechos sobre incumplimiento de funciones de la expresidenta y los tres vocales del Consejo de la Judicatura. La asambleísta interpelante, Viviana Veloz afirmó que cada día se siguen cometiendo atropellos, ilegalidades y actos de corrupción.

El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, dispuso a Secretaría General que convoque a la sesión del Pleno para iniciar el juicio político según los plazos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

La jornada se iniciará a las 10h00 con la sesión No. 789 del Pleno de la Asamblea Nacional, en la que someterá a votación el proyecto de Ley de Pagos en Plazos Justos, Primero las MYPES, que tiene como propósito proteger a las micro y pequeñas empresas frente a posibles abusos por parte de las grandes empresas.

Sonia Ramírez, jueza de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, de Quitumbe, en la ciudad de Quito, negó la acción de protección interpuesta por la legisladora Guadalupe Llori Abarca, a través de la cual pretendía volver a la Presidencia de la Asamblea Nacional luego de su destitución el pasado 31 de mayo.

Por disposición del presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, el Pleno de la Asamblea Nacional se instalará este domingo 28 de agosto, a las 12h30 con el fin de conocer el informe de posturas respecto de la sustanciación de la solicitud de juicio político en contra de la expresidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado y de los vocales Fausto Murillo, Ruth Barreno y Juan José Morillo.

La Comisión de Justicia y Estructura del Estado solicitó al alcalde de Machala, Darío Macas, información sobre la contaminación del agua con arsénico. Esto en cumplimiento de lo dispuesto por el Pleno de la Asamblea Nacional, luego del análisis de las denuncias ciudadanas sobre la presencia de arsénico en los pozos de agua de la ciudad.

Un Tribunal Penal de Guayas acogió las pruebas presentadas por Fiscalía y –por unanimidad– emitió sentencia condenatoria de trece años y cuatro meses de prisión contra un militar en servicio pasivo, acusado de haber abusado sexualmente a una niña y una adolescente. El hecho se registró el 19 de agosto de 2019 en Guayaquil.

En la audiencia de juzgamiento, llevada a cabo en la Unidad Judicial Albán Borja, la fiscal de la Unidad de Violencia de Género, Yoli Pinillo Castillo, presentó como pruebas: los informes investigativos elaborados por la Policía Judicial, el parte de detención, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, las valoraciones médica, psicológica y de entorno social practicadas y la denuncia de la abuela de las ofendidas.

Una nueva solicitud de juicio político al ministro de Interior, Patricio Carrillo, se planteó esta tarde en la Asamblea Nacional. Las legisladoras Lucía Placencia y Johanna Moreira, de la Izquierda Democrática, presentaron formalmente la petición en la que le responzabilizan por incumplimiento de funciones establecidas en la Constitución y en la normativa legal.

El Pleno de la Asamblea Nacional tomó esta decisión luego de escuchar a los representantes de las provincias de Sucumbíos, Napo y Orellana, quienes solicitaron en sus diferentes intervenciones, exhortar al Presidente de la República a que declare de manera urgente el estado de emergencia de vial de toda la Amazonía.

Los representantes de los pobladores amazónicos expusieron sus necesidades y detallaron los problemas viales que vive toda la región amazónica, en especial la falta de atención a la variante vial San Luis – Reventador, que tiene incomunicada a la provincia de Sucumbíos.

Recordaron que han pasado mas de ocho meses desde que se produjo el socavón en la vía San Luis - Reventador, que les mantiene aislados del resto del país. Aseguraron que la erosión del rio Coca, que produjo la pérdida de esta vía, es un problema de índole natural que nunca se trató.

Cuando se produjo el desastre natural, el Gobierno se preocupó unicamente de resolver el tema petrolero, para que el crudo pueda seguir siendo transportado, pero se olvidó del derrame que contamino el río Coca y llegó hasta el río Napo, afectando la pesca y el agua de los pueblos indígenas que viven en sus orillas.

Nuestras provincias generan la mayor cantidad de recursos del país y nos tienen olvidados, desconectados e incomunicados. Son tan solo 10 kilómetros de vía los que pedimos se atiendan urgentemente, pero pasa el tiempo y no vemos ninguna acción por parte del Gobierno, concluyeron.

Los legisladores de la región amazónica en su en sus intervenciones hicieron referencia a todas las acciones que se han tomado, sin que haya una respuesta del Gobierno Central. Estamos cansados de exhortar al Ejecutivo para que atienda los requerimientos de la región, debemos exigir los recursos económicos necesarios y se declare el estado de emergencia, precisó Comps Córdova.

Informaron horas antes de la sesión del Pleno mantuvieron una reunión de trabajo con el Ministro de Obras Públicas, en busca de respuestas a la falta de atención a esta variante vial, pero que el funcionario se limitó a indicar que no pueden dar inicio a la obra, porque necesitan la autorización del Ministerio del Ambiente, ya que esta variante se encuentra en un sector protegido.

Los asambleístas amazónicos llamaron a mantenerse unidos ante esta situación para exigir al Gobierno que actúe de manera inmediata.

Finalmente los legisladores del bloque amazónico acogieron el pedido de los pueblos amazónicos y presentaron el proyecto de resolución para exigir al Presidente de la República que declaré el estado de emergencia de toda la red estatal vial en las provincias de Napo, Sucumbíos, Orellana y toda la troncal amazónica. La moción fue aprobada con 111 votos favorables y una abstención.

En concordancia con lo establecido en el artículo 207 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, a partir de la convocatoria a las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social (CPCCS) 2023, efectuada este 21 de agosto a través de cadena nacional, las entidades públicas que necesiten difundir publicidad institucional, en los medios de comunicación social, tendrán que solicitar la autorización respectiva al Consejo Nacional Electoral (CNE).

La Ley también establece que queda prohibida la exposición de la imagen, voz, y nombres de personas que se encuentren inscritas como candidatos en espacios audiovisuales que impliquen la utilización de recursos públicos. Asimismo, está prohibido que las instituciones públicas realicen eventos con artistas internacionales durante la campaña electoral.

Por otro lado, los candidatos, desde la inscripción de su candidatura, no podrán participar en eventos de inauguración de obras u otros financiados con fondos públicos.

La Ley establece que está permitida la difusión de información por parte de las instituciones públicas, en caso de grave conmoción interna, catástrofes naturales u otras situaciones excepcionales.