Hechos Ecuador

El Pleno de la Asamblea Nacional resolvió ratificar la solidaridad y el apoyo a la República de Cuba en su ingente batalla contra el bloqueo impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos.

El Pleno de la Asamblea Nacional tramitó en primer debate el proyecto de reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que regula la inversión de los recursos para proyectos de desarrollo territorial, modificando la forma en que se invierte el porcentaje de utilidades que las empresas generadoras de energía eléctrica destinan a proyectos de desarrollo local.

Este lunes 29 de agosto la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral inició la preparación de la consulta legislativa sobre el proyecto de Ley de Desarrollo Fronterizo, que contará con la participación de asambleístas y líderes sociales de provincias fronterizas.

Con cinco votos a favor y tres en contra se aprobó el informe que tiene como objeto poner en conocimiento a los órganos administrativos y de control, el análisis técnico y jurídico que realizó la Comisión de Régimen Económico respecto a los contratos de preventa a largo y mediano plazo de FUEL OIL; crudo oriente y Napo; venta de estaciones de servicio; y, gas natural.

Por su parte el asambleísta Mauricio Zambrano manifestó que es importante realizar una primera evaluación que permitirá mejorar la ley. No es una fiscalización, pero es fundamental ver el estado de la misma, enfatizó.

Como segundo punto del orden del día el Grupo Parlamentario continuó la revisión del cronograma de trabajo y la definición de zonas donde realizarán eventos territoriales. El parlamentario Blasco Luna sugirió socializar este plan a través de los medios de comunicación, a fin de que los migrantes conozcan los días y horarios que visitarán el territorio.

Al finalizar la reunión, la presidenta del Grupo Parlamentario, Esther Cuesta, recomendó que para los encuentros territoriales también se invite a otras entidades del Estado, como la Defensoría del Pueblo.

La Comisión de Garantías Constitucionales, en el marco de la fiscalización y control político de los hechos suscitados en el paro nacional, recibió al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nelson Proaño, quien señaló que por disposición del Ministro de Defensa Nacional y por pedido de la Policía Nacional el 14 de junio la institución militar realizó un operativo en las afueras de la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía, ubicada en la avenida Patria.

Informó que para controlar el orden en la Fiscalía se dispuso tres o cuatro equipos con un total de 20 hombres para evitar cualquier tipo de desorden en ese lugar. Señaló que el artículo 226 de la Constitución faculta a las Fuerzas Armadas apoyar a las instituciones, en este caso a la Policía Nacional.

La asambleísta Fernanda Astudillo recordó que según la Constitución solo el Jefe de Estado puede disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, es decir, se actúo sin una orden legítima del Mandatario. Llama la atención que la Policía haya realizado este pedido y Fuerzas Armadas lo hayan acogido, afirmó. En este marco, preguntó por qué, con este mismo accionar las Fuerzas Armadas no resguardan la seguridad ciudadana, cuando el país está colapsado con la delincuencia, criterio que fue compartido por la legisladora Victoria Desintonio. Las parlamentarias señalaron no estar de acuerdo con las respuestas emitidas por Nelson Proaño.

El presidente de la mesa legislativa, Fernando Cabascango, recordó que el Ministro de Defensa durante su comparecencia en la Comisión, dijo que el 17 de junio de 2022, la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, a través de una llamada telefónica solicitó un operativo para precautelar la información sensible que dispone la institución, lo que contradice con la respuesta del Jefe del Comando Conjunto.

Posteriormente, Pablo de la Vega, investigador de la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la no Injerencia, relató el contenido del informe de verificación de violaciones a derechos humanos durante el paro desde el 13 al 30 de junio de 2022.

Precisó que durante el paro nacional el Estado violó los derechos humanos; las fuerzas de seguridad aplicaron un uso excesivo de la fuerza amparado en los decretos de estados de excepción. Hubo allanamiento y requisición de las instalaciones de la Casa de la Cultura, así como de universidades, señaló.

La presidenta de la Comisión de la Niñez, Pierina Correa, participó en esta sesión, para entregar formalmente la información recabada sobre la vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, durante la jornada de protesta, a fin de que se incluya como un anexo al informe que deberá entregar la mesa legislativa al Pleno de la Asamblea Nacional.

Este lunes se cumplió la tercera jornada del diálogo Legislativo – Ejecutivo. Esta vez se instaló la mesa política, con la participación de representantes de las diversas bancadas parlamentarias y del Gobierno, quienes definieron tres ejes de la agenda que trabajarán de manera conjunta.

La reunión se desarrolló en la Presidencia de la Asamblea Nacional y estuvo liderada por el titular de la Función Legislativa, Virgilio Saquicela. Allí se acordó evaluar cada 21 días los avances que alcancen las mesas técnicas y se espera concretar los acuerdos hasta el mes de diciembre.

El diálogo ya es una realidad, manifestó el Presidente del Parlamento al destacar que este trabajo tendrá como ejes: inversiones, comercio, reactivación económica y empleo; seguridad, soberanía y política exterior; y, salud, seguridad social, educación e inversión social.

Tras resaltar que estos encuentros evidencian que el diálogo es factible y necesario, manifestó que la mesa técnica sobre inversiones tiene varios avances que permitirán que el Ejecutivo envíe a la Asamblea Nacional el proyecto de ley respectivo, para que sea tratado y aprobado.

El diálogo es ya una realidad, el país recibirá de la mejor manera la posibilidad que los poderes del Estado busquen estabilidad política y gobernabilidad para el Ecuador; ese tiene que ser el horizonte, más allá de las diferencias que seguirán existiendo en muchos temas que son parte de la política nacional, pero el diálogo va porque va, concluyó.

Entre 2009 y 2020, la construcción y mantenimiento de infraestructura educativa pública se caracterizó por el incumplimiento de las obligaciones contractuales, por parte de los proveedores del Estado y por las falencias en los pagos a contratistas.

La Contraloría General del Estado (CGE) elaboró el séptimo Reporte de control público, con el con el objetivo de establecer las falencias recurrentes en la construcción y mantenimiento de infraestructura educativa. El documento se elaboró a partir del análisis de 23 de informes de auditoría gubernamental, aprobados entre 2014 y 2022, en los cuales se examinó la ejecución de obras en 19 provincias del país.

El nuevo sistema tecnológico, implementado por la Contraloría, posibilitará el acceso ágil y oportuno a lo dispuesto en la normativa nacional frente a escenarios de conflictos de interés en el sector público. El objetivo es la generación de una cultura de transparencia y lucha contra la corrupción.

Este 9 de agosto de 2022, el Contralor General del Estado (s), Ing. Carlos Riofrío, presentó el aplicativo digital “Simulador de Conflictos de Interés”,herramienta que tiene el propósito de prevenir la corrupción y fortalecer la integridad y la ética pública, mediante el acceso a la normativa que establece inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones para desempeñar funciones gubernamentales.

Para el desarrollo del nuevo sistema informático se contó con la asistencia técnica de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el marco de la Plataforma de México y América del Sur para acelerar la implementación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.

Uno de los ejes temáticos de la Plataforma son los sistemas de integridad y transparencia enfocados en declaraciones patrimoniales y conflictos de intereses.

En la presentación, el Contralor Riofrío, afirmó que esta herramienta constituye un paso importante para potenciar la función asesora de la Contraloría, contribuyendo a la toma de decisiones y previniendo acciones que puedan desencadenar en faltas a la integridad pública.

“Decisiones objetivas en los procesos de adquisición y contratación pública son necesarias para la ejecución correcta de los recursos del erario nacional, que son limitados y escasos. Cuidar estos recursos públicos permite propiciar condiciones de desarrollo y dignidad para la sociedad, en especial a los sectores menos favorecidos”, manifestó.

Por su parte, el representante de la UNODC para Perú y Ecuador, Antonino de Leo felicitó y resaltó la labor de la Contraloría. “Confiamos en que este mecanismo logrará prevenir conflictos de interés en Ecuador y, además, que sea el preludio para la construcción de nuevas iniciativas en la materia”.

La iniciativa de la Contraloría provocó el interés de entidades públicas, de organismos internacionales, de la academia y de la sociedad civil vinculadas al combate y prevención de la corrupción, cuyos representantes estuvieron presentes en el evento.

Esta herramienta, que se aloja en el portal www.contraloria.gob.ec, permitirá a los funcionarios de la administración pública y ciudadanos en general, consultar y reconocer si una situación en particular, supone o no un posible conflicto de interés.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y la Dirección Nacional de Registros Públicos (Dinarp), firmaron un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, con el fin de coordinar acciones, en el ámbito de sus competencias, para la conformación de veedurías respecto a los concursos para la designación de los Registradores de la Propiedad y Mercantil a nivel Nacional.

El Convenio, suscrito por el presidente del CPCCS, Hernán Ulloa Ordóñez, y la directora  de la Dinarp, Angie Jijón Mancheno; establece que las dos instituciones se comprometen a impulsar e implementar procesos de formación y/o capacitación en temas relacionados con participación ciudadana, control social, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción, con énfasis en los procesos de concursos de méritos y oposición para la designación de registradores de la Propiedad y Mercantiles en todas las provincias del país.

El CPCCS desarrollará procesos de formación y capacitación sobre Veedurías Ciudadanas para los servidores de la Dinarp y difundirá la información correspondiente. Asimismo, la Dinarp brindará capacitación a los miembros de las Veedurías respecto de los instructivos relacionados con los concursos.

Adicionalmente, la Dinarp, entidad adscrita al Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Mintel), presentó nuevos mecanismos legales y tecnológicos con los que se realizarán los Concursos de Méritos y Oposición de registradores de la Propiedad y Mercantiles, así como la implementación de instructivos, herramientas y acciones para su programación y ejecución. Una de las principales innovaciones será la implementación de una plataforma digital que colocará mensajes de ayuda para que el postulante de los concursos pueda cargar la información de forma correcta.

En el evento estuvieron presentes: la ministra de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Vianna Maino; la consejera Ibeth Estupiñán; el presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME),  Franklin Galarza; el secretario de Política Pública Anticorrupción, Luis Fernando Verdesoto, entre otras autoridades gubernamentales.