Hechos Ecuador

Admitió que para el tratamiento de esta ley todavía hay muchas preguntas por responder, y que la comisión debe actuar con celeridad para recabar los datos técnicos necesarios. Debemos contar con los valores exactos de deuda del Estado con la Seguridad Social y la valoración del Banco, enfatizó.

Por su parte el asambleísta Byron Maldonado cuestionó el tiempo que se ha planificado para la socialización y comparecencia de los actores, tiempo que, considera es insuficiente dada la cantidad de información que se necesita para debatir la factibilidad del proyecto. Sugirió a la mesa considerar otras instituciones o empresas que el Estado podría dar en forma de pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que pueden ser más viables de administrar que un banco. Citó como ejemplo las hidroeléctricas.

La asambleísta Blanca Sacancela coincidió con los señalamientos de Byron Maldonado en cuanto al tiempo destinado en el cronograma y agregó que es importante que esta ley no se convierta en un parche del sistema de Seguridad Social.

Al finalizar se sometió a votación la aprobación del cronograma de comparecencias y socialización del proyecto de Ley Orgánica para fortalecer la Seguridad Social mediante la dación en pago de las acciones del Banco del Pacífico, mismo que fue aprobado con cuatro votos a favor, una abstención y un voto en contra.

La presidenta de la comisión, Mireya Pazmiño, dispuso la inmediata socialización del proyecto, y que se llame a los representantes del Ministerio de Finanzas, Corporación Financiera Nacional, Superintendente de Bancos y a los miembros del Consejo Directivo del IESS en la semana del 29 de agosto al 3 de septiembre.

La única autoridad competente para designar a la Primera Autoridad de la Superintendencia de Bancos es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y no existe resolución de designación válida, por lo que el señor Raúl Agustín González Carrión no ha sido designado como superintendente, indicó el presidente Abg. Hernán Ulloa durante la rueda de prensa a los medios de comunicación

“Si se ha posesionado a una autoridad con base en una resolución anulada, en un silogismo o análisis jurídico de las circunstancias, se obtiene que la Asamblea Nacional ha designado a esta autoridad”, y no el Consejo de Participación Ciudadana, por ello “mientras yo sea el presidente, dijo Hernán Ulloa, no puedo permitir que exista ningún tipo de injerencias por parte de otra Función del Estado.

La sentencia constitucional declaró la nulidad del proceso de designación anterior realizado por el CPCCS, por tanto esa resolución del Pleno ya no surte efectos jurídicos hacia el exterior, es decir no podía en lo absoluto hacerse la posesión de esta autoridad mientras el control constitucional así lo disponga “nosotros no estamos ante la posibilidad de decirle a la señora jueza que no se va a cumplir su disposición porque tenemos que esperar una resolución de segunda instancia, esto no es posible porque esto implicaría caer en el incumplimiento de una disposición de autoridad competente lo cual es sancionado con la destitución del cargo”.

El Abg. Ulloa indicó que el CPCCS se encuentra dando cumplimiento a la sentencia constitucional que resolvió: “la nulidad radical o de pleno derecho del proceso de designación de superintendente de bancos que desarrolló el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (…)”.

Por ello, una vez recibida la nueva terna por parte del Ejecutivo, se dispuso a la  Comisión Técnica la elaboración del “Informe de recomendación, en cumplimiento con el artículo 13 del Reglamento para la designación de la Primera Autoridad de la Superintendencia de Bancos”; que califica la admisibilidad de los ciudadanos que conforman la terna. Este informe ya se encuentra elaborado y será conocido en una próxima sesión del Pleno.

El presidente Hernán Ulloa indicó que las decisiones del Consejo no han afectado la institucionalidad de la nación, “las circunstancias que el día de hoy mantienen en crisis nuevamente al Ecuador, han sido por decisiones  ajenas al Consejo”. Explicó además que, tanto el CPCCS, como las demás instituciones, poderes y Funciones del Estado están sometidos al control constitucional”.

El titular del CPCCS aclaró, además que mientras este proceso concluya, le compete ejercer las atribuciones de Superintendente de Bancos a la Ing. Guadalupe Cabezas, en calidad de autoridad subrogante, de conformidad con lo previsto en el “Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Superintendencia de Bancos y  Seguros”.

El cumplimiento de las obligaciones y mandatos constitucionales y legales por parte de todas las instituciones, con independencia y responsabilidad con la ciudadanía, es la única manera de que se garantice la institucionalidad  y el Estado de Derecho, finalizó el presidente del CPCCS.

Con cuarenta y cinco elementos de convicción, Fiscalía inició el proceso penal en contra de Jonathan Mauricio F. A., como presunto autor del femicidio de Diana E. –su conviviente–, perpetrado la noche del 19 de mayo de 2021.

La audiencia de formulación de cargos se instaló la mañana de este viernes en el Complejo Judicial Sur (Quitumbe). La fiscal Alejandra Sigcha, especializada en investigar delitos de violencia de género, sustentó la apertura de la instrucción fiscal de noventa días con versiones de familiares, testigos de los hechos y médicos que atendieron a la víctima.

También, con los informes periciales como la reconstrucción de los hechos y el levantamiento planimétrico de la escena del crimen, las autopsias médico-legal y psicológica, el informe médico de la exhumación al cadáver, el de reconocimiento del vehículo con el que se ejecutó el femicidio, entre otros.

Quiso quedarse hasta con el auto

El 19 de mayo de 2021, en el sector de la Argelia, Diana y Jonathan estaban en el auto que días atrás había comprado la víctima. Testigos presenciales dijeron a Fiscalía que –cerca de las 23:00– la pareja estaba libando y discutiendo.

En ese contexto, la víctima salió del vehículo, pidiéndole a Jonathan que se bajara.

Pero Jonathan no salió. Arrancó el auto para golpearla y hacerla caer, luego pasó el vehículo sobre sus piernas y –acto seguido– la volvió a atropellar. Personas que presenciaron estos hechos le lanzaron piedras para impedir un nuevo arrollamiento.

Llaman al ECU 9-1-1 para reportar a una víctima en la calzada. A las 23:25 fue asistida por un agente metropolitano y pidió una ambulancia. Mientras esperaban, Jonathan Mauricio F. A. regresó –sin el auto– a preguntar si conocían a la víctima. Pero al ser identificado por la gente, huyó del lugar.

Diana fue ingresada al hospital a las 00:10, sin papeles de identificación. Desde su ingreso el 20, hasta el 22 de mayo –fecha en que murió por hemorragia cerebral y fractura del cráneo–, no estuvo acompañada por sus familiares, porque el agresor mantuvo el hecho en el anonimato, indicó la Fiscal al presentar la formulación.

Según los hechos recabados por Fiscalía, el procesado “se quedó con los documentos y el celular de la víctima, pidiendo a terceras personas que los retiraran de la UPC del barrio, mientras la víctima estaba en situación crítica”.

Además, después de la muerte de Diana, le solicitó a la vendedora del vehículo que el contrato de compra-venta lo realice a su nombre. La mujer se negó a hacerlo y alertó de este pedido a la familia de Diana.

Contradicciones

La madre y el padre de la víctima, en sus versiones, afirmaron que Jonathan Mauricio F. A. les dijo que la noche del 19 de mayo quisieron asaltarlos, por lo que tomó una curva y Diana se cayó.

Después indicó que tuvieron un altercado y la víctima se arrojó del auto; sin embargo, estos hechos fueron desmentidos por los testigos.

La Jueza, por pedido de Fiscalía, otorgó las medidas de protección del artículo 558, numerales 2, 3 y 4, del Código Orgánico Integral Penal (COIP): prohibición al procesado de acercase a la familia o testigos, de realizar actos e persecución o intimidación por sí mismo o a través de terceros y una boleta de auxilio a favor de los familiares de la víctima.

Información jurídica

La presentación de cargos penales tiene como base jurídica el artículo 141 (femicidio) con las circunstancias agravantes detalladas en los numerales 1 y 2 del artículo 142 del COIP.

Edison Benítez nos trae el tema: LAS LAGUNAS QUE SON VOLCANES ACTIVOS

Hoy Edison Miño con el Tema: Jaime Roldós 81 años de su nacimiento |Por Hechos Ecuador - Unidos Siempre por la Verdad

Análisis con David Paz y analizaremos la propuesta de Inty Grønneberg para la alcaldía de UIO

El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela Espinoza, remitió al ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, como representante del Ejecutivo, la invitación a la reunión de trabajo, a fin de iniciar del diálogo y elaborar la hoja de ruta correspondiente, para el martes 23 de agosto, a partir de las 09H30, en el Salón Tránsito Amaguaña, en el Palacio Legislativo.

En su misiva, el Titular de la Legislatura recordó que con fecha 25 de julio del año en curso dirigió al Presidente de la República una comunicación, con el objeto de convocar al diálogo entre las dos funciones del Estado.

A la fecha ratifico que el único camino para el progreso del país es el diálogo franco, honesto, transparente, responsable y sobre todo con resultados, razón por la cual la Asamblea Nacional ha designado a los delegados de las distintas bancadas legislativas para que se integren en la referida comisión e iniciemos este diálogo por nuestro país, afirmó.

El Titular de la Legislatura reiteró que sobre esta base la única manera de iniciar este proceso es el pragmatismo y no los discursos políticos. Por ello, convocó al Ministro de Gobierno y a los delegados del Ejecutivo que hayan sido designados a la reunión de trabajo prevista para el próximo martes.

Por último, informó que dicha reunión contará con la presencia de los delegados del Parlamento, en el entendido que el Ecuador está sobre cualquier otro interés.

El Pleno de la Asamblea Nacional, con 105 votos afirmativos y uno en blanco, aprobó el informe de Evaluación a la Ley para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, preparado por la Comisión de Biodiversidad, el cual tiene como propósito determinar el nivel de cumplimiento de los objetivos esperados por el legislador al momento de dictar la norma y conocer la percepción de la ciudadanía respecto de esta ley y proponer medidas correctivas.

La evaluación de la ley tuvo como ejes temáticos los de empleo y contratación pública preferentes; Fondo de Desarrollo Sostenible; la distribución y utilización de los recursos de este fondo; el Fondo Común; y la creación de nuevas universidades en la circunscripción territorial especial Amazónica.

Washington Varela, ponente del informe, tras calificar a este como un día histórico para la Amazonía, recordó que esta ley fue promulgada en 2018. En 2021, el Consejo de Administración Legislativa aprobó el Plan para la Evaluación Integral, que posteriormente fue desarrollado por la Comisión de Biodiversidad. El proceso contó con la participación de más de 600 delegados de diversas organizaciones sociales.

Entre las conclusiones, indicó que se habría perjudicado con 150 millones de dólares a la región Amazónica, considerando la obligación de destinar dos dólares por cada barril de petróleo exportado a favor de esta zona. No existe un avance real en lo referente a la creación y funcionamiento de las nuevas universidades. La administración y gestión del Fondo Común tiene un atraso enorme, de ahí que la Secretaría Técnica no ha cumplido su rol desde 2018 a la presente fecha, razón por la cual considera necesario desarrollar acciones de control político a esta entidad.

La resolución exige al Ministerio del Trabajo que en un plazo no mayor a 180 días, en coordinación con el Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, y la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, desarrolle una plataforma tecnológica automatizada con las particularidades propias de la Amazonía, y cumple con el porcentaje sobre el empleo preferente establecido en la ley evaluada.

Así mismo, exige que Servicio Nacional de Contratación Pública, en un plazo no mayor a 60 días, en coordinación con el Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, ejecute el control de los procesos de contratación pública, a nivel de la circunscripción territorial amazónica, y haga cumplir el porcentaje establecido para la contratación pública preferente.

También se incluyen exigencias a la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica para que, en un plazo de 30 días, remita a la Asamblea la ejecución presupuestaria destinada a las áreas de influencia de los proyectos estratégicos y a la creación de centros de educación superior; al Ministerio de Energía y Minas, a través de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables que en igual plazo, publique y entregue a los beneficiarios de forma mensual la información sobre la producción fiscalizada neta del petróleo extraído de la Amazonía; a los ministerios de Energía y de Finanzas, que en 30 días emitan una resolución para el cálculo y liquidación que determine de forma clara y precisa la producción petrolera neta fiscalizada extraída.

Conforme lo aprobado, la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales iniciará la fiscalización y control político a la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica a la gestión del Fondo de Desarrollo Sostenible y Fondo Común desde el año 2018 hasta julio del 2022.

En el marco del primer debate del proyecto de reformas a la Ley Especial Amazónica, el Pleno de la Asamblea Nacional escuchó las propuestas y sugerencias de representantes de organizaciones sociales e investigadores, quienes expresaron la necesidad de asegurar el empleo preferente para los residentes de la región e invertir en la prevención de la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Auxilio Vera López, a nombre de Red de Mujeres Amazónicas y la Coalición de Mujeres del Ecuador propuso incluir en la reforma normas que generen políticas públicas que aborden la limitación y acceso de la mujer al trabajo remunerado; inversión en prevención de violencia contra las niñas y mujeres; presupuesto para las casas de acogida, centros de atención y la implementación de alertas tempranas en barrios y organizaciones para enfrentar la violencia que afecta a las niñas y a las mujeres de las seis provincias amazónicas, que experimentan los niveles más altos de violencia de género con el 70.9%. Solo juntas podremos vencer la discriminación y la violencia, enfatizó

Jéssica Espinoza, presidenta del Consejo Nacional de Defensores de los Derechos Humanos y de la Naturaleza, de la Defensoría del Pueblo, apoyó la propuesta normativa de la Red de Mujeres Amazónicas, ya que reivindica los más altos estándares nacionales e internacionales en materia de presupuestos públicos. Los estados deben invertir en políticas transversales e intersectoriales que permitan combatir toda forma de violencia contra las mujeres, pues no hay mejor prevención contra la violencia de género que la inversión en políticas públicas para la igualdad, añadió.

Viviana Gutiérrez, de Sertecpet S.A., una empresa exportadora de tecnología desde la Amazonía, recordó que uno de los objetivos de la ley es generar desarrollo en la región y que para ello el Estado necesita el apoyo de la empresa privada. Propuso definir con claridad los requisitos para que una empresa sea considerada productor o proveedor local, por ejemplo que están radicadas por lo menos seis años ininterrumpidos y que el 60% de sus procesos productivos están dentro de la región. Así generamos empleo y desarrollo para beneficiar a los ecuatorianos y a los residentes amazónicos, añadió.

Arístides Vara, investigador y consultor internacional se refirió a los costos que les representa a los estados la violencia contra las mujeres. Informó que según estudios internacionales, los costos por violencia por guerras no llega al 1%, pero que la violencia contra las mujeres representa 43 % y si a ello se suma la violencia contra niños y niñas, supera el 75 % a nivel mundial, lo que evidencia que los hogares son los espacios más inseguros para las mujeres y las niñas. Afirmó que el Ecuador pierde 4.608 millones de dólares al año por violencia contra las mujeres. Invitó a invertir en prevención contra la violencia.

Fredy Armijos, en representación de los GAD amazónicos, al respaldar el proyecto que debate el Pleno, sugirió que la Secretaría Técnica sea un ente netamente planificador y administrador del Fondo Común. También propuso fomentar la atención de emergencias médicas vía aérea, que se respete el empleo preferente para los amazónicos, crédito preferente para reactivar la producción y el turismo, así como mejorar la vialidad.

Regular la planificación, el desarrollo integral de la Amazonía y su ordenamiento territorial, observando aspectos sociales, económicos, culturales, deportivos y ambientales, promoviendo la inclusión de los pueblos y nacionalidades indígenas y la participación igualitaria y equitativa entre hombres y mujeres, es uno de los objetivos del proyecto de reformas a la Ley para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica que fue tramitado en primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.

El debate se desarrolló sobre la base del informe preparado por la Comisión de Biodiversidad. Su presidente, el legislador Washington Varela, recordó que la propuesta se socializó con la participación de diversas organizaciones e instituciones que presentaron sus observaciones. Para ello se reunió en las provincias de Napo, Zamora Chinchipe, Pastaza, Morona Santiago, Orellana y Sucumbíos. Allí participaron 97 personas y se receptaron más de 180 comentarios y propuestas a la reforma. Intervinieron diversos sectores de la sociedad, como es el caso de la Red de Mujeres Amazónicas, la Federación Deportiva de Pastaza, el Comité de Desarrollo Integral Cuyabeno, CONAGOPARE, COMAGA, CONGA, entre otros.

A través del proyecto se busca establecer políticas, lineamientos y normativas especiales que garanticen la prevención y erradicación de la violencia de género, el desarrollo humano, el respeto a los derechos de la naturaleza, la conservación de sus ecosistemas y de la biodiversidad, su desarrollo sostenible y sustentable, el derecho a la educación de sus habitantes en todos los niveles, su patrimonio cultural, la memoria social, la interculturalidad y la plurinacionalidad, de género y generacional, así como el régimen de sanciones.

Debate

En el debate legisladores de las diversas bancadas respaldaron la iniciativa legislativa. Varias fueron las propuestas para garantizar el cumplimiento de la ley en beneficio de esta región generadora de riqueza para el país y para atender las demandas de la población.

La protección de la naturaleza, mejorar la vialidad, defensa del empleo preferente para los residentes de la región, crédito preferente para reactivar la producción, que se concrete la creación de las universidades en las provincias de Orellana, Sucumbíos, Morona Santiago y Zamora Chinchipe fueron las principales demandas.

También advirtieron que algunas provincias amazónicas no cuentan con hospitales, lo que afecta gravemente a la salud de las personas, pese a que la Constitución garantiza el acceso al servicio de salud de calidad.

Además, destacaron la necesidad de vigilar que los recursos generados por la ley sean invertidos de manera oportuna y eficiente, a fin de mejorar las condiciones de vida de sus pobladores y fijar sanciones a quienes incumplan la ley

La directora de la sesión, Johanna Moreira, cerró el primer debate y dispuso que el proyecto y las observaciones de los legisladores sean remitidos a la Comisión de Biodiversidad para la respectiva sistematización.