Hechos Ecuador

El asambleísta Ricardo Vanegas presentó una solicitud de juicio político en contra de la exministra de Salud, Ximena Garzón, por causas relacionadas a la falta de medicinas, adquisición de medicamentos que incumplen estándares de calidad; y, supuesto negociado con empresas públicas de universidades para la compra de medicamentos.

Ricardo Vanegas indicó que, desde octubre de 2021, la exministra Garzón recibió informes por parte de la Agencia de Regulación y Control Sanitario (Arcsa), en los que se advirtió que varios hospitales públicos adquirieron medicamentos que no son aptos para el consumo humano, los proveedores no cumplen la certificación de Buenas Prácticas de Manufactura; y, en algunos casos, el tiempo de caducidad es inferior a los 24 meses que establece la norma.

Según informó el legislador, el documento advierte que el Ministerio de Salud coordinó con el Servicio de Compras Públicas las reformas al Reglamento General de la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública para aprovisionar al Sistema de Salud de medicinas, insumos médicos y otros, mediante contratos de régimen especial con empresas públicas de universidades, lo que permitió que los proveedores no justifiquen las buenas prácticas de manufactura exigidas por Arcsa, y que se ponga en riesgo la salud de los ecuatorianos al adquirir medicamentos e insumos que no cuentan con la calidad necesaria para el consumo humano y eficacia terapéutica.

Recordó que el 11 de julio de 2022 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado ecuatoriano que adopte medidas inmediatas que posibiliten un tratamiento médico adecuado y oportuno, garantizando acceso regular a los medicamentos necesarios y prescritos por los profesionales de salud.

Finalmente, informó que toda la información será presentada ante la Fiscal General del Estado para que realice la investigación correspondiente. “Se ha jugado con la vida y la salud de los ecuatorianos, los responsables no solo deben ser censurados, sino ir a la cárcel” dijo.

La Asamblea Nacional ratificó, por unanimidad, el Acuerdo entre los Gobiernos de Estados Unidos y Ecuador para el intercambio de información en materia tributaria, que permitirá una eficiente cooperación de la identificación de actividades y transacciones realizadas en el exterior.

El instrumento internacional está compuesto por 15 artículos, los cuales determinan el procedimiento para el intercambio de información, que se realizará bajo cláusulas de reserva y confidencialidad, lo que permitirá a las administraciones tributarias tener mayor precisión en la determinación, liquidación y recaudación de los tributos comprendidos en el instrumento internacional.

El Acuerdo se rige por los principios de transparencia, eficiencia, eficacia y cooperación internacional, lo que podrá fortalecer el sistema tributario de ambos países y tener un mayor control, en aras de mejorar la recaudación tributaria y, con ello, cumplir las finalidades que establece el ordenamiento jurídico.

El parlamentario Luis Cervantes, ponente del instrumento internacional, señaló que el intercambio de información fiscal se ha convertido en un mecanismo eficaz, que permite a los Estados verificar el cumplimiento de las obligaciones de las operaciones económicas de sus contribuyentes.

Actualmente, el intercambio de información constituye un mecanismo de cooperación entre las administraciones tributarias, ya que facilita la aplicación efectiva de tributos y procura evitar la evasión y el fraude fiscal, por tanto, contiene aspectos relevantes como la posibilidad de denegar o no la solicitud de información, así como aspectos de confidencialidad, precisó Cervantes.

Mencionó que la evasión en Ecuador representa el 7% del PIB, es decir, 7.600 millones de dólares. Señaló que el Acuerdo tiene como objeto prestar asistencia mutua en el intercambio de información tributaria de los contribuyentes del Ecuador y Estados Unidos y se encuentra sustentado en el principio de cooperación que rige las relaciones internacionales de conformidad con lo establecido en la Constitución.

El Pleno de la Asamblea Nacional, con 83 votos afirmativos, destituyó a Yeseña Guamaní Vásquez, del cargo de Segunda Vicepresidenta, por incumplimiento de funciones, en cuanto a lo establecido en los artículos 14 y 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, referentes al procedimiento de calificación de proyectos de ley, sobre la base del informe de la Comisión Pluripartidista Ad hoc.

Tras la lectura del informe, la asambleísta Yeseña Guamaní ejerció su derecho a la defensa. Explicó que el proceso seguido en su contra no tiene asidero técnico jurídico porque se pretende juzgar a la Vicepresidenta por haber planteado una moción, en ejercicio del derecho que tienen todos los legisladores, frente a una evidente contradicción entre dos normas constitucionales.

Aseguró que la parte denunciante no presentó ni actuó prueba alguna que justifique un proceso disciplinario en su contra. “Me voy con honor y dignidad, porque la decencia no se negocia”, dijo.

De su lado, la legisladora denunciante, Jhajaira Urresta, reiteró que la asambleísta Guamaní incumplió funciones al plantear que se suspenda la calificación de un proyecto de ley encaminado a derogar el Decreto Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. Por esta decisión, la calificación del referido proyecto excedió en 27 días el plazo previsto en la ley (60 días), advirtió.

Enfatizó que la actuación de la asambleísta Guamaní ha detenido el trabajo emergente de la Asamblea Nacional al servicio del país. Por ello, se entró en un proceso de remediación de las malas actuaciones de quienes son parte del Consejo de Administración Legislativa (CAL), al indicar que la Legislatura debe recuperar su carácter de contrapeso frente a los abusos de poder por parte del Ejecutivo.

Debate

En el debate participaron 12 asambleístas, de distintas bancadas y organizaciones políticas, quienes comentaron el proceso seguido por la Comisión Pluripartidista Ad hoc, las causales invocadas por la denunciante, así como los argumentos de la defensa. En el caso de quienes apoyaron el proceso disciplinario, destacaron que en todo momento se respetaron las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa.

Mientras, quienes respaldaron la gestión de Yeseña Guamaní cuestionaron que se juzgue a una legisladora por mocionar que un tema de contradicción entre dos normas de la Constitución sea analizado por la Corte Constitucional, previo pronunciamiento del Pleno de la Legislatura, lo cual constituye un mal precedente en la práctica parlamentaria.

Con el objeto de escuchar observaciones que permitan fortalecer el proyecto de Ley Reformatoria a Varios Cuerpos Normativos: Código Orgánico Integral Penal, Código de la Función Judicial para implementar el Modelo de Justicia Terapéutica, la Comisión de Justicia escuchó los aportes de Carlos Carrasco, experto en Derecho Penal.

Según Carrasco este proyecto permitirá disminuir el hacinamiento en las cárceles del país y la rehabilitación para las personas privadas de la libertad; sin embargo, dijo, para esto se debe tener varias consideraciones y ajustes, de modo que solo quienes tengan una sentencia condenatoria podrán ingresar a estos centros terapéuticos.

Comentó que la justicia terapéutica constituye un avance necesario para el desarrollo de la ciencia penal, cuya aplicación se recomienda sea con personas con sentencia ejecutoriada.

Consideró que este programa de justicia terapéutica debe ejecutarse en centros de privación de la libertad y centros de rehabilitación social y que para ello SNAI debe fortalecerse con profesionales de la salud y expertos en criminología. La supervisión, control y posterior integración a la comunidad debe estar a cargo del SNAI, con la vigilancia de un juez de garantías, mas no del Fiscal que tiene a su cargo el caso, considerando que la función de la Fiscalía es investigar e impulsar casos para su judicialización, explicó. Sin embargo, aclaró que la persona consumidora de sustancias psicotrópicas no puede ser condenada, en razón de que el consumo no es delito.

La asambleísta Lucía Placencia, proponente del proyecto, indicó que con ello se busca evitar el hacinamiento en las cárceles del país y permitir el tratamiento de personas con problemas de consumo de sustancias psicotrópicas en centros de terapia, con un modelo de justicia terapéutica.

El presidente de la comisión, Alejandro Jaramillo, solicitó al compareciente que remita sus observaciones por escrito, mismas que servirán de insumos para elaborar el informe para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional.

La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, en el marco del tratamiento del proyecto de Ley de Acción Social y Voluntariado en el Ecuador, recibió las observaciones de representantes de fundaciones.

Luz Gutiérrez, directora del Voluntariado para la Ayuda Social-Ecuador, resaltó la importancia de tener un mundo lleno de solidaridad y respecto por la diversidad. Comentó que “a través del voluntariado construimos nuevas generaciones con valores dedicadas a mejorar las condiciones sociales y globales”.

Tras advertir que el proyecto no se refiere a la promoción del voluntariado, manifestó que es necesario apoyar y desarrollar la cultura del voluntariado sobre todo en capacitación de las personas que trabajan en protocolos de seguridad y abuso sexual de menores.

De su lado, Mónica Rivadeneira, directora de la Fundación UBECI, explicó que su organización trabaja en la erradicación del trabajo infantil. Al exponer la necesidad de fortalecer la ayuda a las organizaciones sociales, resaltó que el proyecto prevé la transmisión de conocimientos, lo que -a su criterio- es algo positivo para las organizaciones sociales.

Entre tanto, David Téllez, comunicador social y máster en marketing político, sostuvo que esta iniciativa es una necesidad desde hace mucho tiempo, para respaldar la labor de organizaciones sociales que trabajan con grupos vulnerables. Este rol altruista y solidario ha generado oportunidades de inclusión por parte del voluntariado, subrayó.

Expresó que Ecuador no tiene una legislación que regule y proteja la acción del voluntariado como lo tienen otros países de la región, a la vez que recordó que la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, dictada en 2010, establece que el Estado reconoce y protege al voluntariado de acción social, pero hace fata la normativa para regular esta actividad.

Consideró que también hace falta articular el trabajo entre el sector público y las organizaciones sociales de voluntariado, con el objetivo de generar incentivos que permitan involucrar a estos grupos en los programas y proyectos públicos de acción social.

Finalmente, el presidente de la comisión, Ferdinan Álvarez, agradeció a los expositores y anunció que las sugerencias y propuestas serán consideradas en el proceso de debate y construcción de la normativa.

El asambleísta Ramiro Narváez presentó el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y otros cuerpos legales, que tiene como objetivo garantizar la tutela efectiva de las víctimas.

La propuesta busca asegurar la “garantía del doble conforme”, como un elemento esencial que forma parte del debido proceso, para poder condenar a una persona por un acto delincuencial.

El legislador explicó que la reforma está dirigida a favor del sentenciado, con el fin evitar la ejecución de la pena sin que un ente superior confirme la legalidad de la condena, coincidiendo o discrepando la sentencia, lo cual otorga mayor seguridad y tutela a través de una doble verificación y valoración de la prueba.

Según el proyecto, podrá interponer este recurso toda persona procesada que haya sido condenada por primera vez en sentencia dictada por un Tribunal de Apelación de las Cortes Provinciales de Justicia, por delitos cuyo ejercicio de la acción penal sea público o privado y para contravenciones.

Recordó que la Corte Constitucional, en sentencia de 17 de noviembre de 2021, declaró la vulneración del derecho al doble conforme, y dispuso que la Corte Nacional de Justicia contará con un plazo de dos meses para regular provisionalmente, a través de una resolución, un recurso que garantice el derecho al doble conforme de las personas que son condenadas por primera vez en segunda instancia, de conformidad con los parámetros establecidos en la mencionada sentencia.

El parlamentario informó que las reformas establecen parámetros para la reparación de víctimas y clarifica los elementos de cálculo para la reparación económica, a la vez que resaltó que el proyecto garantiza el cumplimiento de instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José.

Gil Eduardo Aguilar Romero, Notario 61 del cantón Quito, fue designado mediante sorteo público, para dar fe de los procesos que se desarrollen dentro del concurso para la designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. Asimismo, María del Pilar Flores Flores, Notaría 12 del cantón Quito, será la notaria suplente.

El sorteo público en el que se seleccionaron los notarios principal y suplente para este proceso de designación, se realizó el 14 de julio, durante la continuación de la Sesión Extraordinaria No. 27 del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que además contó con la presencia de veedores ciudadanos en forma presencial y telemática.

El evento fue transmitido en vivo, mediante la plataforma Youtube en el canal de Consejo CPCCSEc y en el sitio web institucional www.cpccs.gob.ec. Este procedimiento se realizó utilizando una máquina de selección por gravedad de esferas plásticas numeradas del 1 al 86, conforme el registro de notarios del cantón Quito, proporcionado por el Consejo de la Judicatura. Los veedores ciudadanos que vigilan la transparencia del proceso verificaron la secuencia numérica de las esferas, las ingresaron al ánfora y operaron el mecanismo de selección de las esferas en el sorteo.

Abg. Hernán Ulloa Ordóñez

Presidente del CPCCS

Del 12 al 21 de julio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) receptará las solicitudes de las organizaciones políticas, para el acompañamiento de los procesos de Democracia Interna, que definirán las candidaturas que terciarán en los comicios del próximo 5 de febrero.

El Código de la Democracia establece que para el desarrollo de sus procesos electorales internos, las organizaciones políticas contarán con el apoyo, la asistencia técnica y la supervisión del CNE, en una o en todas las etapas de dicho procedimiento.

Según el cronograma electoral, los procesos de Elecciones Primarias se realizarán del 22 de julio al 5 de agosto de 2022. Para la definición de candidaturas, las organizaciones políticas deben cumplir con las reformas al Código de la Democracia, que establece la obligación de que el 30% de las listas de candidatos estén lideradas por mujeres y que se incluya al menos un 25% de jóvenes.

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) resolvió, este 13 de julio, convocar a la conformación de una Veeduría Ciudadana nacional para el seguimiento a las mesas de diálogo entre la Conaie, Feine y Fenocin con el Gobierno Nacional. Además, aprobó un reconocimiento post mortem a los médicos que perdieron la vida en la lucha contra la pandemia del COVID-19; y un exhorto al presidente de la República, para garantizar la estabilidad laboral de los servidores públicos.

Previamente, por moción de la consejera Ibeth Estupiñán, los consejeros recibieron a los ciudadanos Bety Ruales y César Cárdenas, del Colectivo Nacional de Organizaciones y Ciudadanos, quienes a través del mecanismo de la silla vacía, solicitaron que el CPCCS promueva la participación de la ciudadanía en la vigilancia, no solo del proceso de diálogo, sino del cumplimiento de los acuerdos a los que se lleguen. De esta manera, se fortalece la fiscalización directa de la ciudadanía en este importante proceso, que repercute en un mayor beneficio para el Ecuador.

Además, por moción del presidente del Consejo, Hernán Ulloa, se resolvió emitir un reconocimiento post mortem a los médicos que fallecieron en la lucha contra la pandemia del Covid-19 en Ecuador. El reconocimiento atiende a un pedido de la Asociación Iberoamericana de los Derechos del Trabajo y de la Seguridad Social “Guillermo Cabanellas”. Cabe destacar que este reconocimiento no implica una declaratoria de héroes y heroínas nacionales.

En otro punto, por moción del consejero David Rosero, el Pleno del CPCCS resolvió exhortar al presidente Guillermo Lasso para que derogue el Decreto Ejecutivo 457, de 18 de junio de 2022, con la finalidad de garantizar la estabilidad laboral de los servidores públicos y por lo tanto el servicio de calidad, calidez y eficacia que los ecuatorianos debemos recibir de las instituciones estatales.

Abg. Hernán Ulloa Ordóñez

Presidente del CPCCS

La Comisión de Régimen Económico aprobó el cronograma para el tratamiento de los proyectos de iniciativa de los asambleístas Viviana Veloz, Bruno Segovia, Vanessa Álava y Paola Cabezas que fueron unificados. Para recabar observaciones a las propuestas legales, la mesa legislativa sesionará en territorio y en la sede legislativa a donde serán invitados sectores vinculados con la materia.

La legisladora Mireya Pazmiño, presidenta de la mesa legislativa, indicó que el informe para primer debate podría estar listo el 10 de octubre próximo, luego de sistematizar las observaciones y las propuestas.

Según el plan de trabajo invitarán a Valeria Llerena, de la Red de Instituciones Financieras; Patricia Chanabá, de Asomif; Édgar Peñaherrera, de Asofipse y a Marco Rodríguez, representante de Asobanca. De la sociedad civil citarán a Walter Banda Curay, del Frente Agrícola Lamanense.

También serán convocados Margarita Hernández, superintendenta de Economía Popular y Solidaria; Rosa Guerrero, de la Superintendencia de Bancos; María Paulina Vela, de la Junta Financiera y Roberto Romero, de la Conafips.

Respecto de la metodología, el asambleísta Pabel Muñoz sugirió que la mesa legislativa realice un diagnósticos de los proyectos de ley, propuesta que fue respaldada por los legisladores Blanca Sacancela y Byron Maldonado.

Por iniciativa de Byron Maldonado la mesa decidió realizar seminarios con la participación de la academia. El 27 de julio será el primero en la ciudad de Guayaquil.