Hechos Ecuador

La Comisión de Justicia y Estructura del Estado inició el tratamiento de cinco nuevos proyectos de reformas a la Ley de la Función Legislativa, al Código Orgánico Integral Penal y al Código General de Procesos, referentes a transparencia en los procedimientos, teletrabajo y justicia para la fauna urbana.

El proyecto de reformas a la Ley de la Función Legislativa para el Dinamismo Parlamentario, propuesto por Guido Chiriboga, busca modificar las funciones del Secretario General de la Asamblea Nacional, en cuanto a la lectura de los documentos e informes que se ponen en conocimiento del Pleno, para agilizar el procedimiento.

El segundo proyecto de reformas a la Ley de la Función Legislativa establece el teletrabajo como modalidad excepcional en horas y días no laborales y por motivos de salud, como alternativa a las actividades presenciales de legislación y fiscalización de la Asamblea Nacional. Geraldine Weber tras mencionar algunos resultados de ahorro en el trabajo telemático en épocas de pandemia aseguró que la propuesta permitirá a los legisladores contar con una mayor cantidad de tiempo en territorio para atender las demandas ciudadanas.

En tanto, Patricia Mendoza, informó que junto a Luisa González, presentó el proyecto que reforma, aproximadamente, el 60% de la Ley de la Función Legislativa. Una de las propuestas se refiere a la autoconvocatoria de las sesiones del Pleno. Plantea que se necesite mayoría absoluta de los integrantes, es decir 70 votos y no mayoría calificada como prevé la ley vigente.

Con respecto a la integración de las comisiones legislativas, señaló que se establece un nuevo mecanismo en la designación, de modo que la elección sea comisión por comisión y no en bloque como se lo ha venido haciendo.

Sobre las reformas al Código Orgánico Integral Penal, con referencia a los delitos contra los animales de la fauna urbana, la asambleísta Raisa Corral argumentó que su reforma busca que los delitos contra la fauna urbana (perros y gatos), que actualmente son de acción penal privada, pasen a ser considerados delitos de acción pública, para que la Fiscalía General del Estado pueda actuar de oficio frente a tantos casos de crueldad y muerte de animales, sin que sea necesario la presentación de una querella y el patrocinio de un abogado.

Las lesiones provocadas a animales de fauna urbana, abuso sexual a los animales, muerte del animal, peleas o combates entre perros u otros animales de fauna urbana serán delitos de acción pública, señaló al reiterar que se trata es de cambiar la realidad de los seres sintientes que sufren tanta maldad.

Por último, las reformas al Código Orgánico General de Procesos tienen relación con temas de procuración judicial, comparecencia a las audiencias, repetición y otros, según explicó la legisladora Katiuska Miranda. Sostuvo que es necesario solventar posibles vacíos que en la práctica judicial podrían presentarse para legitimar a través de actas de mediación, acuerdos con la administración pública sin cumplir los requerimientos especiales propios de las transacciones de orden estatal.

Los miembros de la bancada correísta difundieron en Twitter su apoyo a la destitución del presidente Guillermo Lasso, que llevaría a elecciones también del Legislativo.

La bancada correísta UNES difundió, este 24 de junio de 2022, su intención de iniciar el proceso de destitución del presidente Guillermo Lasso, por “grave crisis política y conmoción interna”.

La solicitud se da en el día 12 del paro nacional, después de una violenta jornada en la que se confirma cuatro fallecidos.

A través de sus cuentas de Twitter, los legisladores de UNES difundieron un mensaje en el que dicen que pusieron su firma para adelantar elecciones de acuerdo con el artículo 130, numeral 2, de la Constitución. “Mi cargo a disposición de mi pueblo”, escribieron.

Este artículo de la Constitución señala que la Asamblea Nacional podrá destituir al Presidente por dos causales. La segunda corresponde a la “grave crisis política y conmoción interna”, que no requiere aval de la Corte Constitucional.

El proceso

El proceso para la muerte cruzada está establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Para iniciarlo, se debe presentar un pedido al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, con el respaldo de las firmas de 1/3 del Pleno, es decir 46. UNES tiene 47 legisladores, por lo que lo cumpliría sin problemas.

Una vez entregada esta solicitud, Saquicela deberá convocar a una sesión con al menos 24 horas de anticipación y notificar a Lasso. En ella, los legisladores deberán conocer “en un solo debate y de manera exclusiva” la destitución del Presidente de la República.

El Mandatario, en la fecha y hora señaladas, ejercerá su derecho a la defensa, “alegando ante el Pleno de la Asamblea Nacional sobre la grave crisis política y la conmoción interna”. Después, Saquicela abrirá el debate.

Cerradas las intervenciones, en el plazo de 72 horas o tres días, resolverá motivadamente “con base en las pruebas de descargo” presentadas por el Presidente. Para la destitución de Lasso, se necesitaría mayoría calificada, es decir 91 votos.

Si llega a concretarse la destitución del Presidente, en siete días el Consejo Nacional Electoral debe llamar a elecciones presidenciales y legislativas.

Las reacciones de los bloques

La ID aboga por el diálgo

La caída del desempleo en Ecuador se debe, en parte, a una leve mejora del empleo adecuado en mayo de 2022, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

La tasa de desempleo se ubicó en 3,7% en mayo de 2022, según la última Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu).

Eso quiere decir que cuatro de cada 100 personas en edad de trabajar en el país no tienen un empleo.

Frente a mayo de 2021, la tasa de desempleo disminuyó 2,4 puntos porcentuales, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), que publica la Enemdu.

Mejora leve del empleo adecuado

La caída del desempleo se debe, en parte, a una leve mejora del empleo adecuado.

El 33,2% de la Población Económicamente Activa (PEA) tuvo un empleo adecuado o pleno en mayo de 2022.

Eso equivale a una mejora de 3 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2021.

Una persona tiene un empleo adecuado o pleno cuando trabaja 40 horas o más a la semana y gana, por lo menos, el salario básico, que es 425 dólares al mes, sostiene el INEC.

Se reiteró la predisposición del Consejo Provincial de Pichincha y sus Consejeros para promover el diálogo.

El Consejo Provincial de Pichincha, con sus 14 consejeros presentes de forma virtual, analizaron alternativas de solución pacíficas, enmarcadas en la democracia y la Constitución, ante las múltiples crisis que atraviesa el país.

En ese sentido, y de manera unánime, el Consejo resolvió exhortar al “diálogo” al presidente Guillermo Lasso y a Leonidas Iza, presidente de la Conaie, así como a los demás representantes de las organizaciones sociales. Esto con el fin de que se establezca un “mecanismo de solución” a la grave crisis social y política que vive el país.

Además, se reconoció el derecho de la ciudadanía a la “protesta pacífica”. Y se solidarizaron con las familias de los fallecidos y heridos, y se condenó la “violencia en todas sus expresiones”, reiterando que el diálogo debe ser el mecanismo democrático para la resolución de conflictos.

“Que permita la aplicación de políticas públicas de atención urgente a los principales problemas que afectan a la ciudadanía como: el encarecimiento de la vida, el desabastecimiento y la desatención en el sistema de salud, la falta de acceso a la educación en todos los niveles, la inseguridad y la violencia, el desempleo y la desatención al sector campesino e indígena”, indicó el Consejo en un comunicado.

Y se reiteró la predisposición del Consejo Provincial de Pichincha y sus Consejeros, representantes de las ocho alcaldías y 53 juntas parroquiales de la provincia, de “promover el diálogo” con soluciones concretas necesarias para el país.

«Es urgente que, como autoridades sumemos nuestro esfuerzo para encontrar una salida pacífica y en democracia a las múltiples crisis que atraviesa el país y en especial nuestra provincia y la capital de la República», manifestó la prefecta de Pichincha, Paola Pabón.

El sector productivo reconoce la pérdida de poder adquisitivo de los ecuatorianos. La tasa de pobreza en el país es del 27,7% de la población.

Las empresas del sector de alimentos trabajan en la elaboración de una canasta familiar con productos a precios más bajos.

El proyecto, según las empresas que se sumaron a la iniciativa, ya había sido planteado antes del paro nacional, liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie).

Entre los puntos que reivindica la Conaie están precios más bajos para los alimentos de primera necesidad.

“Quizá no sea la canasta básica, pero será una canasta con la que las personas se puedan alimentar, con productos de calidad”, afirma Christian Wahli, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas (Anfab).

En la lista figuran embutidos, lácteos y aceites.

“En los próximos días anunciaremos el programa”, dice Wahli, quien agrega que los productos se comercializarán en las 150.000 tiendas del país.

Estamos comprometidos con la seguridad alimentaria.

Christian Wahli, Anfabnone

El plan del sector empresarial es una respuesta a la inflación, que elevó el precio de la canasta básica a USD 735,15.

Puesto en otras palabras, el aumento del precio de la canasta básica se traduce en una disminución del poder adquisitivo de las familias.

Menos intermediación

Otro eje del plan de Anfab es fortalecer el cooperativismo, con lo que se podría acceder a mejores precios y los agricultores obtendrían un pago más justo por sus productos.

“Las personas del campo viven de la venta diaria de sus productos. Están castigadas por los intermediarios, por la falta de un pago justo y por el aumento de precio de los insumos”, sostiene Wahli.

Agrega que esa realidad deriva en bajos ingresos en el campo, lo que eleva la tasa de pobreza del país, donde tres de cada 10 personas viven con USD 2,85 al día.

Según el INEC, en las actividades de agricultura el ingreso promedio es de USD 130 al mes. Eso es 69% menos en comparación con el salario básico, que es de USD 425.

En las actividades de agricultura el ingreso promedio es de USD 130 al mes.

Alimentos desperdiciados

Las empresas del sector de alimentos lamentan que una de las exigencias del paro sea el acceso a productos a menores precios, mientras hay alimentos que se dañaron debido a los bloqueos de las vías.

Uno de ellos es la leche que no ha podido ser recolectada, procesada y comercializada. La infraestructura de los centros de acopio llegó a su máxima capacidad, por lo que miles de litros han sido regados.

También hay empresas de frutas y legumbres que ven con impotencia cómo se pudren los alimentos, pues no pueden distribuirlos.

Lo que ha derivado en la suspensión de operaciones de empresas que transforman los alimentos, porque no pueden acceder a materia prima.

Desde que empezó el paro. el 13 de junio, el sector agrícola ha dejado de percibir USD 15 millones, según la Anfab.

Con el objetivo de que los procesos fluyan con agilidad y en el marco de la transparencia, así como del respeto a la Ley, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) resolvió, este 22 de junio, solicitar a la Coordinación de Asesoría Jurídica que realice un informe de opinión jurídica sobre el mecanismo para la fase final de la conformación de las Comisiones Ciudadanas de Selección.

La necesidad de una interpretación jurídica nació de las consultas realizadas por los equipos técnicos de apoyo a los procesos de renovación parcial del Consejo Nacional Electoral y de designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. Ya que el Reglamento de Comisiones Ciudadanas de Selección no establece tiempos exactos y, además, permitiría que se dilate la fase final del proceso de designación, pues fija la fase de impugnación después de que se hayan sorteado los 10 comisionados ciudadanos (5 principales y 5 suplentes), en caso de aceptación de una impugnación el postulante sería descalificado; para ocupar esa vacante, se debería realizar un nuevo sorteo y consecuentemente, una nueva convocatoria a impugnación ciudadana.

En ese sentido, sería más viable que los 30 postulantes mejor puntuados pasen al proceso de impugnación ciudadana, y el sorteo de los 10 comisionados se realice después. De esta manera, se podría evitar dilataciones y ahorrar tiempo, así como recursos económicos en el proceso. La intención de esta resolución es que la Asesoría Jurídica defina el mecanismo, a través de una interpretación en derecho, para que se establezca un lineamiento a seguir en todos los procesos de designación de autoridades que se encuentran en marcha en el Consejo.

Además, en cumplimiento a la disposición del Pleno del CPCCS, los coordinadores de los equipos técnicos de apoyo a los procesos de designación, presentaron sus informes sobre el Estado de los concursos:

Defensoría Pública: La Coordinación de Asesoría Jurídica del CPCCS se encuentra elaborando el informe sobre las impugnaciones ciudadanas a los postulantes para conformar la Comisión Ciudadana de Selección (CCS) que designará a la primera autoridad de la Defensoría Pública. El lunes 26 de junio se entregaría el informe para conocimiento del Pleno del Consejo.

Renovación parcial del Consejo Nacional Electoral: Una vez aprobado el listado de los 30 postulantes mejor puntuados, para conformar la Comisión Ciudadana de Selección, con presencia de notario, se realizará el sorteo público para designar a los 10 delegados de la ciudadanía que conformarán la CCS y que pasarían a la fase de impugnación ciudadana.

Superintendencia de Bancos: Por la importancia que conlleva, la audiencia de impugnación ciudadana se convocará cuando las condiciones del país permitan que se realice de manera presencial.

Contraloría General del Estado: Una vez aprobado el listado de los 30 postulantes mejor puntuados, para conformar la Comisión Ciudadana de Selección, con presencia de notario, se realizará el sorteo público para designar a los 10 delegados de la ciudadanía que conformarán la CCS y que pasarían a la fase de impugnación ciudadana.

Abg. Hernán Ulloa Ordóñez

Presidente del CPCCS

Por presunta tentativa de homicidio a un integrante de una comunidad indígena –y con base en los elementos de convicción presentados por Fiscalía–, un Juez de Garantías Penales dicto medidas alternativas –como presentación periódica, prohibición de salida del país y colocación de grillete electrónico– para Juan Carlos R. V.

La instrucción fiscal durará treinta días.

En la audiencia de flagrancia y formulación de cargos, el fiscal de turno, Orlando Yahuachi, justificó el inicio del proceso penal con el parte policial de aprehensión, el informe médico-legal practicado a la víctima, que determinó una incapacidad de treinta y cinco días a causa de una lesión con arma de fuego, que comprometió órganos vitales del cuerpo humano; el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y evidencias, versiones de testigos presenciales del hecho, entre otros.

Los hechos habrían ocurrido este lunes 20 de junio en las calles Brasil y Luis Falconi del cantón Riobamba, cuando –en medio de las manifestaciones– el hoy procesado habría disparado en el tórax a la víctima.

Según la investigación, un testigo presencial reconoció penalmente a la persona que disparó, por lo que Juan Carlos R. V. fue aprehendido.

Información jurídica

El delito de homicidio está tipificado en el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en concordancia con el artículo 39 que tipifica la tentativa.

La Asociación Latinoamericana para el Desarrollo (Aldea), a través de Geraldina Guerra Garcés, solicitó que la Asamblea Nacional adopte medidas de prevención frente al creciente índice de femicidios en Ecuador, puesto que el número de delitos de esta naturaleza al primer semestre de 2022 supera los 130, cuando de enero a diciembre de 2021 llegó a 197 casos. “Esto quiere decir que cada 31 horas una mujer es víctima de femicidio”, enfatizó.

Ante el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, explicó que las provincias en las que se registra un mayor número de femicidios son: Guayas, Pichincha, Manabí y Los Ríos; sin embargo, al considerar las estadísticas por cada 100 mil mujeres, el porcentaje más alto corresponde a las provincias amazónicas.

Geraldina Guerra aseguró que el problema se concentra con mayor énfasis en la zona rural y lo que preocupa es que cada vez crece el uso de armas de fuego en el cometimiento de los asesinatos contra mujeres. Añadió que es necesario desagregar los diversos tipos de femicidio: íntimo, de familia, sexual, en situación de prostitución, trata y tráfico de personas, transfemicidio, lesbofóbico, entre otros, algunos de los cuales son invisibilizados.

Así mismo, solicitó que se analicen mecanismos eficientes de reparación integral a las víctimas de femicidio, principalmente, los niños, niñas y adolescentes que quedan en la orfandad. Por ejemplo, para acceder al bono que otorga el Estado, los hermanos mayores, abuelos, tíos y demás parientes que quedan a cargo de ellos deben realizar engorrosos y costosos trámites, pues solo obtener la cédula de ciudadanía tiene un costo de 15 dólares por persona y las familias no tienen ni siquiera ese valor para cumplir el requisito.

Las asambleístas Ana Herrera y Paola Cabezas, coordinadora y secretaria de este grupo, tras agradecer por la información compartida por Aldea, comprometieron el trabajo de esta instancia parlamentaria, tanto en materia legislativa, cuanto en fiscalización y control político, para conocer qué están haciendo las carteras de Estado y demás entidades públicas vinculadas con la defensa de los derechos de las mujeres y, en particular, en materia de atención en casos de violencia.

La Comisión de Educación resolvió rechazar y repudiar la actuación de la Fiscalía General del Estado, Policía Nacional y demás instituciones públicas respecto a la requisición y toma de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, por cuanto atenta contra los derechos de los actores del Sistema Nacional de Cultura.

El texto, que consta de 4 artículos, responsabiliza de los daños ocasionados a la institución a la Fiscalía General del Estado, al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional; y exige que se proceda con la indemnización respectiva para resarcir los daños.

Además, solicita al Gobierno Nacional que disponga a la Policía Nacional, y a cualquier otro estamento gubernamental ajeno al Sistema Nacional de Cultura, el inmediato abandono de las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Durante la sesión, los comisionados escucharon las declaraciones de Fernando Cerón, presidente Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien relató lo sucedido durante el allanamiento a los predios de la entidad. Cuestionó que la Policía haya ingresado a las instalaciones de la institución de manera arbitraria, poniendo en riesgo a todos los artistas y gestores culturales que se encontraban defendiendo la Casa de la Cultura.

Cerón aseguró que durante el allanamiento y la requisición los miembros de la Policía no encontraron ningún tipo de material bélico.

Patricio Carrillo, ministro del Interior, también fue convocado a esta sesión: sin embargo no se presentó. Ante esto, los legisladores rechazaron la ausencia del funcionario y solicitaron que vuelva a ser convocado para que dé respuestas inmediatas al pueblo ecuatoriano.

A partir de la 09h30 de este miércoles, 22 de junio, la Comisión del Derecho al Trabajo se reunirá para iniciar el tratamiento del proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de iniciativa del asambleísta Manuel Medina.

La propuesta normativa tiene como objetivo garantizar que los recursos tanto del IESS como del BIESS sean administrados de manera exclusiva para atender las prestaciones establecidas en las normas, sin que exista intervención de ninguna entidad del Estado.

Luego avanzará en el tratamiento del proyecto relativo al régimen de relaciones laborales en plataformas digitales. Los legisladores analizarán la pertinencia de la separación del régimen de trabajo autónomo dentro de la referida propuesta de ley.

A las 10h30 analizará un nuevo caso de supuesta vulneración de derechos. Napoleón Segovia, Juan Caillagua y Hernán Sisalema, representantes del Movimiento Nacional Independiente de Organizaciones Sociales del Ecuador, expondrán sobre varias problemáticas en torno a la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.

Por último, procesará el pedido de la asambleísta Johanna Ortiz para que comparezcan los miembros del Consejo Directivo y el Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.