Hechos Ecuador

El Pleno de la Asamblea Nacional, con 95 votos afirmativos y dos abstenciones, resolvió convocar a Francisco Cepeda, presidente del Consejo Directivo del IESS; a los vocales Luis Clavijo y César Rodríguez; a Nelson García, director general; a Daniel Rodríguez, director nacional de Salud; al Director del Seguro Social Campesino; y, a Ximena Garzón, ministra de Salud.

Varios son los temas que los funcionarios deberán informar: la ejecución del plan de externalización de farmacias y su cronograma; la posición país respecto de la suscripción del Acuerdo Mundial Histórico sobre la prevención, preparación y respuesta frente a pandemias; los despidos masivos de personal de la salud; la situación financiera del Fondo de Salud del IESS; valores que adeuda a Solca y su cronograma de pagos; la falta de abastecimiento de medicamentos, dispositivos e insumos médicos dentro de las unidades hospitalarias; y el detalle de medicamentos caducados en los hospitales.

También será citado, el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, quien informará sobre el presupuesto de la Salud y los valores que el Estado adeuda al IESS con su cronograma de pago.

Las comparecencias fueron solicitadas por el asambleísta Marcos Molina, presidente de la Comisión del Derecho a la Salud, quien denunció la serie de despidos masivos de médicos del sistema nacional de salud, que repercuten en sustento de las familias afectadas, así como en los servicios y atenciones a la ciudadanía.

En el debate de este tema intervinieron 15 asambleístas, quienes respaldaron el pedido de comparecencia de las autoridades de Salud y del IESS, a fin de que respondan por la falta de dispositivos e insumos médicos, inestabilidad laboral del personal médico, falta de atención oportuna y con calidad, y por la falta de ambulancias.

Señalaron también la importancia por la ejecución de la política pública en estos temas; la urgencia de una norma legal respecto al tiempo de permanencia de los miembros del Directorio del IESS; y la necesidad de buscar soluciones a la problemática de la seguridad social, más aún cuando existe una deuda acumulada de 8.300 millones de dólares.

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el Convenio entre los Gobiernos de Ecuador y Belarús para el reconocimiento de documentos educativos y títulos de estudios superiores, mismo que facilita la cooperación internacional-bilateral en el campo de la educación superior.

El asambleísta Salvador Maita señaló la importancia del convenio que contendrá obligaciones recíprocas en el tema para ambas naciones, y favorecerá a los compatriotas. De su lado el legislador Gustavo Mateus destacó el esfuerzo de los gobiernos de Ecuador y Belarús para la concreción del convenio que tiene una perspectiva integral, además del reconocimiento de títulos.

El instrumento internacional fue suscrito en la ciudad de Minsk el 22 de mayo de 2017 y el 8 de noviembre del mismo año, la Corte Constitucional realizó el respectivo control de constitucionalidad del instrumento y determinó que mantiene conformidad con la Constitución de la República.

El convenio está pensado desde el interés de los ecuatorianos, el desarrollo de los pueblos y procura el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Belarús. De igual manera, facilita la cooperación internacional-bilateral en el campo de la educación superior y procura beneficios recíprocos para ambos países y, de esta manera, garantizar el derecho constitucional a la educación.

Con 103 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley para Fomentar la Producción, Comercialización, Industrialización, Consumo y Fijación del Precio de la Leche y sus Derivados, que busca establecer el régimen legal y administrativo que permita promover, regular y fortalecer la producción primaria de leche cruda, así como afianzar que los diferentes procesos de la cadena láctea cumplan las condiciones higiénico sanitarias que garanticen su inocuidad.

El presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Mariano Curicama, fue el encargado de explicar, previo a la votación del Pleno de la Asamblea Nacional, las modificaciones realizadas en el texto final del proyecto conformado por 49 artículos.

El proyecto establece mayor participación del sector lácteo en el Consejo Nacional de la Leche; prohíbe la comercialización de alimentos que contengan suero de leche; los productos lácteos y sus derivados deberán contar con la respectiva etiqueta que especifique su contenido y valor nutricional; y, define un mecanismo de fijación del precio mínimo de sustentación del litro de leche cruda pagada en finca.

Dispone también, al ente rector, el fomento para que la industria láctea adquiera la leche cruda directamente a los productores que cuenten con las condiciones higiénicas y sanitarias que aseguren su inocuidad. Quien también deberá emitir políticas, programas y acciones para promover la importancia del consumo de leche y sus derivados.

Mariano Curicama expresó su agradecimiento al sector agropecuario del Ecuador por participar, de manera activa, en la elaboración de este cuerpo legal: “gracias a todos quienes se han mantenido firmes para que se logre la tan anhelada justicia social en favor de los productores de leche”, dijo.

El proyecto será remitido de inmediato al Ejecutivo para que, en el plazo de 30 días sancione favorablemente u objete, conforme lo determina la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

La Comisión de Garantías Constitucionales intensifica el tratamiento del proyecto de Código Integral para la Protección y Garantía de los Derechos Colectivos de las Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades. Para ello recibirá este miércoles, a las 10h00 y 14h00 a catedráticos e investigadores.

A las 10h00 asistirán Mariana Yumbay, exjueza de la Corte Nacional Justicia y catedrática universitaria; David Cordero, docente universitario e investigador; José Chalá Cruz, antropólogo, investigador y catedrático universitario; Galo Plaza Vanegas, sociólogo, catedrático universitario e investigador; Orfa Reinoso, consejera del Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades y coordinadora General de la Comisión Nacional Afroecuatoriana; y, Karen Andrade, experta en estudios políticos e investigadora.

A las 14h00, los parlamentarios escucharán a Pablo Morales, coordinador de la Red Instituto Científico América Genómica Humana; y, un investigador invitado en representación del Instituto Max Planck Alemania, la Universidad Sapienza Italia, y la Red Científica de la Universidad de Harvard, Stanford y la Universidad de Viena.

Las provincias con menos acceso a luz, agua y recolección de basura están en la Amazonía. La falta de servicios también tiene mayor prevalencia en las zonas rurales.

Las cifras son alarmantes. Un estudio del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC) revela que el 31,7% de hogares ecuatorianos no tiene acceso a servicios básicos.

En otras palabras, esto significa que un tercio de las familias no cuenta con agua, luz, recolección de basura y un correcto tratamiento de heces.

Las cifras del INEC, recogidas hasta finales de 2021, detallan que en los últimos cuatro años hubo un mínimo aumento de las personas que acceden a servicios básicos.

En 2018, el 66% de las familias ecuatorianas contaba con esos servicios, mientras que en 2021, la cifra pasó al 68,3%.

Según la investigación del INEC, las zonas rurales son las que sufren en mayor medida este problema. Apenas el 43,8% de esos hogares tiene servicios básicos. Una cifra que está muy por debajo del 79% de acceso que tienen las familias en los centros urbanos.

Patricia Decker vive en Monte Sinaí, un asentamiento periférico de Guayaquil que es sinónimo de pobreza. Ella es parte de este porcentaje de ecuatorianos sin acceso a servicios básicos.

En su barrio, por ejemplo, no hay agua potable ni alcantarillado. Al igual que sus vecinos, Patricia está obligada a comprar agua a tanqueros que recorren la zona. Cada tanque, de 55 litros, cuesta USD 0,80 y le sirve para cocinar, para bañarse y para el consumo de sus tres hijos y el de su madre.

¿Cómo incide esta falta de servicios básicos en la salud? El titular de la Secretaría Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, Erwin Ronquillo, explica que este tipo de carencias es uno de los principales factores de la desnutrición infantil.

Para combatir este problema, el Gobierno prevé una inversión de USD 330 millones en 2022 y un presupuesto de USD 1.765 millones hasta 2025.

Recolección de basura, el servicio con menos cobertura

La recolección de basura es el servicio básico al que las familias ecuatorianas tienen menos acceso.

Los datos del INEC señalan que el 87,2% de hogares cuenta con espacios para depositar la basura que luego será transportada por vehículos municipales hasta los rellenos sanitarios o botaderos de cada ciudad.

En las poblaciones rurales, en cambio, ese porcentaje solo llega al 59,2%.

Otro de los servicios que registra una baja cobertura, con relación a los demás, es el acceso a agua. El 88,2% de familias, según el INEC, se abastece de agua desde una conexión que pertenece a la red pública.

La entidad aclara que este abastecimiento puede ser de agua potable o de aquella que no ha tenido ningún tratamiento.

La electricidad, por el contrario, es el servicio básico al que tienen mayor alcance los hogares ecuatorianos. La penetración es del 99,2%.

La Comisión de Seguridad Integral inició el tratamiento de las observaciones al proyecto de Ley de Seguridad y Fortalecimiento de la Fuerza Pública. Luego del análisis, Ramiro Narváez, presidente de esta mesa legislativa, dispuso al equipo técnico preparar el informe para primer debate que contenga las observaciones planteadas por los comisionados, a la vez que enfatizó que la propuesta evidencia cambios sustanciales.

Con el propósito de contribuir al fortalecimiento institucional y la seguridad integral del país, este proyecto reforma varias disposiciones legales relativas a la seguridad pública y del Estado; al derecho penal y procesal penal; al Sistema Nacional de Rehabilitación Social, y a la ejecución de penas. El Presidente de la Comisión informó que formalizarán una reunión técnica de trabajo con la Comisión de Justicia, con el fin de tratar las reformas al Código Integral Penal.

Uno de los temas de mayor debate fue la conformación del Consejo Nacional de Política Criminal que tuvo cambios fundamentales, con el fin de dotarle de mayor institucionalidad. La legisladora Patricia Núñez sugirió establecer parámetros mínimos de funcionamiento y periodicidad de sus reuniones.

El parlamentario José Luis Vallejo señaló que el Plan Nacional de Seguridad Integral debe ser aprobado a la par del Plan Nacional de Desarrollo. En el mismo sentido, los parlamentarios José Luis Vallejo y Geraldine Weber sugirieron que el Plan Nacional de Prevención y Rehabilitación sea elaborado conjuntamente con el Plan Nacional de Desarrollo.

En cuanto a las zonas de seguridad se propuso determinar que son sujetos de regulación y control especial los bienes, espacios geográficos, servicios y actividades que se encuentran en esta zona cuando se orienten a establecer pasos fronterizos no oficiales con fines ilícitos. Estos, entre otros temas de debate.

La titular del Legislativo, Guadalupe Llori Abarca, este jueves 26 de mayo, instaló la sesión No. 032- 2022 del Consejo de Administración Legislativa, con el fin de conocer y resolver sobre la solicitud de denuncias contra dos de sus miembros, y calificar varios proyectos de ley presentados por los legisladores.

Con cuatro votos afirmativos, el CAL calificó a trámite la denuncia presentada por la asambleísta Jhajaira Urresta, en contra de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Yeseña Guamaní Vásquez, por presunto incumplimiento de funciones.

Por otro lado, con tres votos afirmativos y dos negativos, no se calificó la denuncia propuesta por el asambleísta Eitel Zambrano en contra del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, por presunto incumplimiento de funciones.

En los dos casos, los asambleístas denunciados (Yeseña Guamaní y Virgilio Saquicela), se excusaron de participar de la votación, de conformidad con lo previsto en el artículo 142, inciso tercero de la LOFL.

Finalmente, con 6 votos a favor se calificaron, en un solo bloque, los 17 proyectos de ley establecidos en el orden del día de la sesión. Estos proyectos se refieren a temas de carácter productivo, de salud, educación, descentralización, justicia, garantías constitucionales, gestión de riesgos, seguridad, niñez y adolescencia; y serán remitidos, a las comisiones especializadas de Garantías Constitucionales, de Gobiernos Autónomos, de Educación, de Soberanía y Seguridad Integral, de Soberanía Alimentaria, de Transparencia, del Derecho al Trabajo, así como a la mesa de Justicia y Estructura del Estado, a fin de que inicien el trámite respectivo.

Una vez agotados los puntos en el orden del día, la Presidenta de la Asamblea clausuró la sesión.

En el Salón Tránsito Amaguaña, de la Asamblea Nacional, el Grupo Interparlamentario de Amistad entre Ecuador y Japón realizó el evento denominado “Bebida cultural”, como intercambio de costumbres y tradiciones entre ambos países.

Este encuentro, que fue una oportunidad para compartir comidas tradicionales, expresiones culturales, danza y música, contó con la participación de Keiichiro Morishita, embajador de Japón en nuestro país, quien felicitó a Ecuador por estrechar los lazos de amistad a través de esta ceremonia, considerando que los dos países son afortunados al poseer ricas y diversas culturas.

Además, el Jefe de la Misión Diplomática de Japón resaltó que en las últimas décadas ha cambiado la cosmovisión de cómo se percibe el mundo, especialmente en el ámbito cultural. “Hemos preparado algunas bebidas tradicionales, acompañadas por varios platillos japoneses para compartir con ustedes”, señaló Keiichiro Morishita.

De su lado, la legisladora Lucía Placencia, presidenta del Grupo Interparlamentario, mencionó que es necesario promover la cultura como motor de desarrollo, y así generar empleos, inversión e  integración; “la cultura es generadora de inclusión social, un eje transversal de desarrollo local, y  trascendental para promover el desarrollo de cada territorio”, añadió.

Ante la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral compareció el director general del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, Juan Zapata, a fin explicar la situación actual de la institución.

En su intervención, Zapata dio a conocer el modelo de gestión del ECU 911, que comprende mecanismos de alerta, coordinación, llamadas de emergencia, cámaras, personal y situación de la plataforma tecnológica. Informó que el gasto en tecnología a escala nacional llega a los dos millones de dólares, y que el sistema ha operado durante 10 años de forma ininterrumpida.

La asambleísta Patricia Núñez expresó su preocupación sobre la disminución de recursos a partir del año 2017, por lo que no todas las cámaras están funcionando en la provincia de Chimborazo, tampoco en los buses ni en los taxis.

El parlamentario Augusto Guamán consideró necesario que el Servicio Integrado de Seguridad tenga un modelo estándar que beneficie a los gobiernos autónomos descentralizados, con especificaciones técnicas para las cámaras y otras características que contribuyan a la seguridad ciudadana.

Frente a las inquietudes de los legisladores, el funcionario replicó que se encuentran en un 60% de modernización, que incluye el tema de cámaras, y que los gobiernos autónomos descentralizados deben estar interconectados con este sistema.

El legislador Ramiro Narváez, presidente de la comisión, mocionó que un equipo técnico prepare un informe con recomendaciones respecto al presupuesto, incremento de cámaras, modernización y repotenciación del Sistema ECU 911, la cual se aprobó con 6 votos afirmativos.

En otro orden, la comisión recibió a Paola Flores, Secretaria de Derechos Humanos, quien informó las acciones desarrolladas luego de los hechos registrados en el Centro de Rehabilitación de Santo Domingo de los Tsáchilas.

La funcionaria dio a conocer que se han instalado mesas técnicas, que trabajan en un censo nacional penitenciario, y en capacitación para determinar la situación de las personas privadas de la libertad.

Para finalizar, Ramiro Narváez mencionó que frente a la crisis carcelaria y la situación de inseguridad que vive el país, la Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Seguridad, preparó un informe con 127 recomendaciones, de ellas, más de 90 no requieren de una ley, sino que dependen de la voluntad política del régimen.

La Secretaria de Derechos Humanos se comprometió a revisar las 127 observaciones, a fin de ajustarlas al plan de política pública hacia una verdadera rehabilitación social.

La Comisión de Justicia iniciará el proceso de seguimiento y evaluación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, cuyo informe estaría listo a finales de agosto de 2022. El objetivo es contar con estudios, informes y propuestas que aporten a la detección y medidas enfocadas en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en toda su diversidad; protección efectiva que precautele su integridad y su vida, así como el acceso gratuito y la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses.

El presidente de la comisión, Alejandro Jaramillo, agradeció la presencia de colectivos y organizaciones de mujeres que se dieron cita a la Asamblea Nacional. Destacó la lucha que llevan adelante en defensa de sus derechos por más de 23 años y la necesidad de aprobar una ley que reconozca la protección a la mujer.

Jaramillo dijo que la falta de recursos económicos impide el cumplimiento de la ley. Precisó que la erradicación de la violencia contra la mujer debe ser prioridad tanto del Estado, como de la sociedad.

De su lado, Andrés Moyón, funcionario de la Unidad de Técnica Legislativa de la Asamblea Nacional, dijo que la evaluación de la ley permitirá identificar si la misma es práctica y de fácil aplicación; generar debate para posibles reformas; y, promover procesos de fiscalización y control político. Mencionó que los ejes de acción serán:

prevención, atención, protección, reparación integral y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Los temas a ser evaluados serán los mecanismos de reparación integral; el registro único de violencia; la provisión de recursos económicos; los centros de atención especializada, asesoría y patrocinio jurídico gratuito; el observatorio nacional de violencia; la identificación y protección de víctimas, debido proceso y celeridad procesal; las campañas de sensibilización, y las casas de acogida.

De su lado, Luisa Pazmiño, funcionaria de Participación Ciudadana del Parlamento, informó que el proceso de evaluación contará con la socialización, mesas itinerantes, mesas de consulta, aplicación de encuestas, con énfasis en mujeres: niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, en toda su diversidad.

Las legisladoras Gissela Garzón, Johanna Moreira, Verónica Carrillo, Sofía Espín, junto a Dina Farinango, vicepresidenta de la mesa legislativa, destacaron la importancia de este proceso de evaluación de la ley, la necesidad de contar con presupuesto para su aplicación, y la participación de las organizaciones sociales.

En su turno, Myriam Ernest, del Movimiento de Mujeres y Rocío Rosero, de la Coalición de Mujeres Ecuador, manifestaron su apoyo a la Comisión de Justicia respecto del seguimiento y evaluación de la ley. Dijeron que, lamentablemente, el Estado no ha establecido un presupuesto adecuado para la aplicación de la ley, así como la reparación integral y la prevención de la violencia.

Señalaron la necesidad de que los gobiernos autónomos descentralizados entreguen información respecto de las políticas locales a favor de las mujeres.

En cambio, Alison Vásconez, representante de ONU Mujeres, manifestó que la organización realizará el acompañamiento técnico en este proceso. Julisa Puentes, de la Fundación Ciudadanos del Mundo y Coalición de Jóvenes Feministas Universitarias, pidió que la comisión tome en cuenta la interseccionalidad e intergeneracionalidad para la prevención y la erradicación de la violencia. Angie Sandoval, del Colectivo Somos Dolores, del Cantón Cayambe, dijo que es necesario entregar la información completa para que las niñas, adolescentes y mujeres sepan cómo aplicar su ley.