Hechos Ecuador

La Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social aprobó, con 8 votos, el informe para primer debate del proyecto de Ley para la Igualdad Salarial entre Mujeres y Hombres que tiene por objeto garantizar el cumplimiento del principio de igualdad, aplicado a todo tipo de remuneración en el desempeño de un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor, sin discriminación por razones de sexo o género.

Previamente, las asambleístas Dallyana Passailaigue y Marcela Holguín, proponentes del proyecto, destacaron que la propuesta busca reducir la brecha de desigualdad en el ámbito laboral de las mujeres.

“Un empleo justo, seguro e igualitario en cuanto a salario en relación a lo que gana el hombre permite acceder a recursos para lograr autonomía e independencia, factores fundamentales para salir de los diversos tipos de violencia: física, sicológica, emocional, patrimonial y sexual”, advirtió Dallyana Passailaigue.

De su lado, Marcela Holguín resaltó que el proyecto se construyó con la contribución y validación de expertos en el tema, especialmente de ONU Mujeres. Dijo que se ha regulado de manera técnica en favor de los derechos de las mujeres, y se han considerado los estándares internacionales para combatir la brecha de remuneración en función de género, que existe en la actualidad en el país.

De igual forma, Johanna Ortiz afirmó que este proyecto de ley permitirá articular y guardar armonía con otras normativas tratadas en la Asamblea. La equidad salarial es fundamental para eliminar las brechas de género, enfatizó.

Luis Almeida dijo que nunca es tarde para reivindicar el trabajo y lucha de las mujeres, y que se trata de un proyecto para todos, para el desarrollo de la conciencia nacional.

Una de las formas de lograr la igualdad de género es la equidad de remuneración, afirmó el legislador Ángel Samaniego; mientras que la asambleísta Verónica Castillo manifestó que no hay justicia de género si no hay una justicia económica en todos sus ámbitos.

Para Pamela Aguirre, al tema lo considera importante para los derechos de las mujeres y de la sociedad, señalando que cuando existe desigualdad para las mujeres, existe desigualdad para la sociedad. Salvador Quishpe puntualizó que la propuesta debió hacerse hace más de 200 años, y que debe apuntar siempre a la búsqueda de igualdad de género.

El proyecto tiene como finalidad erradicar prácticas discriminatorias en el ámbito laboral, para reducir la brecha por motivos de género, a través del respeto a la igualdad en todo tipo de remuneración y salario en el desempeño de un mismo cargo o para un trabajo de igual valor.

La Comisión del Derecho al Trabajo y Seguridad Social continúo el tratamiento del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a varias Leyes respecto de la discriminación por edad e igualdad de trato en el sistema laboral, en el marco de la construcción del informe para primer debate.

La legisladora Marcela Holguín señaló que el proyecto fue elaborado sobre la base de los problemas de las personas mayores de 40 años, afectadas por empresas públicas y privadas que ponen como condición para acceder a una plaza laboral tener 25 años de edad.

De su lado, el asambleísta Eckenner Recalde mencionó que el proyecto está enmarcado en el principio constitucional de igualdad en el trato en el sistema laboral, pero que también se debe evitar que las personas sean discriminadas por etnia, raza o cultura.

La parlamentaria Jhoanna Ortiz destacó la importancia de eliminar las barreras de edad para acceder a espacios de trabajo, y garantizar el respeto a los derechos laborales de las personas de 40 años o más. Mientras que el legislador Salvador Quishpe propuso que en la contratación laboral se incentive la participación de ciudadanos, garantizando su identidad cultural.

La Comisión de Desarrollo Económico recibió a varios abogados constitucionalistas para conocer sus criterios respecto del proyecto de Ley Orgánica Derogatoria del Decreto – Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID-19.

Ana Gómez Orozco, Emilio Suárez, Ismael Quintana y André Benavides, constitucionalistas, coincidieron en que la Función Legislativa está facultada para tratar el proyecto de ley que deroga la norma vigente. Según explicó André Benavides, el artículo 140 de la Constitución determina que la Asamblea Nacional puede modificar o derogar una ley promulgada como decreto-ley, con sujeción al trámite ordinario previsto en la Constitución.

Si bien, a criterio de los invitados, el Legislativo puede reformar la norma, no obstante, sugirieron no incluir aquellos artículos que establecen tributos, citando el artículo 135 de la Constitución que otorga al Presidente o Presidenta de la República la presentación de proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto público o modifiquen la división político administrativa del país.

El proyecto de iniciativa de la asambleísta Viviana Veloz consta de un artículo que pretende derogar de manera total el Decreto – Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID-19.

En otro orden, respecto del proyecto de Ley sobre Reglas de Procedimiento para la Resolución de Controversias Societarias, de iniciativa de la asambleísta Wilma Andrade, la mesa legislativa escuchó los criterios de Gonzalo González, presidente de la Comisión de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio de París – ICC; Patricia Vera, representante de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana (AMCHAM); y, Fabricio Dávila Lazo, miembro de la Academia Ecuatoriana de Derecho Societario.

Con 122 votos a afirmativos, un negativo y cuatro abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional, declaró el 19 de enero como Día del Guardavida Ecuatoriano, con el propósito de incentivar, estimular y resaltar la riesgosa actividad de este contingente humano.

A través de la resolución, el Pleno rinde homenaje a los Guardavidas del litoral ecuatoriano y reconoce su actividad de vigilar, prevenir y atender con respuesta inmediata de rescate acuático y/o atención básica de emergencia a quienes estén en situación de peligro dentro o alrededor del agua, en áreas acuáticas de turismo, recreación y deportes en las playas del Ecuador.

También exhortó a todos los niveles de gobierno a reconocer el derecho al trabajo del guardavida, mediante normativas que dignifiquen su actividad, así como fortalezcan y mejoren los mecanismos para garantizar la existencia de cuerpos de guardavidas en cada una de las playas del litoral ecuatoriano, protegiendo así la vida de quienes visitan nuestras playas e impulsan y dinamizan este sector.

La legisladora María del Carmen Aquino, proponente de la resolución, señaló que el trabajo de los guardavidas no solo es estar pendiente de una eventualidad, sino que además comprende el monitoreo sobre las condiciones de oleaje que se presentan en cada una de las playas, para colocar las banderas y la señalética de prevención.

Comentó que es importante que la Comisión del Derecho del Trabajo procese el proyecto de Ley de Rescate y Salvamento Acuático, a fin de que los turistas tengan las medidas de seguridad en las playas.

De su lado, el legislador Lenin Lara mencionó que es fundamental que Ecuador, por su condición geográfica, cuente con este criterio de seguridad, en el propósito de convertirse en un destino turístico.

En la continuación de la sesión 772, el Pleno de la Asamblea Nacional inició el análisis del proyecto de Ley para Impulsar la Economía Violeta, por el cual se promoverá y fortalecerá la transversalización del enfoque de género a través de la generación de políticas públicas que incentiven a la población civil a la potencialización de las mujeres en el entorno económico para alcanzar un crecimiento económico y social inclusivo, generando mecanismos de acceso y beneficios que garanticen una vida digna con igualdad de oportunidades.

Previo a la lectura del informe para primer debate, preparado por la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, el primer Vicepresidente, Virgilio Saquicela, encargado de la dirección de la sesión, dio paso a una comisión general para recibir a Nua Fuentes, representante del Proyecto Transgénero, quien se refirió a la situación por la que atraviesan las personas del colectivo LGBTIQ en el contexto nacional.

Subrayó que este grupo poblacional demanda de políticas públicas que permitan su total inclusión en todos los órdenes de la convivencia social, lo cual incluye el acceso a un trabajo digno, salud, educación y, sobre todo, respeto a la diversidad sexogenérica, por lo que este proyecto de ley constituye una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida.

La normativa tiene como finalidad reducir las barreras institucionales (tales como brechas salariales, permisos de maternidad y lactancia discriminatorios, institucionalización de roles de género, entre otras) adoptando medidas encaminadas a impulsar el acceso a instancias de poder y toma de decisión, a través de la incorporación de cuotas de género en los cargos directivos y ejecutivos, tanto en el sector privado como en el público, fomentando y fortaleciendo la participación de las mujeres.

Cerrada la comisión general, Virgilio Saquicela suspendió la sesión 772 y convocó su continuación para el martes, 31 de mayo, a las 16h00.

Con 94 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió que el ministro del Interior, Patricio Carrillo, comparezca de manera mensual ante la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral para que informe con estadísticas el cumplimiento de metas del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social Pacífica.

De acuerdo con la resolución, también deberá remitir, de manera trimestral, a la mesa legislativa la ejecución de los montos presupuestados para seguridad ciudadana. Además, en la resolución del Pleno se advirtió que la situación de inseguridad que vive el país es una amenaza para el Estado y la paz social y que los órganos pertinentes tienen la obligación de precautelar la seguridad de la ciudadanía, de conformidad a lo dispuesto en la Constitución de la República.

Exige el inmediato cumplimiento, por parte de la Función Ejecutiva, del artículo 10 literal a) de la Ley de Seguridad Pública y del Estado que dispone la preparación del Plan Nacional de Seguridad Integral y propuestas de políticas de seguridad pública.

El ministro del Interior, Patricio Carrillo, compareció ante la Asamblea Nacional para informar las acciones emprendidas para mitigar la inseguridad ciudadana y muertes violentas en todo el territorio nacional.

Aseguró que se prevé el ingreso de 30 mil nuevos policías en los próximos tres años y que el Ejecutivo ha definido a la seguridad ciudadana como una política central y prioritaria basada en tres ejes: seguridad ciudadana con énfasis en la prevención del delito y la violencia; combate al crimen organizado transnacional y sus delitos conexos; y, el restablecimiento de un sistema penitenciario que garantice la rehabilitación social de las personas y su reinserción a la sociedad. El Gobierno destinará una inversión de US$ 1.200 millones en seguridad hasta el año 2025, añadio.

Previo de la intervención del ministro Carrillo, el Pleno escuchó a Nostorio Ortega, concejal de Durán, quien lamentó la realidad violenta que vive la localidad y exigió al Gobierno la ejecución de planes interinstitucionales que solucionen esta problemática.

El debate

En el debate los asambleístas Alexandra Arce y Blasco Luna exhortaron al Ejecutivo a implementar políticas públicas integrales enfocadas en disminuir la violencia y evitar que los niños y jóvenes caigan en manos de la delincuencia. Paola Cabezas advirtió que la reducción presupuestaria en salud, educación y seguridad ahondan esta problemática social. Viviana Veloz indicó que la crisis de seguridad y penitenciaria es consecuencia del debilitamiento institucional, el hacinamiento y la falta de programas de rehabilitación.

Geraldine Weber cuestionó la falta de voluntad política para activar protocolos efectivos de rehabilitación y prevención de la delincuencia. Jessica Castillo señaló la necesidad de capacitar de manera permanente a los policías para combatir efectivamente a la delincuencia. Ante las amenazas de organizaciones delictivas, Fernando Villavicencio subrayó la urgencia de dar tratamiento al proyecto de Ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza. “La Asamblea no se va a someter a lo que dicen las bandas criminales”, enfatizó.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) convoca a la ciudadanía a ser parte de la Veeduría para vigilar la renovación de licenciamiento de la solución de antivirus para las consolas del área operativa y servidores de los centros zonales y locales del Servicio Integrado de Seguridad ecu 911, por un valor de 17.875,27 dólares más IVA, a cumplirse bajo proceso de régimen especial, en sus fases preparatoria, precontractual y contractual.

Las inscripciones se receptarán en el correo electrónico [email protected] desde el día viernes 20 hasta el viernes 27 de mayo de 2022, a las 17H00.

Requisitos:

Una vez que concluya el plazo establecido y se realice la verificación de la información receptada, se tomará contacto con los postulantes que hubieran remitido sus solicitudes.

Descarga aquí:

Convocatoria

Formulario de Inscripción

Abg. Hernán Ulloa Ordóñez

Presidenta del CPCCS

El proyecto de Ley para Fomentar la Producción, Comercialización, Industrialización, Consumo y Fijación del Precio de la Leche y sus Derivados retornará a la Comisión de Soberanía Alimentaria, que se encargará de analizar las observaciones que presentaron los asambleístas durante el segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.

En efecto, el presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Mariano Curicama, amparado en el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), solicitó a la titular de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, la suspensión del punto del orden del día con la finalidad de preparar el texto final del articulado con las observaciones de los parlamentarios.

Curicama agradeció a los asambleístas por todas las observaciones para favorecer a la industria láctea del país e indicó que el proyecto busca establecer el régimen legal y administrativo que permita, promover, regular, asegurar, garantizar y fortalecer la producción primaria de leche cruda.

En el debate, Lenin Mera felicitó la iniciativa que permite volver la vista al campo y afirmó que todavía son necesarias modificaciones para garantizar los derechos de los productores. “Hoy tenemos la oportunidad de debatir el proyecto que beneficia a más de 200 mil productores de leche”, añadió.

Entre las distintas observaciones presentadas por los legisladores, Rafael Lucero destacó que en el articulado se debe declarar a la actividad ganadera productora de leche como de interés público, mientras que Dina Farinango resaltó que es urgente fijar el precio de sustentación del litro de leche, ya que los productores siguen cobrando un precio bajo a pesar de que en la percha los precios suben sin control. Ricardo Ulcuango subrayó la importancia de contar con una ley que establezca el precio de sustentación.

Por su parte, María José Plaza planteó la adopción de un mecanismo flexible para la fijación del precio de la leche que permita precautelar las necesidades de los productores y que responda al dinamismo del mercado. Viviana Veloz y Marlon Cadena coincidieron en que se debe prohibir de manera expresa la comercialización del suero de leche en el país, ya que representa una competencia desleal para el sector. John Vinueza aseguró que además de fortalecer la producción láctea, se debe garantizar el acceso a maquinaria, insumos y transporte adecuado que mantenga la cadena de frío que se requiere para asegurar la calidad de los productos.

De acuerdo con el artículo 61 de la LOFL, el presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria deberá convocar a los miembros de la mesa legislativa para que, en una sola sesión, analicen las observaciones y aprueben el texto final de votación, el mismo que será puesto en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional en un plazo máximo de ocho días.

El asambleísta José Chimbo presentó en Gestión Documental de la Asamblea Nacional el proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, que tiene por objetivo garantizar que los mecanismos de control disciplinario de los servidores judiciales aseguren que la justicia se imponga ante cualquier ejercicio de presión por el poder que altere la independencia para la toma de decisión o fallo judicial.

El proyecto, que contiene 21 artículos, aborda temas relacionados con los ingreso por tasas de servicios notariales, fortalecimiento de la justicia indígena y convocatorias a concursos de opiniones y méritos.

Chimbo planteó que las tasas notariales ingresen directamente a la Función Judicial, a fin que aquellos recursos sean utilizados por la institución en tecnología, infraestructura y formación de servidores judiciales.

En relación a la justicia indígena, mencionó que el Consejo de la Judicatura debe coordinar con los titulares de los derechos que conocen el pluralismo jurídico del país, a la vez, advirtió que las autoridades indígenas no forman parte de los órganos de la Función Judicial.

“Es urgente dotar de esta normativa al Consejo de la Judicatura para que inmediatamente se realice un procedimiento de selección amplio, público, transparente y con participación ciudadana”, afirmó el legislador.

La Comisión de Garantías Constitucionales realizará el miércoles 18 de mayo, a las 10h00, una conferencia académica con el tema “Los derechos colectivos en el contexto del estado plurinacional e intercultural”. Esta actividad se realizará en la Universidad Andina Simón Bolívar, en el Salón Espejo.

Como expositores intervendrán José Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador; Adriana Rodríguez, docente y coordinadora de la Maestría de Derecho a la Naturaleza y Justicia Intercultural de la Universidad Andina Simón Bolívar; y, Pablo Morales, investigador y catedrático universitario.

Disertarán sobre la consulta previa e informada y la consulta prelegislativa, derecho humano de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Así mismo, los derechos a la protección de los recursos biogenéticos de estos sectores sociales.

También analizarán los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblo y nacionalidades en el marco del estado plurinacional e intercultural, avances y desafíos.