Hechos Ecuador

La Comisión de Garantías Constitucionales avanzó en el estudio de capítulo relacionado con las tarifas preferenciales de transporte, que contempla el proyecto de Ley Orgánica de Juventudes. A la sesión de hoy acudieron representantes de la Agencia Nacional de Tránsito; Asociación de Líneas Aéreas del Ecuador; y, el delegado de la Agencia de Compañías de Transporte aéreo (IATA),

Al respecto, la asambleísta Sofia Sánchez cuestionó la normativa vigente, según la cual las personas de hasta 18 años tienen derecho a las tarifas diferenciadas.

En este sentido, Carlos Fernández de Córdova, Coordinador General de Gestión de la Agencia Nacional de Tránsito, explicó que sobre la base de las normas vigentes se definieron las tarifas diferenciadas para todas las modalidades de transporte. “Existe una tarifa diferenciada para los jóvenes menores a 16 años, sin necesidad de presentar un carnet estudiantil”, subrayó.

De su lado, Karla Orozco, directora Ejecutiva subrogante de la ANT, informó que reglamento de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre establece el procedimiento para el cobro de tarifas diferenciadas. Añadió que para los jóvenes entre 16 y 18 años sí es necesario presentar el carnet estudiantil.

Como segundo punto del orden del día, la mesa legislativa revisó la metodología para la macro fiscalización de industrias extractivas y derechos humanos. Sobre este tema recibió a representantes de 20 organizaciones defensoras del medio ambiente, con la finalidad de proponer la figura de un tratado jurídico vinculante sobre empresas transnacionales y Derechos Humanos y dotar al Estado una herramienta eficaz que establezca reglas, límites y responsabilidades claras, sobre el papel de estas empresas y su relación con la industria extractivista.

Frente al tema, Pablo de la Vega, asesor de la comisión, expuso los lineamientos para abarcar la temática desde la visión de los Derechos Humanos, entre ellos: los conflictos socioambientales entre la comunidad, Estado y empresa; competencias entre Policía y Fuerzas Armadas que dan seguridad a transnacionales; y, titularidad de tierras para los pueblos afectados.

Las legisladoras Paola Cabezas y Victoria Desintonio objetaron que el tema sea tratado en la Comisión de Garantías Constitucionales, por ser temática que ya se encuentra en fiscalización desde la Comisión de Biodiversidad.

Por su lado, el asambleísta Mario Ruiz enfocó la problemática desde el lado de los derechos humanos, al mencionar que pueblos como Buenos Aires, ubicado en la parroquia Urcuquí, provincia de Imbabura, son perjudicados por la extracción minera, afectando a su población.

Para finalizar la sesión, la vicepresidenta de la mesa legislativa, Victoria Desintonio mocionó que se remitan los informes pertinentes a la Comisión de Biodiversidad, con la posibilidad de que sean tratados entre las dos comisiones de la Asamblea. La moción no fue aprobada por no registrarse los votos necesarios.

En un evento público –vía telemática–, el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán Molina, expuso el informe de rendición de cuentas sobre la gestión desarrollada durante el año 2021 en esta jurisdicción.

Precisó que, en el período comprendido de enero a diciembre, ingresaron 67.477 noticias del delito, atendidas por los 158 agentes fiscales que tiene la provincia.

Las infracciones penales de mayor recurrencia fueron: robo, con 18.665 denuncias, que corresponde al 27,70%; estafa, con 7.473 casos, que representa al 11,10%; y, violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar, con 4.748 noticias del delito, reflejada en un 7%.

La lucha contra los actos de corrupción fue uno de los puntales atendidos por la Fiscalía Provincial de Pichincha. En 2021 se tramitaron 250 informes jurídicos a funcionarios de esta dependencia, se despacharon 630 consultas a resoluciones de agentes fiscales y se receptaron 106 denuncias en contra de funcionarios, a través del buzón de transparencia.

El fiscal provincial Alberto Santillán Molina mencionó como casos de connotación social tramitados por su despacho el denominado “Pruebas PCR Municipio de Quito”, en el que se procesa al exalcalde de Quito, Jorge Y., y 13 personas más por su presunta participación en el delito de peculado. Actualmente, la causa se encuentra en etapa de juicio.

Citó también el del exnotario de Pichincha, Pool M., también procesado por peculado. El exfuncionario fue llamado juicio y Fiscalía espera que la Corte Provincial de Justicia de Pichincha fije fecha y hora para la audiencia de juzgamiento.

Asimismo, mencionó el proceso que se sigue en contra de le exjueza María Belén D., cuya audiencia de evaluación y preparatoria de juicio fue fijada para el próximo 24 de marzo, por un presunto delito de tráfico de influencias.

El Fiscal Provincial culminó su informe, comprometiéndose a seguir trabajando para que, en todos los procesos, la Institución actúe con objetividad, apegado a derecho y respetando el mandato constitucional y las reglas del Código Orgánico Integral Penal, para llegar a la verdad de los hechos y no permitir la impunidad.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) invita a la ciudadanía y medios de comunicación al Foro en reconocimiento al 21 de Marzo como: Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.

Durante el Foro se tratarán temas relativos al principio de igualdad en el marco constitucional del Ecuador, la importancia de la eliminación de la discriminación racial, el aporte de la participación ciudadana en la lucha contra la discriminación racial y étnico cultural y los avances en el acceso a la educación superior para pueblos y nacionalidades.

El evento contará con la participación del presidente del CPCCS Hernán Ulloa Ordóñez; la vicepresidenta María Fernanda Rivadeneira; el consejero Francisco Bravo; el secretario de Pueblos y Nacionalidades Luis Pachala; el rector de la universidad Amautay Wasi Pablo Pomboza, y Neiser Ninabanda, coordinador general de Interculturalidad del CPCCS.

El evento se realizará en la sede del CPCCS en Quito, calle Santa Prisca 425 y Vargas, desde las 15:00.

Abg. Hernán Ulloa Ordóñez

Presidente del CPCCS

La Comisión de Fiscalización y Control Político conocerá, este jueves, 17 de marzo, a las 08h30, el informe sobre la sustanciación de la solicitud de juicio político en contra de Carlos Riofrío, contralor general subrogante, planteada por el asambleísta Ronny Aleaga Santos, por presunto incumplimiento de funciones, al establecer como requisito para la emisión del informe de pertinencia solo en los contratos, cuyo precio referencial no supere los USD 962.420.93 (novecientos sesenta y dos millones cuatrocientos veinte dólares con noventa y tres centavos).

El organismo, el pasado 10 de marzo, recibió los argumentos de cargo y de descargo, tanto el interpelante, Ronny Aleaga, cuánto del funcionario encausado, Carlos Riofrío, respectivamente.

Ronny Aleaga insistió en que el Contralor incumplió norma expresa, con lo cual 10.000 procesos quedan fuera de este instrumento de control, lo cual afecta al principio de transparencia en los procesos contractuales. Insistió en que el Contralor subrogante incumplió sus funciones, pues su decisión evitó que un gran número de contratos tenga este mecanismo previo de verificación, por parte de la autoridad de control.

Entre tanto, Carlos Riofrío explicó que, a raíz de las reformas introducidas a varios cuerpos legales, entre ellos las leyes de Contratación Pública y de la Contraloría General del Estado, así como los cambios al Reglamento de Contratación Pública, dispuestos por el Presidente de la República, mediante Decreto 155 de 12 de agosto de 2021, la entidad institucionalizó, a través de varios instrumentos normativos internos, la emisión de los informes de pertinencia. Inclusive se creó la Dirección de Contratación Pública, a fin de agregar valor a la gestión de Contraloría.

Proyecto Minas de Huascachaca

Así mismo, en el orden del día de la sesión 84, como parte del proceso de investigación que lleva adelante, la Comisión de Fiscalización recibirá a una decena de actores relacionados con el proyecto Eólico Minas de Huascachaca, fase 2-B, a cargo de Elecaustro, que abarca la provisión y montaje de los 15 aerogeneradores y la construcción de las obras civiles restantes para el parque eólico. Dicha infraestructura está ubicada en el cantón Saraguro, parroquia San Sebastián Yuluc, de la provincia de Loja.

Entre los convocados están ejecutivos y personeros de Electro Generadora del Austro S.A. (Elecaustro); de la Empresa Santa Fe Services S.A.; la apoderada del señor Luis Fernando Montejo Riaño, gerente de Transportes Montejo Ltda.; y el Director de Fiscalización del Proyecto Eólico Minas de Huascachaca de la Universidad de Cuenca EP.

La Comisión del Derecho a la Salud y Deporte, presidida por Marcos Molina, aprobó con 6 votos a favor y 3 abstenciones el informe para primer debate del proyecto de Ley de Salud e Higiene Menstrual, que garantiza el acceso y uso de productos de higiene menstrual saludables y sustentables de manera focalizada y progresiva en condiciones dignas y equitativas.

Molina informó que luego de recibir las observaciones que han sido pertinentes, se ha modificado el texto inicialmente propuesto y se ha tratado de solventar el tema de la gratuidad.

Explicó que junto a la proponente del proyecto, la asambleísta Johanna Moreira se plantea una focalización para la aplicación de la ley que permita el acceso gratuito de manera progresiva para estudiantes de unidades educativas públicas, personas usuarias que acudan a los servicios públicos de salud en condiciones de vulnerabilidad y personas privadas de la libertad.

En el tema del aumento del gasto público se solicitó a la Unidad de Presupuesto de la Asamblea el cálculo referencial del impacto presupuestario. “Toda ley implica un impacto presupuestario; sin embargo, nos encontramos en la posibilidad de seguir discutiendo el tema, ya que se encuentra en el primer debate con tiempo suficiente para conformar las mesas técnicas con los ministerios competentes para dilucidar con precisión si existe fuente de financiamiento”, añadió.

La asambleísta Johanna Moreira recordó que para su elaboración se han realizado acercamientos con el Ejecutivo y que es momento de marcar una agenda de género. Dijo que el tema de la progresividad es para atender a los sectores olvidados y vulnerables, considerando que la realidad de cada mujer es distinta, no todas las mujeres de la ruralidad comparten la misma vivencia, no todas viven en pobreza y extrema pobreza. “Este proyecto de Ley tiene focalizado aquellos sectores donde se necesita atención prioritaria, la menstruación debe ser digna, no es posible que por ser mujer tengamos que vivir en condición precarias” enfatizó.

El proyecto determina que será progresivamente gratuito el acceso a productos de salud e higiene menstrual sustentables y de alta calidad, para estudiantes de unidades educativas públicas, personas usuarias que acudan a los servicios públicos de salud en condiciones de vulnerabilidad y personas privadas de la libertad. Además, se considerarán las situaciones geográficas de las personas menstruantes, priorizando aquellas pertenecientes a la ruralidad.

Se regirá por los principios de disponibilidad, progresividad y no regresividad. El Estado deberá garantizar el acceso progresivo a estos productos de manera gratuita en los establecimientos educativos públicos, centros de acogida, de privación de la libertad y centros de salud públicos.

En el marco de la gestión integral sobre salud e higiene menstrual, la Autoridad Nacional de Derechos Humanos coordinará con las autoridades Nacionales Sanitaria, Educación y de Inclusión Económica y Social la ejecución de procesos permanentes de capacitación sobre salud e higiene menstrual.

La Comisión de Garantías Constitucionales, en el marco de la construcción del informe para segundo debate del proyecto de Ley de las Juventudes, recibió a representantes de transporte aéreo, terrestre, ferroviario y de puertos para que den sus puntos de vista sobre el tema, en especial en torno a tarifas diferenciadas para los jóvenes.

Sandra Reyes, secretaria de Transporte Aéreo recordó que la Constitución establece descuentos para adultos mayores y personas con discapacidad con tarifas diferenciadas en el uso del trasporte.

La funcionaria dijo que, si se realiza el descuento del 25% en cada boleto aéreo en beneficio de los jóvenes, representaría 16 veces el valor del Impuesto de Salida de Divisas (ISD) de las aerolíneas. Además, el Gobierno requerirá anualmente 258 millones de dólares, aproximadamente, para subsidiar a jóvenes que se movilizan en transporte aéreo. En este marco, precisó que se afectaría la conectividad a nivel nacional e internacional. Pidió precautelar los compromisos internacionales, ya que de lo contrario las aerolíneas extranjeras dejarían de operar en Ecuador.

Entre tanto, Mario Pardo, subsecretario de Transporte Terrestre y Ferroviario, señaló que en transporte urbano se moviliza diariamente el 70% de la población urbana, de ellos el 30% son jóvenes entre 18 y 29 años, es decir, 3.5 millones; el subsidio a esta modalidad de transporte significaría 525.000 dólares diarios o 191 millones de dólares al año.

Al referirse al transporte inter e intraprovincial señaló que existen 1.8 millones de viajes diarios. Aproximadamente el 30% de la población son jóvenes, es decir, 540 mil se movilizan con un costo promedio de un dólar. El subsidio diario sería de 270.000 dólares o 98 millones de dólares al año.

Alejandra Villacís, subsecretaria de Puertos, subrayó que, según información proporcionada por los armadores, la afectación económica anual sería de 986 mil dólares. Además, se afectaría el turismo de la provincia de Galápagos.

La legisladora Magali Macías señaló que es bueno escuchar a las autoridades para que den sus versiones y así evitar fallas en el proyecto, de allí la importancia de medir el impacto económico. La parlamentaria Sofía Sánchez, lamentó que no existan recursos para atender el pedido de los jóvenes respecto de tarifas preferenciales. Recordó que a nivel mundial se establecen estos beneficios.

El presidente de la Comisión, Fernando Cabascango solicitó que desde el Ministerio de Transporte realicen un estudio técnico financiero sobre las tarifas preferenciales. Destacó la decisión de esta institución de realizar mesas de trabajo con los transportistas para analizar esta temática.

Con la presencia del notario, Dr. Luis Herrera Rueda, de la Notaría Nro. 67, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Abg. Hernán Ulloa, los veedores ciudadanos y los miembros de los equipos técnicos, se verificó que las oficinas donde reposa documentación sobre los procesos de designación de autoridades, se encontraban cerradas bajo llave.

El Presidente del CPCCS ofreció una rueda de prensa en la que explicó que personas que ya no son funcionarios del Consejo, mantenían cerradas las oficinas y que esta situación obstruye la transparencia en el desarrollo de los concursos, especialmente, se refirió al proceso de selección de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado.

Una vez que el Notario constató las oficinas que se encuentran bajo llave y el impedimento para poder acceder a documentos que son información pública, el presidente indicó que “No se puede permitir un solo día más de atraso”, y dio la disposición de abrir las oficinas y cajones donde se encuentra esta documentación. Además, solicitó al secretario general del CPCCS que esté presente en este acto para que queden actas tanto de la apertura como de la información y archivos que se encuentren.

Se ingresó a la oficina en donde funcionaba el Equipo Técnico de apoyo para el proceso de selección de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, y el secretario general, junto a los veedores y miembros del Equipo, iniciaron la elaboración de un inventario de la documentación hallada en su interior. Al final de la diligencia, el presidente del CPCCS encargó la custodia de las oficinas a la Policía Nacional.

Abg. Hernán Ulloa Ordóñez

Presidente del CPCCS

Los asambleístas Freddy Rojas, Efrén Calapucha, Consuelo Vega, Vanessa Álava y el presidente de la Comisión de Biodiversidad Washington Varela, recorrieron el lugar donde se produjo el derrame de petróleo el pasado 28 de enero, los diques de contención y el canal de limpieza, en el sector de Piedra Fina, ubicado en cantón El Chaco, en la Amazonía ecuatoriana. El objetivo fue verificar la remediación ambiental y social en los sectores afectados.

En el recorrido, Carlos Andi, presidente del sector San Luis, señaló que la comunidad fue afectada producto de la erosión del río Coca. Dijo que están incomunicados por el socavón que se produjo en el puente “ventana 2” que permitía transportar los productos desde las fincas.

Señaló que funcionarios del Ministerio de Obras Públicas visitaron la zona y les indicaron que lamentablemente la vía no puede ser construida a la brevedad, en virtud de que es necesario realizar estudios técnicos y contar con el respectivo presupuesto.

También, afirmó que el turismo también se vio afectado porque la vía colapsó, lo cual impide generar ingresos económicos para el sector. Dijo que la comunidad a través de la autogestión puso maquinaria para dar una solución provisional, pero que se necesita una solución definitiva.

Por su parte, Maruja Vega, representante del Frente Cívico “El Chaco”, mencionó que los pobladores pagan 450 dólares diarios y están endeudados en 2.000 dólares en una obra vial que le corresponde al Gobierno.

Raúl Lema, alcalde encargado de El Chaco, destacó la presencia de los miembros de la Comisión de Biodiversidad para constatar la gravedad del derrame de petróleo. “Es bueno que los parlamentarios conozcan las prioridades de los habitantes de Napo y Sucumbíos, entre ellas: remediación ambiental al 100% y vialidad, necesaria para conectar los distintos centros poblados o de actividad económica”, destacó.

Recordó que estos sectores han sido afectados no solo por el derrame de petróleo, sino también por el colapso de la cascada San Rafael que ha provocado la erosión regresiva. Señaló que desde la alcaldía han contribuido con maquinaria para construir una variante, que en principio es peatonal y luego de espera el uso de vehículos, lo cual permitirá unir las provincias de Sucumbíos, Napo y Orellana.

La vicepresidenta de la comisión, Consuelo Vega solicitó a las autoridades locales y nacionales que articulen un trabajo para ejecutar para habilitar la vía, pues las condiciones actuales demoran entre 6 y 9 horas el traslado, en perjuicio del comercio, el turismo, en general el buen vivir de la gente.

Además, señaló que las provincias de la Amazonía ecuatoriana reclaman sus justos derechos de vialidad, y adelantó, que la Comisión de Biodiversidad realizará, este miércoles, 16 de marzo, un nuevo recorrido por otros sectores que han sido afectados por el derrame de petróleo.

La Comisión de Fiscalización y Control Político concluyó la recepción de los argumentos de cargo y de descargo en la sustanciación de la solicitud de juicio político en contra de Carlos Alberto Riofrío, contralor general del Estado subrogante, presentada por Ronny Aleaga, por incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la ley.

El solicitante del juicio, Ronny Aleaga argumentó el presunto incumplimiento de funciones al determinar que solo los procesos contractuales en los cuales el presupuesto referencial sea inferior a los USD 962.420.93 (novecientos sesenta y dos mil cuatrocientos veinte dólares con noventa y tres centavos) requerirán del informe de pertinencia previsto en la ley, con lo cual 10.000 procesos quedan fuera de este instrumento de control.

Aseguró que la exclusión de este requisito para los contratos que no superen el monto establecido, de ninguna manera contribuye al fortalecimiento de la transparencia en los procesos contractuales. Insistió en que el Contralor subrogante incumplió sus funciones, hecho que evitó que un gran número de contratos tenga este mecanismo de verificación, previo por parte de la autoridad de control.

De su lado, Carlos Riofrío, explicó que, a raíz de las reformas introducidas a varios cuerpos legales, entre ellos las leyes de Contratación Pública y de la Contraloría General del Estado, así como los cambios al Reglamento de Contratación Pública, dispuestos por el Presidente de la República, mediante Decreto 155 de 12 de agosto de 2021, la entidad institucionalizó, a través de varios instrumentos normativos internos, la emisión de los informes de pertinencia. Inclusive se creó la Dirección de Contratación Pública, a fin de agregar valor a la gestión de Contraloría.

Aseveró que, desde que asumió su cargo, en junio de 2021, ha cumplido a cabalidad con las funciones que le corresponden, de conformidad con la ley, lo cual se resume en 800 informes generales de auditoría, 203 informes con indicios de responsabilidad penal remitidos a la Fiscalía General del Estado, así como en un incremento del 350% en los valores recaudados por concepto de glosas.

Concluida esta etapa, la Comisión de Fiscalización y Control Político se acogerá al plazo de cinco días para la elaboración del informe por el cual recomendará el juicio político o, en su defecto, el archivo de la solicitud.

En el marco del día de las Juventudes y con la presencia del ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal y del secretario Técnico Consejo para la Igualdad Intergeneracional, Iván Villarreal, la Comisión de Garantías Constitucionales escuchó la voz de hombres y mujeres de todo el país respecto del proyecto de Ley de Juventud, por el cual se generan condiciones de equidad, oportunidades y no discriminación.

También participaron los delegados de los ministerios de Trabajo, Salud, Educación, Cultura, Telecomunicaciones, la dirigencia de las Juventudes de la Conaie, de Competencias del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador, la Secretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación.

Fernando Cabascango, presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, subrayó que la construcción de esta normativa pasó a ser prioridad en la agenda legislativa, en donde la interculturalidad y la plurinacionalidad reconocidas en la Constitución son principios ratificados en esta ley. “Es así que, en este proyecto de ley, los pueblos y nacionalidades tienen su voz y esta voz está siendo incorporada”, afirmó.

Esteba Bernal, ministros de Inclusión Económica, agradeció la predisposición de articular acciones alrededor de las competencias de los jóvenes. Hizo un llamado a los jóvenes a ser parte activa y participativa en el proceso de construcción de la normativa. Informó que han logrado constituir 109 mesas técnicas con la participación de 2.500 jóvenes presentes y más de 14 mil jóvenes de manera virtual aportando constantemente en la mejora de la legislación en materia de juventud.

El secretario Técnico Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, Iván Villarreal destacó el trabajo coordinado para ser posible que los jóvenes de los 221 cantones del país tengan la posibilidad de entregar directamente sus aportes para el segundo debate de la Ley de Juventudes.

El legislador John Vinueza resaltó como factor importante de la juventud la diversidad, la heterogeneidad y el punto de encuentro para construir la política del futuro. Indicó que desde la Comisión de Desarrollo Económico están trabajando en la Ley Finanzas relacionada con la tecnología, que es una ley megadiversa.

Los aportes documentados fueron entregados a los legisladores por parte de Evelyn Yucailla, presidenta nacional de los Consejos Consultivos de Juventudes; Gabriela Moncayo, de las Juventudes Esquel; Patricia Calderón, presidenta Nacional de las Juventudes de la Conaie; Andrés Narváez, coordinador de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador; Skarleth Tamayo, de la FESE; Alejandro Romero, del Cabildo de Jóvenes de Quito; y, Ricardo Naranjo de la JRE.

Gabriela Moncayo, de las Juventudes Esquel, destacó que el trabajo para un marco legal es el primer paso para buscar una verdadera participación de los jóvenes en el desarrollo del país.

Al cierre del encuentro, el Presidente de la Comisión agradeció a las decenas de organizaciones que han trabajado para construir esta ley.