Hechos Ecuador

Siete personas, detenidas en los allanamientos ejecutados la madrugada del 15 de febrero en Guayaquil, fueron procesadas por su presunta participación en el delito de peculado en la compra de insumos médicos en el Hospital de Los Ceibos, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

En la audiencia de formulación de cargos, desarrollada la madrugada de este miércoles en la Unidad Judicial Cuartel Modelo, el fiscal César Suárez Pilay presentó como elementos de convicción: el informe policial e investigativo, los informes del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), el contrato de adquisición de insumos médicos, la resolución de adjudicación, el estudio de mercado, el acta de la comisión técnica, el comprobante único de registro (CUR de pagos), facturas presentadas por el proveedor, emitidas por el Hospital Norte Los Ceibos del IESS.

Además, el Informe con Indicios de Responsabilidad Penal emitido por la Contraloría General del Estado, la versión de auditores y la pericia de contratación pública.

El juez de Garantía Penales, Marco Guerra, no acogió el pedido de prisión preventiva solicitado por Fiscalía y dictó medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentación periódica lunes y viernes en la Fiscalía para Plinio A. D., Ángel S. N., Franklin B. M., Humberto S. C., Darwin S. V., Marlon S. M. y Carlos T. C.

Contexto

En mayo de 2021, Fiscalía recibió un Informe con Indicios de Responsabilidad Penal por parte de Contraloría, realizado al proceso para la adquisición de insumos médicos para el servicio de terapia respiratoria del Hospital de Los Ceibos, en el período comprendido entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de abril de 2020. Con estos antecedentes, se abrió una investigación previa.

La madrugada de este 15 de febrero, con la presencia de seis agentes fiscales y personal de la Policía Judicial, se ejecutaron varios allanamientos a domicilios, específicamente en los sectores de Samanes, Villa Bonita y Calle 12 entre Portete y Venezuela (sector suroeste de Guayaquil), en los que cinco personas fueron detenidas. Además, se incautaron teléfonos celulares y documentación relativa al caso.

El operativo se extendió a las instalaciones del Hospital de Los Ceibos, donde se ejecutaron órdenes de detención contar funcionarios de las áreas administrativa y de la Unidad Respiratoria. Dos personas más fueron detenidas.

La investigación de Fiscalía hace presumir que se habrían incumplido especificaciones técnicas dentro del proceso para favorecer a una empresa privada con el fin de adjudicar el contrato para la compra de insumos médicos.

Los detenidos, entre funcionarios de la casa de salud y el proveedor, fueron trasladados a la Unidad Cuartel Modelo y puestos a órdenes de las autoridades judiciales.

Información jurídica

Este caso se procesó con base en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de peculado con pena privativa de libertad de diez a trece años.

La Comisión del Derecho a la Salud y Deporte tendrá dos sesiones este miércoles. A las 11h00 debatirá y someterá a votación texto final del proyecto de ley para Prevenir y Reducir la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos y Mitigar el Hambre de las Personas en Situación de Vulnerabilidad Alimentaria.

Esta iniciativa, propuesta en julio de 2019 por la asambleísta Dallyana Passailaigue, busca implementar mecanismos para que la donación de alimentos se convierta en norma en los productos que sean aptos para el consumo humano, con el fin de entregarlos a personas vulnerables.

En la tarde, a partir de las 15h30, en cumplimiento de la Resolución del Consejo de Administración Legislativa y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa recibirá en comisión general a varios actores para que expliquen el procedimiento para determinar el cuadro básico de medicamentos. Para ello escuchará a los doctores Jorge Albán, presidente del Consejo Nacional de Salud (Conasa) y Alquiles Henríquez, titular de la Comisión Nacional de Medicamentos e Insumos (Conamei).

Además, recibirá el testimonio del presidente de la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer, Rafael Palacios.

La Comisión de Justicia y Estructura del Estado inició el estudio de tres nuevos proyectos de reformas al Código Orgánico Integral Penal orientados a tipificar y sancionar el anatocismo, fortalecer el sistema penitenciario y evitar que una persona sea sancionada dos veces por una misma causa.

La legisladora Vanessa Álava explicó que con su proyecto pretende evitar que la banca, casas comerciales, instituciones de la economía popular y solidaria, y empresas emisoras de tarjetas de crédito apliquen interés sobre interés, a fin defender a los ecuatorianos y permitir que las personas puedan pagar de manera adecuada sus créditos. “El cobro de intereses sobre intereses se ha vuelto cotidiano generando preocupación y desesperación en los ecuatorianos, el proyecto tipifica esta práctica como delito y prevé sanción a los responsables con pena privativa de la libertad de uno a 5 años y la devolución de los valores cobrados en exceso”, resaltó.

De su lado, el legislador Ángel Maita, proponente del proyecto de reformas al COIP para fortalecer el sistema penitenciario, afirmó que el trabajo participativo con organizaciones sociales y familiares de personas privadas de la libertad le ha permitido identificar los problemas que viven a diario. “Este proyecto busca que haya transparencia en los traslados de los PPL, aplicar el principio de separación, que se promueva un régimen de seguridad especial y se viabilice la aplicación de beneficios penitenciarios e indultos humanitarios”, expresó.

Por último, el legislador Peter Calo fundamentó su proyecto de reformas al COIP para Eliminar la Vulneración del Principio Nom Bis In Idem, que está consagrado en la Constitución de la República como una garantía al debido proceso y tiene como objetivo evitar que una persona sea sancionada dos veces por la misma causa y materia. El parlamentario consideró que a más de desproporcionadas las penas para sancionar las infracciones de tránsito, vulneran la Constitución, ya que se aplica más de una sanción por un mismo hecho.

Este 14 de febrero,  la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE),  Diana Atamaint,  amplió el Informe de Labores de la institución del año 2021 en la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos,  Descentralización,  Competencias y Organización del Territorio de la Asamblea Nacional.  En su intervención,  ratificó que el CNE ha corregido,  depurado y llevado a cabo acciones legales y técnicas para transparentar el padrón electoral,  utilizado en los comicios generales 2021.

Entre estas acciones,  detalló que se coordinaron acciones con el Registro Civil,  el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y el Consejo de la Judicatura para realizar una depuración eficiente y solventar inconsistencias,  previamente a la aprobación del Registro Electoral.  Todas estas actividades se enmarcaron en las recomendaciones efectuadas por la Contraloría General del Estado para llevar a cabo este propósito. 

Por otro lado,  expuso que hasta finales del año 2021, de los análisis realizados a los informes de cuentas de campaña presentados por las organizaciones políticas,  no se ha establecido que existan casos en que los candidatos superen el límite del gasto electoral.  En este sentido,  dijo que de existir estas infracciones electorales,  el CNE presentará la denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE),  quien es la autoridad competente para sancionar. 

Finalmente,  reiteró que los recursos que se presentaron tras el escrutinio de votos de la primera vuelta de los pasados comicios,  fueron resueltos en los plazos legales y cumpliendo con el debido proceso.  Es decir,  las organizaciones políticas y sus candidatos tuvieron el derecho legítimo a la defensa en todas las etapas de las elecciones. 

La Comisión de Biodiversidad fiscaliza y da seguimiento a los problemas de minería ilegal en el país, particularmente en la provincia de Napo. En este marco, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela señaló que confiscarán toda maquinaria y equipos dedicados a actividades ilícitas; mientras el ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo informó que suspenderán toda actividad minera en la provincia de Napo, a fin de atender las demandas de la población y garantizar su bienestar.

En la mesa legislativa, la ministra Vela precisó que en la comunidad Yutzupino, personas y organizaciones realizan actividades mineras sin contar con los permisos correspondientes. “Se ha verificado minería en las parroquias de Tena, Puerto Napo, Tálag, Pano y Carlos Julio Arosemena Tola y que a fines de octubre de 2021 se incrementó la minería ilegal en Yutsupina y Carlos Julio Arosemana Tola; en Napo existen 52 concesiones mineras de diversa índole en régimen general y 85 concesiones artesanales, de las cuales solo 12 tienen licencia ambiental, 26 están en etapa de regularización y 14 no inician trámites”, aseguró.

Además, sugirió que entre las reformas a la Ley de Minería se incorporen regulaciones estrictas para controlar el uso del mercurio en la explotación del oro, que tiene impactos letales en los seres humanos; se incluyan disposiciones que permitan el decomiso y remate de retroescavadoras y otras herramientas usadas en minería ilegal.

De su lado, el ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo informó que como ente rector de la minería ha colaborado en todas las tareas, para el combate a la minería ilegal. Ratificó que se suspenderá toda actividad minera en la provincia de Napo hasta subsanar el problema.

Mientras, el ministro de Ambiente, Gustavo Manrique dijo que junto al Ministerio de Gobierno trabajan en la confiscación de maquinaria y equipos utilizados en las actividades ilícitas.

El Subsecretario de Calidad del Ministerio de Ambiente, José Antonio Dávalos precisó que existen concesiones mineras que nunca intentaron regularizarse, por lo que presentaron la respectiva denuncia en la Fiscalía para que investigue presuntos delitos ambientales. Señaló que en el sector de Yutzupino, del cantón Tena, hay 22 puntos de minería ilegal que están controlados desde el 13 de febrero de 2022.

La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana recibió este lunes 14 de febrero el aporte de expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y representantes de la academia,  en el marco del análisis del proyecto de Ley Orgánica contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes. 

En efecto,  Cristian Taboada,  jefe de la Sección de Seguridad y Justicia del Departamento de Seguridad Pública de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la especialista del organismo,  Inés Echevarría coincidieron en la necesidad de estructurar una ley que garantice una adecuada lucha contra estos dos delitos,  que tienen implicaciones transnacionales.  Por ello,  consideraron pertinente fundamentar la norma en el contexto nacional,  regional e internacional. 

Así mismo,  sugirieron reforzar la cooperación penal internacional para una efectiva persecución e investigación de esta clase de delitos,  así como mejorar la legislación penal para contribuir al fortalecimiento del talento humano inmerso en los ámbitos administrativo y judicial,  a fin de contar con políticas públicas encaminadas a la información de la ciudadanía,  la protección a victimas y testigos,  entre otras estrategias. 

De su lado,  Richard Villagómez,  docente de la Universidad Andina Simón Bolívar,  se mostró partidario de dictar una ley específica que no genere antinomias que,  luego deban ser esclarecidas por las autoridades judiciales.  Añadió que las normas deben tener un enfoque holístico,  que involucre temas como derechos humanos,  género,  condición étnica,  seguridad,  interculturalidad y el marco internacional. 

Mientras,  Efrén Guerrero,  coordinador del Programa de Maestría de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE),  destacó la voluntad política de la Asamblea Nacional para tramitar una ley en materia de trata de personas y tráfico ilegal de migrantes que debe tener mecanismos que permitan una eficiente judicialización,  reparación efectiva,  protección de victimas,  acompañamiento de los consulados y mecanismos de evaluación. 

Por último,  Juan Alencastro,  docente de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE),  enfatizó que la ley debe distinguir claramente los dos tipos de delito,  el uno relacionado con la trata de personas,  que no necesariamente tiene implicaciones transnacionales; y,  el otro,  sobre el tráfico ilegal de migrantes,  con sus características y particularidades,  como se hizo en las legislaciones de Argentina,  Colombia y México. 

Exhorto

Así mismo,  el organismo legislativo,  por unanimidad,  aprobó una resolución por la cual exhorta al Gobierno Nacional para que,  a través del Ministerio de Relaciones Exteriores actúe de manera inmediata ante la tensión que existe entre Ucrania y Rusia,  con la finalidad de precautelar la vida y el bienestar de los ecuatorianos que se encuentran en Ucrania. 

El texto prevé que,  en quince días,  la Comisión convocará al Ministro de Relaciones Exteriores a una sesión de trabajo,  con la finalidad de dar seguimiento a lo previsto en la resolución. 

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) conoció una nueva solicitud de juicio político en contra de los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS),  propuesta por los legisladores Ricardo Vanegas y José Chimbo. 

El CAL solicitó a la Unidad Técnica Legislativa (UTL) la emisión del informe técnico no vinculante del cumplimiento de requisitos que será remitido en el plazo máximo de tres días,  conforme lo establece el segundo inciso del artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. 

La solicitud de enjuiciamiento político se fundamenta en la designación de César Córdova como Defensor del Pueblo encargado,  la destitución del vocal del Consejo de la Judicatura,  Fausto Murillo y por el nombramiento de Pablo Iglesias Paladines como Superintendente de Ordenamiento Territorial. 

Asimismo,  el máximo organismo de administración de la Asamblea resolvió no dar paso a dos solicitudes de indulto,  por no cumplir los requisitos formales establecidos en el Reglamento para la Admisión y Tramitación de las Solicitudes de Amnistías e Indultos Humanitarios de la Asamblea Nacional y por no cumplir con la pertinencia respecto a quien puede ser beneficiario de indulto por motivos humanitarios. 

En la semana del 14 al 18 de febrero las comisiones legislativas avanzarán el tratamiento de temas en materia de fiscalización y legislación. Está previsto continuar el estudio de proyectos sobre el Uso de la Fuerza; Seguridad Privada; Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, así como, revisar la objeción parcial al proyecto de Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social, entre otros temas.

Sábado, 12 de febrero del 2022 - 09:36 Elaborado por: Sala de prensa

Relaciones Internacionales

A las 15h30, del lunes 14 de febrero, la Comisión de Relaciones Internacionales, en el marco del tratamiento del proyecto de Ley de Trata de Personas y Trafico Ilícito de Migrantes, recibirá a tres delegados de la Organización de Estados Americanos (OEA); interlocutores de la Organización Internacional para las Migraciones y de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Participación Ciudadana

La Comisión de Participación Ciudadana tiene previsto realizar dos sesiones el lunes 14 de febrero. A las 11h00 comparecerá el ministro de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera, para que exponga sobre el financiamiento, construcción, operación y mantenimiento que se ha realizado en la etapa emergente de la carretera Cuenca-Molleturo requerida por el asambleísta Rodrigo Fajardo. A las 15h00, acudirá la ministra de Gobierno, Alexandra Vela y el comandante de Policía, Carlos Cabrera, para que informen acerca de los hechos suscitados el 9 de febrero en las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y expliquen las razones por las que se destinó personal policial a ese organismo.

De inmediato, escucharán a Francisco Bravo, Hernán Ulloa, Graciela Estupiñán y María Rivadeneira, consejeros de Participación Ciudadana, quienes explicarán sobre el incumplimiento de la medida cautelar ordenada por la jueza, Kerly Vargas, de la Unidad Multicompetente del cantón Samborodón y los fundamentos legales y constitucionales respecto a los acontecimientos del 9 de febrero de 2022.

Fiscalía inició un proceso penal en contra de los hermanos Kevin Josué V. y Bryan Alfredo V., por su presunta participación en el delito de trata de personas con fines de adopción ilegal.

En la audiencia de formulación de cargos, el juez Franklin Barahona acogió el pedido del fiscal Fernando Sánchez y dictó orden de prisión preventiva para los procesados, quienes fueron detenidos recientemente.

Dentro de este caso, en abril de 2021, la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia ratificó la sentencia de veintiún años y cuatro meses de privación de libertad contra Iris Daniela C., Yomayra Mercedes Ch. y Maryuri Alexandra G. Además, dispusieron a las sentenciadas cancelar 40.000 dólares como reparación integral a los familiares de la víctima y que el Ministerio de Salud se encargue del bienestar de los dos hijos de una adolescente de 17 años, quien fue asesinada para el cometimiento del delito.

La investigación determinó que Maryuri Alexandra G. le pidió a Iris Daniela C. que le consiga un bebé recién nacido. Yomayra Mercedes Ch., hija de Maryuri Alexandra G., intervino en la negociación al ofrecer cancelar 2.000 dólares por la entrega del niño.

Para cumplir con lo acordado, el 6 de noviembre de 2019, Iris Daniela C., Kevin Josué V. y Bryan Alfredo V., ingresaron al domicilio de la adolescente, en la cooperativa de vivienda Sergio Toral, en Guayaquil. La amenazaron y amarraron de pies y manos, le propinaron nueve puñaladas, que causaron su deceso. Enseguida huyeron con su bebé de ocho días de nacido.

Iris Daniela C. y Kevin Josué V. trasladaron al bebé en un taxi con dirección a Cuenca. A esta ciudad solo llegó Kevin Josué V., quien entregó el menor a Yomayra Mercedes Ch.

Como resultado del operativo de búsqueda, el bebé fue rescatado en un departamento, en el sector Miraflores de Cuenca, donde fueron detenidas Maryuri Alexandra G. y Yomayra Mercedes Ch.

Entre los elementos de convicción presentados constan: versiones del agentes de la Dinased y Unase que participaron en la investigación, la pericia de extracción de la información contenida en los celulares de las sentenciadas, videos del ECU 911, registro de llamadas telefónicas, tres informes de reconocimiento del lugar de los hechos, tickets de peajes y más de cincuenta fotografías de las pericias efectuadas desde el levantamiento de cadáver hasta la recuperación del menor.

Información jurídica

Por el asesinato de la adolescente, Iris Daniela C. está sentenciada a treinta y cuatro años y ocho meses de privación de libertad. También fueron llamados a juicio Kevin Josué V. y Bryan Alfredo V., como presuntos responsables de ese crimen.

Este 14 de febrero, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, amplió el Informe de Labores de la institución del año 2021 en la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio de la Asamblea Nacional. En su intervención, ratificó que el CNE ha corregido, depurado y llevado a cabo acciones legales y técnicas para transparentar el padrón electoral, utilizado en los comicios generales 2021.

Entre estas acciones, detalló que se coordinaron acciones con el Registro Civil, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y el Consejo de la Judicatura para realizar una depuración eficiente y solventar inconsistencias, previamente a la aprobación del Registro Electoral. Todas estas actividades se enmarcaron en las recomendaciones efectuadas por la Contraloría General del Estado para llevar a cabo este propósito.

Por otro lado, expuso que hasta finales del año 2021, de los análisis realizados a los informes de cuentas de campaña presentados por las organizaciones políticas, no se ha establecido que existan casos en que los candidatos superen el límite del gasto electoral. En este sentido, dijo que de existir estas infracciones electorales, el CNE presentará la denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), quien es la autoridad competente para sancionar.

Finalmente, reiteró que los recursos que se presentaron tras el escrutinio de votos de la primera vuelta de los pasados comicios, fueron resueltos en los plazos legales y cumpliendo con el debido proceso. Es decir, las organizaciones políticas y sus candidatos tuvieron el derecho legítimo a la defensa en todas las etapas de las elecciones.