Hechos Ecuador

Mediante una rueda de prensa efectuada este día,  21 de diciembre el titular del COE Nacional,  Juan Zapata; y la ministra de Salud,  Ximena Garzón,  dieron a conocer las nuevas medidas para las festividades de navidad y año nuevo. 

Zapata y Garzón aclararon que no existirá un confinamiento durante las festividades de Navidad y Fin de Año,  sin embargo,  anticiparon que nuevas medidas se evaluarán en enero de 2022. Además,  se descartó la prohibición de quema de monigotes siempre y cuando se realice dentro del circuito familiar.  Ante esto,  Zapata expuso que “hay muchos artesanos detrás de la venta de monigotes” y es importante apoyarlos. 

Entre las principales disposiciones se encuentra el 50 % de aforo en restaurantes,  iglesias,  cines y teatros.  Mientras que un 75 % en mercados,  centros comerciales,  museos y bancos.  En todos estos lugares,  será obligatorio que las personas mayores de 12 años presenten el carné con el esquema completo de vacunación para ingresar. 

Los eventos masivos públicos y privados están suspendidos como los conciertos,  pases del niño,  procesiones y novenas,  bailes populares y eventos barriales.  Además,  no pueden atender los bares,  discotecas y centros de tolerancia. 

Estas medidas se implementan con el objetivo de evitar la propagación de la variante ómicron del Covid-19 que ya tiene 21 casos confirmados en el país,  según informó la ministra de Salud.  Por ello,  hizo una llamado a la ciudadanía a mantener los protocolos de bioseguridad. 

Las medidas entrarán en vigencia desde este jueves 23 de diciembre y durarán hasta el 23 de enero,  cuando el COE Nacional nuevamente se reunirá para revisar los resultados y tomar nuevas decisiones. 

Altas funcionarias de la ONU examinan cómo acabar con la "emergencia invisible" de la violencia de género

Ya sea en el hogar,  en el trabajo,  en la calle o incluso en internet,  las mujeres y las niñas de todo el mundo siguen siendo muy vulnerables a la violencia de género,  algo que la pandemia del COVID-19 no ha hecho más que magnificar,  afirmaron el jueves seis altas dirigentes mujeres de la ONU. 

Las altas funcionarias,  entre las que se encontraban la vicesecretaria general,  Amina Mohammed,  y las directoras de los principales organismos de la ONU,  examinaron las formas de acabar con esta "emergencia invisible" en una mesa redonda celebrada en la sede de la ONU en Nueva York. 

La conversación,  franca y abierta,  fue organizada por la Iniciativa Spotlight,  un programa conjunto de la ONU y la Unión Europea (UE) que trabaja para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. 

Peligro claro y muy actual

En un vídeo que abría el debate,  la número dos  de la ONU describió la violencia de género como un "peligro claro y actual" para millones de mujeres y niñas en todo el mundo. 

La moderadora Melissa Fleming,  responsable del Departamento de Comunicación Global (DGC), ,  le preguntó sobre el impacto de la violencia contra las mujeres en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

"En esencia,  lo que hace es poner en peligro todos los objetivos",  explicó Mohammed.   "Porque tan solo con que el 50% de la humanidad no tenga asegurado esto—ya sea acabar con la pobreza,  el acceso a la educación o a un trabajo decente —,  todo está en peligro". 

No es tan invisible

La violencia de género impregna todos los aspectos de la vida,  ya sean públicos o privados,  afirmó Reem Alsalem,  experta independiente en derechos humanos de la ONU.   Además,  comienza pronto,  en la infancia,  y representa un "continuo" de violencia. 

"Por eso también me pregunto si realmente estamos hablando de una emergencia invisible ya que es bastante visible para quienes quieran verla",  indicó Alsalem,  relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer.  

"Es un poco como la crisis climática.  Las pruebas están ahí.  Podemos verlo,  podemos ver las consecuencias". 

El debate sirvió de colofón a los 16 Días de Activismo contra la Violencia hacia las Mujeres,  una campaña mundial anual que transcurre entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre,  Día de los Derechos Humanos. 

Según Natalia Kanem,  directora ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas,  la violencia de género se incrementó drásticamente en todo el mundo,  aunque no tengamos estadísticas suficientes. 

El aumento del uso de la tecnología digital durante la pandemia también generó una "zona de peligro" en línea para las mujeres y las niñas,  señaló,  donde son acosadas y hostigadas.  

Miedo a hablar

Esta cuestión fue planteada por Henrietta Fore,  directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF),  que habló de los riesgos a los que se enfrentan las jóvenes y adolescentes en internet,  como el grooming (ciberengaño pederasta) y el sexting (envío de mensajes de texto o imágenes de contenido sexual explícito),  que pueden dañar su salud mental. 

El 46% de los casos, el femicida era parte del círculo de confianza de la víctima.

Desde el 10 de agosto de 2014 hasta el 31 de octubre de 2021, en el Ecuador se ha registrado un total de 506 víctimas de femicidio. La Fiscalía General del Estado compartió los datos que revelan una problemática aún latente en el país. 
De los casos denunciados, el 16,40% fueron por agresiones provenientes del cónyuge, un 16,01% de los exconvivientes. 

Según datos de la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (ALDEA), cada 44 horas se produce la muerte violenta de una mujer. ALDEA afirma que en la provincia del Guayas se presentan las cifras más altas del 2021, con 69 femicidios, lo que representa un 40,1% de casos.

En Ecuador, la violencia femenina ha aumentado en la pandemia. Según cifras de la Fundación ALDEA, desde que empezó el 2020 se registraron 101 femicidios en Ecuador. Cada 72 horas una mujer, niña o adolescente es víctima de femicidio.

La Alianza para el Monitoreo y Mapeo de Feminicidios en Ecuador también recabó datos de niños y niñas que quedan en orfandad por el femicidio de sus madres. Al menos 1.095 hijos e hijas perdieron a sus progenitoras desde 2014 a 2020.

La Fiscalía, en el artículo 141del Código Órganico Integral Penal (COIP) indica que “la persona que como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años de prisión”.

Varias mujeres tienen boleta de auxilio emitida por el sistema de justicia, del cual el 21,6% ya han reportado antecedentes de violencia, según datos de ALDEA.

El pasado 25 de noviembre se presentó un protocolo para la investigación de femicidios y otros delitos que involucren muertes violentas de mujeres y niñas. Esta hoja de ruta deberá ser aplicado en toda muerte violenta de una mujer o niña, incluido presuntos casos de suicidios o accidentes.

Hay que considerar que el término femicidio y feminicidio tienen cierta diferencia. El femicidio hace referencia a un homicidio y solo alude al asesinato de mujeres, mientras que la palabra feminicidio refiere a asesinato de mujeres dejando en la impunidad al que esta atrás del crimen.

El censo penitenciario se aplicará en 2022, en los 36 centros de rehabilitación social del país.

Luego de un año lleno de masacres y enfrentamientos en los centros de rehabilitación social del país, que han dejado más de 320 personas privadas de libertad muertas, el Gobierno nacional aplicará un censo penitenciario en 2022.

El objetivo de este censo, según el Ejecutivo, es obtener información sociodemográfica, jurídica, datos relacionados a la situación familiar y vinculación en los ejes de tratamiento de las privadas de libertad.

“El censo permitirá implementar acciones para alcanzar los objetivos del Plan Rescate Ecuador en cuanto a la atención de la situación carcelaria”, informó el SNAI.

La prueba piloto se realizará este lunes 20 y martes 21 de diciembre, para afinar detalles de lo que será el Censo el próximo año, en los 36 centros de privación de libertad a nivel nacional.

Este será el segundo censo que se aplicará en el sistema de rehabilitación social ecuatoriano. El primero se realizó en 2008, en el Gobierno del expresidente Rafael Corra, para evaluar la conformación del sistema penitenciario.

Este plan piloto se efectuará en uno de los centros carcelarios, a cargo de la mesa técnica conformada por el SNAI, el INEC, la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, la Dirección Nacional de Investigación Técnico Científica Policial y la Secretaría de Derechos Humanos. Sin embargo, las autoridades no especificaron qué centro de rehabilitación social será.

La prueba contará con un protocolo de seguridad, medidas de bioseguridad, logística, tiempos de registro de datos en el formulario e intercambio y consolidación de información.

Según el Gobierno, en este censo se garantizará que los datos obtenidos sean verídicos.

Actualmente, existe un hacinamiento de internos en los centros penitenciarios. La población carcelaria supera los 39.150 reos, con un excedente de 9.000 privados de libertad, ya que la capacidad en las cárceles de Ecuador es para 30.000 internos.

«Se previene a los asambleístas y dirigentes del Comité Ejecutivo que, en caso de no comparecer, la Asamblea queda facultada para resolver el LLAKI con los efectos jurídicos y constitucionales», dice la resolución de la Conaie.

En el marco del fraccionamiento al interior de la bancada legislativa de Pachakutik, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) convocó a los asambleístas que integran este bloque y a los dirigentes del Comité Ejecutivo de PK a Asamblea de los pueblos y Nacionalidades, en la que se analizará la posición de cada legislador y se iniciará un proceso de justicia indígena.

En un documento que circula en redes sociales, firmado por el presidente de esta organización Leonidas Iza, se detalla que este llamado es obligatorio, mismo que se desarrollará el martes 21 de diciembre, a las 09h00, en la comunidad San Rafael, ubicada en la parroquia San Pablo del Lago, cantón Otavalo, provincia de Imbabura.

«Los convocados tendrán el derecho de hacer uso de su legítimo derecho a la defensa, en términos del derecho Propio, la Constitución, los instrumentos internacionales y las leyes»., dice la resolución.

En esta asamblea, las autoridades del gobierno de la CONAIE, ejercerán las funciones jurisdiccionales, en términos de esta notificación y convocatoria.

Este acuerdo, además, sentencia que el asambleísta que no comparezca será sometido al «Llaki» o castigo, con los efectos jurídicos y constitucionales que correspondan.

Fuente: Conaie

Se trata de la mayor asignación de fondos realizada hasta el momento para antineoplásicos contra el cáncer infantil en los países de ingresos medianos y bajosLa Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Hospital Infantil de Investigación St. Jude anuncian hoy el establecimiento de una plataforma que aumentará drásticamente el acceso a los medicamentos contra el cáncer infantil en todo el mundo.

La Plataforma Mundial para el Acceso a los Medicamentos contra el Cáncer Infantil, que es la primera establecida en el mundo con ese fin, garantizará el suministro ininterrumpido de fármacos de calidad a los países de ingresos medianos y bajos. En un periodo de seis años, este hospital invertirá US$ 200 millones para que la plataforma ofrezca gratuitamente medicamentos a los países que participen en la fase experimental. Se trata de la mayor aportación económica a una iniciativa mundial sobre medicamentos contra el cáncer infantil efectuada hasta la fecha.

El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS, ha señalado: «Casi nueve de cada diez niños con cáncer viven en países de ingresos medianos y bajos, donde la supervivencia es inferior al 30%, frente al 80% que se registra en los países de ingresos medianos y bajos. Esta nueva plataforma, que se suma a la exitosa Iniciativa Mundial contra el Cáncer Infantil puesta en marcha en 2018 por el Hospital St. Jude, ayudará a solventar este desequilibrio inaceptable y dará esperanza a miles de padres que se enfrentan a la devastadora realidad del cáncer infantil».

Antineoplásicos asequibles, de calidad y con continuidad para los niños

Se calcula que, anualmente, unos 400 000 niños de todo el mundo contraen un cáncer. En la mayoría de los países de ingresos medianos y bajos, estos niños no tienen acceso a antineoplásicos de forma regular o bien no pueden pagarlos. Como consecuencia de ello, cada año fallecen casi 100 000 niños.

El objetivo de esta nueva plataforma es proporcionar antineoplásicos inocuos y eficaces a cerca de 120 000 niños entre 2022 y 2027, con la esperanza de ampliar esta cifra en años posteriores. Se prevé prestar apoyo en todas las etapas del proceso, de principio a fin, para aglutinar la demanda y configurar así el mercado, ayudar a los países a seleccionar medicamentos, elaborar criterios terapéuticos y reforzar los sistemas de información para comprobar que se presta una atención eficaz y que se impulsa la innovación.

El Dr. James R. Downing, Presidente y Director General del Hospital St. Jude, explica: «Desde siempre, el objetivo de nuestro hospital ha sido impulsar la investigación y el tratamiento del cáncer infantil y de otras enfermedades que tienen consecuencias catastróficas para los niños. Casi 60 años después de nuestra fundación, unimos nuestras fuerzas con la Organización Mundial de la Salud, varias organizaciones asociadas y nuestros colaboradores de la Alianza Mundial para extender esa promesa a niños de todo el mundo. Gracias a esta plataforma, estamos sentando las bases para tratar a los niños con antineoplásicos seguros, dondequiera que vivan».

Este enfoque innovador abre un nuevo capítulo en el acceso a la atención oncológica al abordar el problema de la escasa disponibilidad de antineoplásicos en los países de ingresos medianos y bajos, debida, a menudo, a los elevados precios, las interrupciones del suministro y los pagos directos que deben realizar los usuarios y que les abocan a sufrir dificultades económicas.

El programa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible pone en el centro a la persona y al planeta, se apoya en los derechos humanos y está respaldado por una alianza mundial decidida a ayudar a la gente a superar la pobreza, el hambre y las enfermedades. Se forjará por tanto sobre la base de una cooperación y solidaridad mundiales.

El Día Internacional de la Solidaridad Humana es:

Antecedentes

La solidaridad se identifica en la Declaración del Milenio (PDF) como uno de los valores fundamentales para las relaciones internacionales en el siglo 21 y para que quienes sufren o tienen menos se beneficien de la ayuda de los más acomodados. En consecuencia, en el contexto de la globalización y el desafío de la creciente desigualdad, el fortalecimiento de la solidaridad internacional es indispensable.

Convencida de que la promoción de la cultura de la solidaridad y el espíritu de compartir es importante para la lucha contra la pobreza, la Asamblea General proclamó el 20 de diciembre como Día Internacional de la Solidaridad Humana.

A través de iniciativas como la creación del Fondo Mundial de Solidaridad para erradicar la pobreza y la proclamación del Día Internacional de la Solidaridad Humana, este concepto fue promovido como crucial en la lucha contra la pobreza y en la participación de todos los interesados pertinentes.

Solidaridad en el trabajo de las Naciones Unidas

La solidaridad ha definido el trabajo de las Naciones Unidas desde el nacimiento de la Organización que, desde su creación, atrajeron a los pueblos del mundo para promover la paz, los derechos humanos y el desarrollo económico y social. La organización fue fundada en la premisa básica de la unidad y la armonía entre sus miembros, expresada en el concepto de seguridad colectiva que se basa en la solidaridad de sus miembros a unirse “para mantener la paz y la seguridad internacionales”.

La solidaridad es uno de los valores fundamentales y universales en que deberían basarse las relaciones entre los pueblos en el siglo XXI. Por ese motivo, la Asamblea General decidió proclamar el 20 de diciembre de cada año Día Internacional de la Solidaridad Humana, en su 60/209 (PDF) de fecha 22 de diciembre de 2005.

Además, con el objetivo de erradicar la pobreza y promover el desarrollo humano y social en los países menos industrializados, en particular entre los segmentos más pobres de sus poblaciones, la Asamblea General creó el Fondo Mundial de Solidaridad, en su resolución 57/265

Ante la Comisión del Derecho a la Salud, la ministra de Salud, Ximena Garzón, se refirió a las medidas adoptadas para enfrentar el incremento de contagios por Covid-19 y la nueva variante Ómicron. También informó sobre el desabastecimiento de medicamentos.

La funcionaria aseguró que se ha dado respuesta integral a la pandemia a través de la implementación del Plan Fénix que consta de diez pilares, entre ellos, prevención y control de infecciones, manejo de casos, vigilancia e investigación.

Afirmó que a partir de su administración la curva de contagios bajó y se redujo el aumento sensible de mortalidad. Expuso datos estadísticos de COVID en el país, e informó que el primer caso del paciente con Ómicron se encuentra controlado, pues se realizó el aislamiento preventivo obligatorio y el respectivo cerco epidemiólogo. El paciente es asintomático, se encuentra en buen estado de salud, informó.

Recalcó en la necesidad del uso obligatorio de la mascarilla, distanciamiento, lavado y desinfección de manos, además del 50% de aforo para eventos públicos. Exhortó a personas mayores de 12 años para que presenten el carné o certificado de vacunación con dos dosis en restaurantes, cines, teatros, museos bares y afines.

También la prohibición de eventos como conciertos, pases de niño, procesiones, novenas en espacios públicos, festivales de año viejo, quema de años viejos, fiestas populares, bailes populares, eventos barriales. Además, se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en espacios públicos; en la playa aforo de 75% con horario de restricción, de 06h00 a 18h00.

Escasez de medicamentos

En otro tema, la funcionaria señaló que el nivel de abastecimiento de medicamentos es del 52% en el año 2021. Informó que el nivel de abastecimiento de medicinas para atender patologías graves, agentes antineoplásticos e inmunomoduladores, agentes inmunosupresores es del 49%; agentes antineoplásticos 54%; terapia endocrínica 50%; inmoestimulantes 40%; agentes inmunosupresores 37%.

Entre las causas del desabastecimiento mencionó la falta de gestión en la adquisición de fármacos; arrastre de deuda a proveedores desde 2018; el 90% de los medicamentos del cuadro nacional básico no están catalogados; y, productores y distribuidores con limitada capacidad de oferta.

Además, informó que trabajan en un nuevo modelo de abastecimiento en externalización de farmacias (consulta externa); catálogo electrónico corporativo - subasta inversa electrónica (compras intrahospitalarias).

Marcos Molina, presidente de la Comisión, señaló que como país no se debió haber dedicado solo a la vacunación y descuidar la salud pública, sobre todo los pacientes con enfermedades catastróficas. De forma enérgica expresó que es lamentable que la corrupción siga siendo un problema para que el sistema de salud funcione y que sea una de las causas para la escasez de medicamentos.

La comparecencia de la ministra responde a la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL), que dispuso a la Comisión Legislativa que investigue la actuación de los servidores públicos inmersos en los casos de escasez de medicamentos necesarios para el tratamiento de las personas con discapacidad y con enfermedades catastróficas, raras y huérfanas, así como la situación de la atención hospitalaria y el abastecimiento del cuadro nacional de medicamentos básicos en el Sistema Nacional de Salud.

La Comisión del Derecho a la Salud aprobó con 8 votos a favor la metodología y el cronograma de trabajo, para continuar con la investigación sobre la actuación de los servidores públicos inmersos en los casos de escasez de los medicamentos necesarios para el tratamiento de las personas con discapacidad, y con enfermedades catastróficas, raras y huérfanas, así como la situación de la atención hospitalaria y el abastecimiento del cuadro nacional de medicamentos básicos en el Sistema Nacional de Salud.

En este contexto, la Comisión continuará desde enero 2022 con los pedidos de información y comparecencias de funcionarios de varias entidades, entre ellas del Ministerio de Economía y Finanzas; Servicio Nacional de Contratación Pública ( Sercop); Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa); Ios Institutos de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) e Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol).

Las visitas in situ se realizarán en las ciudades más grandes del país como Quito y Guayaquil en donde se encuentran los hospitales de tercer nivel que dan tratamiento a las enfermedades de alta complejidad. Adicionalmente cada legislador puede hacer las visitas en sus provincias, que constituirán un muestreo de cómo están funcionando los hospitales en el país.

Los legisladores estiman contar con un texto borrador hasta el 23 de enero. No obstante, no se descarta pedir una prórroga y hasta finales de enero 2022 presentar el informe no vinculante definitivo, que será puesto a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional.

El presidente de la Comisión, Marco Molina, recordó que, desde el 6 de diciembre, fecha en que fueron notificados, han iniciado el trabajo en el que pondrán todo su esfuerzo y capacidades para avanzar en el proceso de fiscalización.  Dijo que han venido advirtiendo las grandes falencias evidenciadas en el sistema de salud, que no son problemas de los últimos años, sino estructurales que necesitan ser analizados desde diferentes aristas.

La propuesta de la metodología y cronograma fue trabajada por el equipo técnico de cada despacho legislativo, previo a su aprobación.

La moción presentada por el asambleísta Ronal González y aprobada por la comisión es en cumplimiento de la resolución CAL, que dispone la investigación en los casos de escasez de los medicamentos necesarios para el tratamiento de las personas con enfermedades de alta complejidad, así como la situación de la atención hospitalaria y el abastecimiento del cuadro nacional de medicamentos básicos en el Sistema Nacional de Salud.

La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley para la Garantía, Promoción y Protección de la Libertad de Prensa, de Opinión, de Expresión y de la Comunicación.

La Comisión elaboró un nuevo articulado para lo que consideró otras iniciativas legislativas como las presentadas por el Ejecutivo, los asambleístas Marjorie Chávez, Fernando Villavicencio, Marcela Holguín, Dina Farinango y el exparlamentario Juan Cárdenas.

La parlamentaria Marjorie Chávez expresó que la mesa legislativa para llegar a la aprobación del informe recibió varios aportes que han enriquecido al proyecto de ley, a la vez destacó que esta propuesta representa una oportunidad para avanzar y crear un nuevo concepto de la normativa para la libertad de expresión y de comunicación.

También resaltó que el proyectoe basa en un principio fundamental que promueve el derecho a la libertad de expresión y protege a los ciudadanos de discursos de odio, violencia y pornografía infantil, así como, los derechos de quienes laboran en medios de comunicación, entre otros aspectos.

El asambleísta Elías Jachero mocionó la aprobación del informe para primer debate, a fin de que sea sometido a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, instancia en la que las diversas bancadas podrán presentar sus observaciones y sugerencias. El informe fue aprobado con el voto favorable de cinco legisladores.

Por último, el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, Juan Fernando Flores, agradeció los aportes presentados por los legisladores. Resaltó que se construirá una ley que garantice el ejercicio de la libertad de prensa, expresión, pensamiento y de comunicación.