Hechos Ecuador

El acceso ágil a la información pública fue el eje principal de las observaciones que la Mgs. Sofía Almeida, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), presentó sobre los proyectos de reformas de ley relacionados con la transparencia y acceso a la información pública. Su intervención se dio, este 15 de diciembre, ante la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, de la Asamblea Nacional.

Entre las observaciones, la presidenta Almeida destacó la importancia del principio de celeridad en la entrega de información pública. En ese sentido señaló que el ágil y efectivo acceso a la información pública es vital en la lucha contra la corrupción, y en el ejercicio de los derechos de participación de la ciudadanía, por lo que se debe establecer claramente en la Ley este principio, con las debidas consecuencias y sanciones en caso de incumplimiento.

Acotó que el CPCCS impulsa la transparencia en el acceso a información pública y patrocina jurídicamente los pedidos de la ciudadanía al respecto, pues para el ejercicio de los derechos de participación y para hacer efectivas las denuncias, es necesario primero el acceso completo y oportuno para un correcto análisis de la información, por parte de los ciudadanos.

Manifestó que, ni los ciudadanos ni las instituciones de control pueden ejercer sus acciones de fiscalización a cabalidad sin información, “incluso se puede caer en la caducidad de los periodos establecidos para presentar informes y denuncias; entonces, el acceso ágil a la información pública, de manera completa, posibilita la lucha contra la corrupción”,  aseveró.

Además, señaló que la Ley debe establecer la obligatoriedad de colocar la información de las instituciones públicas en plataformas informáticas, para un fácil acceso de la ciudadanía. Al respecto, indicó que presentó un proyecto para la creación de una plataforma, con ese objetivo, ante la Función de Transparencia y Control Social.  

Finalmente, manifestó que se requiere establecer de manera clara quiénes están obligados a entregar información pública y cuál es la información confidencial o reservada, para que al momento de investigar o judicializar procesos no existan ambigüedades de las que se pueda valer alguien para no entregar la información que le sea solicitada. 

Mgs. Sofía Almeida Fuentes

Presidenta del CPCCS

Limitación de aforos en restaurantes, centros comerciales, bares, templos religiosos, otros; cumplimiento estricto de medidas de bioseguridad; control y horarios en playas y balnearios; prohibición de eventos masivos en espacios públicos y la venta de licor. Son algunas de las medidas que se adoptaron para precautelar la salud y la vida ante la pandemia COVID-19, con miras a las festividades de diciembre: Navidad y Año Nuevo.

Estas resoluciones entrarán en vigencia desde las 00:00 del viernes 17 de diciembre de 2021 hasta el lunes 3 de enero de 2022. El anuncio se dio tras la reunión del Comité de Operaciones de Emergencias (COE) Nacional, que se desarrolló la mañana de este martes 14 de diciembre de 2021.

En este espacio, Ximena Garzón Villalba, titular del Ministerio de Salud Pública (MSP), detalló que como consecuencia del feriado de noviembre (Día de los Difuntos e Independencia de Cuenca) hubo un ligero incremento de casos en el país. “No es muy evidente, pero estadísticamente es significante”, indicó Garzón.

Por ello, la Ministra insistió en la importancia de la inoculación. “Solicitamos a las familias que se vacunen, desde los más pequeños. Vemos que quienes se agravan superan los 50 años. Además, aquellos que no tienen las dosis o solo tienen una”.

Garzón también se refirió a la inmunización infantil. Señaló que el biológico evita que los infantes desarrollen complicaciones graves por la enfermedad. “Los niños y jóvenes pueden ser portadores sanos, es decir, transmiten el virus a sus familias más vulnerables”.

José Ruales, viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, indicó que semanas atrás hubo 1 029 casos. Pero, la anterior subió a 2 100. El aumento se dio en Pichincha, Guayas, Manabí y El Oro.

Sobre la positividad (número de test positivos), el funcionario sostuvo que semanas atrás fue de 12,5 pruebas confirmadas para COVID-19. Pero, en los últimos días fue de 15,4%. Es decir, casi tres puntos porcentuales más.

Juan Zapata, presidente del COE Nacional, recordó que estas resoluciones son exigencias para que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) Cantonales emitan la normativa correspondiente, de conformidad con sus competencias, en relación a los lineamientos establecidos. Además, mencionó que “los controles se harán con las intendencias de policía”.

A continuación, el detalle de las resoluciones del COE Nacional:

a) Limitación de aforos: Durante las festividades con motivo de Navidad y Año Nuevo se establezcan limitaciones de aforos de la siguiente manera: mercados, ferias, supermercados, centros comerciales, ferias de emprendimiento con un aforo máximo del 75%. Centros de convenciones, salas de recepciones, locales de eventos, restaurantes, bares, discotecas, centros de tolerancia y afines en lugares cerrados, del 50% y en espacios abiertos del 75%.

b) Medidas de bioseguridad: Vigilar el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, uso permanente de mascarilla, higiene de manos, ventilación adecuada y distanciamiento social.

c) Playas y balnearios: Aquellos cantones que cuenten con playas y balnearios deberán establecer un aforo máximo del 75% y establecer un horario para su uso desde las 06:00 hasta las 18:00.

d) Prohibición de eventos: Prohibir la realización de eventos públicos y privados en espacios públicos, tales como: conciertos, pases del Niño, novenas en espacios públicos, fiestas y bailes populares, festivales, quema de monigotes, verbenas y eventos barriales.

e) Prohibición de consumo de licor: Prohibir la venta y consumo de bebidas alcohólicas y de moderación en espacios públicos.

En Ecuador se detectó el primer caso de Ómicron. Lo confirmó la ministra de Salud Pública, Ximena Garzón, en una rueda de prensa virtual que se efectuó este martes 14 de diciembre de 2021. Esta mutación fue identificada por primera vez en Sudáfrica, el pasado 24 de noviembre del año en curso.

“Es un honor para al Asamblea Nacional tener a los medallistas que son un ejemplo a seguir para el país, el mejor reconocimiento que la Asamblea Nacional puede hacerles a ustedes y a los ecuatorianos es legislar con responsabilidad, para mejorar las condiciones de vida de quienes más lo necesitan”, manifestó la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori Abarca, durante la entrega de reconocimientos a los deportistas que participaron en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokio 2020.

En su intervención, también presentó el proyecto de Ley del Deporte, que contó con la participación de todas las bancadas, así como de los delegados de los Ministerios del Deporte, Salud, Finanzas, Trabajo, Senescyt y del Consejo de Educación Superior. “Estoy cumpliendo mi promesa de servir al deporte y a los deportistas del país, elaboramos este proyecto de la mano de las Glorias del Deporte Ecuatoriano (GLODEC) y con ustedes queridos deportistas”, añadió Guadalupe Llori.

Además, enfatizó que la propuesta de Ley busca garantizar el derecho de los deportistas en los ámbitos de educación superior; laboral y social. En lo concerniente al primer ámbito, la Presidenta sostuvo que se plantea la creación de programas educativos especiales para los deportistas de alto rendimiento, becas, ayudas económicas y acciones afirmativas; en lo concerniente a lo laboral, mencionó que se plantea el derecho a la seguridad social e incentivos para empleadores y trabajadores que fomenten la práctica del deporte; y finalmente la normativa en el ámbito social prioriza la atención medica para los deportistas.

De su lado, Darwin Castro, deportista paralímpico, agradeció a la Asamblea Nacional por el apoyo y respaldo al esfuerzo realizado durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Hizo un llamado al Legislativo para que en la nueva Ley del Deporte se contemple el apoyo a los deportistas con discapacidad, así como una infraestructura adecuada. En este mismo tema, el Comité Paralímpico Ecuatoriano, entregó una placa de reconocimiento a la Presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, por su compromiso a favor del deporte paralímpico y sordolímpico del país.

Christian Sánchez, presidente de GLODEC, presentó sus propuestas a la Ley y exhortó a los legisladores a aprobar una normativa que refleje la realidad que viven cada día los deportistas y promueva verdaderos derechos para el sector deportivo. “No hay mayor homenaje que aprobar una Ley con los criterios técnicos y fundamentales que estamos dotando a la Legislatura”, mencionó el representante de GLODEC

La presidenta del Legislativo, junto a los miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL) y varios asambleístas, entregaron los acuerdos legislativos y las condecoraciones a los deportistas que participaron en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokio 2020.

Hace 73 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que estipula la dignidad inalienable de todas las personas, al igual que sus derechos inherentes y libertades fundamentales y afirma que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

De entonces a ahora, el mundo ha conseguido avances importantes en el ámbito de las garantías fundamentales; sin embargo, esos derechos afrontan actualmente grandes desafíos de los que ningún país está a salvo. Sumada a otras crisis,  la pandemia de COVID-19 coloca al mundo en una coyuntura crítica, alertó este viernes el Secretario General de la ONU en su mensaje con motivo del Día de los Derechos Humanos.

Cadena de retrocesos

“La vulneración de los derechos humanos está muy extendida,(…) La exclusión y la discriminación crecen de forma desmedida. El espacio público está estrechándose. La pobreza y el hambre van en aumento por primera vez en decenios. Millones de niños se ven privados de su derecho a la educación. La desigualdad es cada vez más profunda”, dijo António Guterres.

En el mismo tenor, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos advirtió que la pandemia de COVID-19 ha generado un aumento alarmante de las desigualdades y ha puesto al descubierto muchos fracasos en la consolidación de los avances conseguidos.

“Nos hallamos en una etapa crítica de los asuntos mundiales. La humanidad padece las consecuencias de la pandemia de COVID-19 y se esfuerza por hacer realidad los cambios radicales necesarios para prevenir nuevos desastres medioambientales”, apuntó Michelle Bachelet en un discurso pronunciado durante la efeméride.

Llamado a la acción

Ante esta realidad, la Alta Comisionada y el Secretario General reflexionaron sobre las lecciones aprendidas en más de siete décadas e hicieron un llamado a la acción en favor de los derechos humanos.

En palabras de Bachelet, se trata de “una agenda de acción y de derechos”.

“Nuestra Agenda Común”, presentada por el Secretario General en septiembre de 2021, pugna por un nuevo contrato social anclado en los derechos humanos y pide una solidaridad renovada en todo el mundo.

La Agenda propone profundizar la acción colectiva abordando las causas fundamentales de la inseguridad, aumentando la inversión en resiliencia y sistemas de alerta temprana, desarrollando asociaciones multilaterales y esfuerzos más sostenidos en la consolidación de la paz y la lucha contra los efectos del cambio climático.

Bachelet recordó que a partir de la firma de la Declaración de los Derechos Humanos, el mundo en su conjunto se enriqueció y las expectativas de vida se alargaron. Más niños pudieron ir a la escuela y más mujeres obtuvieron una mayor autonomía.

“Más personas en más países tuvieron más oportunidades de romper los grilletes de la pobreza, la clase, la casta y el género”, recalcó.

El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE) desarrolló un evento en homenaje al Día Internacional de los Voluntarios, que se conmemora en el mundo el 5 de diciembre de cada año.

El encuentro se realizó en las instalaciones de la Dirección de Movilización Militar, con el objetivo de brindar un merecido homenaje a las y los Voluntarios de Protección Civil (VPC) de la Coordinación Zonal 9, quienes trabajan arduamente en beneficio comunitario en materia de gestión de riesgos.

La actividad se efectuó cumpliendo todas las medidas de bioseguridad y aforo dispuesto por el Comité de Operaciones de Emergencia con el fin de evitar la proliferación de la COVID-19.

En la ceremonia se graduaron 4 grupos de voluntarios, pertenecientes a la Universidad Central del Ecuador (UCE) y de un grupo adicional, que cumplieron con los requerimientos del SNGRE.

En el marco del evento se entregaron reconocimientos a integrantes VPC, así como 130 certificados a los nuevos integrantes, que en mayor porcentaje estudian la carrera de Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas de la UCE

La Directora Zonal 9, Alexandra Ron, junto con autoridades de las Fuerzas Armadas del Ecuador, UCE y VPC; resaltaron sobre la importancia del trabajo diario de los Voluntarios y su constante capacitación para salvar vidas en emergencias y desastres.

La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana escuchó la opinión de expertos sobre los proyectos de ley relacionados con la transparencia y acceso a la información pública, como parte del proceso de construcción de un texto socializado con la academia y la sociedad civil, entre otros actores.

Como invitado estuvo Romel Jurado, coordinador general de Relaciones Internacionales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), quien reiteró la necesidad de tener una norma legal que garantice la reserva de la información, en sectores como defensa y financiero, para lo que se requiere precisar cuál es el derecho constitucional del bien jurídico o el interés público que se busca proteger con el acto de reserva.

Consideró que es necesario analizar los riesgos o perjuicios que implicaría para el Estado, la sociedad o los ciudadanos la libre circulación de la información que se va a representar. Comentó que cuando se reserva información, a veces se dice que puede ser perjudicial, por lo que es necesario saber cuáles son los derechos, perjuicios o riesgos que los ciudadanos podrán sufrir en estos casos.

También sostuvo que se requiere un sistema de contrapesos y controles para que las autoridades no reserven de manera arbitraria la información y tampoco se generen riesgos.

Entre tanto, César Ricaurte, director ejecutivo de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (FUNDAMEDIOS), mencionó la importancia de dictar una nueva Ley de Acceso a la Información Pública acorde con la nueva realidad del gobierno digital, abierto, de datos, entre otras herramientas tecnológicas.

Explicó lo que plantea la Ley Modelo 2.0 de la Organización de Estados Americanos acerca de los estándares mínimos que debe tener el órgano garante del derecho al acceso a la información pública, que tendrá la función de promover y garantizar el derecho a la información.

Además, indicó que una de las debilidades de la vigente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública es justamente que el órgano garante ha sido la Defensoría del Pueblo, pero no tiene capacidad sancionatoria en el marco de sus competencias.

Por último, recordó que Fundamedios presentó a finales de año pasado un proyecto de ley en este sentido, mismo que fue calificado y se encuentra en trámite, a la vez que resaltó la apertura y decisión de la Asamblea Nacional para tratar esta iniciativa con la participación de los diversos actores.

La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral continuó el estudio del proyecto de reformas a la Ley de Desarrollo Fronterizo con la participación de actores sociales y especialistas. En esta ocasión escuchó las observaciones de Cecilia Medina, consultora de GTZ Ecuador

El presidente de la Comisión, Ramiro Narváez, enfatizó que la inseguridad y la violencia tienen una correlación directa con la inequidad y la falta de oportunidades, por lo cual mejorar la situación económica de la frontera debería ser un objetivo estratégico de seguridad para el Estado.

Además, puntualizó que la ley requiere cambios fundamentales, de ahí la importancia de escuchar las observaciones y propuestas de todos los sectores involucrados en la estructuración de este marco normativo.

Por su parte, el asambleísta Pedro Velasco enfatizó en la importancia de generar hermanamientos fronterizos y procesos asociativos de coordinación transfronteriza. Sugirió incluir en el proyecto normas que dispongan al Estado fomentar procesos asociativos de coordinación o apoyo entre entidades públicas de países vecinos, que permitan homologar trámites y procedimientos.

En su intervención Cecilia Medina propuso definir las normas para la aplicación de las disposiciones sobre desarrollo de las provincias de fronteras, es decir, comunidades binacionales, fronteras como territorio de paz e integración transfronteriza.

Finalmente, el presidente de la Comisión de Seguridad Ramiro Narváez, agradeció los aportes expuestos por los legisladores y expertos, que servirán como eje fundamental para la construcción de la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo.

“Promover,  respetar y defender los Derechos Humanos,  no es cuestión de ninguna ideología,  no es cuestión de derechas o de izquierdas; es una cuestión de ética,  es una exigencia moral”,  sostuvo la presidenta de la Asamblea Nacional,  Guadalupe Llori Abarca,  durante el evento “Derechos Humanos y Libertades”,  que se realizó en el marco de la conmemoración del septuagésimo tercer aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.  El acto contó con la participación de legisladores,  organizaciones internacionales para las migraciones,  representantes de las Naciones Unidas,  organismos de defensa de derechos humanos,  representantes de pueblos y nacionalidades autoridades de Estado y sociedad civil. 

La Asamblea ratificó observaciones a la Proforma 2022 en beneficio de la salud y la educación

El Pleno de la Asamblea Nacional ratificó las observaciones a la Proforma Presupuestaria para el ejercicio económico del próximo año y a la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2022-2025, respecto de las asignaciones a educación y salud para garantizar el cumplimiento del incremento del 0.5% como establece la Constitución.  Así mismo,  para cumplir el pago de los incentivos a jubilados para saldar progresivamente esta deuda; determinar el financiamiento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social; y,  transparentar los montos específicos a recibir por la venta o “monetización” de activos del Estado. 

El Pleno se pronunció sobre el caso “Pandora Papers”

La Asamblea Nacional resolvió exhortar al Presidente de la República que acuda al Pleno de la Legislatura,  a fin de que explique su posible vinculación sobre la propiedad de bienes y activos en paraísos fiscales,  en contravención a la Ley de Aplicación de la Consulta Popular del 19 de febrero de 2017. Igualmente,  dispone a la Contraloría,  Superintendencia de Bancos,  SRI,  Unidad de Análisis Financiero y Económico que revisen las cuentas bancarias,  participaciones societarias y fiduciarias,  propiedades,  declaraciones de impuestos y patrimoniales del Primer Mandatario.  El informe y el expediente elaborado por la Comisión de Garantías Constitucionales será remitido a los organismos de control para que,  de ser el caso,  inicien las acciones correspondientes y remitan a la presidenta del Legislativo,  Guadalupe Llori,  los avances de los informes cada 30 días,  durante un año. 

El proyecto de ley que garantiza la interrupción del embarazo en caso de violación fue tramitado en primer debate

La Asamblea Nacional tramitó en primer debate el proyecto de Ley para Garantizar el Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en caso de Violación,  presentado por la Defensoría del Pueblo en cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional,  quien dispuso a esa institución preparar dicho proyecto de ley.  Luego de escuchar a más de 20 personas de diversas organizaciones e instituciones que expusieron sus criterios sobre el tema se inició el debate,  que duró cerca de 10 horas.  El proyecto nace de la sentencia de la Corte,  que analizó la constitucionalidad de los artículos 149 y 150 del Código Orgánico Integral Penal,  relativos a la penalización del aborto consentido en casos de mujeres víctimas de violación. 

El MSP informa a los pasajeros que arriban al país desde el exterior, que se encuentra vigente la nueva normativa establecida en el protocolo, lineamientos para puntos de entrada al Ecuador, ingreso por fronteras aéreas, por tanto, deberá cumplirse con las siguientes disposiciones:

Ingreso al Ecuador continental por fronteras aéreas

Toda persona que ingrese al Ecuador continental por vía aérea internacional deberá presentar de manera obligatoria la Declaración de Salud del Viajero de forma digital al embarcar a la aerolínea, está disponible en el siguiente link: https://bit.ly/FormularioSaludDelViajero/, si no se encuentra disponible la plataforma puede presentar el formulario físico. Cabe mencionar que los viajeros que llenen el formulario digital ya no requieren presentar el formulario en el punto de entrada al Ministerio de Salud.

Todo pasajero que ingrese al país, mayor de 16 años, deberá presentar de manera obligatoria el carné de vacunación contra la COVID-19 con al menos 14 días de vigencia después de completar el esquema y el resultado negativo de prueba cualitativa RT-PCR en tiempo real realizada hasta 72 horas previo al embarque al Ecuador. Los tripulantes están exentos de estos requisitos. Para niños entre 2 y 16 años deberán presentar el resultado negativo de prueba cualitativa RTPCR en tiempo real realizada hasta 72 horas previo al embarque al Ecuador.

Se prohíbe la entrada a territorio nacional a toda persona cuyo punto de origen, escala o tránsito sea Sudáfrica, Namibia, Lesoto, Zimbabue, Botswana y Eswatini, Mozambique, Egipto. Los ciudadanos y residentes legales permanentes en Ecuador que estuvieron en uno de los países descritos en líneas anteriores, en los últimos 14 días, si, podrán ingresar al país, para el efecto deberá contar con resultado negativo de prueba cualitativa RT-PCR en tiempo real realizada hasta 72 horas previo al embarque al Ecuador; al entrar al país debe cumplir una cuarentena de 14 días independientemente del su estado de vacunación.

Los pasajeros ecuatorianos que fueran declarados como INADMITIDOS en otros países y que regresan al Ecuador, no deberán presentar una prueba cualitativa RT-PCR sin embargo, el Ministerio de Salud Pública realizará prueba rápida de antígeno al momento de su arribo al país.

Todo pasajero que durante el vuelo o al momento arribo al Ecuador presente síntomas relacionados a la COVID-19, (alza térmica, tos, malestar general, pérdida del olfato, pérdida del gusto, entre otros.) independientemente del resultado de la prueba cualitativa RT-PCR, será evaluado por el personal del Ministerio de Salud Pública, previo al ingreso al área de migración.

Si se determina que es un «caso sospechoso», se procederá a la realización de una prueba rápida de antígeno (hisopado nasofaríngeo), de ser positiva, deberá realizar catorce (14) días de aislamiento después de la fecha de toma de muestra en su domicilio o en cualquier sitio de alojamiento a libre elección y a costo del viajero. Para el seguimiento, deberá informar sobre los contactos, esta información deberá constar en la Declaración de Salud del Viajero. En el caso de que la prueba rápida de antígeno sea negativa, el pasajero no deberá realizar aislamiento, pero  informará de sintomatología sugestiva de la COVID-19.