Hechos Ecuador

En la Comisión del Derecho a la Salud el presidente del Consejo Directivo del IESS, Francisco Cepeda, se refirió a la situación generada por la falta de medicamentos, los procesos de derivaciones y la situación del personal de salud.

Informó que han realizado una hoja de ruta y consideran que hasta finales del año aspiran que el nivel de abastecimiento de medicamentos llegue al 80%, con lo cual el problema se quedará muy focalizado en ciertos tipo de medicinas y enfermedades.

Aseguró que, se ha hecho un importante avance en compras por subasta por ínfimas cuantías. Sin embargo, existe un problema focalizado en el Hospital Carlos Andrade Marín, en el que apenas están con el 28%, que es el caso más preocupante a nivel nacional. Detalló que el Teodoro Maldonado Carbo cuenta con niveles de disponibilidad del 60%; el José Carrasco Arteaga con el 68%; el Hospital General del Sur, con el 83%; y, en el de los Ceibos con el 85%.

Cepeda comentó que han firmado la compra para la medicina necesaria para el tratamiento de distrofia muscular, misma que llegará el 18 de diciembre y que las enfermedades catastróficas, raras, huérfanas son temas puntuales que no se pueden manejar en un sistema de compras en manera general.

Aseguró que están trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud para adquirir toda clase de medicamentos a distribuidores y farmacéuticas, sin necesidad de pasar por el catálogo del Sercop.

Las preocupaciones de los legisladores estuvieron relacionadas con las compras de medicación a terceros; la atención oportuna a los pacientes, el futuro laboral de los médicos que terminan sus contratos de trabajo en diciembre; presupuesto transferido al IESS y mecanismo para superar la deuda; dispensarios sin implementos médicos, personal técnico y administrativo.

También destacaron la necesidad de cambiar la estructura del IESS en todos los ámbitos competentes; establecer la responsabilidad de las autoridades para corregir las falencias y garantizar el derecho a la salud de los afiliados, jubilados y pensionistas.

Félix Galarza, de la Alianza Nacional de la Salud y paciente con distrofia muscular, dijo que es importante la salud y la calidad de vida de los pacientes con enfermedades de alta complejidad por lo que necesitan una pronta atención a sus demandas.

Previamente, el presidente de la Comisión, Marcos Molina, pidió soluciones y no evadir ni trasladar responsabilidades a otros por la falta de medicamentos en el sistema público de salud.

A la sesión también acudió la ministra de Salud, Ximena Garzón, para dar respuestas a las demandas ciudadanas ante la falta de medicamentos. Los asambleístas resaltaron la presencia de la ministra pese a estar con un proceso de disfonía. No obstante, suspendieron su participación para una próxima ocasión, considerando su estado de salud.

Estas comparecencias responden a la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL), que dispuso a la Comisión que investigue la actuación de los servidores públicos inmersos en los casos de escasez de medicamentos para el tratamiento de personas con discapacidad y con enfermedades catastróficas, raras y huérfanas, así como la situación de la atención hospitalaria y el abastecimiento del cuadro nacional de medicamentos básicos en el Sistema Nacional de Salud.

Pese a que todavía se desconoce la respuesta a varias preguntas cruciales sobre la evolución y el tratamiento de la variante ómicron del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud emplazó este miércoles a todos los países del mundo a actuar con rapidez ya que los próximos días y semanas determinarán el desarrollo de la variedad del virus.

“Si los países esperan a que sus hospitales empiecen a llenarse, será demasiado tarde. No esperen. Actúen ahora”, destacó el director general de la Organización, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante la rueda de prensa semanal donde se analiza la situación del COVID-19 a nivel mundial.

El mensaje de Tedros lo replicó y amplió posteriormente la doctora Maria Van Kerkhove, la epidemióloga líder de la agencia.

“No estoy hablando de reaccionar en enero o febrero. Pero en la forma en que los países, reaccionen ahora determinará cómo se desenvuelve ómicron. No importa lo que descubramos en términos de su transmisión, su gravedad, su impacto en nuestras contramedidas”, explicó.

Van Kerkhove continuó su razonamiento insistiendo en la importancia de actuar con rapidez y de actuar con firmeza.

“Y no me refiero a un confinamiento, sino a la utilización de herramientas de salud pública de eficacia probada para reducir la transmisión en las zonas en las que ésta es elevada y para mantenerla baja en las zonas en las que la transmisión es baja, ya que la situación sigue siendo muy diversa en todo el mundo y (la variante) delta sigue siendo dominante a nivel mundial”, destacó.

Ómicron ya se encuentra en 57 países… de momento

El doctor Tedros indicó que ya se ha notificado la presencia de ómicron en 57 países, una cifra que cree que aumentará, y señaló que algunas de las propiedades de la variante, como su propagación global y el gran número de mutaciones, sugieren que podría tener un gran impacto en el curso de la pandemia, aunque todavía se desconoce su alcance.

Tras señalar que el rápido aumento del número de casos en Sudáfrica se produjo cuando la transmisión de la variante delta era muy baja, “por lo que tenía poca competencia”, destacó la importancia  de seguir de cerca la evolución de a nivel mundial de ómicron “para entender si puede superar a delta”.

“Por ello, pedimos a todos los países que aumenten la vigilancia, las pruebas y la secuenciación. Las pruebas de diagnóstico existentes funcionan, tanto la PCR como las pruebas rápidas basadas en antígenos. Los recientes datos de Sudáfrica sugieren un mayor riesgo de reinfección con ómicron, pero se necesitan más datos para sacar conclusiones más firmes”, apuntó.

Del mismo modo, dijo que ya hay algunas evidencias de que ómicron provoca un cuadro más leve que Delta, pero que todavía es demasiado pronto para confirmarlo definitivamente.

“Cualquier tipo de complacencia en este momento costará vidas. Muchos de los que no mueran podrían quedar luchando contra la larga COVID, o condición post-COVID, una enfermedad con síntomas debilitantes y persistentes que sólo estamos empezando a comprender”, alertó.

El descontrol de ómicron puede afectar a los sistemas sanitarios

«Denunciamos públicamente la actuación de otro sector de la bancada Pachakutik, quienes, encabezados por Guadalupe Llori y Rafael Lucero vienen actuando abiertamente protegiendo los intereses del Gobierno», denunció la Conaie.

Punto Noticias.- La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) denunció que varios asambleístas de la bancada de Pachakutik como la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori o el coordinador del bloque, Rafael Lucero están «protegiendo los intereses del Gobierno».

A través de un pronunciamiento público, la organización indígena respaldó el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales sobre la investigación del caso Pandora Papers y resaltó que esta indagación «no se constituye como un intento de «golpismo, desestabilización, ni caos”.

La Conaie apoyó la decisión de los asambleístas de Pachakutik que sí votaron a favor de este informe durante la sesión del Pleno de ayer y rechazó la decisión de otros legisladores de esta misma bancada de votar en contra de este documento, por lo que anticipó que estas posiciones opuestas serán analizadas por las bases de esta organización.

«Denunciamos públicamente la actuación de otro sector de la bancada Pachakutik, quienes, encabezados por la presidenta Guadalupe Llori, el jefe de bloque, Rafael Lucero y la Dirección Nacional del Movimiento Pachakutik, vienen actuando abiertamente protegiendo los intereses del Gobierno, contrarios a los principios y al proyecto político del Movimiento Indígena y organizaciones sociales, que nos deja en una posición de incoherencia total frente al pueblo», dicta la misiva.

De esta manera, la Conaie hizo un llamado al presidente Guillermo Lasso a dar la cara al país y responder sobre los Papeles de Pandora, llamado que lo reiteró el presidente de esta organización Leonidas Iza, quien, a través de su cuenta de Twitter, exigió respuestas al primer mandatario.

La Asamblea Nacional, con 132 votos afirmativos, censuró y destituyó al superintendente de Compañías, Valores y Seguros, Víctor Anchundia, tras el juicio político seguido en su contra por los asambleístas Ricardo Vanegas y Luis Almeida, por incumplimiento de las funciones asignadas en la Constitución y la Ley.

En el texto resolutivo se dispone la respectiva notificación al Ministerio de Trabajo, a fin de que registre el impedimento de Anchundia para ejercer cargo público por el lapso de dos años.

Igualmente, dispuso remitir todo lo actuado a la Fiscalía General para que tome como insumo en la investigación abierta e inicie nuevas investigaciones sobre las actuaciones de los distintos directorios del Instituto de Seguridad Social de la Policía (ISSPOL), en las decisiones que encaminaron el perjuicio a la institución. También, se enviará el expediente a la Contraloría General del Estado para que inicie un examen especial sobre las actuaciones de las intendencias de Intervención del Mercado de Valores y de Seguros, así como al Servicio de Rentas Internas (SRI), con el fin de que revise la determinación tributaria sobre las presuntas irregularidades aportadas en este proceso.

En su intervención, los interpelantes se ratificaron en sus acusaciones en el sentido que el funcionario incumplió lo dispuesto en el artículo 78 del Código Orgánico Monetario y Financiero, que obliga a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a ejercer la vigilancia, auditoría, intervención, control y supervisión del mercado de valores, del régimen de seguros y de las personas jurídicas de derecho privado no financieras, para lo cual se regirá por las disposiciones de la Ley de Compañías, Ley de Mercado de Valores, Ley General de Seguros, Código Orgánico Monetario y Financiero, y las regulaciones que emita la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

Además, insistieron en que el perjuicio para el Instituto de Seguridad Social de la Policía (ISSPOL) no solo es económico, sino moral. En total, son cerca de 990 millones de dólares que se invirtieron irregularmente, en perjuicio de 90 mil familias que hoy no pueden solicitar préstamos quirografarios, hipotecarios, entre otros beneficios, porque el dinero no está en las arcas de la institución.

De su lado, Víctor Anchundia recordó que este problema inició antes de que asuma su cargo como Superintendente de Compañías y que las operaciones efectuadas por ISSPOL no eran materia de control del ente de Compañías, sino de la Superintendencia de Bancos. Añadió que a partir del 20 de agosto de 2020 tomó acciones que incluyeron la denuncia penal ante la Fiscalía, la cual está en curso.

En el debate participaron cuatro legisladores, quienes se refirieron a los argumentos de cargo y de descargo presentados en el juicio político. Solo la asambleísta Nathalie Viteri consideró que el señor Anchundia no tenía responsabilidad sobre las acusaciones, por lo cual se abstuvo en la votación.

Los abogados buscan que su defendido, condenado a pena de muerte por el asesinato de cuatro personas, pueda retornar a Ecuador.

6 de diciembre, 2021 - 15h41

La defensa de Nelson Serrano, ecuatoriano de 82 años sentenciado a pena de muerte en el estado de La Florida por el asesinato de cuatro personas en 1997, pide al presidente Guillermo Lasso asistencia diplomática en Estados Unidos para “salvar” su vida, debido a su avanzada edad y el deterioro en su salud.

Los abogados señalan que la asistencia diplomática ante la justicia estadounidense debería comprender seis acciones: la emisión de un exhorto al Gobierno estadounidense para que la justicia del estado de Florida despache los recursos de resentencia que ha dilatado injustificadamente.

La solicitud al Gobierno de Estados Unidos para que conmine a las cortes de Florida a fijar una fecha definitiva para la audiencia de resentencia; el requerimiento al Gobierno de Estados Unidos para que cumpla con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CDIH), entre las que están su liberación.

Además, la exigencia a la justicia estadounidense de garantizar los derechos a la dignidad humana de Serrano en seguridad, y atención médica y oportuna, en prisión; la ratificación de la posición de Ecuador sobre el secuestro a Nelson Serrano, así como de las graves violaciones a sus derechos humanos cometidas.

Finalmente, piden que se señale, de manera expresa, que la soberanía del país fue violada, y que se atentó contra los derechos humanos de Serrano, como son la libertad, la justicia y el debido proceso; por lo que, como medida de reparación, se debe pedir el regreso al Ecuador para seguir “legalmente un juicio”.

Tras cerca de veinte años de la detención de Serrano en Ecuador y su traslado a una cárcel en Estados Unidos, su defensa insiste en que este acto fue ilegal y que el proceso judicial tuvo muchas irregularidades. 

Los conflictos,  la crisis climática,  las enfermedades y la crisis socioeconómica debida a la pandemia de COVID-19 seguirán empujando a más gente a depender de la ayuda de emergencia y a necesitar protección en 2022, cuando las personas con requerimientos vitales llegarán a 274 millones,  alertó este jueves la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA). 

El año pasado,  esa cantidad se cifró en 235 millones,  lo que implica un aumento de casi 17% en tan sólo 12 meses. 

Para aliviar las necesidades más urgentes de 183 millones de esas personas durante el año próximo,  la ONU requerirá 41.000 millones de dólares,  con un programa tres veces mayor que el de 2021 debido a las crecientes necesidades. 

De acuerdo con el Panorama Humanitario Global para 2022, la población que precisa asistencia básica vive en 63 naciones y,  sumada,  equivaldría al cuarto país más poblado del mundo. 

El informe destaca el deterioro de la situación humanitaria en América Latina y el Caribe.  Hace cinco años,  sólo Haití tenía un Plan de Respuesta Humanitaria,  mientras que ahora hay seis en toda la región.  La ONU pide 2500 millones de dólares para asistir a los venezolanos tanto en su país como emigrados,  200 millones para Colombia,  114 millones para El Salvador,  153 millones para Guatemala y 143 millones para Honduras. 

Los pobres son los primeros y más afectados

En la presentación del informe en Ginebra,  el jefe de OCHA,  Martin Griffiths afirmó que el cambio climático está afectando “primero y de peor manera” a las personas más pobres y vulnerables del mundo. 

Además,  se refirió a la prolongación de los conflictos y la inestabilidad en países como Etiopía,  Myanmar y Afganistán,  que han empeorado la precaria situación de sus respectivas poblaciones. 

“Y por supuesto,  la pandemia de COVID-19 no ha desaparecido”,  dijo,  lamentando que los países pobres sigan sin tener acceso a las de vacunas. 

Griffiths señaló que las vidas y los medios de subsistencia individuales,  la estabilidad nacional y regional y décadas de desarrollo están en peligro y advirtió que el costo de la inacción ante estos retos es alto. 

Rayo de esperanza

“Mi objetivo es que este llamamiento pueda ayudar de alguna manera a restaurar un rayo de esperanza para millones de personas que lo necesitan desesperadamente”,  apuntó. 

El estudio destaca que más del 1% de la población mundial ha debido desplazarse y que la pobreza extrema se incrementa nuevamente. 

Recuerda también que,  en la mayoría de las crisis,  las mujeres y las niñas son las que más sufren,  que aumentan las desigualdades de género y,  con ello,  los riesgos que corren,  por lo que necesitan protección. 

Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Secretario General de la ONU destaca que el “COVID-19 ha dejado al descubierto las persistentes barreras y desigualdades a las que se enfrentan los mil millones de personas con discapacidad del mundo”.

Según Guterres, una respuesta inclusiva a la pandemia “debe estar guiada por las propias personas con discapacidad”.

Asimismo, debe “forjar alianzas, abordar la injusticia y la discriminación, ampliar el acceso a la tecnología y fortalecer las instituciones a fin de crear un mundo pos-COVID-19 más inclusivo, accesible y sostenible”.

Derechos Humanos

Alrededor del 80% de las personas con discapacidad viven en países en desarrollo. Se calcula que el 46% son personas mayores de 60 años, advierte la ONU.

Una de cada cinco mujeres tiene probabilidades de tener una discapacidad durante su vida, mientras que en el caso de los niños es de uno de cada diez.

Para responder a las necesidades de estas personas, el Secretario instó a todos los países a que apliquen plenamente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Los gobiernos, agregó, deben trabajar para ofrecer mayor accesibilidad y eliminar “las barreras jurídicas, sociales, económicas”.

" Haciendo efectivos los derechos, la capacidad de actuar y el liderazgo de las personas con discapacidad podremos promover nuestro futuro común", argumentó. " Necesitamos que todas las personas estén incluidas en el proyecto de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible".

Guterres concluyó diciendo que las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan trabajan en todo el mundo para hacer realidad una demanda clave: "Nada sobre nosotros sin nosotros".

El mundo digital

La directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) se refirió igualmente a la pandemia en su mensaje.

“Al trasladar una parte de nuestra vida a internet, los confinamientos también han puesto de manifiesto otra serie de desigualdades que afectan a las personas con discapacidad: las relacionadas con la tecnología y el mundo digital, " puntualizó Audrey Azoulay.

Añadió que el 68% de los países cuenta con una definición de educación inclusiva y sólo el 57% de esas definiciones abarcan múltiples grupos marginados, según el Seguimiento de la Educación en el Mundo de 2020.

Finalmente, indicó que estos son algunos de los temas que se tratarán en la próxima Cumbre Mundial sobre la Discapacidad, que, con el respaldo de la ONU, coordinan conjuntamente Ghana y Noruega en febrero.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), a través de su cuenta de Twitter, criticó la falta de respuestas del Gobierno a sus pedidos. En la plataforma virtual, escribió que desde hace seis meses, el movimiento indígena y los sectores sociales desarrollaron propuestas sobre temas de interés nacional.

Indican que ellos fueron “al diálogo con el Gobierno”, pero el presidente Guillermo Lasso, hasta la fecha, no les ha dado ninguna respuesta. “Ante esto, ratificamos la resistencia”, señalan.

En la publicación, la CONAIE adjunta un video, en el que muestran unas declaraciones de la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, el 10 de noviembre del 2021. Ahí la funcionaria manifiesta que, desde el Ejecutivo, se dará el diálogo. “Para llegar a una definición de estos temas, más o menos, en un lapso de entre dos y tres semanas”.

Luego el video muestra pequeños fragmentos de entrevistas del vocero presidencial, Carlos Jijón. “Hay la posibilidad que, después de 15 días, el gobierno revise todas las cifras, haga todos los análisis”, indica. Y en otra declaración, del 22 de noviembre, Jijón señala que, esa semana, el Gobierno hará conocer su decisión.

Finalmente, el video culmina con Eduardo Bonilla, Secretario de Comunicación del Gobierno, quien, el 2 de diciembre del 2021, indica que la ministra del gobierno es quien dará la respuesta, “en su momento”.

La última reunión entre el Gobierno y el movimiento indígena se realizó el miércoles 10 de noviembre del 2021. En la cita, no se llegó a acuerdos concretos, pero se comprometieron a reunirse luego de 15 días. Es decir, el jueves 25 de noviembre. En la nueva cita, el Ejecutivo daría respuesta a los pedidos realizados, especialmente en el tema de los precios de los combustibles. Sin embargo, esta última reunión y la respuesta del Gobierno aún no han llegado.

La Comisión de Fiscalización y Control Político, con el voto unánime de sus integrantes, resolvió recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional, proceda al enjuiciamiento político, censura y destitución de Víctor Anchundia, superintendente de Compañías, Valores y Seguros, por incumplimiento de funciones establecidas en la Constitución y la ley, conforme las acusaciones formuladas por los legisladores Ricardo Vanegas y Luis Almeida.

El organismo considera que el funcionario incumplió lo dispuesto en el artículo 78 del Código Orgánico Monetario y Financiero, que obliga a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a ejercer la vigilancia, auditoría, intervención, control y supervisión del mercado de valores, del régimen de seguros y de las personas jurídicas de derecho privado no financieras, para lo cual se regirá por las disposiciones de la Ley de Compañías, Ley de Mercado de Valores, Ley General de Seguros, Código Orgánico Monetario y Financiero, y las regulaciones que emita la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

Así mismo, infringió lo previsto en el Estatuto Orgánico de Procesos de la Superintendencia, que entre las funciones, determina la obligación del Superintendente de ejercer, personalmente o por medio de los funcionarios de la institución a quienes delegue, el control e inspección de las actividades de las compañías sujetas al régimen de la Ley de Compañías y de la Ley de Mercado de Valores.

En el informe, la Comisión resume los testimonios de cerca de 40 funcionarios públicos, directivos de entidades privadas y empresas, pruebas que fueron solicitadas por los proponentes del juicio político. Se reafirma que durante la sustanciación del proceso se respetaron los principios del debido proceso y del derecho a la defensa por parte del funcionario encausado.

Así mismo, la Comisión entre otros temas recomienda que la Asamblea remita el informe, con la documentación de sustento, a la Fiscalía General del Estado, para que, dentro del marco de sus competencias, analice e incorpore, como aporte en las indagaciones e investigaciones abiertas referentes al caso del Instituto de Seguridad Social de la Policía (ISSPOL). Además, sugiere que se investigue a los funcionarios miembros de los directorios del ISSPOL y su participación en la toma de decisiones que encaminaron al perjuicio a dicha institución.

Se propone, igualmente, remitir el informe a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) con el fin de aportar en el seguimiento de la ruta del dinero del ISSPOL y los indicios que encuentre en la configuración del mismo.

De conformidad con lo estatuido en el artículo 83 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, una vez difundido el informe, en el plazo de cinco días, la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, deberá incorporarlo en el orden del día para consideración del Pleno.

Este viernes, 3 de diciembre, la Comisión de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes recibió a profesionales en Derecho para escuchar sus observaciones al proyecto de Código de Protección de Niñez y Adolescencia (COPINNA).

La presidenta de la mesa legislativa, Pierina Correa, explicó que es necesario realizar una revisión profunda del Código, tomando en cuenta los aportes de la ciudadanía, organismos de la sociedad civil, colegio de abogados, entre otros.

La legisladora informó que la mesa legislativa decidió pedir a la presidenta de la Asamblea Nacional, una prórroga del plazo para presentar el informe para segundo debate.

En la sesión de hoy participaron representantes del Colegio de Abogados del Guayas. Luis Ángel Toala presentó varias observaciones sobre la custodia de los hijos y la convivencia familiar. Sostuvo que no solo padre y madre puedan compartir con sus hijos, sino también familiares.

Entre tanto, Ricardo Prado expresó su preocupación por los recortes al presupuestos de salud, educación y los programas dedicados a la protección de la sociedad vulnerable, a la vez advirtió que hasta el momento no se determina el presupuesto para este sistema de protección.

Así mismo, el jurista Juan Carlos Paz explicó la importancia de velar por el bienestar de las niñas y niños, procurando que este segmento de población esté protegido.