Hechos Ecuador

En el salón José Mejía Lequerica, de la Asamblea Nacional se desarrollo el Foro por del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, evento organizado por el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, con la participación de mujeres ponentes magistrales nacionales e internacionales.

La asambleísta Ana Herrera Gómez, presidenta del Grupo Parlamentario por los Derechos de la Mujeres, señaló que la realidad que viven las mujeres muestra las diferentes formas de violencia que afecta de una u otra forma a todas, sean urbanas, rurales, jóvenes, afros indígenas GLBT, niñas, jóvenes, adultas o con discapacidad, que son víctimas de violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica, política, gineco obstetra y el femicidio, como la expresión más extrema de la violencia y que, a octubre, se registran 176 mujeres asesinadas según la Función Judicial.

Igualmente Alison Vásconez, especialista del Programa ONU Mujeres Ecuador, mencionó que se requiere con urgencia encontrar mecanismos para cambiar las estructuras sociales que sostienen el patriarcado. También sugirió interpelar las estructuras de la convivencia social, familiar, política, económica, cultural y, con ello demandar un trato igualitario en derechos y a la vida de cada mujer.

Paula Mina, de Fundación ESQUEL, manifestó que en los procesos internos de los partidos políticos entre practicas y omisiones existe violencia política en contra de las mujeres, impactando negativamente su trayectoria y carrera política. Añadió que el ámbito familiar no está exento de estas formas de violencia que disminuye la participación de las mujeres.

Rocio Rosero coordinadora de la Coalición Nacional de Mujeres, en su intervención, expresó que la sociedad necesita justicia, verdad y reparación para llegar a una sociedad de equidad.

Para finalizar el foro, la legisladora Mireya Pazmiño hizo un llamado a la lucha y a la unidad, para que la violencia de genero vaya quedando en la historia.

La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana aprobó, con 9 votos, el informe relacionado con la problemática en la dotación del servicio de energía eléctrica, en la zona norte de la parroquia Molleturo, provincia del Azuay sobre la base de la comparecencia del gerente general de la Corporación Nacional de Electricidad, (CNEL EP) Marcos Vásquez Freire.

En el informe se recalca sobre los deberes y responsabilidades de los funcionarios públicos así como la presentación de los informes requeridos y que estén relacionados con las tareas bajo su responsabilidad.

Se advierte que en la respuesta del funcionario del CNEL se puede evidenciar las acciones implementadas y los proyectos planificados sobre el abastecimiento del servicio eléctrico en la zona norte de Molleturo. Concluye que las respuestas son satisfactorias, sin perjuicio de la fiscalización a futuro que se realice a dicha entidad en aras de verificar lo propuesto.

Al documento se incorporó la sugerencia del presidente de la Comisión, Ferdinan Álvarez, para que realice un proceso de fiscalización periódica y que cada tres meses comparezca el Gerente General de CNEL, autoridades pertinentes y ciudadanía a la mesa legislativa, para vigilar el cumplimiento de la asignación presupuestaria, dotación del servicio de energía eléctrica, mantenimiento y cumplimiento de la planificación de nuevos proyectos.

Rodrigo Fajardo insistió en la importancia de dar seguimiento al tema y planteó la comparecencia del Ministro de Energía para que presente la información, mientras que la asambleísta Nathalie Viteri apoyó la propuesta del Presidente de la Comisión y sugirió que las personas que presentaron la queja informen si fueron atendidas satisfactoriamente.

El documento será notificado a la Gerencia General de la Corporación Nacional de Electricidad, al Consejo de Administración Legislativa y al asambleísta Rodrigo Fajardo, para que se dé cumplimiento a lo resuelto por la Comisión.

La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales recibirá mañana, a las 09h00 a la ministra de Educación, María Brown y al director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Nelson García, a fin de que informen sobre el estado de los pagos de aportaciones e incentivo jubilar a  los educadores populares.

Los educadores populares del país exigen el pago inmediato en efectivo de los valores pendientes por concepto de aportes a la Seguridad Social y fondos de reserva en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Reformatoria de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).

La Comisión también tiene previsto recibir a los vocales del Consejo Nacional Electoral, para que informen los resultados del concurso público de méritos y oposición para la designación de los miembros del Consejo de Educación Superior (CES) y del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES) para el periodo 2021-2026.

El Ministerio de Educación en coordinación con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) actualizó y validó de manera obligatoria los valores adeudados, que garantizarán el derecho a la Seguridad Social para aquellos educadores comunitarios y populares que acrediten su condición y para quienes se encuentren en trámite de verificación de sus documentos ante el IESS.

El Gerente del Banco Central, Guillermo Avellán, aseguró que la nueva metodología para el cálculo de las tasas de interés para el sistema financiero nacional entrará en vigencia en la segunda semana de diciembre de 2021.

Según explicaron las autoridades, con este nuevo sistema de cálculo se podrán reducir las tasas de interés para créditos en bancos, cooperativas e instituciones financieras a nivel nacional.

Aunque, en primera instancia, se tenía previsto que esta metodología entre en funcionamiento en los primeros días de octubre, eso no se cumplió. El 12 de octubre la Asamblea Nacional designó y posesionó a los miembros de la Junta de Regulación y Política Monetaria y de la Junta de Regulación y Política Financiera, con esto, la nueva metodología de tasas de interés deberá regir desde el 12 de diciembre de 2021.

El Gerente del Banco Central del Ecuador (BCE) aseguró que este nuevo cálculo se basará en cinco criterios técnicos.

“El primero es costo del fondeo o el costo de financiamiento de las instituciones financieras. El segundo es el costo del capital, es decir, la rentabilidad de los propietarios. El tercero son los costos fijos de las instituciones. El cuarto son los costos operativos variables y el quinto es el riesgo crediticio del cliente”.

Para concluir, Avellán indicó que, con la nueva metodología, se buscaría incluir tasas más competitivas en cada uno de los 13 segmentos crediticios, promover la inclusión financiera y combatir el financiamiento ilegal.

Al tener apenas al 39% de su población inoculada con las dosis completas contra la Covid-19, Morona Santiago es la provincia más rezagada en ese proceso.

Según las cifras oficiales del Ministerio de Salud Pública (MSP), 79.000 de los casi 201.000 habitantes de esa provincia están inoculados. La brecha con el resto de provincias es grande. Le siguen Pastaza con el 47% y Cañar con el 50%. Mientras, las provincias más vacunadas son Galápagos con el 77% y Pichincha con el 71%. Guayas registra un 57%.

La situación en el interior de Morona Santiago es preocupante. Taisha es el cantón con menor porcentaje de vacunación, pues llega apenas al 5%, es decir, que solo 1 de cada 20 personas ha completado el esquema de vacunación. Tiwintza tiene el 16% y Logroño el 17%.

Para el epidemiólogo Marcelo Aguilar, esto es algo que debería preocupar a todo el país, debido a que las poblaciones no vacunadas son susceptibles de adquirir la enfermedad y pueden dispersar la transmisión a otros no vacunados o de baja inmunidad en zonas vecinas.

María Pillajo, representante de la Estrategia Nacional de Inmunizaciones (ENI) en los distritos de Limón Indanza y Tiwintza, dijo que existe una reducida cifra de inoculaciones en estas zonas del país debido a la desinformación que ha girado en torno al coronavirus y los mitos que se han desarrollado con relación a la vacuna.

Entre los mitos más populares difundidos por redes sociales constan, por ejemplo, que “la vacunación habría sido creada para que la etnia shuar sea exterminada, o que, incluso, vacunarse podría dejar estériles a los varones”.

Arutam Antunish, que pertenece al cantón Limón Indanza, contó que su familia y amigos dudan en vacunarse, pues sus parientes creen tener más fortaleza física y biológica para soportar esa enfermedad.

Al respecto, el coordinador de Amazon Watch en Ecuador, Carlos Mazabanda, enfatizó que la reticencia de las comunidades indígenas amazónicas hacia la vacuna se debe a que el Gobierno no ha difundido suficiente información, que a su parecer debería estar adaptada a la cultura indígena.

“Hay once nacionalidades indígenas en la Amazonía, cada una con su propio idioma; todas culturalmente diferenciadas. Se deben preparar materiales comunicacionales de manera sensible para que puedan entender la importancia de vacunarse”, precisó.

A su vez, la Confederación de Nacionalidades Indígenas y Amazónicas del Ecuador (Confeniae), la Federación Interprovincial de Centros Shuar (Ficsh) y otras organizaciones prepararon una campaña para transmitir en la radio.

Luis Nawech, presidente de la Ficsh, forma parte de este proceso. Él es optimista. Dice que la gente está perdiendo el temor y que ya se está vacunando.

Incluso, la distancia entre las comunidades es un factor que hace que la vacunación no sea ágil, por ejemplo, para llegar a Tamanzta, una de las comunidades más lejanas en Taisha es un largo recorrido.

Delis Santos, encargada de la vacunación en ese cantón, contó que deben viajar en avioneta por unos 20 minutos y luego caminar tres horas por la selva.

La especialista de la ENI María Pillajo explicó que en Tiwintza se aplican tres estrategias: la primera es vacunar a las personas que voluntariamente se acerquen al establecimiento de salud para recibir su dosis; la segunda es inocular en lugares con gran afluencia; y la tercera, visitar a los pobladores puerta a puerta.

El MSP reportó pocos casos confirmados de coronavirus en Morona Santiago, en referencia a otras provincias. El último reporte de casos confirmados señaló 6.993.

EP Petroecuador y Corpetrolsa S.A. suscribieron un contrato para el servicio de recepción, transporte, almacenamiento y despacho de productos derivados de petróleo, por un plazo de 15 años.

Es la primera vez que EP Petroecuador firma un convenio de estas características con la empresa privada, que permitirá optimizar los recursos existentes a través de la utilización de la infraestructura de la estatal petrolera, tal como lo establece el Decreto Ejecutivo 1158, cuya Disposición General Cuarta señala que “las empresas públicas deberán facilitar la infraestructura a cambio del pago de una tarifa razonable por volumen y permanencia, para la importación, recepción transporte y almacenamiento, y despacho de combustibles, con su costo y margen. La tarifa será establecida por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables”.

El acto contó con la presencia del Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Juan Carlos Bermeo, el Gerente General de EP Petroecuador, Pablo Luna y el representante legal de Corpetrolsa S.A, Jairo Molina.

El Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Juan Carlos Bermeo Calderón, informó que este acuerdo comercial se enmarca en el Decreto 95, suscrito en julio pasado, beneficiará a las dos partes y generará ingresos para la empresa pública y el país. “Para la ejecución de este contrato, se podrán utilizar los muelles petroleros de Esmeraldas, La Libertad y Tres Bocas, además de los poliductos, los terminales y refinerías, todos estos activos pertenecientes a EP Petroecuador. Estamos buscando las mejores opciones para que vengan las nuevas inversiones al sector hidrocarburífero, poniendo en práctica lo que establece el Decreto 95 y utilizando la infraestructura existente”, dijo.

Por su parte, el Gerente General (S) de EP Petroecuador, Pablo Luna, explicó que el cobro de tarifas, se basará en lo establecido por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARC). “Existe una tarifa diferenciada por el uso de cada segmento de la infraestructura, lo que permite a las empresas realizar planes piloto y a EP Petroecuador cobrar por el uso diferenciado, es decir existe la opción de la tarifa única USD 0.027665 por galón, que será aplicable siempre y cuando se cumpla con la distribución del producto en todos los terminales que se consideraron para la fijación de la tarifa”, afirmó.

Cabe destacar que el 6 de septiembre de 2021, la compañía Corpetrolsa S.A. fue calificada y autorizada para el ejercicio de las actividades de abastecimiento de derivados de hidrocarburos, biocombustibles, sus mezclas incluidos GLP y gas natural, en todos los segmentos de mercado. EP Petroecuador garantizará que la calidad de los derivados de hidrocarburos a entregarse en los puntos de despacho, se encuentre dentro de las especificaciones técnicas conforme lo estipulado en este contrato. Además, la empresa privada podrá importar los derivados que desee, siempre que cumpla con las normas NTE INEN.

Con la finalidad de elaborar un plan de acción emergente que ayude al país afrontar el problema en las cárceles, se realiza el Taller Estratégico Sistema Nacional de Rehabilitación Social, donde las autoridades de Colombia comparten sus experiencias con su contraparte ecuatoriana en la lucha contra el crimen organizado.

El encuentro inició hoy en Quito y finalizará el 20 de noviembre. En la cita  participan el Ministerio de Gobierno, SNAI, Policía, Fiscalía, Secretaría de Derechos Humanos, Consejo de la Judicatura, Fuerzas Armadas, Procuraduría y Secretaría Jurídica de la Presidencia. Mientras tanto, del lado colombiano están autoridades del Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas, Policía, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, entre otros.

En el taller se establecieron cuatro mesas de trabajo: Sistema Penitenciario; Jurídica y Doctrinaria; Investigación Criminal; y Sistema Único de Inteligencia; temas en los que el país necesita fortalecer.

La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, manifestó que el objetivo es avanzar en una relación de cooperación con Colombia. Además dijo que el país presenta un fenómeno delincuencial al que no estaba acostumbrado, lo cual es difícil de aceptar. “Pero si no aceptamos la existencia de ese problema, no lo diagnosticamos de la manera adecuada, y no estaremos en la capacidad de enfrentarlo».

Mientras tanto, John Game, subsecretario de Seguridad Ciudadana de esta Cartera de Estado, expresó que Colombia enfrenta situaciones comunes en temas de delincuencia, por lo que su presencia en el taller es para apoyar al país, no solo en la identificación de los problemas, sino también en las soluciones emergentes que requiere el sistema de rehabilitación.

La Fiscalía General del Estado vinculó a tres personas más a la investigación por un presunto delito de falsedad de información, derivado de las investigaciones relacionadas a los actos ilegales registrados en el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol). Con la presente vinculación, son cinco procesados en la presente causa.

El juez Dennis Ugalde dispuso las medidas cautelares de prisión preventiva en contra de Enrique H. E. y Gad G. V. La decisión la tomó luego de escuchar los argumentos expuestos por el fiscal Edgar Escobar, quien sustentó su pedido con la presentación de los elementos de convicción que harían presumir la presunta participación de los nuevos investigados en el hecho. Además, se informó que ambos se encuentran fuera del país, con base en los registros migratorios

Para Carlos M. D. se dictó presentación periódica y prohibición de salida del país, debido a que el procesado ya se encuentra con la misma medida en una causa relacionada y ha cumplido con lo dispuesto en ese caso.

Actualmente, otros dos procesados, Jorge B. y Denise S. cumplen con las medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentación periódica –una vez por semana– ante la autoridad.

La investigación determinó que Iván G. V., Carlos M. D. y Enrique H. E. (presidente, contralor y secretario de DELCORP S. A.) están implicados en la emisión de una fianza mercantil por 15 millones de dólares a largo plazo, a favor de los obligacionistas.

Según información proporcionada por la Superintendencia de Compañías, la mencionada empresa –dentro del periodo 2016-2019– registra dentro del sistema integrado de mercado de valores, el rubro de “importaciones en tránsito” de 75’498.583 dólares, cuando la información remitida por el Servicio Nacional de Aduanas registra un monto de 39’477.182 dólares, una diferencia de más de 36 millones de dólares. Lo que, entre otros elementos recabados durante la investigación, hace presumir que los estados financieros no reflejan la real situación de la empresa.

Información jurídica

La falsedad de información se encuentra tipificado en el artículo 312 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que es sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

La Comisión de Fiscalización en el marco de la sustanciación de las solicitudes de juicio político propuestas por los asambleístas Ricardo Vanegas y Luis Almeida, en contra del superintendente de Compañías, Víctor Anchundia, recibió las comparecencias de María Paula Romo, exministra de Gobierno y Patricio Carrillo, exdirectivo del Instituto de Seguridad Social de la Policía (ISSPOL).

La exministra de Gobierno subrayó que hubo una corrupción sistemática, que duró 10 años y los últimos cuatro años se pudo entrar en una transición y develar todos los manejos irregulares con los fondos de la Policía Nacional. Recordó que hay 26 personas procesadas por diferentes delitos relacionados con el manejo de las inversiones del ISSPOL, incluidos dos exdirectores de la entidad, con grado de generales en servicio pasivo, al defender las denuncias y los procesos de investigación desarrollados durante su período como Ministra.

Por su parte, Patricio Carrillo, coincidió en que este atraco no fue orquestado por dos policías corruptos con ánimo de hacer fortuna, sino que involucró a muchas personas, incluidas las autoridades que no controlaron, a su debido momento, la validez de las operaciones y la idoneidad de las casas de valores inmersas en estos procesos.

Además, añadió que con las reformas efectuadas a través de la mal llamada Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y la Policía, se permitió este tipo de acciones en contra de los fondos del ISSPOL, pues se crearon dos categorías de afiliados y esto generó que los oficiales escogiesen ir a la Seguridad Social General.

Entre tanto, Christian Díaz, exfuncionario del ISSPOL, aseguró que se detectaron irregularidades en las operaciones}, compra de facturas, cambio por bonos, entre otras, que perjudicaron a la entidad aseguradora con fondos que pertenecen a los seguros de maternidad, salud y vivienda.

Así mismo, indicó que al momento de establecer los activos con los cuales podían responder las empresas que manejaron más de 697 millones de dólares del ISSPOL, sumados los capitales de todas ellas, no superan ni los cuatro millones de dólares. “No existe certeza de contar con el respaldo de los bonos 2024”, agregó.

La Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, con siete votos afirmativos, aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, calificado por el Ejecutivo como urgente, que busca generar recursos para equilibrar la caja fiscal, tras los efectos de la pandemia por Covid-19. Se registraron, además, un voto negativo y una abstención.

El organismo legislativo trabajó sobre la base de las observaciones formuladas en el Pleno durante el primer debate, así como las propuestas remitidas por escrito por 19 legisladores. Así mismo, revisó y se pronunció en torno a varias mociones para introducir cambios al texto definitivo, en materias como Impuesto a la Renta, exenciones al Impuesto al Valor Agregado (IVA) para determinados artículos de higiene; papel bond y periódico; gremios profesionales; el Impuesto a la Herencia; el Impuesto a la Renta sobre compra venta de inmuebles.

No obstante, la mesa deja en manos del Pleno de la Asamblea, como máximo órgano de la Función Legislativa, el pronunciamiento respecto de otros aspectos trascendentales de la reforma.

El presidente de la Comisión, Daniel Noboa Azín, subrayó que este proyecto de ley abre una esperanza para un respiro vital que requieren las finanzas públicas, frente a una compleja situación económica. Sin embargo, consideró que es necesario trabajar de inmediato en el proyecto de Inversiones, que generará mayor esperanza al país, para una verdadera reactivación y crear empleo.

La Comisión de Desarrollo Económico cumplió este viernes una amplia jornada de trabajo que duró cerca de 10 horas, en la que analizó las diversas propuestas y mociones de los legisladores.

Entre las mociones que recibieron apoyo constan las referentes al impuesto al valor agregado por el tema de los gremios profesionales; el impuesto a la enajenación ocasional de inmuebles; impuesto al valor agregado, con relación a toallas sanitarias y demás artículos; impuesto al valor agregado con el tema tablas de licores, deducción del impuesto a la renta para proyectos presentados por ONG, asociaciones y organizaciones nacionales sin fines de lucro, además bioempredimiento y remediación ambiental.

También para que se agregue a las universidades en la devolución del IVA; residencia fiscal de personas naturales; caducidad de la facultad de determinación por parte del SRI y derechos arancelarios por concepto de flete.

Procedimiento

En el caso de un proyecto urgente, conforme lo dispuesto en el artículo 62, incisos 3º y 4º de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Presidenta de la Asamblea, recibido el informe para segundo debate, ordenará por Secretaría General la distribución del mismo a las y los asambleístas. Concluido el plazo de cuarenta y ocho horas, contado desde la distribución de los informes, la Presidenta del Legislativo lo incluirá en el orden del día del Pleno para segundo debate, en el que se aprobará, modificará o negará el proyecto de ley.