Hechos Ecuador

La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra María Belén D., exjueza de la Unidad Judicial de Violencia contra la Familia y Mujer, por su presunta participación en el delito de tráfico de influencias.

En la audiencia, desarrollada hoy en la Corte de Justicia de Pichincha, el fiscal provincial Alberto Santillán Molina expuso más de veinte elementos de convicción recabados durante la fase de investigación por una supuesta interferencia de la exfuncionaria en el otorgamiento de una acción de protección presentada por el exalcalde de Quito, Jorge Y. (procesado en otra causa), con lo que buscaba evitar su remoción del cargo como primera autoridad del Municipio capitalino.

Entre los más importantes se incluyeron: versiones de dos exfuncionarias del Complejo Judicial Sur de Quitumbe, quienes confirmaron que ejecutaron acciones por orden directa de la procesada para que el sorteo de la acción constitucional recaiga en su despacho.

También se expuso el informe de sorteo de causas en materia constitucional, la acción de protección presentada por Jorge Y., la providencia en la que María Belén D. avocó conocimiento de la causa, así como una pericia de transcripción de los audios de una conversación que mantuvieron vía WhatsApp las dos exfuncionarias judiciales sobre las disposiciones que recibieron de la ex Jueza, entre otros.

Sobre la base de estos elementos, Fiscalía inicio la etapa de instrucción fiscal de noventa días en contra de la procesada, calificada como presunta autora directa del delito de tráfico de influencias al –supuestamente– haberse aprovechado de su cargo jerárquico superior de Jueza para ejercer influencia e inducir al error a dos subordinadas para cristalizar el sorteo atípico.

El presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Vladimir Jhayya, consideró los arraigos presentados por la defensa de la procesada y dispuso las medidas cautelares establecidas en el artículo 522, numerales 1, 2 y 4, del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Es decir, la procesada tiene prohibición de salida del país, está obligada a usar un grillete de vigilancia electrónica y a presentarse todos los lunes ante la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.

Teoría del caso

Según lo expuesto por el Fiscal Provincial durante la audiencia, en su calidad de jueza, María Belén D. habría dispuesto –por medio de funcionarios judiciales– el ingreso de la acción constitucional al Complejo Judicial Sur de Quitumbe, con la consigna de que la causa debía recaer sobre ella, cuando lo que correspondía era que el proceso se lo tramite en la Unidad de Delitos Flagrantes, pues fue ingresado a las 17:03 del 18 de junio de 2021. Es decir, fuera del horario laboral.

Sin embargo, por pedido de la procesada, dicha acción de garantía constitucional –presentada por Jorge Y.– llegó a su despacho como un proceso de “violencia contra la mujer y la familia –mediante acto urgente– asistencia judicial recíproca”, logrando de esta forma que el expediente no se sortee entre los 331 jueces del Distrito Metropolitano de Quito, sino que las posibilidades se reduzcan a los cuatro de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia del Complejo Judicial Sur de Quitumbe, a la que pertenecía María Belén D.

Finalmente, ella resolvió la causa, en sentencia –de manera parcial–, conforme lo solicitado por el accionante (Jorge Y.).

El ministro de Finanzas, Simón Cueva, en su comparecencia ante la Comisión de Régimen Económico, expuso los argumentos que sirvieron de base para la elaboración de la Proforma del Presupuesto 2022 y la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2022-2025. Indicó que está basada en supuestos macroeconómicos moderados, prudentes con la lógica de modo que si hay novedades estas sean favorables para preservar los gastos y fortalecer áreas prioritarias.

El Secretario de Estado señaló que se ha considerado un valor conservador por concepto de importaciones no petroleras, un volumen de producción fiscalizada de petróleo de cerca de 180 millones de barriles, cifra respaldada en los contratos vigentes; y, un precio promedio de exportación del crudo ecuatoriano de 59 dólares por barril.

Cueva reiteró que el monto de la Proforma 2022 asciende a US$ 33.899,7 millones, que representa un incremento de 2.2% del PIB respecto al presupuesto codificado al mes de agosto 2021 (US$ 31.461,2 millones). La consolidación fiscal continuará y podría acelerarse si se potencian los ingresos fiscales con la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, enfatizó, al informar que se proyecta un déficit global de US$ 3.783,5 millones.

Además, explicó que en la Proforma se optimizan sueldos y salarios, bienes y servicios, mientras que el gasto en inversión y protección social aumenta. Así mismo, dijo que la fuerte concentración del egreso corriente de personal en educación, salud, y seguridad demanda que la estrategia de optimización en sueldos y salarios sea ordenada y gradual.

Aseguró que la Proforma 2022 prevé una mayor asignación de recursos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), que adicionalmente podrán incrementar su liquidez, ya que retendrán montos mayores vía IVA. También muestra el compromiso con la educación superior, pues asigna más recursos al Fopedeupo y las universidades accederán directamente a los valores retenidos por concepto de IVA.

Simón Cueva dio a conocer que se destinarán más de US$ 5 mil millones al pago de subsidios, esenciales para sostener el gasto social (seguridad social, transferencias y bonos) y mantener los costos de vida bajos para la población. “Los bonos sociales se fortalecerán en 2022 y llegarán a US$ 1.256 millones, lo que refleja el continuo fortalecimiento de las transferencias monetarias a la población más vulnerable”, puntualizó.

También, enfatizó que la aprobación del proyecto de Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal permitiría lograr un déficit menor, reduciendo las necesidades de financiamiento; fortalecer ingresos tributarios en el corto plazo y reducir impuestos distorsionantes, como el ISD, en el mediano plazo. “La ejecución del Plan de Oportunidades ayuda a presentar un escenario alternativo de cómo podrían evolucionar las finanzas públicas bajo una economía con mayor dinamismo”, subrayó el Ministro de Finanzas.

La Comisión de Fiscalización y Control Político continuó el proceso de investigación de las operaciones de Fondo Global de Construcción (Fonglocons), a través del Sistema Único de Compensación Regional de Pagos (SUCRE). En esta oportunidad, la mesa escuchó a Pedro Páez, exmiembro de la Comisión Técnica para la Nueva Arquitectura Financiera; y a Carlos Marx Carrasco, exdirector del Servicio de Rentas Internas (SRI).

Páez explicó cuál fue su participación como integrante de la Comisión Técnica para la Nueva Arquitectura Financiera, organismo que diseñó una estructura que permitía hacer frente, desde los países en desarrollo, a la arremetida del orden económico imperante, que constituye -según su criterio- una forma de neocolonialismo y que, en esa perspectiva, se creó el sistema SUCRE.

Aseguró que al hablar del SUCRE no se trata de una moneda electrónica, ni tampoco de una moneda física y, menos aún, una criptomoneda; se trata de un sistema de compensación de pagos a través de los bancos centrales de los países miembros del Acuerdo Marco. Añadió que no hubo, ni hay un uso de la reserva monetaria internacional en actividades de comercio exterior.

De su lado, el exdirector del SRI, Carlos Marx Carrasco, indicó que la entidad rectora en materia tributaria ha solicitado siempre que se realice un adecuado control de las exportaciones, frente a las inconsistencias que se encontraron entre la información registrada en la base de datos del Banco Central del Ecuador y la base de datos de la entidad aduanera.

Igualmente, dijo que presentó varias alertas a la Fiscalía, una de ellas inclusive como noticia criminis. También, se conformó una comisión técnica que incluía a la Fiscalía, la Unidad de Análisis Financiero, las entidades de Aduanas y la propia Cancillería, a fin de que esta última interponga sus buenos oficios ante el Gobierno de Venezuela para que se apliquen correctivos al manejo del sistema SUCRE.

Entre tanto, Patricio Andrade, representante de la empresa Mercury Global S.A., aseguró que a través del sistema SUCRE se realizaron exportaciones de papa desde la provincia del Carchi, con absoluto apego a lo previsto en la Ley. Sin embargo, han pasado ocho años desde que se les vinculó en un proceso de supuesto lavado de activos con el Banco Territorial y pese a que han presentado las pruebas y los descargos pertinentes, no se les da solución y pesan sobre ellos medidas cautelares que no les permite siquiera continuar con sus actividades lícitas, en apoyo al desarrollo de Carchi y el país.

Las complicaciones que sufre el Programa se extienden también a las familias que se ven obligadas a tomar decisiones devastadoras para hacer frente al aumento del hambre. 

Un análisis de vulnerabilidad de la agencia de la ONU en 43 países demuestra que las familias se ven obligadas a comer menos,  o a saltarse las comidas por completo,  a alimentar a los niños en lugar de a los adultos y,  en algunos casos extremos,  a comer langostas,  hojas silvestres o cactus para sobrevivir,  como en Madagascar. 

En otras zonas,  las familias se ven obligadas a casar a los niños a una edad temprana o a sacarlos de la escuela,  a vender sus bienes como el ganado o lo poco que les queda.  Un caso extremo es el reportado por los medios de comunicación de Afganistán que señalan que las familias se ven obligadas a vender a sus hijos en un intento desesperado por sobrevivir. 

Enviar un contenedor de comida cuesta cuatro veces más que hace un año

La subida de los precios de los alimentos recientemente anunciada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación no solo provoca que los alimentos estén fuera del alcance de millones de las personas más pobres del mundo,  sino que también aumenta el coste de la adquisición de la comida en los mercados mundiales. 

 A esta coyuntura se suman los altos precios del combustible,  que aumentan los costes de transporte y suponen una mayor presión sobre las cadenas de suministro mundiales: cuando hace un año el envío de un contenedor costaba 1000 dólares ahora cuesta 4000 o incluso más. 

Durante este año,  el Programa Mundial de Alimentos se ha embarcado en la mayor operación de su historia dirigida a 139 millones de personas en los 85 países en los que opera. 

Esta labor abarca tanto las necesidades alimentarias y nutricionales de emergencia,  como el trabajo con los socios para fortalecer la resiliencia y aumentar la autonomía de las personas más pobres y vulnerables del planeta. 

Radiografía de las principales crisis alimentarias

Afganistán

Las recientes evaluaciones muestran que unos 24 millones de personas padecen hambre aguda debido al devastador impacto de las múltiples sequías que,  combinado con la situación de colapso económico que vive el país,  conduce a las familias al borde del abismo justo antes de la llegada de un duro invierno. 

El Programa está aumentando su apoyo para asistir a 23 millones de personas y se estima que necesita 220 millones de dólares al mes en 2022.

Etiopía

En la nación del Cuerno de África se prevé que más de 4,3 millones de personas en el norte del país se enfrentarán a una situación de hambre aguda en septiembre,  y que más de la mitad de ellas,  2,2 millones,  estarán en situación de emergencia. 

A medida que se intensifica el conflicto en el país,  y a falta de un análisis actualizado,  se espera un empeoramiento significativo de la situación y que un máximo de siete millones de personas se enfrente al hambre aguda en todo el norte de Etiopía.  El Programa Mundial de Alimentos necesita 245 millones de dólares para la respuesta humanitaria en tres regiones: Afar,  Amhara y Tigray. 

Con 6 votos a favor, la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral aprobó el informe sobre la crisis carcelaria y la alarmante situación de inseguridad ciudadana que vive el Ecuador, mismo que será puesto a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional.

El presidente de la mesa legislativa, Ramiro Narváez, señaló que “desde el mes de mayo de este año han realizado un proceso de fiscalización, levantamiento de información y análisis, con el propósito de evidenciar la actuación de los funcionarios públicos de las distintas funciones del Estado para prevenir y resolver la crisis carcelaria y inseguridad ciudadana que vive el país”.

Para la elaboración del informe, la comisión escuchó los aportes de autoridades, representantes de organizaciones de la sociedad civil; familiares de personas privadas de la libertad; representantes de los agentes de seguridad y vigilancia penitenciaria; expertos nacionales e internacionales; y, académicos, dando como resultado un total de 839 requerimientos de información.

El parlamentario señaló que el informe consta de 75 recomendaciones, que serán un insumo importante para que el Ejecutivo trabaje en políticas públicas, en torno a la seguridad del país.

De igual forma, sostuvo que con el propósito de evitar subjetividades; dotar de mayor rigurosidad a la investigación; garantizar el debido proceso y el derecho de las autoridades a presentar la información y respaldos respecto a las acciones realizadas para prevenir y enfrentar la situación de inseguridad y la crisis penitenciaria, la Comisión elaboró requerimientos de información que fueron preparados por el equipo técnico con los insumos remitidos por los asesores de cada uno de los comisionados.

Entre las recomendaciones constan: la asignación de recursos necesarios para el mantenimiento de la infraestructura existente; planificación de nuevas unidades de Policía Comunitaria y unidades de vigilancia comunitaria; la definición de un modelo de gestión que garantice la permanencia de funcionarios; la generación y transferencia de capacidades; apoyo de organismos internacionales que permita dar respuesta a la situación carcelaria; y, fortalecer las capacidades instaladas en los centros de privación de libertad en cuanto a los recursos humanos en las áreas de trabajo social, psicología y orientadores de las actividades en los distintos ejes de tratamiento.

El Consejo de Administración Legislativa, dentro de los plazos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, conoció y calificó el proyecto de Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, la Proforma Presupuestaria 2022 y la Programación Presupuestaria Cuatrianual, mismos que son analizados por las Comisiones de Desarrollo Económico y de Régimen Económico, respectivamente. Una vez que las comisiones presenten sus informes, el Pleno Legislativo será la instancia máxima de discusión y decisión. Ambas comisiones son competentes y especializadas en materia económica y, por lo mismo, están habilitadas para cumplir esta labor pues las propuestas presentadas por el Ejecutivo se refieren a los ámbitos de desarrollo económico y de sostenibilidad fiscal. “En esta nueva Asamblea Nacional legislamos con responsabilidad para el bien de todos los ecuatorianos”, afirmó la presidenta Guadalupe Llori Abarca.

Comisión aprobó el cronograma para tramitar el proyecto de Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal

Con la aprobación del cronograma de trabajo la Comisión de Desarrollo Económico inició el estudio del proyecto de Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, mismo que será socializado con actores políticos y sociales hasta el martes de la próxima semana y espera aprobar el informe para primer debate hasta el 14 de noviembre. La jornada de comparecencia inició con la presencia de analistas y expertos en materia tributaria. En otro orden, la mesa legislativa aprobó el informe para segundo debate del proyecto de reformas al Código de Planificación y Finanzas Públicas, que tiene como objetivo promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación científica, tecnológica y potenciar los conocimientos tradicionales para contribuir a la realización del buen vivir.

Comisión aprobó el cronograma de trabajo para el tratamiento de la Proforma 2022 y la Programación Cuatrianual 2022-2025

La Comisión de Régimen Económico inició el tratamiento de la Proforma del Presupuesto General del Estado para el periodo fiscal 2022 y la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2022-2025. La mesa legislativa por unanimidad -con nueve votos a favor- resolvió solicitar al Ministerio de Finanzas delegue un equipo técnico para todas las sesiones de la comisión que trate la Proforma, para contar con el aporte técnico, moción presentada por el asambleísta Byron Maldonado; así mismo, aprobó el cronograma de trabajo para elaborar el respectivo informe.

La Comisión de Garantías Constitucionales aprobó el informe sobre “Pandora Papers”

El documento fue aprobado con 6 votos afirmativos, dos en contra y una abstención. En él se recomienda enviar el expediente a la Fiscalía, Contraloría General del Estado, Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Bancos, para que independientemente de los elementos de responsabilidad política correspondientes al Pleno de la Asamblea Nacional, procedan acorde con sus competencias constitucionales y legales. Además, se sugiere al Pleno Legislativo disponer la comparecencia del Presidente de la República en el plazo máximo de 8 días para entregue la información solicitada y levantar la reserva de toda la información que ha sido catalogada como reservada por las instituciones del Estado relacionados con las transacciones, patrimonio e investigaciones en curso vinculadas con Guillermo Lasso Mendoza  y otras personas.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informa que actualmente se administra dosis de refuerzo a adultos mayores de 65 años, personas con inmunosupresión mayores de 12 años y al personal sanitario. El biológico está garantizado para cubrir a alrededor de 1.600.000 ciudadanos, a escala nacional.

Esta estrategia empezó el pasado 25 de octubre y es parte del Plan de Vacunación, cuya meta es inocular al 85% de la población y así lograr la inmunidad colectiva.

Con base en la evidencia mundial científica y a las recomendaciones internacionales, se dispuso la aplicación de la vacuna AstraZeneca, a adultos mayores y personal sanitario, en un intervalo de 6 meses de colocada la segunda dosis e independientemente del esquema recibido.

Esta etapa de inmunización está dirigida a personas que completaron el esquema de vacunación con dos dosis, considerando especialmente su vulnerabilidad, con el objetivo de disminuir la mortalidad y morbilidad.

En el caso de la vacunación adicional en adolescentes mayores de 12 años con inmunosupresión se realizará con un esquema homólogo, es decir con el mismo biológico que recibieron anteriormente (Pfizer/Sinovac/AstraZeneca) y con un intervalo igual de 6 meses. Además, se debe contar con el certificado médico del especialista, que debe registrar la condición del paciente.

Hasta al momento se han colocado más de 60 mil dosis de refuerzo al personal de salud de primera línea, personas mayores de 65 años y mayores de 12 años con inmunosupresión.

El MSP hace un llamado a la población de este rango de edad para que se acerque a los centros de salud o centros de vacunación y reciba la vacuna de refuerzo, al tener el stock necesario del biológico. Si bien la pandemia está controlada, el país no está libre de la COVID-19.

La Asamblea Nacional trabaja con celeridad y responsabilidad para cumplir con los plazos de ley en el tratamiento del proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia Covid-19, entregado por el Ejecutivo; por lo cual la Comisión del Desarrollo Económico designada por el CAL, avocó conocimiento y aprobó el cronograma de trabajo para el respectivo trámite del proyecto de ley de urgencia en materia económica. La mesa legislativa sesionará en doble jornada de trabajo.

La comisión espera socializar con actores políticos y sociales el proyecto de ley en los próximos cinco días. Posteriormente tienen previsto 5 días para la elaboración y aprobación del informe para el primer debate (hasta el 14 de noviembre). Entre el 16 y 18 de noviembre se desarrollaría la sesión de Pleno para conocer el informe, donde recogerán las sugerencias de los parlamentarios. De esta manera, esperan tener listo el informe para segundo debate el 22 de noviembre.

Además, la Comisión resolvió conformar una mesa técnica, integrada por representantes del Banco Central; Servicio de Rentas Internas; Ministerios de Economía y de la Producción, que permitan absolver inquietudes de los asambleístas en materia tributaria y económica, más aún cuando el proyecto reforma a 19 leyes.

Los miembros de la Comisión resaltaron que el proyecto está orientado a establecer el marco normativo para lograr la creación de oportunidades para los ecuatorianos, promover la sostenibilidad de las finanzas públicas y la reactivación económica del país.

Wilma Andrade, vicepresidenta de la mesa legislativa, indicó que, en los cinco días de socialización se convocará a diferentes autoridades del Gobierno, de las Cámaras de Producción, expertos en materia tributaria y económica, académicos, constitucionalistas, pequeña empresa, sectores ciudadanos, entre otros.

También, recordó que la Asamblea tiene 30 días para aprobar el proyecto enviado por el Ejecutivo, y no descartó la convocatoria a otros sectores, de conformidad con los requerimientos que generen los parlamentarios y la información que se recepte.

La Comisión convocará a autoridades del Ministerio de Finanzas; Servicio de Rentas Internas; Ministerio de la Producción; Secretaría Nacional de Planificación; Banco Central del Ecuador; Junta de Política de Regulación Monetaria; Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovable; Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.

Así mismo, llamarán a los titulares del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador; Servicio Ecuatoriano de Normalización; Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos; Alianza para el Emprendimiento e Innovación; representantes de los operadores turísticos; de las cámaras; comités; federaciones; Consejos de Comercio; Industrias y Agricultura; de la industria tabacalera; de las cervecerías y gaseosas; académicos; analistas económicos, etc.

Los parlamentarios señalaron que no aceptarán delegaciones de las autoridades relacionadas con las reformas puntuales que se establecen en el proyecto económico urgente. Las sesiones se realizarán de forma presencial y telemática, con el fin de laborar de forma ininterrumpida y cumplir el cronograma de trabajo previsto.

La Comisión de Régimen Económico se reunirá este viernes, a las 10h00, con el fin de avocar conocimiento de los proyectos de Ley de Justicia Financiera y Apertura a la Banca Extranjera, presentado por el asambleísta Darwin Pereira, y de reformas a la Ley de Transformación Económica del Ecuador, de iniciativa del legislador Carlos Falquez, mismos que fueron calificados por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Justicia financiera

El proyecto de Ley de Justicia Financiera y Apertura a la Banca Extranjera, norma los cargos por los servicios que presten las entidades financieras, de valores, seguros y servicios de atención integral de salud prepagada, así como las entidades de crédito. También promueve la participación de entidades financieras internacionales de primer nivel.

Transformación económica

El proyecto de reformas a la Ley para la Transformación Económica del Ecuador establece una mejor distribución de los valores recaudados por el “Impuesto a Solca”, a fin de garantizar un mejor funcionamiento del Núcleo de El Oro, lo cual descongestionará el flujo de pacientes orenses a las sedes de Solca en otras provincias, garantizando el principio de desconcentración de los servicios públicos.

“La presente normativa, no incrementará los gastos del Ejecutivo, sino que permitirá una mejor distribución de los recursos para profundizar el acceso a una vivienda digna y adecuada para la mayoría de los ecuatorianos”, afirmó Celestino Chumpi, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio, respecto al informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Hábitat y Vivienda.

El equipo técnico de la Comisión indicó que el proyecto recibió las observaciones y recomendaciones de expertos nacionales e internacionales, así como de organizaciones sociales, empresa privada e instituciones públicas. Uno de los aportes que el equipo técnico acogió es el cambio de denominación y enfoque de la normativa.

El proyecto de ley cuenta con 126 artículos, 15 disposiciones transitorias, una disposición general, 4 derogatorias y una disposición final. La normativa busca potenciar el rol y las obligaciones del Estado como productor - ejecutor de la vivienda, a fin de combatir el déficit habitacional, el agravamiento de las condiciones de hacinamiento de las viviendas, la baja calidad de la construcción, el elevado índice de ausencia de servicios básicos residenciales y el crecimiento acelerado de los asentamientos informales.

Darío Herrera, ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda y María Gloria Pérez, coordinadora jurídica del MIDUVI, reconocieron el trabajo de la Comisión orientado a reducir el déficit habitacional en el país. También sugirieron que se incluya la simplificación de trámites para la adquisición de una vivienda y considerar las distintas clases de proyectos habitacionales.

De igual forma, coincidieron que, para garantizar una vivienda digna y adecuada, se cuente con dos garantías: la sismoresistencia y servicios básicos.

En representación de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), asistieron Karin Jaramillo, directora jurídica y Juan Carlos Macancela, director técnico, quienes sugirieron que se realicen ajustes a los textos, en lo referente a los plazos y la articulación con otras leyes como la de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo.

Los legisladores, Gustavo Mateus, Mariela Pajuña y Patricia Sánchez coincidieron con los representantes de AME, en solicitar al equipo asesor, la revisión de la redacción, tanto de la justificación de motivos como de los considerandos, a fin de contar con una ley entendible y ordenada.

El presidente de la Comisión, Celestino Chumpi, señaló que Ecuador necesita urgentemente una Ley de Vivienda que convierta a la política de vivienda en una política de Estado y no dependiente de la voluntad de los gobiernos de turno. Así mismo sugirió que las observaciones por parte de los legisladores sean presentadas antes del 5 de noviembre, tiempo en el que concluye el plazo para la presentación del informe para segundo debate.