Hechos Ecuador

El Presidente de la República, Guillermo Lasso, aseguró que, de momento, la idea de optar por uno de los mecanismos que establece la Constitución para disolver la Asamblea, la muerte cruzada, está descartado e insistirá por el diálogo para impulsar sus proyectos de Ley.

Esta opción fue planteada por el Primer Mandatario hace varias semanas, debido a que no cuenta con una mayoría en el Parlamento y, además, porque asegura que existe un bloqueo a sus proyectos, pero, por el momento, Lasso aseveró que insistirá en el diálogo.

«DEJÉMOSLA EN LA CONSTITUCIÓN, POR AHORA QUE ESTÉ EN LA CONSTITUCIÓN. ESTAS NO SON MEDIDAS UNILATERALES, SON CONSTITUCIONALES. PERO NOS VAMOS POR EL CAMINO DEL DIÁLOGO”.

Por otra parte, el Gobierno envió, la noche de este jueves, a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia de la Covid-19. Esta normativa es parte de lo que fue la Ley «Creando Oportunidades” que no fue calificada porque no cumplía con los requisitos pertinentes para hacerlo.

«De acuerdo con el trámite constitucional, como es Ley con carácter de urgencia, su trámite tomará alrededor de 30 días, y dependiendo de los resultados, con el veto, tomará 15 adicionales. En total 45 días», explicó Lasso

Asimismo, que la otra parte de la Ley Creando Oportunidades se está debatiendo en mesas de diálogo que encabeza el Ministro de Trabajo y que permitirán recoger otros puntos de vista.

Ha sido una constante durante el proceso de investigación que lleva a cabo la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea en el Caso “Pandora Papers”, que investiga la posible vinculación del presidente Lasso con sus cuentas en paraísos fiscales.

El Presidente de la República que varias veces señaló que irá a declarar a la Asamblea, nunca fue y envió un documento que tampoco aclara las dudas de los asambleístas y de la población.

Pese a que este hecho se ha convertido en escándalo mundial, los funcionarios del gobierno, del estado ecuatoriano y de las instituciones que tienen la obligación de transparentar la información, no aportaron con datos o documentos, a pesar de la insistencia de los asambleístas.

Sin embargo para los miembros de la Comisión, el hecho de que no se haya recibido cierta información oficial, no significa que no exista la misma.

“Aquí están los documentos -no se preocupe-, yo tengo la información completa, lo único que yo necesitaba era que usted la diga y quiero que conste en actas que el señor guarda silencio de un documento que tiene que ser público para los ciudadanos y las ciudadanas de este país”, señaló Victoria Desintonio al secretario de la administración y mano derecha de Lasso, Iván Correa.

Con 83 votos afirmativos el Pleno de la Asamblea Nacional eligió a la asambleísta Yeseña Guamaní, como segunda vicepresidenta de la Legislatura para el período 2021 – 2023.

El jefe de bancada de Izquierda Democrática, Alejandro Jaramillo, fue el encargado de proponer el nombre de Yeseña Guamaní; en su intervención dijo que la parlamentaria es una mujer que ha demostrado probidad, honestidad y trabajo de calidad durante estos cinco meses de gestión en el Legislativo.

“Yeseña es una mujer joven, comunicadora social y dedicada 100% a las causas más justas, ha impulsado políticas en beneficios de los sectores más vulnerables; animalista y amante de la naturaleza; pero la cualidad más importante es que no cede a los tentáculos de la corrupción”, resalto Jaramillo.

La presidenta del Parlamento, Guadalupe Llori Abarca, tomó juramento de rigor a la legisladora electa y deseó éxitos en sus nuevas funciones encomendadas. “Éxitos a @yesguamani, en su nuevo cargo como segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional; hago un llamado a todos los Legisladores para trabajar de manera conjunta en leyes que promuevan el desarrollo del Ecuador por el bienestar de los ciudadanos”, dijo la Presidenta del Legislativo.

Por su parte, la segunda vicepresidenta, Yeseña Guamaní, agradeció la confianza de sus electores, de su bancada, de los asambleístas que le apoyaron y de su familia. Además, resaltó el debate democrático, la madurez política y la capacidad para procesar los disensos y construir consensos. “Hoy le estamos dando al país un mensaje de unidad. Asumo este reto poniendo de relieve la dimensión ética que caracteriza a este Parlamento”, añadió Guamaní.

Funciones

De acuerdo con el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, los vicepresidentes asumirán las funciones que la Presidenta de la Asamblea Nacional, el Pleno Legislativo y el Consejo de Administración Legislativa les deleguen.

Perfil

Actualmente, Yeseña Guamaní es vicepresidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio. Impulsó el juicio político al ex defensor del Pueblo, Freddy Carrión, quien fue censurado y destituido por incumplimiento de funciones. Durante su trabajo legislativo ha presentado dos proyectos de ley, el primero relacionado a la reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, y el segundo; referente a la reforma del Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización

De no implementarse una ayuda financiera y técnica para nivelar la recuperación del empleo tras la pandemia de COVID-19, se registrará un brecha aún más grande entre los mercados laborales de los países industrializados y las naciones en desarrollo, advirtió este miércoles la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Un nuevo estudio de ese organismo de la ONU señala que las disparidades entre las economías, que provocan un estancamiento en el repunte mundial, han empeorado las proyecciones de empleo hechas a inicios de 2021, que apuntaban a una pérdida de 3,5% de horas trabajadas, o cien millones de empleos de tiempo completo, con respecto a 2019.

Según las condiciones económicas existentes, al terminar este año se habrán perdió 125 millones de trabajos de tiempo completo, o un 4,3% de las horas trabajadas, tomando como referencia el cierre de 2019, es decir el nivel previo a la pandemia de COVID-19.

Cambios en la estructura del empleo

La OIT explica que la pandemia propició un cambio en la estructura del empleo entre 2019 y 2020, dando lugar a una menor proporción relativa a la cantidad total de horas de trabajo en 2020 en las empresas de menor tamaño que en las grandes, lo que a su vez generó una incidencia desigual del COVID-19 en las pequeñas empresas y en sus trabajadores, que han padecido la mayor parte de los efectos de la pandemia.

Muchas empresas de pequeño tamaño desarrollan su actividad en los sectores más afectados por las restricciones aplicadas a raíz de la pandemia, en particular la restauración y los servicios que requieren presencia física. Por otro lado, la situación de las empresas más pequeñas es más desfavorable en términos de acceso al capital, y deben afrontar deudas más elevadas, lo que merma en gran medida su capacidad para mantener la producción y dificulta su viabilidad a largo plazo frente a una disminución de la demanda.

Las pequeñas empresas de los países de ingresos bajos o medianos bajos son especialmente vulnerables ya que obtienen menos apoyos de los programas de ayuda gubernamental.

El informe indica que los efectos desproporcionados de la pandemia en las pequeñas empresas y los trabajadores que perciben una baja remuneración repercuten en gran medida en las perspectivas de recuperación. La drástica disminución a gran escala de la proporción de pequeñas empresas en la economía podría mermar las perspectivas de empleo ya que éstas constituyen la mayor fuente de trabajo en muchos países.

Todos estos factores suponen un riesgo de periodos prolongados de inactividad y desempleo con baja productividad empresarial a largo plazo e índices pobres de desarrollo económico. Por otro lado, el aumento de la brecha de productividad entre las economías en desarrollo y las avanzadas dificulta aún más la contribución de la productividad al desarrollo inclusivo y a la creación de empleo decente en los países que más necesitan ese tipo de impulso.

“Gracias al Ministerio de Salud por la gestión realizada, saber que nuestros hijos tendrán una mejor calidad de vida es un sentimiento que no podemos explicar”, señaló Génesis Pinargote, madre del paciente Derek de 11 meses de edad, uno de los niños que cumplió criterio clínico y recibirá el tratamiento contra la Atrofia Muscular Espinal (AME).

La tarde de este miércoles 27 de octubre, arribó al Ecuador el medicamento, onasemnogén abeparvovec, para tratar a los niños con AME, e inmediatamente fue trasladado bajo estricto resguardo y cumplimiento de protocolo al Hospital Pediátrico Baca Ortiz (HPBO).

Tres pacientes con AME (tipo 1), fueron ingresados este martes 26 de octubre al HPBO, con el objetivo de continuar con el protocolo médico que consiste en: realizar exámenes de laboratorio, chequeo clínico, tratamiento profiláctico y la administración del tratamiento de elección que está prevista para el jueves 28 de octubre.

Especialistas de los servicios de Neurología, así como enfermeras y farmacéuticos de esta casa de salud, han brindado su contingencia para realizar el seguimiento de estos pacientes para la elaboración de los informes médicos respectivos, para que de acuerdo a la evolución y estado de cada paciente, la administración del medicamento se aprobada y avalada.

La AME, es una enfermedad considerada rara y catastrófica, con variabilidad de severidad, pues el paciente puede presentar dificultad para moverse, respirar, deglutir, hablar y caminar. Es preciso mencionar que este medicamento será aplicado por primera vez en el Ecuador, para pacientes pediátricos, por su difícil acceso y costo por dosis.

Con la aplicación de este fármaco, se esperarían resultados favorables en los pacientes con esta condición, además de mejorar su calidad de vida e influir directamente en la capacidad de movilidad ausente a largo plazo, entre otros beneficios clínicos.

Para el médico Neuropediatra de este hospital Ortiz, Rogelio Odales, en la actualidad se han creado alternativas de tratamiento para detener el proceso de muerte celular programada que ocurre en neuronas de la médula espinal y del tronco encefálico “La aplicación de este medicamento representa una esperanza en la calidad de vida y supervivencia de estos pacientes que por su condición genética y evolución progresiva de la enfermedad requieren una intervención oportuna”, indicó.

La especialista del área de Neurología, Melvin López, menciona que han implementado una serie de escalas estandarizadas para la evaluación y seguimiento de esta patología y así determinar el grado de movilidad de los niños. “Estas escalas son evaluadas antes y después del tratamiento, para determinar su efectividad”.

La adquisición de este medicamento ha sido coordinado por el Gobierno del Encuentro, a través de esta Cartera de Estado para garantizar la atención oportuna de los niños con AME en el país.

La Comisión de Garantías Constitucionales continuó la investigación del caso “Pandora Papers”. Su presidente, Fernando Cabascango, expresó la preocupación de la mesa legislativa, por el poco apoyo de parte de las autoridades del Banco Central, Superintendencia de Bancos, Ministerio de Relaciones Exteriores, Unidad de Análisis Financiero y Económico que comparecieron este miércoles.

Cabascango mencionó que, si bien puede existir información reservada, también hay un marco jurídico suficiente para que los funcionarios públicos entreguen datos sobre temas de investigación, como en este caso, Pandora Papers.

El ministro de Relaciones Exteriores, Mauricio Montalvo, indicó que únicamente vino preparado para responder las preguntas sobre el tema de la comparecencia, mas no de temas específicos, razón por la que se comprometió a entregar información sobre tratados que sobre la materia mantiene Ecuador con Panamá y Estados Unidos, entre otros aspectos.

Al referirse al Acuerdo de Intercambio de Información Tributaria entre Ecuador y Estados Unidos, el ministro informó que debe haber el dictamen de la Corte Constitucional y posteriormente ser aprobado por la Asamblea Nacional. En cuanto a paraísos fiscales, dijo que habría que analizar el articulado de la Ley Orgánica de Servicio Público.

Posteriormente, la mesa legislativa escuchó a Carla Mera Proaño, directora general de la Unidad de Análisis Financiero, quien señaló que la información que tiene la institución sobre operaciones o transacciones económicas es clasificada, reservada y secreta. Además, precisó que luego de procesarla y en el caso de determinar que existe algún tipo operación inusual, de inmediato remite la documentación a la Contraloría General del Estado para que realice la investigación correspondiente.

Las legisladoras Paola Cabezas y Fernanda Astudillo formularon varias interrogantes a la funcionaria de la UAFE respecto del caso Pandora Papers. La funcionaria reiteró que por mandato de la ley no puede entregar información porque tiene carácter de reservada y confidencialidad.

En cambio, a la continuación de la sesión 040, estaba invitada Marisol Andrade, directora del Servicio de Rentas Internas, quien a través de un oficio mencionó que el 22 de octubre compareció ante el organismo legislativo y atendió las preguntas de los legisladores y se proporcionó información de las acciones institucionales ejecutadas y por ejecutar, en torno al tema de investigación de Pandora Papers.

De existir nuevos requerimientos de información por parte los asambleístas, señalo la apertura para atender dichos requerimientos, dentro del ámbito de competencias de la administración tributaria y de conformidad a la ley.

El presidente de la Comisión, Fernando Cabascango, informó que la Titular del SRI no estaba presente, razón por la cual clausuró la sesión.

Con 126 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional, censuró al exministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, René Ortiz, por incumplimiento de funciones en el ejercicio de su cargo, particularmente por los cobros excesivos de las planillas eléctricas en plena pandemia y por haber autorizado, a través del organismo de regulación pertinente, el incremento gradual de los precios de los combustibles, con un sistema de bandas.

La resolución incluye, entre otros aspectos, notificar con la censura al Ministerio de Trabajo para que registre la prohibición a René Ortiz de ejercer cargo público por dos años; acoger las recomendaciones de la Comisión de Fiscalización en el sentido de solicitar a la Contraloría realice auditoría a los contratos de servicios de notificación de corte de energía y de lectofacturación de consumo en la unidad de negocios Guayaquil; solicitar a la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) realice la liquidación de valores efectivamente consumidos; y, remitir los decretos ejecutivos a la Corte Constitucional para que determine la constitucionalidad de los mismos.

Igualmente, se acoge la recomendación de solicitar al presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, la derogatoria de los decretos 1054, 1183 y 1158; y, a Petroecuador que establezca un plan de mejora de las refinerías en cuanto a la provisión de combustibles, priorizando la importación de naftas de alto nivel de octanaje y bajo nivel de azufre para mezclar con las que producen en las refinerías del Ecuador.

Debate

En el debate intervinieron ocho legisladores, quienes subrayaron la necesidad de sancionar la falta de sensibilidad del Gobierno anterior, al permitir que se cobren tarifas eléctricas presuntivas, en contra de la ciudadanía. El asambleísta Mario Ruiz aseguró que en el juicio se evidenció el abuso en el cobro de las planillas del consumo eléctrico en contra del pueblo ecuatoriano.

De su lado, Ferdinan Álvarez, subrayó que la pandemia demostró que todavía existen funcionarios que privilegian los intereses privados, antes que el bienestar del pueblo ecuatoriano, mientras el parlamentario Diego Ordóñez lamentó que al hablar de la fijación del precio de los combustibles se confunden aspectos técnicos que influyen en el mismo, como son el costo de producción, el costo de procesamiento y el costo de oportunidad.

La asambleísta Gabriela Molina, recordó que la Ley prohíbe de forma expresa el cobro de tarifas estimadas o presuntivas, así como la inclusión de otros rubros que no sean los que corresponden al consumo real, lo cual fue irrespetado por el exministro. Por su parte, Fernando Villavicencio reiteró las recomendaciones formuladas por la Comisión de Fiscalización; y, a criterio del asambleísta Édgar Quezada, en la pandemia el pueblo reclamó por el cobro indebido y exagerado de las tarifas de energía eléctrica, inclusive en domicilios y locales comerciales que permanecieron cerrados y el exfuncionario no atendió dichos reclamos.

Finalmente, Ricardo Ulcuango, tras comparar los precios de los combustibles en los gobiernos de Rafael Correra, de Lenín Moreno y el actual, aseguró que el incremento de los costos de las gasolinas y el diésel da lugar al descontento popular que hoy se manifiesta en las calles.

El presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, Fernando Cabascango, anunció que este miércoles 27 de octubre, comparecerán autoridades de varias instituciones para que brinden información sobre el caso denominado Pandora Papers, que contribuirán para la elaboración del informe no vinculante que será puesto a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional.

La Comisión ha previsto cuatro sesiones que se desarrollarán a partir de 14h30, con la presencia de Roger Arosemena Benítez, quien fue convocado por tercera ocasión.

A las 15h30, los parlamentarios escucharán a directivos del Banco Central del Ecuador y a la superintendenta de Bancos, Ruth Arregui. A las 17h30 asistirán representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, y de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

La última sesión está prevista para las 19h30, a la que acudirán nuevamente autoridades del Servicio de Rentas Internas.

En el marco del proceso de investigación del caso denominado “Pandora Papers”, la Comisión de Garantías Constitucionales recibió a expertos internacionales para que den criterios técnicos sobre la deuda externa, paraísos fiscales y la necesidad de mayor transparencia en estos casos.

Con 7 votos afirmativos, la mesa legislativa resolvió convocar por tercera ocasión a Roger Arosemena Benítez, por ser funcionario público, de conformidad con el artículo 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para que informe respecto de este caso. También oficiará al Consejo de la Judicatura para que exponga la normativa interna que tiene para sus funcionarios, en caso de no asistir al llamado que le hace la Comisión de Garantías Constitucionales.

Ramiro Chimurris, experto en deuda externa y paraísos fiscales de Uruguay, dijo que es necesario diferenciar entre lo que es la elusión fiscal y evasión fiscal. Señaló que estos mecanismos se usan para evitar el pago de impuestos y constituye una forma de planificación fiscal agresiva donde el interesado aprovecha vacíos de otras legislaciones para obtener ventajas no previstas en la normativa tributaria de su país.

Precisó que los paraísos fiscales son instrumentos de elusión fiscal y facilitan a personas o empresas una tributación reducida o la opacidad en las operaciones. En este marco, manifestó que no solo en Ecuador, sino a nivel mundial se debe combatir la práctica de paraísos fiscales.

Por su parte, Eric Toussaint, experto internacional, mencionó que los paraísos fiscales sirven para la evasión fiscal y la fuga del capital, por lo que miles de millones de dólares escapan al fisco de los diferentes países.

A su criterio la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular aprobada en Ecuador en el 2017, sobre paraísos fiscales, es aplicable al Presidente de la República, porque entre otros aspectos, prohíbe transferir su propiedad a miembros de su familia hasta el cuarto grado de consanguinidad.

Mientras, Andrés Knobel, de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, se refirió a la identificación de paraísos fiscales, el riesgo de los trusts y la necesidad de mayor transparencia. En lo que tiene que ver con Pandora Papers, comentó que el país debería pedir información sobre personas jurídicas ante fideicomisos extranjeros que tengan bienes u operaciones en Ecuador.

El tránsito vehicular se mantenía con cortes esporádicos en Ecuador el martes 26 de octubre, en las primeras horas de un paro nacional convocado por indígenas y trabajadores.

En Cayambe, manifestantes cerraron el tránsito de la vía que une a Pichincha con Imbabura.

Según el Ecu-911, la vía que conduce de Pujilí a La Maná permanecía cerrada por manifestantes, al igual que la ruta entre Ambato y Guaranda.

El organismo de emergencias dijo que en el Austro, la mayoría de vías estaban habilitadas al tránsito y había algunas interrupciones por trabajos en la carpeta asfáltica.

Mientras tanto, en la Costa, manifestantes se encontraban al borde de la vía en El Empalme, cantón que conecta a Guayas con Manabí y Los Ríos, pero el tránsito se mantenía abierto.

Militantes del frente popular pugnaban por cerrar la vía que conecta a Santo Domingo de los Tsáchilas con Quito, mediante la quema de neumáticos.

En la región Amazónica, la vía que une a Pastaza con Morona, permanecía cerrada, mientras que la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía, Confeniae, reportaba de cortes en varios puntos de la provincia de Sucumbíos.