Hechos Ecuador

Dice que hay "mafias enraizadas a nivel nacional y local en el IESS" que se "volvieron más fuertes que las de la ética y de la moral”.

FABIAN CARPIO

Cuando acepta el cargo de dirección provincial del IESS, lo hice con la convicción de qué las autoridades centrales tomarían una línea de cambio y profundas reformas de la Seguridad Social, sin embargo la realidad fue otra.

Las mafias enraizadas a nivel nacional y local en el íes se volvieron más fuertes que las de la ética y de la moral.

El juego entre lo público y lo privado pone en riesgo los fondos de una institución que fue creada como un fin eminentemente social, y sin ningún tipo de remordimiento, estos actores continúan beneficiándose de los fondos de los aportantes que en base a su trabajo y sacrificio espérame un servicio digno que en la mayoría de casos llega demasiada mente tarde.

Ser parte de este juego y sin voluntad política para ordenar las cosas es ser parte de la corrupción por lo que he preferido de manera frontal presentar mi renuncia al cargo de la dirección provincial, para como ciudadano, servidor y afiliado luchar y defender nuestros intereses y salvar a esta noble institución.

Me queda la satisfacción de qué las muestras de afecto de una gran cantidad de gente que ha creído en mí como servidor de muchos años, y continuaré como siempre al servicio de toda la clase afiliada jubilada y pensionista del IESS

El envejecimiento acelerado de la población, junto a una mayor esperanza de vida de las personas, la migración y una cada vez más baja fecundidad golpean a la seguridad social del país y la región.

Esa es la principal conclusión del estudio ‘Los sistemas de pensiones y salud en América Latina: desafíos del envejecimiento, el cambio tecnológico y la informalidad’ presentado en estos días por la CAF -Banco de Desarrollo de América Latina.

La conjugación de esos cuatro elementos pone en riesgo la sostenibilidad del fondo de jubilaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) que, de por sí, registra un déficit de caja desde 2014.

Esto quiere decir que lo que aportan los afiliados no alcanza para cubrir el pago de prestaciones a jubilados.

Hace una década ocho aportantes financiaban la pensión de un jubilado en Ecuador, lo cual cubría con holgura las pensiones. Pero hoy, la relación ha caído y es de solo cinco a uno. En el futuro se estima que sea solo de tres a uno, lo cual es insuficiente.

Además, la proporción de adultos de más de 65 años prácticamente se duplicará, del 7,6 % que había en el 2018 a 16,2% en el 2050.

El reporte de CAF prevé que, como consecuencia del envejecimiento, el gasto público de los sistemas de pensiones y salud de Ecuador se encarezca.

Hoy, ya es una pesada carga para el Gobierno. Solo para 2021, el Fisco presupuestó USD 1 474 millones para este rubro. Hasta 2065, según la CAF, el gasto en salud y pensiones pesará 12,5% del Producto Interno Bruto (PIB).

El multilateral explica que la mayor o menor rapidez del proceso de envejecimiento, condiciona la urgencia para llevar a cabo reformas para que la cobertura sea sostenible desde el punto de vista fiscal.

Otro problema, según Augusto de la Torre, director del Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad de las Américas (UDLA), es que el afiliado promedio recibe del sistema cinco veces más de lo que aportó.

Es decir, que, si su contribución durante su vida laboral fue de USD 100 al mes, recibe USD 500 mensual. Eso no es sostenible desde ningún punto de vista, enfatizó De la Torre.

El segundo factor que golpea a la seguridad social tiene que ver con la mejora de la esperanza de vida, especialmente de la mujer, que ahora es de 80 años, unos cinco años más que los hombres, según las proyecciones de 2020 hechas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Patricia Borja, especialista en seguridad social, señaló que al existir una esperanza de vida mayor se debe de cancelar por más tiempo las pensiones y hay un gasto elevado en el servicio de salud por los cuidados a mayor edad.

Por esta razón, afirma, se requieren acelerar la creación de empleo, que se traduzcan en más afiliados activos.

Un tercer factor es la baja de fecundidad, que obedece a que menos mujeres se decantan por la maternidad, y las que lo hacen tienen menos hijos.

Este comportamiento, según la CAF, tiene que ver con los cambios en las normas sociales, la demanda de capital humano en un contexto en el que la familia decide entre calidad y cantidad de hijos.

Esto incide, dice Borja, en que habrá menos gente que será afiliada activa a futuro.

Ana Romero, de 36 años, luego de una planificación de ocho años decidió tener un hijo hace un año y medio. Antes, sus plantes eran otros: hacer una Maestría, tener empleo.

La migración es el último factor que puede afectar la distribución de las edades de la población afiliada. Según el Ministerio de Trabajo, la población venezolana fue la que mayor número de contrataciones formales tuvo hasta septiembre con 2 646 contratos.

En la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral estuvieron siete ministros de Estado, el Defensor del Pueblo, la Secretaria de Derechos Humanos y el Titular del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), quienes presentaron el informe sobre las acciones para solventar la grave crisis carcelaria.

La ministra de Salud, Ximena Garzón, sugirió coordinar con el SNAI la reubicación de los dispensarios médicos hacia áreas que permitan brindar una atención integral; consideró necesario elaborar y socializar lineamientos operativos de emergencia ante situaciones de violencia; fortalecer la seguridad para la atención del personal de salud. Informó que cuentan con 244 profesionales de la salud en los centros penitenciarios que registran 82.168 atenciones médicas, y tienen 47 establecimientos de salud con diferentes servicios como medicina interna, familiar y farmacia.

Por su parte el ministro del Trabajo, Patricio Donoso, subrayó que las acciones son transversales y que demandan una gestión coordinada. Respecto a la verificación de condiciones laborales, expidió la escala de remuneraciones mensuales unificadas, la compensación anual y aspectos laborales especiales para guías penitenciarios. Se han planificado inspecciones a centros de privación de libertad y se ha brindado asistencia técnica y asesoría en torno al auto de verificación de cumplimiento de la resolución que busca reformar el modelo de gestión institucional del SNAI, afirmó.

César Córdova, defensor del Pueblo encargado, expuso como acciones urgentes la evaluación política pública – diagnóstico de situación de los centros de rehabilitación social, así como la aplicación de medidas de internamiento de los adolescentes infractores, la implementación del censo penitenciario, aplicación de indultos, contratación de personal técnico, fortalecer el seguimiento a las personas que obtienen la libertad y establecer política de prevención del delito.

La Secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, habló de la caracterización de las personas privadas de la libertad. Relató que de las 118 personas que fallecieron en la Penitenciaria del Litoral, 105 fueron identificadas. De estas, el 61%.3% eran menores de 30 años y el 24.5% contaba con sentencia. Informó que trabajan en mesas técnicas para preparar las reformas al sistema nacional de rehabilitación social y al Código Integral Penal.

Bolívar Garzón, director general del SNAI, expresó que se necesita concretar soluciones integrales e involucrar a todas las entidades del Estado. Se refirió a la clasificación de las cárceles y estadísticas de detenidos y dijo se debe incrementar los jueces de garantías penitenciarias, ya que tienen 5 mil trámites represados, 14.725 procesados y 1.026 órdenes de apremio a contraventores. Su objetivo es la implementación de un nuevo sistema de gestión acorde a las necesidades reales del SNAI, que permita entrelazarse con otras instituciones y obtener datos completos de las personas privadas de libertad, visitantes y personal que labora en la institución, con el fin de mantener un control completo.

Desde las 05:00 de este lunes 18 de octubre del 2021 iniciaron las protestas de los sectores productivos y sociales en el país.

Los primeros reportes que se registran muestran el cierre de vías con vehículos pesados y quema de llantas en la provincia del Guayas, en la costa de Ecuador.

En el cantón Santa Lucía el fuego consume neumáticos y obstaculiza el tránsito. Se observa la presencia de agentes policiales en el lugar.

En la comuna Petrillo, cantón Nobol, los agricultores cerraron la vía con tráileres.

La jornada de protestas está encabezada por el Frente Nacional Agropecuario para la Soberanía Alimentaria del Ecuador (Fenasae), que lo conforman sectores arroceros, cañicultores, ganaderos, entre otros.

Los agricultores piden que se congele el precio de los combustibles y que se respete el precio de sus productos.

A las 08:18 la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) informó sobre el estado de las vías en Guayas y Los Ríos. Hay restricción al tránsito por la protestas en Daule (Petrillo y Limonal), Santa Lucía (Valdivia), Durán (Redondel Los Bancos), Samborondón (Redondel Samborondón), Lomas de Sargentillo (San Lorenzo km. 46), en la provincia del Guayas.

En la provincia de Los Ríos hay obstaculización al flujo vehicular en Babahoyo (Cruce de Chilintomo, Redondel la Chorrera y Rcto. 24 de Mayo).

A la jornada de movilizaciones también se sumó la Unión Nacional de Educadores (UNE) y el Frente Popular. Las dos agrupaciones reportan el cierre de carreteras en Guayas, Los Ríos, Manabí y Carchi “luego de que el Gobierno de Guillermo Lasso ratifique su decisión de continuar con el alza de combustibles”.

La vía Manta – San Mateo, Manabí, registra un aglomeración de manifestantes a la que se han sumado lo pescadores artesanales.

La vía Tulcán – Bolívar, en Carchi, también registra un cierre con llantas y arbustos por parte de agricultores y maestros.

Un nuevo análisis conducido por el Programa Mundial de Alimentos destaca que, si la temperatura mundial acaba registrando un aumento medio de 2ºc respecto a los niveles preindustriales, unos 189 millones de personas adicionales terminarán sufriendo hambre. El hallazgo se hizo público un día antes de la celebración del Día Mundial de la Alimentación que se conmemora cada 16 de octubre

El encargado de esbozar este complejo escenario fue el director ejecutivo del Programa al afirmar que "grandes extensiones del planeta, desde Madagascar hasta Honduras y Bangladesh, están sumidas en una crisis climática que es ya una realidad cotidiana para millones de personas. La crisis climática está fomentando una crisis alimentaria".

A modo de ejemplo, el Programa destaca que decenas de miles de vidas están en peligro en el sur de Madagascar, uno de los muchos lugares del mundo en los que el cambio climático ha favorecido las condiciones de hambruna.

El país africano ha sufrido una serie consecutiva de sequías que han conducido a casi 1,1 millones de personas a una situación de hambre severa. Casi 14.000 de ellas se encuentran en una situación similar a la hambruna y se espera que esta cifra se duplique para finales de año.

El 63% de los habitantes del sur de Madagascar son agricultores de subsistencia que han presenciado el derrumbe de sus medios de vida y la extinción de su única fuente de alimentos debido a la sequía.

En un mundo caracterizado por un nivel sin precedentes de desarrollo económico, medios tecnológicos y recursos financieros, es un escándalo moral que millones de personas vivan en la extrema pobreza. Por ese motivo, debemos dejar de pensar que este problema es exclusivamente una falta de ingresos. Se trata de un fenómeno multidimensional que comprende, además, la falta de las capacidades básicas para vivir con dignidad.

Las personas que viven en la pobreza experimentan muchas privaciones interrelacionadas que se refuerzan mutuamente, inmpidiéndoles ejercer sus derechos y perpetuar su pobreza, entre ellas:

Este año marca el 27º aniversario de la declaración del Día Internacional por parte de la Asamblea General, en su de 22 de diciembre de 1992. A su vez, 2020 marca el 32º aniversario del llamamiento a la acción del Padre Joseph Wresinski - que inspiró la celebración del 17 de octubre como el Día Mundial para la Superación de la Pobreza Extrema y que, 5 años después, conllevaría el reconocimiento por las Naciones Unidas del día como el Día Internacional para la Erradicación de la pobreza.

Este año, el tema del día internacional aborda el desafío de lograr la justicia social y medioambiental para todas las personas. El creciente reconocimiento de la multidimensionalidad de la pobreza significa que ambos elementos están inseparablemente entrelazados, y que la justicia social no puede realizarse plenamente sin abordar simultáneamente y de manera drástica las injusticias medioambientales. Aunque se ha avanzado en la lucha contra la pobreza en el ámbito de los ingresos, se han tenido menos en consideración, en el marco de un enfoque más global, otras dimensiones importantes de la pobreza como el creciente impacto medioambiental.

Las personas que viven en la extrema pobreza, a menudo por pura necesidad, son las primeras en actuar de manera concreta dentro de sus comunidades en respuesta a la misma, al cambio climático y los desafíos medioambientales. Sin embargo, sus esfuerzos y su experiencia suelen pasar desapercibidos y no se aprecian; no se toma en consideración su capacidad para contribuir positivamente a la búsqueda de soluciones; no se les reconoce como impulsores del cambio y sus voces no se escuchan, especialmente en los órganos internacionales.

Pero esto tiene que cambiar. La participación, los conocimientos, las contribuciones y la experiencia de las personas en situación de pobreza y a quienes se deja atrás deben ser valoradas, respetadas y se deben reflejar en nuestros esfuerzos por construir un mundo equitativo y sostenible en el que haya justicia social y medioambiental para todas las personas.

Únete a la campaña para #AcabarConLaPobreza

Todos pueden unirse a la campaña en las redes sociales utilizando el hashtag #EndPoverty o #AcabarConLaPobreza y conectarse con personas de todo el mundo que se han unido a la lucha para superar la pobreza.

En América Latina y el Caribe vive el 8,4% de la población mundial; sin embargo, es una región que acumula la quinta parte de los casos de COVID-19 y el 30% de las muertes por esa enfermedad (1,5 millones), además de que su economía ha sido la más afectada por la pandemia, con una contracción del 6,8% de su Producto Interno Bruto en 2020.

Estos datos hacen evidente la necesidad de construir una agenda de salud pública integral “que reconozca la interdependencia entre las dimensiones sanitaria, social, económica y ambiental”, subraya un informe conjunto de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) publicado este jueves.

El estudio La prolongación de la crisis sanitaria y su impacto en la salud, la economía y el desarrollo social insta a los gobiernos de la región a acelerar los procesos de vacunación, transformar los sistemas de salud, fortalecer la inversión pública y consolidar Estados de bienestar para controlar la crisis sanitaria en el corto plazo y avanzar hacia una recuperación con igualdad y sostenibilidad ambiental, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La prioridad sigue siendo controlar la crisis sanitaria desde un enfoque integral y mediante la aceleración de los procesos de vacunación de la población, apuntan los organismos.

La crisis persiste

En la conferencia de prensa virtual de presentación del documento, la secretaria ejecutiva de la CEPAL hizo hincapié en la prolongación de la crisis sanitaria. “La crisis persiste”, dijo, “hemos transitado desde la emergencia en 2020 a la crisis sanitaria prolongada en 2021”, aludiendo al repunte económico proyectado para este año y el próximo (5,9% y 2,9%, respectivamente), que no conseguirá que región se coloque en el nivel previo a la pandemia.

“El año pasado dijimos que sin salud no hay economía y hoy reiteramos que sin salud no habrá recuperación económica sostenible”, puntualizó Alicia Bárcena.

El sector farmacéutico, clave en la economía

En este sentido, subrayó la importancia de fortalecer la capacidad de la región para producir vacunas y medicamentos y superar la dependencia externa que se enfrentó durante esta pandemia.

La pandemia de COVID-19 hizo evidentes las limitaciones de los países del bloque para el abastecimiento de vacunas y medicamentos, y probó las debilidades de los sistemas de salud, la desigualdad frente al acceso a atención primaria universal y la carencia de una planificación anticipatoria.

Además, la falta crónica de financiamiento a la investigación y el desarrollo tecnológico y las débiles políticas industriales impidieron desarrollar las capacidades existentes para producir vacunas oportunamente y construir un mercado de escala de medicamentos.

“El sector farmacéutico es clave para la economía, al igual que lo es la transparencia en los mercados farmacéuticos”, enfatizó y abogó por la pronta implementación del plan de autosuficiencia sanitaria para América Latina y el Caribe.

Este jueves, también se desarrolla la audiencia de juzgamiento contra la exautoridad, investigada por presunto abuso sexual.

El exdefensor del Pueblo Freddy Carrión seguirá cumpliendo la medida de prisión preventiva en la cárcel 4 de Quito, investigado por presunto abuso sexual.

El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, integrado por los magistrados Marco Rodríguez, Daniella Camacho y Walter Macías, instaló este 14 de octubre una audiencia de revisión de medidas cautelares en la que Carrión y su defensa técnica solicitaban que se apliquen medidas alternativas a la prisión preventiva, para con ello poder ejercer su derecho a la defensa en libertad. El exdefensor del Pueblo está detenido desde el 17 de mayo pasado.

En la diligencia, en la que estuvo presente la fiscal general, Diana Salazar, por ser Carrión una autoridad con fuero de Corte Nacional, el Tribunal acogió sus argumentos, por lo que se negó el pedido de medidas alternativas.

La audiencia de revisión de medidas cautelares se instaló a las 08:00. Una vez concluida, se reinstaló la audiencia de juzgamiento contra Carrión por un presunto abuso sexual por el que es investigado, después de que la pareja del exministro de Salud Mauro Falconí denunció el hecho, que se habría producido entre la noche del 15 de mayo y la madrugada del 16 de mayo durante una reunión social.

Para estas diligencias que son reservadas, Carrión contará con 55 abogados para ejercer su defensa. Uno de ellos, María José Gutiérrez, reprochó que el Tribunal haya negado una medida alternativa a la prisión preventiva, pues su defendido es padre de tres hijos menores de edad.

“La Fiscalía está abusando de la prisión preventiva”, increpó Gutiérrez, y agregó que se han sumado 55 abogados a la defensa, porque “han visto irregularidades” en el proceso penal.

La audiencia de juzgamiento se suspendió en dos ocasiones por pedido de Carrión.

El pasado 17 de septiembre debía instalarse el Tribunal, pero Carrión solicitó el diferimiento, porque varios de sus testigos no continuaban ejerciendo sus labores en las instituciones a las que pertenecían y se debía volver a notificarlos.

El Tribunal aceptó la solicitud y la cambió para el 1 de octubre, pero él nuevamente pidió diferirla, porque había cambiado de abogados y alegó que necesitaban conocer el expediente.

Los jueces aceptaron el pedido, pero se sancionó a los abogados con el pago de dos salarios básicos unificados por acciones dilatorias.

Uno de sus abogados, Freddy Ron, explicó este jueves que, al ser 55 abogados los que lo defenderán, lo harán de manera ordenada.

Aseguró que Carrión se encuentra detenido de forma ilegal, porque no existen señales de que hubo un tipo de abuso sexual.

El presidente de la Comisión de Seguridad Integral, Ramiro Narváez, anunció que este viernes 15 de octubre, desde las 09h00, los parlamentarios avanzarán en el proceso de investigación sobre la crisis carcelaria y la situación de inseguridad ciudadana. Para ello recibirá a autoridades y ciudadanos, con la finalidad de identificar las acciones y omisiones de los funcionarios de las distintas instituciones del Estado frente a esta problemática que enfrenta el país.

En este marco, la mesa legislativa invitó a Franklin Galarza, presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas; Pablo Jurado, presidente del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador; Yilda Rivera, presidenta del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador.

También participarán Carla Álvarez, docente investigadora del Instituto de Altos Estudios Nacionales; Francisco Estupiñán, experto en Derecho Penal y seguridad; y, Amada del Rocío Calderón, coordinadora del Frente Ciudadano.

Los comparecientes expondrán sus propuestas para enfrentar esta problemática e identificarán las necesidades legislativas para el cumplimiento de las atribuciones y funciones en materia de seguridad. Se referirán, además, a las acciones tomadas en la prevención y respuesta a la situación de inseguridad ciudadana y sus resultados.

Así mismo, los mecanismos de coordinación interinstitucional e intersectorial entre las entidades rectoras y ejecutoras de seguridad y otras instituciones del Estado, tal como lo manda la Constitución en su artículo 226.

El asambleísta Ramiro Narváez recordó que la Comisión realiza este proceso de fiscalización, en cumplimiento del mandato del Pleno de la Asamblea Nacional, expresado en la resolución del 30 de septiembre en la que dispone investigar la actuación de los funcionarios públicos de las distintas funciones del Estado para prevenir y resolver la crisis carcelaria, y alarmante situación de inseguridad ciudadana que vive el país, por cuanto la emergencia en el ámbito de seguridad está causando grave conmoción social.

En ambos casos, en un plazo máximo de siete días el Consejo Nacional Electoral convocaría a elecciones de Presidente y asambleístas para el resto del periodo.

La constante inestabilidad política que vivía el país por las fricciones entre los poderes Ejecutivo (Presidente de la República) y el Legislativo (Asamblea Nacional), determinó que en la Constitución de 2008 se incluyera como posibilidad la denominada ‘muerte cruzada‘.

Pero qué es la ‘muerte cruzada‘, cómo funciona, en qué casos se aplica esta figura constitucional:

1.- Esta figura legal está contemplada en el artículo 148 de la Constitución aprobada en el 2008 para cerrar la Asamblea.

2.- La ‘muerte cruzada’ consiste en la facultad del Poder Ejecutivo para disolver el Poder legislativo.

3.- El Presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando:

4.- La Constitución precisa que esta facultad del Presidente de la República podrá ser ejercida por una sola vez en los tres primeros años de su mandato.

5.- La disolución deberá ser publicada en el Registro Oficial.

6.- En un plazo máximo de siete días contados después de la publicación de la disolución, el Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá convocar a elecciones anticipadas de Presidente y asambleístas para el resto del respectivo período.

7.- Hasta la instalación de la nueva Asamblea Nacional, el Presidente de la República, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, podrá expedir decretos leyes de urgencia económica, los cuales podrán ser aprobados o derogados por el Legislativo tras su instalación.

8.- El artículo 130 de la Constitución también determina la facultad de la Asamblea para destituir al Presidente de la República por:

9.- Para la destitución se requerirá el voto favorable de 91 asambleístas.

10.- En un plazo máximo de siete días desde la publicación de la destitución, el CNE convocará a elecciones anticipadas de Presidente de la República y asambleístas para el resto de los  respectivos períodos