Hechos Ecuador

La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, que preside Ramiro Narváez, inició este sábado, 9 de octubre, la investigación relacionada con la crisis carcelaria y la alarmante inseguridad ciudadana que vive el país, conforme lo resuelto por el Pleno de la Asamblea Nacional el pasado 7 de octubre.

Para tal efecto, el organismo, con el voto unánime de los siete asambleístas presentes, aprobó el cronograma de actividades que arrancó con el requerimiento de información a los ministerios de Defensa Nacional y de Gobierno, así como a la Comandancia General de Policía y al organismo técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social.

El equipo técnico de la Comisión identificó al menos 18 entidades públicas relacionadas con el tema penitenciario y de seguridad ciudadana que serán parte de la investigación ordenada por el Pleno de la Asamblea. Sin embargo, en primera instancia se formularon preguntas para las cuatro instituciones de mayor relevancia en materia de seguridad pública.

El requerimiento de información al Ministerio de Defensa incluye 55 interrogantes relacionadas con los operativos de control de armas en las distintas provincias del país; apoyo al control de los centros de rehabilitación social; operativos de seguridad en las zonas de frontera, todo esto desde 2016. En similares materias se consulta al Ministerio de Gobierno, con un total de 60 preguntas.

A la Comandancia General de Policía se formulan otras 60 preguntas, también relacionadas con la participación de la institución en los operativos de control de armas, a nivel nacional, así como el apoyo al mantenimiento de la seguridad en los centros de rehabilitación social y los resultados de las sucesivas declaratorias de estado de excepción en las cárceles del país.

Mientras, al organismo técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, en un pliego de 89 preguntas, se le requiere información acerca del hacinamiento en los centros de rehabilitación social, los procesos de prelibertad y de beneficios penitenciarios, la nómina de internos fallecidos, desde 2018 y las causas de los decesos, entre otros aspectos puntuales.

La Comisión retomará la sesión este domingo, 10 de octubre, a partir de las 17h30, a fin de avanzar en nuevos requerimientos de información a otras entidades relacionadas con la situación penitenciaria y la seguridad pública.

El director del Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), Bolívar Garzón, detalló varios factores que también inciden en la crisis carcelaria que ha dejado, solo en septiembre, el asesinato de 119 reos.

En su comparecencia en el Pleno de la Asamblea Nacional, este 7 de octubre de 2021, el funcionario informó que el sistema penitenciario está compuesto por 36 infraestructuras físicas para acoger personas privadas de la libertad, adultas, y 20 para adolescentes infractores.

El universo penitenciario es de 38.186 personas privadas de la libertad: 35.707 son hombres, 2.479 mujeres y 313 adolescentes.

-Privados de la libertad por apremio: 544

-Por delitos: 37.100

-Por contravenciones: 542

De este universo, apenas 22.297 tienen sentencia, que representan un 60,1%, mientras que 14.803, que es casi el 40%, son procesados sin sentencia.

La capacidad instalada nivel nacional es para 30.196 PPL, por lo que existe un 26,46% de hacinamiento en el sistema penitenciario. Pero cada Centro tiene su realidad. Por ejemplo, en la cárcel #1 del Guayas 1 hay un hacinamiento del 61.20. Aquí, la mayoría de son procesados y aún no tienen sentencia.

Para el control de los casi 39.000 presos, el cuerpo de seguridad y vigilancia penitenciaria es un total de 1.654 personas en todo el país. Por ello, Garzón alertó que cada guía tiene en su control a 110 PPL, cuando la norma internacional dice que debe ser máximo 20 o 30 personas.

Además, criticó que en el país solo 14 jueces tramitan los beneficios penitenciarios. “Conozco que existen 5.000 expediente represados que no se dan trámite. Como SNAI gestionamos, pero quien otorga el beneficio son los jueces”, informó.

Por último, suplicó a la Asamblea Nacional su ayuda porque no existe una Ley de rehabilitación social y solo cuentan con el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que se refiere a la parte punitiva y no a la rehabilitación.

Tras escuchar las comparecencias de tres autoridades sobre la crisis carcelaria, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de resolución con siete artículos. Uno de ellos, solicitar al Presidente Guillermo Lasso, que invite a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que investigue y elabore un informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad (PPL) y, en particular, en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, para que las conclusiones y recomendaciones sean recogidas por el Estado ecuatoriano.

Con 92 votos afirmativos, 19 negativos y 19 abstenciones, el hemiciclo Legislativo aprobó la moción presentada por la legisladora Jéssica Castillo, en el que también conmina al Presidente de la República para que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas trabajen con el Servicio Nacional de Atención Integral de Personas Privadas de la Libertad (SNAI) en la crisis carcelaria respetando derechos humanos de las PPL hasta que se manifieste de manera pública que se ha superado la crisis.

Disponen también a la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral que, dentro del trabajo que viene realizando, resuelva acciones para precautelar la protección interna y mantenimiento del orden público y seguridad ciudadana para que las Fuerzas Armadas apoyen de forma complementaria las operaciones de control de porte de armas que compete a la Policía Nacional.

Además, que la Comisión elabore un informe para conocer si existe presencia de la fuerza pública en las fronteras para realizar operativos de control de armas.

También recomienda al Presidente y a la Fiscal que los procedimientos para identificación de cadáveres en centros de privación observen lo dispuesto en el Protocolo de Minnesota.

En la resolución aprobado, la Asamblea dispuso al SNAI elaborar un informe consolidado sobre el procedimiento utilizado para el levantamiento de cadáveres y su identificación en los hechos suscitados en febrero y septiembre de este año, en un plazo de 30 días, y que se envíe a la Comisión de Soberanía.

La Comisión también tendrá que elaborar un informe sobre la aplicación del mecanismo nacional de prevención de tortura y tratos crueles en las cárceles.

Ante el pedido de un grupo de excombatientes del conflicto bélico del Cenepa, el Consejo de  Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) resolvió exhortar a las autoridades competentes a que se cumpla con los beneficios legales a los que tienen derecho, especialmente en lo relativo a atención médica. Además, serán invitados a acudir ante el Pleno del CPCCS para informar a la ciudadanía sobre las razones del incumplimiento.

Los excombatientes que no son personal de las Fuerzas Armadas (FFAA) ni jubilados de la institución, es decir que prestaron servicios en el campo de batalla en calidad de conscriptos y reservistas, son beneficiarios del numeral 4 de la Disposición Final Primera de la Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales, por lo cual deben recibir atención en las casas de salud de las FFAA.

Siendo que el CPCCS atiende permanentemente los requerimientos de los excombatientes, ha dialogado con las autoridades respectivas, quienes aceptaron prestar la atención médica; sin embargo, este derecho no se cumple hasta el momento. Además, se ha constatado que este no es el único incumplimiento por parte de las instituciones responsables en los sectores de salud, educación y vivienda, por lo que se resolvió:

Mgs. Sofía Almeida Fuentes

Presidenta del CPCCS

“Hoy conminamos a todas las instituciones del Estado, para trabajar de manera articulada, oportuna, eficiente y transparente, en defensa de la paz y la seguridad de nuestras familias. Los ecuatorianos merecemos una vida libre de pobreza, de violencia y de inseguridad. Debemos enfrentar unidos y con energía este flagelo. Una estrategia nacional en el marco de políticas públicas es urgente”.

Esta declaración la realizó Guadalupe Llori Abarca, presidenta de la Asamblea Nacional, con motivo de la comparecencia de Alexandra Vela, ministra de Gobierno; Bolívar Garzón, director general de Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI); Tannya Varela, comandante General de la Policía Nacional; y, Jorge Cabrera, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quienes informaron sobre las acciones de las entidades a su cargo, ante la grave crisis de seguridad pública que preocupa al país.

Alexandra Vela, ministra de Gobierno, realizó un balance de la seguridad del Estado entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2021, delincuencia organizada, políticas y estrategias para la seguridad y convivencia pacifica. Además, mencionó que en este lapso hubo 1.742 homicidios de carácter intencional, es decir, 3.6% por encima del promedio mundial. El 61% de esos eventos son de carácter criminal y el 39% de carácter interpersonal. El 79% se realiza en territorio urbano y el 21% en lo rural. Descartó que exista violencia generalizada.

También, habló de la secuencia de asesinatos en las cárceles del país, con pugnas y conflictos violentos durante los últimos dos años. Precisó que entre el 2014 y 2017 se incrementó el número de privados de libertad, en un 40%, lo que produjo hacinamiento. El crimen organizado está relacionado con el consumo y venta de drogas, con disputas de poder. Desde el 2019 surge el incremento de poder interna en las cárceles, con organizaciones delictivas internacionales, agregó.

Por su parte, Bolívar Garzón, director General del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), mencionó que en el país existen 36 infraestructuras físicas, con una población de 39.000 privados de libertad. Existen 14.803 (40%) de reclusos que se encuentran procesados y no tienen sentencia; 5.000 trámites represados y 5.000 con apremio que no cometieron delito. Hay hacinamiento de privados de libertad; déficit de agentes de seguridad penitenciaria y solo hay 14 jueces penitenciarios, advirtió.

Además, indicó que no hay rehabilitación social en el país, por lo que pidió a la Asamblea Nacional la construcción de una Ley de Rehabilitación Social, ya que al momento se aplica el Código Orgánico Integral Penal, que es punitivo.

En cambio, Tannya Varela, comandante General de la Policía Nacional, señaló que esta institución cuenta con 53 mil efectivos que combaten contra la delincuencia a través de tres subsistemas: preventivo, investigativo e inteligencia.

El Pleno de la Asamblea Nacional con 105 votos afirmativos resolvió requerir a la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la interculturalidad, efectúe la investigación correspondiente del caso denominado “Pandora Papers”, por ser un hecho de gran interés ciudadano que ha generado seria conmoción social.

La Comisión deberá solicitar las comparecencias y requerir la información que considere necesaria, con el fin esclarecer la vinculación del Presidente de la República Guillermo Lasso Mendoza, dentro de este caso, relacionado con depósitos en paraísos fiscales.

El Pleno dispuso que la Comisión de Fiscalización y Control Político remita de manera inmediata toda la información y/o documentación relacionada con la investigación periodística denominada “Pandora Papers”, a la Comisión de Garantías Constitucionales, que tendrá la competencia exclusiva para el conocimiento del presente proceso de fiscalización.

El asambleísta de UNES, Ronny Aleaga quién propuso la moción, plantea varias interrogantes: “la revelación de “Pandora Papers” enfrenta varios problemas, uno de ellos es que el Presidente de la República, posiblemente haya incumplido el mandato legal del pacto ético, que prohíbe a los candidatos y funcionarios públicos tener sus recursos o bienes en paraísos fiscales. Para develar los nexos con “Pandora Papers”, falta conocer información sobre cómo se deshizo de los fidecomisos, si los vendió o los regaló; y, qué acciones del pago de tributos se realizaron sobre esta transacción”.

En el debate los legisladores coincidieron de manera mayoritaria en la necesidad de realizar una investigación con transparencia y objetividad. También subrayaron que corresponde al Pleno de la Asamblea, definir el procedimiento a seguir, conforme lo determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

De su lado, legisladores a fines al Gobierno, señalaron que existe predisposición del Presidente de la República, para que se lleve adelante la investigación. Aseguraron que las cartas están abiertas para que la Contraloría investigue el tema “Pandora Papers”, puesto que no hay nada que temer y que tener dinero fuera del país no es un delito.

Una vez concluida la investigación, así como el periodo de comparecencia y pedidos de información pertinentes, la Comisión elaborará un informe pormenorizado, con sus respectivas recomendaciones, para que sea conocido y debatido ante el Pleno de la Asamblea Nacional, para lo cual tendrá un plazo no mayor a treinta (30) días, contados a partir de la notificación con la presente Resolución.

El Comité de Ética aprobó por unanimidad el informe que recomienda la destitución de Bella Jiménez a su condición de asambleísta, una vez que sustanció y evaluó las las pruebas de cargo y descargo en el marco del debido proceso.

Pasado el medio día, el Comité de Ética instaló su reunión con el fin de analizar el proyecto de informe que fue preparado por el presidente de la mesa, José Chimbo, en torno a las denuncias presentadas por los asambleístas Alejandro Jaramillo y Victoria Desintonio, en contra de la parlamentaria Bella Jiménez Torres.

El presidente del Comité, José Chimbo, dispuso la lectura del informe, que entre las recomendaciones consta la destitución de Bella Jiménez ante las denuncias sobre la gestión de cargos públicos.

De inmediato los miembros del Comité expusieron sus comentarios sobre el trabajo desarrollado hasta llegar a la elaboración del informe. Coincidieron que la gestión se cumplió con transparencia y respetando el debido proceso y el derecho de la defensa de la asambleísta denunciada.

La legisladora Luisa González mocionó la aprobación del informe que recomienda la destitución de la asambleísta Bella Jiménez, y se remita de manera urgente a la Presidencia de la Asamblea para que sea debatido en el Pleno Legislativo, moción que fue aprobada por unanimidad.

La Comisión de Biodiversidad recibió información respecto de las acciones emprendidas en materia de pesca incidental y deforestación. Gustavo Manrique, ministro de Ambiente recordó que esta Cartera propuso una moratoria respecto de la pesca incidental, que lamentablemente, fue eliminado de las reformas al Código de Ambiente.

En cuanto a la extracción y degradación forestal, precisó que existen 115 procesos entre el 2020 y 2021. Informó que se recaudaron 48.300 dólares por multas y que para realizar controles establecieron dos puestos fijos para verificar la legalidad del equipo forestal.

Señaló que hay 107 metros cúbicos de tala ilegal de bosque nativo en Pastaza, razón por la que iniciaron dos procesos por tala ilegal, mismos que están en trámite.

Al referirse a los incentivos de planes de forestación en Pastaza, recordó que se ejecuta el proyecto socio bosque que consiste en la entrega e incentivos económicos a campesinos y comunidades indígenas que se comprometen voluntariamente a la conservación de bosques y páramos nativos en todos los rincones de la patria. Mencionó que se han firmado 99 convenios con este fin, que benefician a 14.150 personas de pueblos con comunidades indígenas.

Además, indicó que se suscribió un acuerdo para brindar asistencia técnica para la restauración forestal a pueblos y comunidades, y recuperar 7 mil hectáreas. El programa de reforestación da asistencia técnica con estrategias de sostenibilidad, añadió.

Por su parte, Danny Rueda, funcionario del Ministerio de Ambiente, informó sobre la incautación de 8 toneladas de carne de tiburón, 380 tiburones martillo, 213 ejemplares de caballos de mar y otras acciones, particular que se notificó a las autoridades competentes.

Señaló que se realizan acciones conjuntas con el Ministerio de Gobierno para el cuidado de la naturaleza. También, dio a conocer las acciones emprendidas por el Ministerio de Ambiente en cuanto a las embarcaciones no cooperantes que realizan actividades ilícitas.

Precisó que se implementó un sistema de video vigilancia y un sistema portuario con radar en los puertos de embarque y desembarque en las 40 millas náuticas. Se firmó un convenio interinstitucional entre el Parque Nacional Galápagos y el Ministerio de Gobierno, con la finalidad de fortalecer la unidad de control, añadió.

Sobre las 185 tortugas capturadas en la isla Baltra, mencionó que se iniciaron las acciones pertinentes ante la Fiscalía que concluyó con la orden de prisión por tres años al policía Nixon P. quien intentó enviar las 185 tortugas a Guayaquil en el interior de una maleta.

Autoridades de universidades públicas y privadas acudieron este miércoles a la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, con el fin de exponer sus aportes y observaciones al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), específicamente al articulado relacionado con el alcance de la autonomía universitaria en el país.

Florinella Muñoz, rectora de la Escuela Politécnica Nacional, afirmó que la autonomía se relaciona con el aspecto organizativo, académico, financiero y administrativo de cada universidad. “Hemos visto limitada la autonomía universitaria en varios ámbitos de la educación superior”, advirtió.

Señaló que las universidades públicas realizan procesos de contratación extensos, que ocasionan que se detengan los procesos de vinculación e investigación, que son urgentes para atender las necesidades del país. Así mismo, resaltó la necesidad que la autonomía universitaria sea plena y completa, que se aplique en el ámbito académico, administrativo y financiero.

“Necesitamos universidades con autonomía y con recursos suficientes y oportunos para garantizar la calidad de la educación superior”, puntualizó María Hermida, representante de la Universidad de Cuenca, al referirse a la importancia de contar con una reforma a la LOES que garantice la autonomía en todos los ámbitos educativos.

El acceso a la gratuidad como un derecho universal, fue otro de los temas que abordó la docente universitaria. A su criterio, el cobro de nivelaciones en las universidades públicas es un retroceso en derechos a la educación.

Santiago Velásquez, representante de la Universidad Espíritu Santo, indicó que las reformas deben ser tratadas desde la eficiencia, autonomía, diversidad, internacionalización y libertad para que puedan contribuir a la ejecución de una educación de calidad a futuro. Reiteró su compromiso con la Comisión para trabajar en una reforma integral que beneficie al país.

Para Diego Quiroga, rector de la Universidad San Francisco de Quito, es importante que las universidades públicas y privadas sean equipadas con tecnología para reforzar la investigación. “Tenemos que mejorar la calidad interna del sistema de posgrado, para evitar que los estudiantes salgan del país, se debe generar procesos de intercambio con universidades extranjeras, que nos permitan perfeccionar conocimientos”, indicó.

Mónica Valencia, delegada de la Universidad Casa Grande, explicó que hasta enero de 2021, existían alrededor de 21.733 alumnos matriculados en el sistema de educación superior, de los cuales el 57% estudia en universidad pública y el 43% en la universidad privada. Consideró importante que los estudiantes de escasos recursos puedan acceder a un sistema de financiamiento que cuente con facilidades de pago en las universidades privadas y evitar la deserción temprana de estudiantes.

Las legisladoras Mariuxi Sánchez, Ana Raffo y Rocío Guanoluisa agradecieron los aportes de las autoridades universitarias. También enfatizaron en la necesidad de que el Estado garantice la gratuidad de la enseñanza en todos los niveles educativos.

“Desde la Comisión trabajamos para construir una reforma que garantice una educación de calidad con igualdad de oportunidades”, señaló Rocío Guanoluisa.

El presidente de la Comisión, Manuel Medina, mencionó que las propuestas de las universidades servirán para la construcción de una norma incluyente y participativa que favorezca a la educación del país.

La Comisión de Garantías Constitucionales escuchó los criterios de autoridades de varias instituciones en torno al proyecto de reformas a la Ley de Apoyo Humanitario. Esta vez fue el turno del superintendente de Compañías, encargado, Francisco Bolaños, quien manifestó que desde el punto de vista técnico, financiero y actuarial de los seguros que administra la Seguridad Social, la reforma debe estar respaldada en estudios actuariales y técnicos que permitan contar con un régimen de aportaciones que garantice el financiamiento y la sostenibilidad de las prestaciones que brinda el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

El funcionario sugirió trabajar en la sostenibilidad financiera de las entidades y en una política pública que atienda a los sectores que fueron afectados por la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.

Por otra parte, Fabián Escalante, director Nacional Jurídico del Ministerio de Salud Pública (MSP), mencionó que para la reforma a la Ley de Apoyo Humanitario se debe actuar en función del artículo 25 y la disposición transitoria novena que regula los méritos para acceder al nombramiento definitivo y contratos indefinidos a favor de los profesionales de la salud.

El asambleísta Édgar Quezada exigió a los delegados del MSP que justifiquen, mediante el informe técnico, la terminación de los contratos de los profesionales y trabajadores de la salud que brindaron la atención médica durante la emergencia sanitaria de Covid-19.

Vicente Room, procurador del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, dijo que es fundamental contar con el estudio actuarial y técnico que demuestre la viabilidad de la prestación de servicios, a fin de garantizar el principio de sostenibilidad de los fondos de propiedad del IESS.

Finalmente, Andrés Salazar, delegado de la Universidad Andina Simón Bolívar, comentó que seis de cada 10 puestos de trabajo son generados por las MIPYMES, hecho que debe ser considerado en el estudio de las reformas para atender una de las necesidades prioritarias como es la generación de empleo.

Afirmó que de acuerdo con las estadísticas del INEC por efectos de la crisis sanitaria el empleo ha disminuido en el Ecuador, durante la época de pandemia de modo que solo 3 de cada 10 ecuatorianos cuentan con el trabajo estable.