Hechos Ecuador

Esta semana, los integrantes de los Comités Comunitarios de Gaspar y Don Juan, de la parroquia Convento, fueron capacitados en temas como plan familiar y emergencia, normas esferas y primeros auxilios por parte de la Cruz Roja Ecuatoriana.

Estas capacitaciones son coordinadas por el Municipio de Chone y el Servicio Nacional de Riesgos y Emergencia, tienen como objetivo preparar a la ciudadanía para enfrentar cualquier emergencia.

“Nos sentimos complacidos de ver el resultado que están dando estos talleres y la aceptación que ha tenido en la comunidad. Cada día más sectores y más personas se suman a este proyecto que constituye un trabajo vital e incluso ha salvado vidas”, sostuvo Jorge Luis Sáenz, coordinador de Gestión de Riesgos de la municipalidad.

“Soy un empresario y actué como vendedor de buena fe y no me correspondía conocer el origen del dinero que se pagó por el departamento en Alicante, España”, subrayó Emilio Torres, en la Comisión de Fiscalización y Control Político, en el marco de la investigación del denominado caso Ina Papers, que involucra a un círculo cercano al expresidente de la República, Lenín Moreno Garcés.

Torres explicó que la venta se hizo a la familia Macías Patiño; recibió dos transferencias hasta completar el valor de EUR 133 mil (ciento treinta y tres mil euros). Añadió que no conocía que el departamento iba ha ser habitado por la familia de Moreno, a quien conoció desde el año 2000, aproximadamente.

Enfatizó que se trata de un apartamento de dos dormitorios ubicado en un barrio popular (de clase media baja) de Alicante, España.

Reiteró que como vendedor de buena fe, a través de sus abogados, cumplió todos los procedimientos legales para la venta del referido bien, por el cual recibió el valor pactado, al insistir que como empresario se dedica, entre otras actividades, a la rama de bienes raíces.

Al ser consultado si no le pareció extraño que las transferencias hayan sido hechas desde la cuenta de Ina Invesment Corporation, Emilio Torres dijo que no es su responsabilidad conocer el origen de los recursos con los cuales se efectúan los pagos, sino solo recibir los valores pactados y formalizar la venta del departamento.

Minería

En otro orden, la Comisión de Fiscalización, con el voto unánime de los ocho legisladores presentes, resolvió convocar para la próxima semana a los ministros de Ambiente y Agua y de Energía y Recursos Naturales no Renovables, para que informen acerca del cumplimiento de la voluntad popular de la capital azuaya, por la cual se prohíbe la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica de los ríos Tarqui, Yanuncay, Machángara, Tomebamba y Norcay, según la delimitación técnica realizada por la Empresa de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca (Etapa EP).

La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, en el ejercicio de su rol fiscalizador, solicitó la comparecencia del ministro de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera, en virtud del incumplimiento en la entrega de información requerida por el asambleísta Mario Ruiz, así como por el incumplimiento del pedido efectuado por esta mesa, para que informe respecto a los ejes viales Otavalo - Selva Alegre y Aguagrum - La Magdalena.

El secretario de Estado presentó una excusa solicitado la reprogramación de su comparecencia, pues hoy no podía presentarse porque se instalaban las medas de diálogo con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y era necesaria su participación en este encuentro. Además, pidió que las notificaciones se las realicen con al menos 48 horas de anticipación.

El presidente de la Comisión, Ferdinan Álvarez, indicó que el pedido de comparecencia al Ministro se la hizo con la debida antelación. Sostuvo que la Asamblea debe ejercer su rol fiscalizador y requerir a los servidores públicos la información que considere necesaria. En tal sentido, citó el artículo 154 numeral 2 de la Constitución y los artículos 75 y 76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

También hizo referencia al artículo 131 de la Constitución respecto al enjuiciamiento político por incumplimiento de funciones que le asignan la Constitución y la Ley.

En otro tema, la Comisión conoció y analizó el oficio suscrito por el secretario General Administrativo de la Presidencia de la República, José Yunes, en respuesta al requerimiento de información efectuado por esta mesa y por la asambleísta María Astudillo, sobre los pagos realizados por el concepto de pensión vitalicia al expresidente de la República, Lenín Moreno.

Yunes envió copia certificada de los pagos de las pensiones vitalicias a exmandatarios desde mayo de 2017 hasta septiembre de 2021. Destacó que el exjefe de Estado, el 20 de noviembre de 2019, presentó un oficio dirigido al Director Financiero de la Presidencia en el que solicitó suspender la pensión vitalicia como exvicepresidente, desde el mes de noviembre de 2019 al mes de mayo de 2021.

Dentro de la documentación también se encuentran los comprobantes de pago por remuneración a Lenín Moreno, como Presidente de la República de 2017 a 2021.

La Comisión de Biodiversidad inició un proceso de fiscalización sobre las concesiones mineras e hidroeléctricas, con la presencia de Juan Carlos Bermeo, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, quien al referirse a la situación de las actividades mineras en la provincia de Morona Santiago señaló que la minería ilegal se concentra en los cantones Gualaquiza y Tiwintza, lugares de difícil acceso que impiden un control oportuno por parte de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas.

Precisó que pese a las limitaciones por falta de personal, recursos económicos, difícil acceso al sector, en Morona Santiago se realizaron 17 operativos y un total de 253 a nivel nacional, en lo que va de este año.

Dijo que la minería ilegal está muy bien equipada. En muchos casos la información se filtra desde las propias comunidades, quienes alertan a las empresas de los controles. Precisó que todos los proyectos de mediana y gran minería cuentan con estudio de impacto y manejo ambiental, así como con la respectiva licencia, como un acto previo para el inicio de sus tareas. Aclaró que el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables no tiene competencia en materia ambiental.

El Secretario de Estado afirmó que enfrentar el problema de la minería ilegal debe haber articulación entre el Ministerio de Gobierno, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos en coordinación con las entidades judiciales y la implementación de una oficina técnica administrativa para lograr acciones de control inmediato de minería no autorizada, en virtud de que por sí solas no se logrará este objetivo.

Precisó que el catastro minero se encuentra actualmente cerrado. Mencionó que hay un crédito del BID para la contratación de la firma, que se encargará de actualizar la información y una vez que esté listo el registro de títulos mineros se abrirá para otorgar nuevas concesiones. El Ministerio está implementando una herramienta tecnológica que permita una eficiente gestión de control minero. Al momento hay 23 concesiones mineras suspendidas por no cumplir con los permisos respectivos, añadió.

Al referirse a la consulta previa, libre e informada a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, recordó que la Corte Constitucional estableció un plazo para que el Parlamento expida la ley correspondiente.

El presidente de la Comisión, Washington Varela, indicó que le preocupa la respuesta del Ministro respecto de la consulta previa, pues si bien no hay una ley expresa no se puede dejar de lado lo que establece la Constitución, la Ley de Participación Ciudadana y la Ley de Minería sobre este particular, ya que es deber del Estado y del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables acatar lo que está escrito en las leyes. Dijo que la normativa debe ser trabajada entre los Ministerios de Ambiente, de Recursos Naturales no Renovables y la mesa legislativa.

Los legisladores Vanesa Álava, Juan Cristóbal Lloret y Washington Varela cuestionaron la falta de acciones para frenar y controlar la minería ilegal a nivel nacional. Lloret solicitó a la mesa legislativa convocar a la Fiscal General del Estado para que indique si las instituciones han realizado denuncias penales sobre actividades mineras ilícitas en zonas prohibidas para que pueda actuar.

De su lado, el director de la Agencia Nacional de Control Minero, Xavier Vera, señaló que, lamentablemente, la falta de personal impide actuar de manera oportuna.

Mejorar la calidad del ganado porcino y generar mayor rentabilidad a productores locales es posible, gracias al nuevo laboratorio de mejoramiento genético que funciona en la Universidad Técnica de Manabí (UTM), extensión Chone.

Este moderno espacio permite a los estudiantes potenciar sus conocimientos a través de prácticas, mientras que la comunidad tiene la posibilidad de mejorar la calidad de sus animales.

"Chone tiene un increíble potencial agrícola y ganadero. La intención es fortalecerlo a través de la academia y así mejorar la producción. Tenemos nuevos proyectos que iremos implementando en este cantón", anunció Vicente Véliz, rector de la UTM.

Esto es más que un puente moderno…

Es unir familias, conectar al comercio, mejorar la movilidad, atender a barrios que históricamente han sido olvidados, es justicia y dignidad para las familias de los sectores Egdy María, Luis María Solórzano, Miraflores, El Vergel, Dos Bocas, La Aurora, entre otros.

La verdadera obra se siente cuando mejoran los días de los ciudadanos y este proyecto que se levanta al final de la calle 7 de Agosto lo conseguirá.

Atrás quedarán las preocupaciones de don Edgar Molina y su esposa, ciudadanos que señalan que para llegar al hospital o si sucede alguna emergencia, los carros tienen que buscar rutas largas y no hay una conexión directa, tal como lo va a conseguir el puente.

Más allá de su estética, este imponente viaducto transformará vidas, brindando facilidades y promoviendo lo más importante: el bienestar de nuestra gente y el resurgir de Chone.

Con la campaña nacional “Todo Campeón se Vacuna”, el Ministerio de Salud Pública (MSP), desplegará desde este lunes 4 octubre, la estrategia de vacunación regular (no COVID-19), en todo el país, para los niños y niñas que no recibieron sus vacunas a causa de la pandemia.

En esta ocasión, atletas nacionales se han unido para apoyar este proceso e incentivar a los familiares de los más pequeños para cumplir sus sueños con salud.

Los infantes recibirán el biológico para prevenir enfermedades como Sarampión, Neumococo, Rotavirus, Fiebre Amarilla, Polio, Difteria, Varicela, entre otras. La meta en esta ocasión es cubrir a más de 160.000 niñas y niños que se retrasaron en sus esquemas de vacunación. En ese sentido, se acortarán los intervalos entre dosis para garantizar la efectividad de la vacuna en aquellos nacidos antes del 1 de agosto de 2021, que no recibieron las dosis completas durante el año anterior.

En el caso de los niños y niñas que nacieron posterior al 1 de agosto de 2021, se mantiene el calendario de vacunación y se aplicarán los intervalos establecidos en el esquema regular de inmunización.

Las madres y padres de familia, podrán llevar a sus hijos a cualquiera de los 1.900 centros de salud de esta Cartera de Estado, a escala nacional, donde serán inmunizados por el personal del MSP, así como a través de brigadas comunitarias.

La pandemia afectó a nivel mundial la producción de estas vacunas y la administración anterior no gestionó oportunamente los biológicos, lo que desabasteció al programa de vacunación. Es por ello, que la actual administración liderada por la ministra de Salud, Ximena Garzón, prioriza la inversión de 17 millones de dólares, en la adquisición de dosis necesarias para la población infantil, que corresponden al 2020 y 2021 por compra directa. Asimismo, se gestionaron donaciones con Gobiernos amigos, entre ellos Brasil y Hungría.

La campaña de vacunación se llevará a cabo en un período ininterrumpido de 4 semanas, incluidos fines de semana, y se continuará con el esquema regular hasta diciembre de 2021.

El MSP reiteró la importancia de que los niños reciban las dosis en los tiempos establecidos, de acuerdo con el esquema nacional, ya que la vacunación es considerada como la medida sanitaria más efectiva para el control de las enfermedades a escala mundial, después del acceso al agua potable.

La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral aprobó por unanimidad con nueve votos, el marco metodológico para la investigación que emplearán para dar cumplimiento a la resolución aprobada por el Pleno de la Asamblea, el pasado 30 de septiembre, la cual dispone que en el plazo de 30 días la mesa realice una investigación sobre la actuación de los funcionarios públicos de las distintas funciones del Estado, para prevenir la crisis carcelaria y la alarmante situación de inseguridad ciudadana que vive el país.

En la propuesta se identifica el encuadre de la investigación, los objetivos generales y específicos que la mesa llevará adelante, entre ellos: determinar los principales hitos y acciones que se adoptaron por parte de las entidades y autoridades responsables del sistema de rehabilitación social, priorizando aquellas realizadas durante el período 2019-2021; identificar las omisiones de las entidades y autoridades para prevenir y resolver la crisis carcelaria e investigar las bandas delincuenciales que se encuentran al interior de los centros de privación de libertad.

La Comisión también señaló que dada la naturaleza política de la investigación y el tiempo se excluirá del ámbito de indagación el análisis de expedientes judiciales o en procesos de investigación penal (...); el análisis exhaustivo de actos administrativos no sustanciales para el proceso de investigación, la recepción de problemáticas de sectores específicos, entre otros.

La mesa aprobó también el contexto de la investigación, las fases, la metodología, los recursos, equipo de trabajo y logística.

Antes de la aprobación de la moción, propuesta por el presidente de la Comisión, Ramiro Narváez, hizo una breve evaluación del sistema carcelario e indicó que hasta el momento se han registrado 240 personas asesinadas, pese a ello, no se han tomado acciones para mitigar estos hechos.

Recalcó que la pérdida de control de los centros penitenciarios es el reflejo de un Estado que no ha sido capaz de brindar seguridad a la ciudadanía. Así mismo, señaló que la subcomisión que lleva el tema de la Crisis Penitenciaria y Seguridad Ciudadana ya tiene elaborado un informe que servirá de base para el diagnóstico de la situación.

Los asambleístas Jorge Pinto y Xavier Jurado solicitaron que las instituciones encargadas transparenten las cifras de las personas fallecidas. El legislador Luis Vallejo sostuvo que la resolución hace referencia a dos elementos: crisis carcelaria y la seguridad ciudadana, en tal sentido, sugirió establecer dos grupos de trabajo para evacuar los informes.

El titular de la Comisión indicó que durante estos 30 días que tiene de plazo la comisión para la presentación del informe ante el Pleno, postergarán el tratamiento de otras leyes que estaban analizando en la mesa. Indicó que de ser necesario solicitarán ampliación del plazo para el tratamiento de dichas normativas.

La Comisión se volverá a reunir el lunes, a las 10h00, en la Casa Legislativa del Guayas ubicada en el edificio La Previsora, 9 de octubre y Malecón piso 15, a fin de adoptar una resolución que será enviada al presidente de la República, en la que se plantearán acciones a corto, mediano y largo plazo que ayudarían a mitigar los hechos que se generan dentro de estos espacios carcelarios.

El Pleno de la Asamblea Nacional, con 101 votos afirmativos, resolvió convocar a la ministra de Gobierno, Alexandra Vela; al Director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores; a la comandante General de Policía, Tannya Varela y al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jorge Cabrera, a fin de que informen sobre la seguridad ciudadana a nivel nacional, así como del sistema nacional de rehabilitación y los amotinamientos ocurridos los últimos tres meses.

La resolución, propuesta por la asambleísta Jessica Castillo, requiere a la Comisión de Soberanía, Integración Seguridad Integral que, en el plazo de 30 días y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, realice una investigación sobre la actuación de los funcionarios públicos para prevenir y resolver la crisis carcelaria y la alarmante situación de inseguridad ciudadana que vive el país, por cuanto la emergencia en este ámbito está causando grave conmoción social por los hechos de conocimiento público.

De acuerdo con el artículo 4 de la resolución, las comparecencias se realizarán en un plazo máximo de ocho días, en una misma sesión del Pleno de la Asamblea.

Debate

En el debate, del cual participaron 13 asambleístas, hubo varios pronunciamientos, entre ellos, la necesidad de que las autoridades del Ejecutivo expongan las políticas públicas orientadas a garantizar la seguridad de todos los ecuatorianos. Así mismo, se atribuyeron las causas de la inseguridad al desmantelamiento de la institucionalidad de rehabilitación social creada entre 2007 y 2017.

Igualmente, algunos asambleístas subrayaron que las comparecencias en nada contribuyen a encontrar soluciones a un problema estructural como es el crimen organizado y la presencia de cárteles dentro de las cárceles del país, que han dado como resultado estos lamentables amotinamientos, con pérdida de vidas humanas.

Mientras, para otros parlamentarios la realidad actual responde a las leyes permisivas que se dictaron en años anteriores, con excesivas garantías para los delincuentes, poniendo en desventaja a los efectivos policiales, quienes no pueden utilizar sus armas para repeler las acciones delictivas, por el riego de ser judicializados. Es hora de debatir, sin prejuicios, el uso progresivo de la fuerza de parte de la Policía y los organismos de seguridad del Estado, comentaron.

Entre otras exposiciones, hubo quienes diferenciaron dos tipos de violencia que afectan a la ciudadanía: la violencia social y la violencia criminal o crimen organizado, siendo este último el que genera zozobra en la población que ya no puede salir a la calle con tranquilidad, por temor a ser víctima de la delincuencia.

Varias familias vulnerables recibieron atención médica gratuita y kits de alimentos en el sitio Brasil, de la parroquia Ricaurte.

En el mismo lugar, la empresa pública “Aguas del Chuno” colocará un tanque elevado para que los hogares más necesitados puedan abastecerse de líquido vital.

Miriam Vera, alcaldesa (e) de Chone, sostuvo que el compromiso de la municipalidad está enfocado en el bienestar ciudadano y mejorar las condiciones de vida de los chonenses.

Estas brigadas también recorrieron el sitio San Lorenzo, de la parroquia Boyacá, donde se realizó un levantamiento de información para gestionar ayudas técnicas para personas con discapacidad.

Además, un médico especialista analizará de forma personalizada cada caso, con la finalidad de renovar los carnés de discapacidad o gestionarlos por primera vez.

Allí, se realizará una intensa limpieza de los tanques para que puedan recibir agua en sus viviendas.