Hechos Ecuador

“Queremos construir una norma que cobije a todo el sistema educativo del país”, expresó el presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, Manuel Medina, al dar inicio a la sesión de Comisión para escuchar las observaciones de nuevos actores en torno a las Leyes de Educación Superior y de Educación Intercultural.

Esta vez recibió los aportes de la Federación Nacional de Servidores Universitarios y Politécnicos del Ecuador; Observatorio Académico a las Políticas Públicas de Educación Superior; Federación de Estudiantes Universitarios Privados del Ecuador; y, representantes del Frente Universitario del Austro.

Para el presidente de la Federación Nacional de Servidores Universitarios y Politécnicos del Ecuador, Roberto Rodríguez, la propuesta presentada a la Comisión fue trabajada con docentes y universitarios y está enfocada en mejorar la calidad de vida de docentes universitarios.

A su criterio, la designación de decanos, debería ser acorde al perfil de cada carrera. Así mismo señaló que los docentes universitarios no pueden acceder a un escalafón, ya que son contratados con el sistema de la LOSEP. Además, propuso que el dinero generado por autogestión universitaria, sea invertido en capacitación para los docentes, así como para mejorar los sueldos. Recalcó que este proyecto de ley debe contener las observaciones de todas las voces del sector educativo.

Entre tanto, Julián Aguayo, coordinador del Observatorio Académico a las Políticas Públicas de Educación Superior, dijo que los primeros artículos de la Ley, son débiles, porque no existen políticas públicas para la educación superior. Entre sus propuestas, eliminar el Consejo de Educación Superior (CES) y el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Cases) como organismos de máxima autoridad de control y gestión.

Desde la posición de los representantes de los estudiantes universitarios privados, Santiago Rosero y Xiomara Cevallos, expresaron que el CES debería seguir controlando el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior. Pidieron a los comisionados que no se apruebe la propuesta de reforma enviada por el Ejecutivo, ya que a su parecer, pone en riesgo la gratuidad de la educación.

Propusieron que antes de la aprobación de las reformas a la LOES, se realice un estudio previo del número de estudiantes graduados y rezagados que no han obtenido un cupo universitario.

Para el coordinador general del Frente Universitario del Austro, Daniel Bravo, las reformas planteadas por el Ejecutivo vulneran el derecho establecido en la Constitución a una universidad gratuita y de calidad.

Las legisladoras Ana María Raffo y Rocío Guanoluisa propusieron que se realice un cronograma de trabajo en conjunto con los estudiantes universitarios para conocer sus necesidades en torno a la educación superior.

Finalmente, los comisionados recibieron las observaciones de los representantes de las unidades educativas nocturnas, referente a la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).

Los docentes Santiago Reinoso y Marco Cumanicho sostuvieron que alrededor de 5,7 millones de ecuatorianos se encuentran en niveles de básica, bachillerato y educación primaria inconclusa, convirtiéndose en una problemática a largo plazo.

“Como docente de escolaridad inconclusa estoy preocupado porque no se está trabajando por los estudiantes de escolaridad inconclusa”, señaló Reinoso al solicitar mayor atención a este grupo que ha sido vulnerado su derecho a la educación inclusiva.

El Comité de Ética rechazó el pedido de recusación planteado por la abogada patrocinadora de la asambleísta Bella Jiménez, en contra de los asambleístas Marjorie Chávez, Dalton Bacigalupo y Fredy Rojas. El presidente de este organismo, José Chimbo, anunció que el lunes 27 de septiembre, a las 10h00, continuará la práctica de prueba, en el marco del respeto del debido proceso.

La moción la planteó el asambleísta, Miguel Ángel Pavón, alterno de la parlamentaria Marjorie Chávez, quien recordó que el Comité de Ética es un órgano de sustanciación e investigación mas no de decisión, facultad que le compete al Pleno de la Asamblea Nacional, por lo que no cabe el pedido de recusación “por enemistad manifiesta”.

“No se puede tratar de inducir o hacer creer que hay enemistad entre asambleístas”, dijo Pavón al precisar que el Comité actuó apegado a la ley y a la Constitución, al dar paso a la solicitud de la legisladora Bella Jiménez y los alegatos de los tres parlamentarios, es decir, se respeta el debido proceso.

La legisladora Luisa González recalcó que el Comité de Ética no toma resoluciones, sino que conoce lo que cada una de las partes, denunciantes y denunciada, entregan en el proceso de sustanciación. La legisladora Bella Jiménez, presentó por escrito el pedido de recusación y los parlamentarios aludidos entregaron las pruebas de descargo. En este marco, dijo que se ha dado espacio para el debido proceso. Afirmó que el Pleno de la Asamblea es el órgano que tomará una resolución, por lo que apoyó la moción presentada por Miguel Ángel Pavón.

En la sesión de hoy, sábado 25 de septiembre, se principalizaron Miguel Ángel Pavón, alterno de Marjorie Chávez y Shirley Pacheco, alterna de Dalton Bacigalupo.

El presidente del Comité de Ética, José Chimbo, ordenó al Secretario dar lectura al pedido de Andrea Sánchez, abogada patrocinadora de la parlamentaria Bella Jiménez, con los respectivos argumentos por los cuales señala que los legisladores Chávez, Rojas y Bacigalupo, anticiparon su posición respecto al presente trámite de investigación.

Así mismo, el organismo conoció las tres comunicaciones de los legisladores Marjorie Chávez, Daltón Bacigalupo y Fredy Rojas, respecto de la recusación.

La asambleísta Marjorie Chávez argumentó que el Comité de Ética es el órgano de sustanciación que recoge pruebas de cargo y descargo y presenta un informe no vinculante, es decir, no toma resoluciones, siendo el Pleno de la Asamblea la que tiene esta facultad. En este marco, precisó que el pedido de Bella Jiménez carece de sustento, por lo que solicitó se rechace la petición.

En igual sentido, el parlamentario Dalton Bacigalupo, a través de un oficio respondió al pedido de recusación. Precisó que no existe causal para ello. Dijo que con la asambleísta Bella Jiménez no tiene enemistad manifiesta, ni conflicto de intereses o parcialidad. Señaló que la legisladora lo que busca es prolongar los plazos para crear incidentes en la fase de sustanciación, por lo que pidió se inadmita la recusación y se le permita seguir actuando en el Comité de Ética.

Igualmente, se dio lectura al oficio emitido por el legislador Fredy Rojas, quien anotó que la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional de solicitar la renuncia como segunda Vicepresidenta del Parlamento, Bella Jiménez, no significó prejuzgamiento.

El presidente del Comité de Ética precisó que trabajan de manera responsable respetando el marco constitucional y legal y dio por terminada la sesión.

En la semana del 27 de septiembre al 1 de octubre, la Asamblea Nacional generará nuevos espacios de fiscalización en el marco de la investigación de los casos Inapapers y Coca Codo Sinclair. También fortalecerá el estudio de varios proyectos de ley y convenio.

Fiscalización.

El lunes a partir de las 08h00, la Comisión de Fiscalización avanzará con los procesos de investigación sobre las universidades Yachay y Unae, en relación a la elección de las máximas autoridades, procesos de selección de docentes, recursos asignados y procesos de contratación pública para la construcción de infraestructura; así como la construcción de la Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, sobre la falta de estudios actualizados y el aumento del costo de la obra. Por los dos temas están citadas 10 autoridades.

El miércoles, a las 08h00, la mesa legislativa continuará el proceso de fiscalización a Coca Codo Sinclair, mientras que el viernes 1 de octubre, desde las 09h00, los parlamentarios avanzarán con la investigación del caso INAPAPERS.

Participación Ciudadana.

Para el miércoles, a las 10h00, la Comisión de Participación Ciudadana, convocó a los ministros de Gobierno, Alexandra Vela, y de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera, para que informen sobre el proceso y avance de las mesas de diálogo con el sector del transporte del país. También están citados los representantes del sector de transporte nacional, quienes darán a conocer los avances de dichas mesas de diálogo.

Así mismo, invitó a una delegación de transportistas del cantón Cayambe, para que expongan la problemática que viven actualmente.

Garantías Constitucionales.

La Comisión de Garantías Constitucionales se apresta a aprobar el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Juventudes, luego de un proceso de recepción y análisis de observaciones. La sesión se realizará el lunes, a las 08h00.

Personal del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) se trasladó hasta un espacio comunitario del sector Las Marías, en Monte Sinaí, al noroeste de Guayaquil, con el propósito de atender a varias familias que se encuentran en condición de movilidad humana; así como a personas vulnerables, a quienes se entregaron alimentos donados por personas naturales y organizaciones de la sociedad civil.

Adicionalmente, se gestionó el apoyo de Plan Internacional, organismo encargado de aplicar un programa que consiste en entregar una tarjeta por el valor de 30 dólares mensuales para cada integrante familiar, para obtener alimentos por un periodo de seis meses, siempre que residan en el país dentro del periodo de un año o menos, señaló Gabriela García, coordinadora Zonal 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) del MIES.

Técnicos de Plan Internacional explicaron también que este programa de asistencia alimentaria beneficia a personas adultas mayores, a quienes tengan discapacidad o enfermedades catastróficas y madres solteras. Además, se manifestó que aquellas madres lactantes y embarazadas recibirán un monto que equivale a 75 dólares mensuales por cada miembro familiar.

María Eugenia Delgado, líder comunitaria del sector, dijo que actualmente los alimentos que reciben los comparten de forma común entre 75 a 90 personas. También explicó que se organizan para que los niños puedan recibir el tema de escolaridad y que acceden al programa Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) del MIES. “Es excelente que se hagan presente, porque conseguir los alimentos para nosotros es una lucha”, señaló.

COMUNICACIÓN – ZONA 8

Ecuador es un referente de educación y conocimiento, con más de 50 años de experiencia hemos formado profesionales en todo el país y el mundo,  proyectándose siempre como una de las mejores universidades del mundo. 

DíaDelOrgulloEcuatoriano

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El cantón cuenta con un moderno sistema para reforzar la seguridad ciudadana y promover la convivencia pacífica.

El apoyo del sector privado al Plan de Vacunación del Gobierno del Encuentro continúa a fin de avanzar y lograr la inmunidad comunitaria de la población. En ese sentido, la Industria Farmacéutica de Investigación e Innovación (IFI) donó este miércoles 22 de septiembre al Ministerio de Salud Pública (MSP) jeringuillas, mascarillas y batas quirúrgicas.

Los materiales fueron entregados del presidente Ejecutivo de IFI, Álvaro Maldonado, al viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, José Ruales, junto a la Subsecretaria Nacional de Gobernanza, Gabriela Aguinaga.

Ruales destacó esta nueva contribución. “El trabajo conjunto entre los sectores público y privado, academia, GAD y ONG es una demostración que el país puede cumplir cualquier objetivo que se proponga, además de la contribución de la industria farmacéutica en la aplicación de la investigación. Gracias a las donaciones como las de IFI hemos apoyado con la logística suficiente, jeringuillas por ejemplo, para aplicar las vacunas que siguen siendo necesarias, cuando aún tenemos por vacunar a alrededor de 1’700 mil personas mayores de 16 años”, subrayó.

Según Maldonado es una satisfacción para la industria farmacéutica contribuir con el esfuerzo realizado por el MSP que lideró una campaña masiva y exitosa de vacunación. “Nos llena de satisfacción ser parte de un proyecto que hoy en día es un referente mundial, con base en un plan ambicioso que fue impulsado por un Gobierno que supo priorizar y abrirse al apoyo del sector privado para la consecución de las vacunas”, afirmó.

#EncontrémonosPorLaSalud

La Comisión del Derecho a la Salud y Deporte retomó el tratamiento del proyecto de Ley de Carrera Sanitaria y recibió los criterios de los representantes de la Organización Panamericana de Salud Regional (OPS) y del director Nacional de Normatización del Talento Humano del Ministerio de Salud Pública. (MSP), quienes resaltaron la importancia de su vigencia.

El presidente de la Comisión, Marcos Molina, subrayó que se debe considerar que la carrera sanitaria realmente transformará el sistema de salud pública para que tenga calidad, eficiencia y, sobre todo, se pueda alcanzar niveles internacionales.

Hernán Sepúlveda de la OPS, subrayó que la carrera sanitaria es un conjunto de normas que regula la gestión de los trabajadores del sector público de la salud, que debería reflejar una trayectoria de desarrollo profesional orientada al despliegue de competencias para el funcionamiento del sistema. Dijo que, básicamente, permite la fidelización y el desarrollo del personal.

Consideró que los proyectos de carrera sanitaria requieren ser reglamentados y abordar criterios más concretos, como los procesos de promoción y remuneración, así como el efecto financiero que tendrán estos sistemas. Recalcó que en la región existen algunos proyectos de Carrera Sanitaria, pero son pocos los que se han materializado.

Rodrigo Díaz, del Ministerio de Salud, aseguró que la Ley de Carrera Sanitaria es parte del engranaje de una realidad compleja que mejorará el talento humano para el sistema nacional de salud. Además, dijo que están trabajando en proyectos y planes que permitan modernizar el modelo de atención contemplado en la Ley.

Expresó que esta ley permitirá concretar un sostén legal y logrará mejorar el sistema de salud, a fin de afrontar y dar una respuesta a eventos sanitarios. Los procesos de formación son la base para el progreso de la carrera sanitaria, por lo que debe constar un capítulo que trate de la formación y certificación, que es la base de todo el proceso.

Pablo Beltrán representante de los estudiantes de medicina de la Universidad Central del Ecuador participó como asambleísta por un día y expresó su preocupación sobre la estabilidad del profesional de salud.

Las propuestas presentadas se analizarán como paso previo a la elaboración del informe para primer debate.

La jueza Delicia de los Ángeles Garcés , de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, en Quito, concedió la acción de protección que interpuso Priscila Schettini en contra del medio digital La Posta por la vulneración de sus derechos, al publicar un reportaje sobre la vida íntima de Priscila Schettini, la esposa del exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión.

En la sentencia, la jueza establece un plazo de 24 horas para que el medio retire la publicación de todas las plataformas y pida disculpas públicas a Schetinni. Esta medida de reparación deberá estar publicada por 30 días.

“Se crea un precedente a nivel nacional para todos los ciudadanos, que debe existir la libertad de expresión, pero respetando la intimidad de cada familia. En este caso, mía y de mis tres hijos”, dijo Schettini, tras recibir la sentencia este martes 21 de septiembre de 2021

Priscila Schettini

@PrisSchettini

Hoy La Posta ha sido obligada en sentencia a retirar el reportaje que vulnero mis derechos y a pedir disculpas públicas x 30 a mi familia, se crea un precedente en favor de la intimidad, buen nombre y la honra, gracias a uds por su respaldo #noallinchamientomediaticoDurante la diligencia, los representantes del medio digital anunciaron que apelarán esta decisión. Sin embargo, al tratarse de una acción de protección, su efecto es de obligatorio cumplimiento.

Reacción de La Posta

La Posta Ec

@LaPosta_Ecu

La jueza Delicia de los Ángeles Garcés condena a la Posta a bajar el reportaje que denuncia los antecedentes de violencia de Freddy Carrión. Además, se deberá ofrecer disculpas por 30 días. El fallo abre la puerta a ocultar actos irregulares de funcionarios públicos.