Hechos Ecuador

Ante los graves hechos de violencia suscitados en el Centro de Rehabilitación Social de Varones No. 1 de Guayaquil, la Defensoría del Pueblo insta al Gobierno Nacional a realizar una investigación judicial exhaustiva y expedita de los acontecimientos, a fin de determinar a los responsables directos de las muertes y lesiones, tanto de las personas privadas de la libertad (PPL) como de los miembros de la Policía Nacional y otros que resultaron heridos.

Solicita la instauración de una profunda investigación de los órganos competentes sobre las prácticas y mecanismos ilegales que permiten el ingreso constante de todo tipo de objetos y sustancias prohibidas a los centros de privación de libertad del país, especialmente armas y sustancias estupefacientes, cuyo manejo y comercialización al interior de los establecimientos penitenciarios genera la mayor parte de los recurrentes hechos de violencia.

Es necesario que el Estado ecuatoriano dote los recursos materiales y personal técnico especializado suficiente al sistema nacional de rehabilitación social, a fin de superar o al menos aminorar las graves condiciones en las que se desenvuelven los distintos centros carcelarios del país, como se ha venido insistiendo a través de las múltiples recomendaciones contenidas en los informes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo, señala la Defensoría.

Expresa su honda preocupación por los nuevos hechos de violencia ocurridos este 28 de septiembre, que hasta el momento dejan el saldo preliminar lamentable de más de 100 personas privadas de libertad fallecidas y 52 heridos, según cifras oficiales.

Recuerda que la Constitución de la República, en su artículo 35, reconoce como uno de los grupos de atención prioritaria a las personas privadas de libertad, precisamente por su alto grado de vulnerabilidad, debido a las limitaciones propias de su condición jurídica y al estar bajo la total custodia y protección del Estado. En concordancia con el artículo 12 del COIP, señala como derecho fundamental de las personas privadas de libertad, el respeto a su “integridad física, psíquica, moral y sexual”.

La institución urge al Gobierno central a superar la presente crisis, recordándole que organismos internacionales como el Comité contra la Tortura en su informe de Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico del Ecuador llamó la atención al Estado ecuatoriano por varias situaciones vinculadas a las condiciones de privación de libertad, por lo cual dispuso una serie de recomendaciones que no han sido observados. La misma situación estaría suscitándose respecto a las disposiciones emitidas por la Corte Constitucional sobre la integridad personal de personas privadas de libertad, en donde refuerza el papel garantista que tiene el Estado, así como en el Auto de fase de seguimiento y acumulado, que, entro otros aspectos, resolvió el diseño de “una política pública integral, debidamente financiada que brinde soluciones estructurales efectivas a la crisis en el sistema de rehabilitación social que vive el país con la participación de instituciones estatales y miembros de lasociedad civil”.

La noche de ayer el Consejo de Administración Legislativa (CAL), con cinco votos, no calificó el proyecto de ley de Creación de Oportunidades y decidió devolverlo al Ejecutivo.

Tras esta decisión, la bancada del movimiento Unión Por la Esperanza (UNES) se pronunció en sus redes sociales y enfatizó que «respetar las leyes no puede ser interpretado como un acto de obstrucción».

Esto en relación al discurso del gobierno de un presunto bloqueo en el Legislativo, a las dos propuestas que han ingresado a la Asamblea Nacional.

Respecto a la votación de su representante en el CAL, Ronny Aleaga, UNES explicó que el voto para devolver al Ejecutivo su Proyecto Económico Urgente no fue político, sino que se basó en argumentos técnicos.

«El informe técnico de la Unidad de Técnica Legislativa es claro sobre las violaciones a la Constitución y la Ley de la Función Legislativa en las que incurría este proyecto», resalta el comunicado.

Asimismo, el bloque legislativo sostuvo que «la supuesta Ley de Oportunidades» no solo no contó con la participación ciudadana sino que no tiene relación de conexidad causal, temática, teleológica y sistemática de los contenidos establecidos mediante reformas de las leyes.

«Nuestro compromiso es con la gente. No vamos a quedarnos de brazos cruzados, seguiremos trabajando en alternativas para salir de la crisis que no afecten a la clase media», finalizó la bancada.

Fuente: Bancada UNES, Pichincha Universal, Republica del Banano

Luego de la agudización de la crisis carcelaria en Ecuador, que ha dejado 116 personas privadas de libertad muertas y más de 80 heridas, la asambleísta por UNES, Victoria Desinotio, pidió a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional iniciar una investigación sobre estos hechos.

Mediante un oficio dirigido al presidente de esta mesa legislativa, Fernando Cabascango, la legisladora, quien es vicepresidenta de esta comisión, pidió que este proceso de fiscalización gire en torno a los amotinamientos del 23 y 24 de febrero pasado en varias cárceles del país; así como los hechos registrados el 28 de septiembre en la Penitenciaría del Litoral.

Desintonio, además, pidió la participación del relator especial de la Organización de las Naciones Unidas para que se pueda llegar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales correspondientes.

Asimismo, solicitó la presencia de la Defensoría del Pueblo del Ecuador y de la Alianza contra las prisiones del Ecuador, con el objetivo de buscar garantías a los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

Fuente: Victoria Desintonio, Pichincha Universal, Republica del Banano

El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE), a través de la Coordinador Zonal 9, desarrolló capacitaciones para la inclusión de la gestión de riesgos desastres en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT) en los 9 Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) de la provincia de Pichincha, que incluye sus 8 cantones y el gobierno provincial.

En el cumplimiento del cronograma propuesto, se logró el objetivo de acompañar a los actores responsables de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial para evitar la generación de nuevas condiciones de riesgo, construyendo a largo plazo ciudades más resilientes. Este proceso ayudará en la evaluación de amenazas, vulnerabilidad y riesgos en territorio, así como definir una hoja ruta para el seguimiento de la inclusión de los componentes de diagnóstico, propuesta y modelo de gestión en los PDyOT.

La Coordinación Zonal 9 estableció acciones que permitieron socializar y posicionar el trabajo del SNGRE en territorio; dentro de las actividades ejecutadas, se desarrollaron 9 talleres articulados con cada uno de los GAD de la provincia de Pichincha y la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, lo que permitió el enfoque de gestión de riesgos de desastres en temáticas como la aplicación de políticas y estrategias de reducción;  con el propósito de prevenir nuevos riesgos de desastres, reducir los riesgos existentes y gestionar el riesgo residual, entre otras temáticas.

Una integración específica de lineamientos de gestión de riesgos contribuyen a la generación de ciudades resilientes y a la reducción de las pérdidas por desastres, lo que da paso a las bases para el seguimiento de una hoja ruta definida con los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Provincial, bajo diferentes componentes en gestión de riesgos, a fin de realizar un seguimiento y acompañamiento permanente por parte de esta Cartera de Estado y sus equipos de trabajo.

De igual manera, se realizará un seguimiento permanente a la ejecución de las acciones detalladas en los PDyOT a corto y largo plazo, por lo que este tipo de resultados, evidencia el papel fundamental que tiene el SNGRE en el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, a propósito del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, el cual se conmemorará el próximo 13 de octubre de 2021.

Ante organizaciones de la sociedad civil, representantes de la academia e investigadores se presentó el trabajo del Grupo Parlamentario Ecuador sin Hambre, en sus 50 primeros días de gestión, como un espacio para erradicar la malnutrición adulta e infantil.

Desarrollar nuevas propuestas que sean dinámicas para la implementación de sistemas alimentarios sostenibles y brindar soluciones a la inseguridad alimentaria y la malnutrición es fundamental para el Grupo Parlamentario Ecuador sin Hambre.

Lucía Placencia subrayó que los sistemas alimentarios sostenibles, la trazabilidad productiva y el crecimiento económico de zonas rurales, son temas que permitirán priorizar acciones para proteger el bienestar de todos. Además, explicó que la implementación de sistemas alimentarios sostenibles es una apuesta como sociedad y sin duda demanda un gran trabajo.

Ecuador vive diariamente la crisis alimentaria. Hay un índice de desnutrición infantil crónica del 27.2%, de acuerdo con las cifras de Unicef, que se ha agravado a un 36% según declaraciones del Presidente de la República, lo que no solo ha afectado la accesibilidad y disponibilidad de alimentos, sino que ha incidido a derechos como al trabajo y condiciones justas y favorables, a la salud y la protección social, afirmó la legisladora.

“Es hora de garantizar la prosperidad de las comunidades y abanderar la causa para conducir con rapidez la realización del derecho a alimentación universal accesible e integral”, enfatizó.

Agustín Zimmermann, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en Ecuador (FAO), habló del apoyo a los frentes parlamentarios, porque la alimentación es un tema de derechos. Comentó que es importante fortalecer los procesos legislativos y una oportunidad para dar respuestas integrales a la problemática.

Indicó que en Ecuador se registra la segunda tasa más alta de desnutrición crónica infantil de la región, 1 de cada 4 niños menores de cinco años sufre desnutrición crónica infantil, mientras que 6 de cada 10 adultos tienen sobrepeso u obesidad, como resultado del sistema agroalimentario, por lo que se debe hacer una transformación radical a los sistema alimentarios.

De su lado, Alicia Guevara, directora del Banco de Alimentos de Quito, tras resaltar que el objetivo de los Bancos es evitar el desperdicio, manifestó que un tercio de los alimentos que se producen en el mundo se desperdician. “El problema del hambre no se debe a la falta de alimentos, sino que es un problema social que se trata de resolver a través de los Bancos de Alimentos”, recalcó y señaló que se desperdician alimentos a pesar de que billones de personas sufren de hambre en el mundo.

El Pleno de la Asamblea Nacional tramitó la objeción parcial del Presidente de la República al proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Emprendimiento Juvenil e Innovación para la Implementación Efectiva del Emprendimiento Juvenil, la norma se publicará, en los próximos días en el Registro Oficial.

La asambleísta Ana León, ponente del informe de la Comisión de Desarrollo Económico, indicó que la normativa tiene como objetivo fortalecer el emprendimiento a través de la canalización de las ideas de los jóvenes recién graduados de los colegios y facultades de negocios, para crear nuevos emprendimientos que, con el tiempo y un correcto acompañamiento, se convertirán en empresas e industrias que generen empleo, comercio y bienestar.

Con 135 votos, los legisladores se allanaron a los artículos 3 y 4 y la Disposición General Segunda; referentes al registro de plataformas de fondos colaborativos de categoría de inversión en acciones o de préstamo. El Ejecutivo sugirió que sean públicos y estén bajo el control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la que emitirá la normativa necesaria para dicho registro.

En cuanto a la Disposición se establece que el financiamiento para la aplicación de esta Ley se haga con cargo al presupuesto asignado a cada institución competente.

El Pleno se ratificó, con 106 votos, en el artículo 1, respecto a la creación de la Bolsa de Emprendimiento, es decir, quedará tal como lo aprobó el Legislativo.

Debate

Durante el debate la asambleísta Dallyana Passailaigue mostró su respaldo a la propuesta e indicó que en el Ecuador los ciudadanos emprenden por varias razones: escasez en el mercado laboral, incrementar los ingresos o perseguir un propósito social.

La legisladora Viviana Veloz manifestó que ante la falta de empleo se debe impulsar el emprendimiento; sin embargo, señaló que bajo ese concepto no se debe precarizar el trabajo ni esconder el desempleo y el subempleo.

Por su parte, Cristian Yucailla señaló que la norma facilita el fomento y desarrollo del emprendimiento e innovación en los jóvenes. “Debemos considerar un marco legislativo (...) para que los negocios perduren en el tiempo”, agregó.

También, Luis Almeida reconoció que la norma soluciona la intención de darle oportunidad de trabajo a los emprendedores juveniles, además, sostuvo que el Presidente de la República debía establecer un fondo para el desarrollo del trabajo juvenil.

El legislador Diego Esparza resaltó que el emprendiendo permite crear y construir una oportunidad para vivir con dignidad. Sostuvo que era conveniente la incorporación de una bonificación económica. De su lado, Mario Ruiz señaló que no hay condiciones para que los jóvenes acceden a los créditos en el sistema financiero.

Xavier Santos manifestó que las objeciones presentadas por el Ejecutivo respecto al proyecto mejoran el texto. En su intervención precisó que en el país falta el seguimiento de la ejecución de las normativas.

Las comunidades Gaspar y Don Juan, de la parroquia Convento, fueron capacitados en primeros auxilios, plan familiar de emergencia y norma esfera.

Estos talleres fueron impartidos por miembros de la Cruz Roja Ecuatoriana bajo la coordinación del GAD Chone y el Servicio Nacional de Riesgos y Emergencias.

Con este tipo de capacitaciones se busca fomentar la cultura de gestión de riesgo en la ciudadanía y dar a conocer las normas mínimas a implementar en caso de cualquier desastre (abastecimiento de agua, seguridad alimentaria, servicios de salud, alojamiento, entre otros), explicó Jorge Sáenz, director municipal de Gestión Riesgo.

Son las 16h00 y la familia está reunida. No se trata de ningún evento social, más bien de trabajo. Farley Bravo Ponce, su esposa e hijas pelan y lanzan la yuca a una tina con agua. Es el inicio del proceso de la elaboración del almidón.

Para llegar, nos dirigimos sobre la ruta Chone-Canuto e ingresamos en la vía al sitio El Limón. Allí está ubicado su domicilio. Nos atiende gentilmente, nos comenta su labor diaria y dice que lleva 17 años en el emprendimiento.

“Bendecido de pertenecer a la familia de emprendedores. Tengo dos años participando de la feria Chone Produce los domingos en la plazoleta Juan Montalvo. Inicié con 10 fundas de almidón y masa pre-cocida. Actualmente vendo 30 fundas. Además, la venta por quintal ha crecido”, afirmó Farley.

La yuca es la materia prima principal y sus derivados son el almidón y la masa de yuca pre-cocida. Farley cuenta con pequeñas máquinas artesanales para elaborar los productos.

La yuca desde la siembra hasta su cosecha lleva entre 7 a 8 meses. El proceso del almidón es pelar, moler, colar y secar. De dos a tres días está listo el producto.

Por semana, esta familia produce entre 5 a 6 quintales y dos de masa pre-cocida.

Carlos Riofrío, contralor General subrogante, en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización y Control Político, aseguró que en el período de Pablo Celi, se desvanecieron glosas por 295 millones de dólares, a favor de la empresa china Sinohydro, a cargo de la construcción del proyecto Coca Codo Sinclaire.

Indicó que se efectuaron 25 exámenes especiales a esta obra y cuatro específicos al proceso de contratación y fiscalización. Añadió que en los dos últimos se establecieron responsabilidades por 112 millones de dólares y por 169 millones de dólares, respectivamente. Además, explicó que existen glosas confirmadas por 165 millones de dólares, sobre las cales se ha propuesto el recurso de revisión. Por consiguiente, están en análisis.

Carlos Riofrío subrayó que la Contraloría tiene la predisposición de aportar a la transparencia de la información y, en esa medida, se atienden y se atenderán todos los requerimientos de la Asamblea Nacional, en este caso, de la Comisión de Fiscalización y Control Político.

De su lado, Marco Silva, actual encargado de la Asesoría Jurídica de la Unidad de Negocio Coca Codo, insistió en que se trata de un contrato llave en mano, que no está dentro del Sistema Nacional de Contratación Pública. Dijo que actualmente existen garantías por 190 millones de dólares, ejecutables en caso de incumplimiento.

Se abstuvo de comentar detalles sobre el proceso arbitral planteado por Coca Codo en contra de Sinohydro, porque por ley hay temas que deben mantenerse en reserva.

Entre tanto, Jaime Salvador, subgerente de Coca Codo, quien actuó como administrador del contrato de construcción de esta central, justificó la firma de la recepción provisional de la obra, que respondió al informe de la fiscalizadora, en el sentido que se han cumplido los términos de la contratación. Enfatizó que su nombramiento para ejercer las funciones en Coca Codo respondió a temas eminentemente técnicos, no políticos.

La actual presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), María del Carmen Maldonado, indicó que trabajó por dos meses 25 días en la Asociación a cargo de la fiscalización de Coca Codo, como abogada senior, producto de un estricto proceso de selección. Su gestión fue exclusivamente relacionada con temas laborales y de extranjería del personal mexicano de la referida empresa.

También asistió la directora nacional del Servicio de Rentas Internas (SRI), Marisol Andrade, quien aseveró que se han desarrollado todos los procesos de determinación tributaria respecto de la triangulación económica entre Recorsa Ecuador, subcontratista de Sinohydro, Recorsa Panamá y su propietario, Conto Patiño. Se estableció el valor que se debe pagar al fisco, por concepto de Impuesto a la Renta e inclusive uno de los involucrados solicitó se le otorguen facilidades de pago.

Con el propósito de analizar propuestas que permitan la reactivación económica y la generación de empleo en el Ecuador, la Comisión de Desarrollo Económico llevó adelante un taller con diferentes actores del área económica, social y productiva del país basado en tres ejes: empleo joven, reformas legales al sector productivo para salir de la crisis y acceso a mejores condiciones de financiamiento.

El titular de la Comisión, Daniel Noboa, indicó que es necesario debatir esta temática, más aún cuando el Presidente de la República ya presentó ante la Asamblea el proyecto de Ley de Creación de Oportunidades. Recalcó que las propuestas de los participantes alimentarán el debate legislativo para la construcción de esta nueva ley.

En ese marco, la Comisión recibió a los jóvenes Margarita Peña, Jesús Longo y Ayrton Ruales, quienes pidieron que en la iniciativa del Jefe de Estado se explique, de manera específica, sobre el empleo juvenil y se definan las modalidades de trabajo. Sugirieron que la falta de experiencia no sea considerada un obstáculo para conseguir empleo. Así mismo, remarcaron que es necesario mayor acceso a la tecnología para la ejecución de nuevos emprendimientos.

De su parte Carlos Loaiza, presidente de la Cámara de Comercio de Quito propuso que en los temas del proyecto se incluya a mujeres, adultos mayores y emprendimientos. A la vez pidió resolver el déficit fiscal.

En el grupo de académicos y expertos, la mesa recibió a Santiago García, Juan Francisco Jaramillo, Gisela Montalvo, Camilo Pinzón y Benjamín Chávez. Entre sus propuestas sugirieron analizar la tabla de aportaciones para quienes ganan 2 mil dólares, y las contribuciones temporales. También recomendaron el apoyo a la economía colaborativa, así como la posibilidad de impulsar la economía popular y solidaria y crear cooperativas de ahorro y crédito. Se pidió apoyo a la innovación, tecnología y al reemprendimiento.

La Comisión también recibió a un grupo de mujeres profesionales y empresarias, entre ellas, Nataly Pernett, María Tapia, Gabriela Sommerfeld y Paola Gachet, quienes solicitaron evitar la discrecionalidad en las causales de terminación de contrato, evitar la discriminación laboral para las mujeres. En otro aspecto, consideraron fundamental atraer la inversión extranjera.

Por los sectores productivos y empresariales asistieron ante la mesa Rodrigo Gómez de la Torre y Verónica Sevilla, quienes mencionaron que en el aspecto laboral la propuesta presentada es moderna y amplia. Pidieron ser invitados a las mesas de trabajo porque son ellos quienes pagan impuestos y tienen relación directa con los trabajadores.

Con sus aportes también intervinieron los asambleístas Marcela Holguín, Jorge Abedrabbo, Pabel Muñoz y Mireya Pazmiño. Holguín señaló que los jóvenes no constan de manera formal dentro de la Ley, que tampoco contempla nada respecto a los trabajadores autónomos y semiautónomos.

El asambleísta Jorge Abedrabbo pidió que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) califique la norma y pase a la Comisión de Desarrollo Económico. Dijo que, si bien la ley debe ayudar a los empresarios, los derechos de los trabajadores son irrenunciables. El legislador Pabel Muñoz y la asambleísta Mireya Pazmiño cuestionaron la legalidad de la norma. Pidieron que no haya regresión de derechos en el tema laboral.