Hechos Ecuador

El Pleno de la Asamblea Nacional, con 75 votos afirmativos, censuró y destituyó al defensor del Pueblo, Freddy Carrión Intriago, por incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la ley en el ejercicio de su cargo. Además, la Legislatura dispuso se remita el expediente a la Fiscalía y a la Contraloría General del Estado, a fin de que en el marco de sus competencias inicien las investigaciones y examen especial respectivamente.

Según la resolución, que registró además 47 votos negativos y 14 abstenciones, se procederá con la notificación al Ministerio de Trabajo para que se registre la censura y destitución de Freddy Carrión Intriago del cargo de Defensor del Pueblo y, en consecuencia, se disponga la prohibición de ejercer algún cargo en el sector público durante el tiempo que determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa (dos años).

Así mismo, se recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional el inicio de un proceso de fiscalización y control político en contra del exministro de Salud Pública, Mauro Falconí García; y, de ser procedente, se instaure el correspondiente juicio político.

Debate

En el debate participaron 13 asambleístas. La primera en intervenir fue la interpelante Yeseña Guamaní, quien presentó la moción de censura y destitución, una vez que se han actuado las pruebas de cargo y de descargo. “Esta noche debemos dar un mensaje claro y de esperanza al país, que debe ser con la censura y destitución el Defensor del Pueblo”, enfatizó.

De inmediato, tomó la palabra Fernando Villavicencio, quien defendió el trabajo de la Comisión de Fiscalización. Agregó que el juicio estuvo caído, por la acción de protección propuesta por los abogados del doctor Carrión, pero que con el apoyo de juristas externos se logró que la justicia falle a favor de la Asamblea.

Para Nathalie Viteri el Defensor del Pueblo demostró ser un experto en la manipulación emocional y “un manipulador no puede estar al frente de la Defensoría”.

Entre tanto, Edgar Quezada consideró que no existen elementos de juicio suficientes para demostrar el incumplimiento de funciones, pues se trataría de una vendetta en contra del único funcionario que defendió a la ciudadanía durante el paro de octubre de 2019. En similar sentido se pronunciaron las legisladora Jhajaira Urresta y Viviana Veloz.

Las legisladoras Ana Belén Cordero y Soledad Diab, integrantes de la Comisión de Fiscalización, coincidieron en el sentido que el Defensor del Pueblo, más allá de los posibles actos delictivos de los cuales se le acusa, debió respetar la alta magistratura que representa y no estar involucrado en actos reñidos con la moral.

A criterio de Alejandro Jaramillo, Carrión no pudo demostrar que parte de sus funciones era ir de farra con su gran amigo Mauro Falconí; tampoco agredir a una mujer. “Este es un juicio político y lo que estamos juzgando es el incumplimiento de funciones”, añadió. De igual manera, su colega de bancada Johanna Moreira, cuestionó a quienes defienden a un funcionario que violentó derechos de una mujer.

De su lado, Salvador Quishpe subrayó que están en la Legislatura, no por un juicio político, no solo por una censura o no censura, sino por la lucha por los sueños de los pueblos del Ecuador, por la defensa del agua, por la defensa de la vida. “Este juicio es por el informe de la Comisión de la Verdad por los hechos de octubre”, enfatizó.

La Comisión de Soberanía y Seguridad Integral inició el tratamiento de un nuevo proyecto de reformas a la Ley de Desarrollo Fronterizo. Su proponente, la asambleísta Lucía Placencia explicó que se trata de una propuesta que impulsa las zonas especiales de desarrollo económico en las fronteras, incentivos de exportación y la prioridad de contratación laboral y comercialización.

La parlamentaria sostuvo que es imperante tratar el tema, ya que los cordones fronterizos han sido olvidados pese a tener una ley para su desarrollo. Mencionó que la zona de frontera tiene graves problemas en lo que se refiere a desempleo y la brecha de pobreza.

Enfatizó que esta situación invita a trabajar inmediatamente en una zona de desarrollo en frontera, para tener incentivos en exportación, contratación de mano de obras preferente y comercialización nacional y que cuente con control aduanero, servicios turísticos para potenciar el desarrollo económico, tecnológico e industrial en los cantones y parroquias rurales que se encuentran en las franjas de los 40 km desde la línea de frontera.

Tras recalcar que los jóvenes necesitan apoyo, afirmó que las empresas, industrias o nuevos emprendimientos que se ubiquen en las zonas especiales de desarrollo económico fronterizos, deben dar prioridad a la comercialización interna a nivel nacional de bienes y servicios.

Patricio Almeida, subsecretario de Desarrollo del Ministerio de Inclusión Económica y Social, sugirió considerar en el ámbito de aplicación a las personas en movilidad humana, con énfasis en los grupos de atención prioritaria que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Enfatizó que todas las personas en movilidad humana que se encuentren en territorio ecuatoriano deben gozar de los mismos derechos que los nacionales, a la vez señaló que bajo ningún concepto pueden ser discriminadas por su condición migratoria, por encontrarse indocumentada, origen nacional, sexo, género, orientación sexual u otra condición social, económica o cultural personal o de sus progenitores, representantes o familiares.

De su lado, Manuel Suárez, director de Políticas Aduaneras del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, propuso tomar en cuenta las atribuciones del Senae en el control aduanero y el desarrollo del intercambio comercial entre los sectores productivos de las zonas  fronterizas.

Además, explicó que actuar en contra de la administración tributaria aduanera significa perjudicar no solo al Estado, sino a las personas que van a recibir la prestación de los servicios para la atención de sus necesidades.

Representantes de las federaciones de Profesores Universitarios y Politécnicos del Ecuador; de Trabajadores de las Universidades y Escuelas Politécnicas y de Estudiantes Universitarios del Ecuador acudieron a la Asamblea Nacional a presentaron sus observaciones a los proyectos de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), ante los legisladores Salvador Quishpe y Manuel Medina.

El presidente de la FEUE, Mauricio Chiluisa, señaló que las propuestas recogen las aspiraciones de estudiantes y profesores que desean una universidad científica, democrática y de calidad al servicio del pueblo ecuatoriano. Instó a los asambleístas a unirse para incrementar el presupuesto universitario.

“Necesitamos una reforma que democratice a la educación superior, en donde las autoridades sean electas democráticamente” señaló Wilson Torres, presidente del gremio de los profesores. A este posición, se sumó Roberto Rodríguez, presidente de la Federación de Trabajadores, quien expresó que la nueva LOES debe garantizar la estabilidad de los docentes universitario y el incremento de profesores titulares, ya que garantizará la educación de calidad en beneficio del pueblo ecuatoriano.

Entre tanto, Idalia Pacheco, rectora de la Universidad Técnica de Cotopaxi, reconoció el accionar de la Asamblea Nacional por atender las necesidades de la comunidad universitaria. “En sus manos está el destino de la juventud, queremos un presupuesto claro y equitativo que nos permita avanzar en el proceso educativo”, señaló.

Los legisladores Salvador Quishpe y Manuel Medina tras agradecer los aportes de la comunidad universitaria, señalaron que el CAL ha calificado cuatro proyectos de ley, los cuales serán remitidos a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, para ser tratados.

Manuel Medina, presidente de la Comisión de Educación, invitó a los gremios a formar parte de las mesas técnicas de trabajo, que se llevarán a cabo el próximo miércoles 15 de septiembre, para que expongan sus observaciones y consolidar una propuesta inclusiva, que beneficie a estudiantes, profesores y personal universitario del país.

El sitio Río Plata, de la parroquia Ricaurte, se sumó a la lista de sectores que han conformado Comités Comunitarios de Riesgos. 

Los integrantes de estas agrupaciones se capacitan para brindar atención primaria ante emergencias. De esta forma, en caso de registrarse un suceso ellos están en capacidad de auxiliar, mientras llegan los organismos de socorro. 

Cabe mencionar que estos comités conformados en diversas comunidades han logrado hasta salvar vidas.

“Esto es bueno y nos motiva a continuar con el desarrollo del programa. Nunca antes habíamos tenido esta propuesta de enseñanza para estar alerta ante las emergencias”, expresó Jacinta Moreira, integrante del Comité Comunitario de Río Plata.

Tras arduo trabajo de 24horas continua se logró hacer la variante de la tubería de impulsión de 400 mm, que proporciona agua a la cisterna ubicada en el Cerro Guayas y que distribuye el servicio a ciertos sectores de la ciudad.

En ese sector se construye el puente 7 de Agosto, y la línea que estaba instalada se encontraba donde se hará el hincado de los pilotes del nuevo viaducto, y hubo que reubicarla más adelante para evitar un daño mayor, explicó el director de producción, distribución y mantenimiento de Aguas del Chuno, Adrián García. 

El plazo previsto de la suspensión del servicio a los sectores que se abastecen de la línea de impulsión del Cerro Guayas, se extendió ya que al encender el bombeo se presentó una fuga en uno de los accesorios instalado y producto de la presión afectó un domicilio, pero al instante fue solucionado, afirmó García.

La variante consistió en la colocación de una tubería con accesorios para poder empatar con codos. Además, se hizo el respectivo anclaje a cada uno de los accesorios para que no exista el balanceo cuando se enciende el bombeo y evitar un desplazamiento de la tubería.  

A pesar de las múltiples dificultades se logró reparar los daños el miércoles en horas de la tarde, y se inició el restablecimiento del servicio de agua potable a través de las redes de distribución, aseguró el funcionario de Aguas del Chuno.

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), el Ministerio de Salud Pública (MSP), la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM) y el Municipio de Chone trabajan  articuladamente para crear el proyecto Centro de Atención Integral Social.

Este proyecto fue presentado formalmente este martes 7 de septiembre de 2021. La infraestructura tendría las características de un Centro de Salud Tipo B, dentro de un moderno espacio, en el que se ofrecerán los servicios de medicina general, pediatría, odontología, nutrición, fisioterapia, laboratorio, psicología y enfermería.

“El equipo que ha venido trabajando en este proyecto deberá afinar unos detalles, y lo enviaremos a la Coordinación Zonal de Salud para que llegue a la Ministra y vea la factibilidad. Hemos trabajado en base a las necesidades encontradas en el cantón”, señaló el director distrital de Salud, Camilo Vera.

Por su parte, el rector de la ULEAM, Marcos Zambrano, analizó la importancia de trabajar en prevención de salud, recordando los altos índices de problemas nefrológicos, hipertensos, diabéticos y oncológicos que existen en la provincia. “Es fundamental prevenir las patologías, disminuyendo las causas porque realmente la situación es preocupante”, sostuvo Zambrano. 

La atención estará dirigida a la comunidad chonense, priorizando a los grupos vulnerables como adultos mayores, niños, personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia, jóvenes con problemas por consumo de sustancias, entre otros.

Luego de varios meses en los que se desarrolló la audiencia preparatoria de juicio en contra de Francisco C., exgerente del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón, y otras 24 personas por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada, el Juez que conoce la causa resolvió dictar auto de llamamiento a juicio para todos los procesados en calidad de presuntos autores directos.

Durante la diligencia, la fiscal del caso detalló los elementos de convicción recabados durante la instrucción fiscal, que fueron suficientes para que el Magistrado tome su decisión.

La tesis de Fiscalía señala que un grupo de personas habrían adecuado su conducta para la irregular suscripción de contratos en esa casa de salud, para favorecer a directivos de esa institución (del Ministerio de Salud), a través de funcionarios, personal médico y proveedores.

La fiscal Claudia Romero presentó como principales elementos de convicción: la información remitida por Servicio Nacional de Compras Públicas (Sercop), en la que se detalla los contratos y se evidencia el incumplimiento de condiciones; los reportes ejecutivos ampliados de la Unidad de Análisis Financiero y Economico (UAFE), los informes de la Superintendencia de Compañías y de la Superintendencia de Bancos, con los que se pudo conectar las presuntas acciones irregulares.

También se incluyeron las actas de levantamiento evidencias (insumos médicos, teléfonos celulares, sellos de hospitales de todo el país) incautadas en los diferentes allanamientos ejecutados el 18 de junio de 2020, que se encuentran en cadena de custodia de la Policía Judicial.

La presunta participación de los llamados a juicio, según lo determinan las investigaciones, sería:

Francisco C.: presunto líder de la organización; Daniel P., Vicente C., Eduardo S., Francisco M., Reynaldo A., Manuel H., Luis O., José B., Alex C., Yamel C., Kennya H., Publio V., Javier A., Simona U., Gabriela A., Erika Z., Karina A., Erika Mónica Z. y Carlos C., en calidad de autores directos de la presunta infracción (según lo determina el inciso primero del artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal); William A., Letty C., Angello S., Geovanny F., Jeannette T. y Maritza C. habrían participado como colaboradores (de acuerdo al inciso segundo del artículo 369 del COIP).

Este caso fue investigado por la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria de la Fiscalía General del Estado, creada para investigar presuntos actos de corrupción en el contexto de la pandemia por Covid_19.

La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes recibió los criterios de profesionales del Derecho, en torno al proyecto de Código Orgánico para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Copinna).

La sesión inició con la presentación del informe de las actividades desarrolladas, por la presidenta de la mesa legislativa, Pierina Correa. Alli les informó que ha asistido a reuniones de trabajo, planificaciones y talleres, con resultados productivos para la comisión.

José Luis Terán, profesional del Derecho, felicitó a la Comisión por el trabajo histórico que viene realizando. Enfatizó la importancia del COPINNA y el interés que se debe tener en el mismo, ya que aún existen elementos que pueden representar riegos y perjuicios para niños, niñas y adolescentes. También sostuvo que no es clara la ley y esta es la oportunidad para superar los vacíos que tiene el proyecto.

De igual manera, el abogado Fernando Rosero resaltó la importancia de la corresponsabilidad y que el discriminar una figura frente a la otra va en contra de lo que dice la Constitución. Como sociedad no estamos preparados para la tenencia compartida de menores, sostuvo.

Para finalizar, la Comisión aprobó el plan de trabajo y cronograma propuesto por UNICEF con seis votos a favor.

La Comisión de Relaciones Internacionales inició el estudio convenio sobre el Trabajo Marítimo, 2006, que contiene el dictamen de la Corte Constitucional. Para ello recibió a directivos de la Cancillería, del Ministerio de Defensa Nacional y expertos en Derecho Marítimo.

Marcelo Vásquez, representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, informó que este convenio, también conocido como la Carta de Derechos para la Gente del Mar, tiene el apoyo de la Organización Marítima Internacional y de la Federación Internacional de Armadores.

También, informó que el objeto del Convenio es garantizar la condición de vida y de trabajo decentes para toda la gente del mar, por lo que desde la Cancillería se recomienda la aprobación en el Pleno de la Asamblea Nacional.

De su lado, Ernesto Escobar, representante del Ministerio de Defensa Nacional, resaltó la importancia del Convenio ya que está orientado a garantizar los estándares laborales de la gente de mar.

Informó que la recomendación de parte del Ministerio de Defensa Nacional es que Ecuador se adhiera al Convenio sobre el Trabajo Marítimo para garantizar los derechos de la gente de mar y contribuir al desarrollo laboral.

Por último, Leonidas Villagrán y Roberto Barriga, expertos en Derecho Marítimo, destacaron los beneficios para Ecuador que representa el ser parte del Convenio, ya que brinda herramientas jurídicas para ejercer control y exigir que se aplique la normativa a los tripulantes en los puertos.

● Expo Europa Virtual 2021, organizada por la Unión Europea y las Eurocámaras, unirá la oferta y la demanda en un encuentro digital multisectorial, que se llevará a cabo desde el 19 hasta el 22 de octubre. Seminarios, networking y una vitrina comercial única, son algunas de sus características.


● Como principal inversionista de Ecuador, la UE considera que existe un enorme potencial para seguir atrayendo inversiones sobre todo en temas vinculados a la economía circular, nuevas tecnologías, energía renovable, digitalización, agroturismo y telecomunicaciones. 


● Los países de la Unión Europea representan un aliado importante para la reactivación económica post Covid-19 a escala mundial.
 


Los países de la Unión Europea representan un aliado importante para la reactivación económica a escala mundial. La Comisión Europea (CE) estima que el crecimiento económico para la Unión Europea (UE) y la Eurozona retoman una senda alcista en 2021, con un incremento del 4.8 % del Producto Interno Bruto (PIB) en ambas áreas. 

Para Latinoamérica, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) prevé un crecimiento económico del 5.2 %.
A nivel local, las cifras de comercio bilateral con la UE son alentadoras. Comparando el primer semestre de 2020 con el de 2021, las exportaciones de Ecuador hacia la UE crecen en +6.96%, pasando de EUR 1.540 millones a EUR 1.647 millones, mientras que las exportaciones de la UE hacia el Ecuador aumentaron en +23.87%, de EUR 779 millones a EUR 966 millones, casi recuperando el bajo crecimiento de 2020 debido a la pandemia. Es importante anotar que el 80% de las importaciones desde la UE al país son mayormente de bienes de capital y de tecnología que estimulan directamente al sector productivo ecuatoriano.
Por este motivo, con el afán de seguir fortaleciendo los vínculos y consolidar negocios entre Europa y los países latinoamericanos, la Unión Europa y las Eurocámaras organizará Expo Europa Virtual 2021. 

La finalidad de este gran foro comercial es abrir las puertas a un intercambio comercial más amplio para dar a conocer las oportunidades comerciales y las posibilidades de negocios entre Europa y Ecuador, fieles al compromiso de continuar apoyando la reactivación del país.
 
Se prevé que al menos 300 expositores y 20 mil visitantes sean parte de este foro multisectorial, que reunirá a prestigiosos actores del comercio y economía latinoamericanos y europeos, entre los cuales: entidades gubernamentales y privadas, empresas de agroindustria, alimentos, maquinaria, minería, energía, consultoría, finanzas, servicios, tecnología y digitalización 4.0. Además, el evento contará con un componente académico, pues se realizarán una serie de seminarios abiertos a todos los asistentes.
 
La Expo Europa Virtual se llevará a cabo desde el 19 hasta el 22 de octubre de 2021. 

La página web de la feria es: www.expoeuropa.org.